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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contratos y convenios interadministrativos: la liquidación constituye un balance final de la relación negocial

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-11-11
Número
C-1602 de 2026

Síntesis del concepto

Contratos y convenios interadministrativos: la liquidación constituye un balance final de la relación negocial

Regla de decisión

La liquidación constituye un balance final de la relación negocial, dirigido a establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones, efectuar los ajustes económicos y jurídicos correspondientes y determinar los saldos a favor o a cargo de las partes.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejecutar recursos después del vencimiento del plazo de un convenio interadministrativo y antes de su liquidación, ya que esta etapa no constituye una prórroga tácita del convenio ni habilita a las partes para continuar ejecutando su objeto. La liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento del convenio, por lo que la ejecución de recursos que nunca fueron comprometidos después del vencimiento del plazo implica ampliar el tiempo de ejecución, lo que requiere una modificación del convenio antes del vencimiento, con los soportes presupuestales correspondientes. Esta regla matiza la interpretación previa de que la liquidación permitía la ejecución de recursos adicionales, limitando así la flexibilidad en la administración de convenios interadministrativos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Es procedente ejecutar recursos después del vencimiento del plazo de un convenio y antes de su liquidación?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 39, 41 y 60
  • Ley 1150 de 2007, arts. 11 y 14
  • Ley 1474 de 2011, arts. 83 y 84

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

I. Los convenios interadministrativos de carácter asociativo, previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, tienen como finalidad la cooperación y coordinación institucional para el cumplimiento de funciones administrativas y la realización de objetivos comunes. Por ello, no se les trasladan automáticamente las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP— ni las normas de derecho privado, cuya aplicación tiene carácter supletorio y exige la existencia de un vacío real de regulación normativa o convencional. En consecuencia, estos convenios se rigen, principalmente, por sus estipulaciones y por los principios que orientan la función administrativa, sin perjuicio de las normas de orden público que resulten aplicables.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Calidad de las partes Contratos interadministrativos Cooperantes Diferencias Entidad ejecutora Entidades Públicas Fines comunes Liquidación Noción

Guías del tema

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Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Contratos y convenios interadministrativos

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En cambio, en los contratos interadministrativos se configura una relación conmutativa, en la que una entidad asume la posición de contratante y la otra la de contratista, generándose obligaciones recíprocas de prestación de bienes o servicios que permiten el ejercicio de competencias propias de la contratación estatal.
Texto del documento 8.526 caracteres
CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Calidad de las partes – Entidades públicas Un contrato interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para celebrarlo. La Ley 1150 de 2007 dispone que pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha ley, deba adelantarse un procedimiento con pluralidad de oferentes. Nótese que, en este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato interadministrativo. La Corte Constitucional, en Sentencia C-671 de 2015, expresó que “Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración pública”. Así las cosas, esta clase de acuerdos de voluntades se definen por un criterio orgánico, por lo que uno de sus elementos esenciales es que en los extremos de la relación jurídico negocial concurran personas de derecho público. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Noción – Diferencias – Contratos interadministrativos El Consejo de Estado ha precisado que el convenio interadministrativo constituye un negocio jurídico de colaboración entre entidades públicas, orientado a articular capacidades, recursos y competencias institucionales para la consecución de fines comunes. Su esencia no radica en el intercambio de prestaciones propias del mercado, sino en la coordinación funcional y operativa entre organismos que comparten responsabilidades públicas y buscan optimizar el cumplimiento de sus objetivos misionales mediante actuaciones conjuntas. En contraste, el contrato interadministrativo se configura como un negocio jurídico con contenido prestacional, en el cual una entidad pública asume la posición de contratante y la otra la de contratista, generándose obligaciones recíprocas relacionadas con la entrega de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios. A diferencia del convenio, aquí no predomina la cooperación horizontal, sino una relación de carácter sinalagmático que se rige por las reglas propias de la contratación estatal y exige contraprestaciones claramente definidas entre las partes. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Cooperantes – Entidad ejecutora – Fines comunes Ahora bien, esta distinción conceptual entre contratos y convenios interadministrativos resulta relevante para precisar el ámbito de aplicación de las instituciones del EGCAP. Al respecto, el Consejo de Estado ha destacado la finalidad asociativa de los convenios interadministrativos, los cuales se caracterizan por la autorregulación de sus propias estipulaciones, que son el resultado de la autonomía de la voluntad de las entidades que actúan como colaboradoras o cooperantes, sin que pueda aludirse a la preponderancia de ciertos regímenes, por lo que no es procedente la aplicación automática del régimen contractual de los contratos estatales LIQUIDACIÓN – Noción – Alcance La liquidación es el momento en el cual, una vez concluido el contrato estatal, las partes cruzan cuentas respecto de sus obligaciones. Por tanto, su objetivo es determinar si pueden declararse a paz y salvo mutuo o si, por el contrario, existen aún obligaciones por cumplir, para acordar la forma en que deben ser finalizadas. En armonía con lo anterior, la doctrina ha definido la liquidación de la siguiente manera: […] Según la jurisprudencia, la liquidación es el ajuste de cuentas donde las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo. Así lo manifestó el Consejo de Estado en la Sentencia del 20 de octubre de 2014, en la que consideró, por un lado, que liquidar supone un ajuste en relación con las cuentas y el estado de cumplimiento del contrato estatal y, por el otro, que la liquidación debe incluir el análisis de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, así como el balance económico y el comportamiento financiero del negocio. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS – Liquidación De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuyo cumplimiento o ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran “serán objeto de liquidación”. El mismo artículo prescribe que no será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Adicionalmente, en los contratos las entidades estatales deben definir la oportunidad y forma de recibir el objeto contratado y, en cada caso, si un contrato requiere o no de liquidación, con arreglo a criterios tales como la naturaleza, objeto y plazo del contrato [1] , así como la probabilidad de que puedan surgir diferencias durante la ejecución del contrato; sin perjuicio de que, como se indicó, todos los contratos estatales de tracto sucesivo o aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo siempre deban liquidarse, convirtiéndose en estos contratos en una cláusula de la naturaleza, conforme a la clasificación prevista en el Código Civil. No obstante lo anterior, debe enfatizarse que las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública son exigibles únicamente para las entidades sometidas a dicho régimen, y no para los convenios interadministrativos, cuya naturaleza jurídica se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes. Por ello, las reglas sobre etapas contractuales, procedimientos de liquidación, cláusulas obligatorias o efectos propios de los contratos estatales no se trasladan automáticamente a los convenios. VENCIMIENTO DEL PLAZO – Actividades por fuera del plazo Podría colegirse que en el convenio también resultaría procedente estas consideraciones frente al plazo suspensivo, ya que la llegada o vencimiento de este plazo no extingue el contrato ni las obligaciones derivadas del vínculo jurídico. Por tanto, en principio, si el plazo pactado en el convenio es suspensivo, puede ocurrir, que con consentimiento de la entidad cooperante y sin afectar el interés general, se reciban actividades que estaban previstas y que se cumplieron tardíamente, mientras el convenio no se haya liquidado. No obstante, a juicio de esta Agencia esta posibilidad no comprende la ejecución de los recursos que nunca fueron comprometidos ya que en este evento, no se estaría ante el cumplimiento extemporáneo de un compromiso preexistente, sino ante la pretensión de generar nuevos compromisos después de vencido el plazo de ejecución. Tal circunstancia no puede justificarse invocando la etapa de liquidación, pues esta no constituye una prórroga tácita del convenio ni habilita a las partes para continuar ejecutando su objeto y por ende, acordar después del plazo la ejecución de recursos que no se comprometieron equivale a ampliar el tiempo de ejecución, lo que exige una modificación del convenio antes del vencimiento, con los soportes presupuestales que correspondan, salvo que el convenio haya dispuesto una regulación distinta. SUPERVISIÓN – Alcance La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, realizada directamente por la entidad estatal a través de un servidor público idóneo en particular designado para ejercer el rol de supervisor. En la medida que este seguimiento tiene la finalidad de garantizar el debido cumplimiento del contrato, su alcance se extiende principalmente durante la etapa de ejecución, que es el periodo donde se deben cumplir el grueso de las obligaciones contractuales. Sin perjuicio de esto, es importante tener en cuenta que la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra eficiente en lo relacionado con las funciones de vigilancia en lo contable y financiero expresa que el supervisor debe recibir a satisfacción los bienes y servicios del objeto del contrato estatal y coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. [1] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 6 de agosto de 2003. C.P. Augusto Trejos. Rad. No. 1453.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1602-de-2026/