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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad

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Fecha
2014-02-06
Radicado
IUS 2010-84135
Sección / Sala
PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION HUILA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
201603041626152.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad

En resumen

CONTRATACIÓN ESTATAL-No existe la armonía jurídica exigible de una relación directa entre el Objeto del Contrato Interadministrativo (Administración Delegada) y el Objeto Social del contratista [NOMBRE TACHADO]-Contrato de administración delegada CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 Es decir, en ningún momento el Contrato que se trae como ejemplo de legalidad analógica, establecía en su Objeto la compra única y exclusivamente de computadores, y menos en un volumen que sobrepasara los 300 equipos. En conclusión, como lo estableció el a quo, objetivamente está demostrada la existencia de la falta.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 734 de 2002
  • Ley 80 de 1993
  • Decreto 2474 de 2008

Puntos que trata

  • Falta disciplinaria: Por violación al régimen de contratación estatal al celebrar inadecuadamente un contrato de administración delegada
  • Nulidad: Finalidad/CONTROL DE LEGALIDAD-Procede de oficio
  • Principio de congruencia: Se cayó en un bache jurídico en el momento de calificar las faltas definitivamente
  • Pliego de cargos: Contenido/PLIEGO DE CARGOS-Valoración deficiente genera nulidad

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 136.783 caracteres
FALTA DISCIPLINARIA-Por violación al régimen de contratación estatal al celebrar inadecuadamente un contrato de administración delegada NULIDAD-Finalidad/CONTROL DE LEGALIDAD-Procede de oficio Prima facie, se podría pensar que sería del caso entrar a confirmar el fallo sancionatorio -objeto de alzada- en todas sus partes, sin embargo esto no es posible jurídicamente porque a pesar de que los sujetos procesales no plantearon. frente a tal providencia, la posibilidad de existencia de nulidades, al realizar oficiosamente el condigno control de legalidad, se detectan situaciones que imperativamente deben ser analizadas de conformidad con lo orientado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en el sentido que las nulidades no constituyen enmiendas a todos y cada uno de los vicios del proceso sino que persiguen corregir las fallas protuberantes, sustanciales que no pueden corregirse por ningún otro medio (principio de residualidad), esto es, aquellas irregularidades que trascienden a un vicio irremediable (principio de trascendencia), ante las cuales las nulidades se convierten en el medio extraordinario para corregirlas. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Se cayó en un bache jurídico en el momento de calificar las faltas definitivamente Pero, salta a la vista que la fina ortodoxia procesal y procedimental que se venía aplicando, básicamente en las providencias de imputaciones y la primera parte de la de fondo, dentro de las que se valoraban separadamente cada uno de los 2 cargos, y sus correspondientes sustentos probatorios y normativos; en la segunda parte luego de dejar demostrada objetivamente la existencia de las 2 faltas imputadas, se cayó en un bache jurídico en el momento de calificarlas definitivamente. Obsérvese el por qué, de esta apreciación: En la providencia sancionatoria, la determinación del título de la CULPABILIDAD se hizo como debe ser, separadamente, tanto “para el primer cargo”, como “para el segundo cargo”; pero la CALIFICACIÓN de las faltas, a diferencia de la valoración por separado que se había hecho en el auto de imputaciones, el cual debe guardar coherencia y congruencia con el fallo, en este último, se evaluó deficientemente dentro de un mismo acápite. …Salta de bulto, entonces, que únicamente se calificó definitivamente la falta descrita en el primer cargo. Esto porque, si bien es cierto en la introducción se hace alusión a que “Las faltas endilgadas al DISCIPLINADO, se califican definitivamente como gravísimas”, también es cierto que solo se correlaciona, como sustento normativo para el primer reproche, esto es, la parte pertinente del numeral 31 del artículo 48 del C.D.U. PLIEGO DE CARGOS-Contenido/PLIEGO DE CARGOS-Valoración deficiente genera nulidad Ahora bien, si la ley 734 de 2002, en el artículo 163 establece el CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS, y exige un riguroso apego a sus requisitos, dentro de los cuales se encuentra, el del numeral 6: “La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código”; esto hace que la omisión o la valoración deficiente de dicha exigencia para calificar cada uno de los cargos que se imputan, así tales calificaciones sean de carácter provisional, de todas maneras esas falencias son generadoras de nulidades. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Fundamentación Pues sí es así de rigurosa la exigencia para el pliego de cargos, con mayor razón se debe cumplir con el requisito señalado por el numeral 5 del artículo 170 ibídem, CONTENIDO DEL FALLO, “La fundamentación de la calificación de la falta”, máxime si esta evaluación es de carácter definitivo, es decir, la exigencia de fundamentar la calificación de cada uno de los reproches en la decisión de fondo, es mayúscula y condición sine qua non para su validez. Y, obviamente, la omisión o valoración precaria para calificar cada una de las faltas, genera nulidad respecto de la que no fue calificada o se evaluó deficientemente. CONTRATACIÓN ESTATAL-No existe la armonía jurídica exigible de una relación directa entre el Objeto del Contrato Interadministrativo (Administración Delegada) y el Objeto Social del contratista …De todas maneras saltaría de bulto que hubo falencias en la SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, puesto que la FUNDACIÓN contratada no contaba dentro de su Objeto Social “aquella actividad de suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, y dicho acuerdo contractual se refería expresamente a una compraventa de computadores portátiles”.. …Sin ser simplistas, se podría predicar que la controversia sencillamente se reduciría a establecer inequívocamente si el a quo tiene razón, o no, cuando da entender que una cosa es suministrar únicamente computadores como Objeto Contractual, y otra muy distinta suministrar accesoriamente elementos de cómputo, como complemento de una obligación principal relacionada con aspectos muy diferentes; mientras que la defensa da por entendido que pueden interpretarse como si fueran la misma cosa, es decir que serían sinónimos o de connotación similar, para la materialización del Objeto Social de la FUNDACIÓN. OBJETO SOCIAL DESARROLLADO-Análisis semántico Se está frente a un problema hermenéutico, derivado de una interpretación en semántica, y para tratar de dilucidarlo se debe buscar una inferencia lógica, único método lógico que existe, habida cuenta que se trata de un razonamiento que partiendo de bases conocidas, evidentes o comprobadas nos lleva a conocer la verdad de otras desconocidas. Esa inferencia, puede ser inductiva que es el razonamiento que va de lo particular a lo general o de lo simple a lo complejo; y deductiva en la que el razonamiento va de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. Si se tratase de una ley, su sentido no sería otro que la voluntad del legislador, en consecuencia, su sentido lógicamente debe ser el que su autor pretende imprimirle. CONTRATO ESTATAL-Contrato de administración delegada Según los doctrinantes, con la entrada en vigencia de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y su Decreto reglamentario 2474 de 2008, el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con sus artículos 3, 11, 13, 14, 24, 39 Y 41; así como artículos, 77 y 78 del Decreto 2474 de 2008; asume las características de contrato Interadministrativo y se rige el procedimiento de la contratación directa. INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA-Definición y clases En el ejercicio de auscultar con un Método y a la luz de la Hermenéutica (arte interpretativo de textos para fijar y determinar su verdadero sentido); para así desentrañar la verdad procesal, habida cuenta que una de las grandes preocupaciones de los órganos de control es prevenir y corregir el empañamiento que a los Principios se les puede dar en un proceso de contratación. La propia hermenéutica jurídica tiene varias clases de interpretación, para el caso que nos interesa la literal y en el contexto. Una Interpretación literal se ciñe al pie de la letra del texto. Esta forma interpretativa se usa cuando las palabras tienen un solo significado o acepción. Y, la contextual, cuando los vocablos en cita tienen varios significados. Por lo que es menester siempre contar con la lógica y la semántica para establecer conexiones y relaciones entre lo que se cree que se pensó y lo que se escribió, y así determinar el significado y sentido de las expresiones del texto, para el asunto sub-exámine, en el Objeto Social de la referida FUNDACIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA LEY-Marco legal CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 Se tiene, entonces, que el argumento jurídico central defensivo, se enfoca a la interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008. …Es de vital importancia tener en cuenta que la condición sine qua non para la validez de la contratación directa, a través de Contratos Interadministrativos, es que “siempre … las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora;….”. INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA-Análisis de los vocablos relacionados con el contrato interadministrativo OBJETO SOCIAL DESARROLLADO-Análisis frente al objeto contractual …Dentro del universo de posibilidades en abstracto del Objeto Social de la FUNDACIÓN, frente al determinado Objeto Contractual, las obligaciones principales derivadas del bilateral samario, abarcaban prácticamente la totalidad del superlativo valor ($1.688.000.000.=), y como algo accesorio o complementario de alguna de la principalía se entregaron solo 15 computadores. Es decir, en ningún momento el Contrato que se trae como ejemplo de legalidad analógica, establecía en su Objeto la compra única y exclusivamente de computadores, y menos en un volumen que sobrepasara los 300 equipos. En cambio en el Contrato Interadministrativo-Administración Delegada No.92/20096, suscrito por el investigado Alcalde municipal de Aipe-Huila, el Objeto era la compra: “DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA...”. …Esta situación estaba evidenciando la falta de credibilidad sobre idoneidad y capacidad económica de la FUNDACIÓN para celebrar y ejecutar tal contrato. CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Lineamientos generales Es de recordar que al Contrato Interadministrativo 92/2009 se le dio la característica de ADMINISTRACIÓN DELEGADA, y sobre este tipo de situaciones el Honorable Consejo de Estado ha planteado directrices que sirven de faro para iluminar el asunto en cuestión (Sentencia del 16 de septiembre de 2010, expediente 16605): …Y, con anterioridad se había expuesto un punto de vista sobre el tema de la Administración Delegada, a través del Concepto Unificado DIAN No. 0001 de 19 de junio de 2003, Tít. IV, Cap. II, num. 1. 7, partiendo de la definición legal del derogado Decreto 222 de 1989. CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Definición/ CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Los contratos deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora Con todos estos elementos de juicio la resultante inequívoca es que el Contrato de Administración Delegada en su esencia es una INTERMEDIACIÓN, y para el caso materia de análisis LA FUNDACIÓN, palabra más, palabra menos, le hizo el mandado a la Administración Municipal de Aipe comprando unos computadores (343) a una empresa comercializadora, cosa que fácilmente podría haber hecho el burgomaestre disciplinado a través de modalidades legales de contratación (subasta inversa) y no llevándose de calle la limitante establecida por la propia norma invocada defensivamente, esto es, el artículo artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 (“Contratos interadministrativos. Las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora…<“Literal c) numeral 4º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, “contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos….”>). FALTA DISCIPLINARIA-Está establecida su existencia Y como ya se vio esa RELACION DIRECTA entre el Objeto Social de la FUNDACIÓN y EL OBJETO CONTRACTUAL (Contrato Administración Delegada 92/09), obviamente no existe, puesto que esta (la FUNDACION) -de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato- fue una intermediaria ante la comercializadora.. Y aquí cabe preguntarse, si la referida Sociedad al igual que muchas Empresas comercializan computadoras de los diferentes fabricantes y marcas de computadores que menciona la defensa (hp, dell,), entonces, por qué acudir a una modalidad que es exótica para los contratos de suministros o compras, como la intermediación a través de una Administración Delegada -compatible básicamente con la construcción de obras o, de pronto, con el suministro de combustibles-, en lugar de adquirir los equipos de cómputo por Subasta Inversa? Recuérdese que los objetos contractuales que invocan los sujetos procesales como pactados en otras latitudes del territorio nacional, son totalmente diferentes al objeto de cuestionamiento (No.92/2009 COMPRA DE COMPUTADORES); con un ítem que el único del que se tiene conocimiento de haber sido escrutado por parte autoridad competente fue el de Santa Marta; y emerge la inquietud de que se esté pretendiendo hacer apología de una costumbre contra la norma limitante. De ahí que las explicaciones exculpatorias presentadas por los sujetos procesales, ya valoradas jurídica y socialmente, no son satisfactorias y por lo tanto no prosperan. En conclusión, como lo estableció el a quo, objetivamente está demostrada la existencia de la falta. CULPABILIDAD-Es necesario considerar no solo el aspecto cognoscitivo sino también el volitivo. En cuanto al ASPECTO SUBJETIVO DE LA CONDUCTA es predicable que su determinación es un imperativo de rango constitucional: Artículo 29: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”; por eso para determinar la CULPABILIDAD se debe recalcar que, frente a posiciones de anteriores administraciones , es evidenciable que ha se ha presentado una ruptura epistemológica, puesto que para establecer el DOLO -que debe ser comprobado- también es necesario considerar no solo el aspecto cognoscitivo sino también el volitivo. CULPABILIDAD-El dolo debe probarse Lo anterior está íntimamente ligado al otro argumento exculpatorio que esgrimen los sujetos procesales respecto a que se actuó “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria” (Artículo 28-6 C.D.U.). En esa materia a Cabeza Suprema del Ministerio Público, el Dr. [NOMBRE TACHADO] obra JUSTICIA DISPLINARIA-DE LA ILICITUD SUSTANCIAL A LO SUSTANCIAL DE LA ILICITITUD, indica los parámetros discernidores sobre esta causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria CULPABILIDAD-A titulo de culpa grave Que si bien es cierto el ordenador del gasto, previamente a la celebración del bilateral No.92/2009 -Administración Delegada-, conocía los pasos de la normatividad contractual estatal vigente y los trámites que se estaban implementando en el caso sub-exámine, como lo señalan declarativamente sus Secretarios y Asesores de Despacho; lo que, por lógica eliminación, deja la resultante que la situación queda enmarcada dentro del ámbito de la CULPA. Para sustentar esa apreciación se referencia la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, respecto a la responsabilidad disciplinaria …Consecuencialmente, siendo el disciplinado un profesional del derecho, obviamente, no se puede hablar de ignorancia supina, y dado que la omisión de valorar el aspecto VOLITIVO de la conducta resquebraja el soporte del dolo, para aplicar los efectos del error vencible, esto tiene como efecto que el Despacho Regional solo pueda determinar definitivamente que la falta se cometió a título de CULPA GRAVE. CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Grave/PRINCIPIO DE CONFIANZA-Alcances Y, ya para la clasificación o calificación de la falta, imperativamente debe tenerse en cuenta que al imputar la falta definitivamente a título de CULPA GRAVE, por virtud del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, (“La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”) la falta ha de considerarse, en últimas, como GRAVE. Y, sobre EL PRINCIPIO DE CONFIANZA, también alegado como factor exculpante por los sujetos procesales, tal propuesta encuentra refutación en la valoración anterior, sumada a los pronunciamientos jurisprudenciales con relación a éste: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 27 julio de 2006. Proceso 25536. M.P.:Álvaro Orlando Pérez Pinzón: CULPABILIDAD-Variaciones Como se planteó de entrada por las características del caso lo deseable hubiese sido la confirmación de la decisión sancionatoria máxima, sin embargo las propias falencias en las que incurrió el a quo atentan contra la ortodoxia disciplinaria y esto eventualmente podrían llegar a afectar algunos puntos, motivo por el cual siendo garantistas a ultranza, siendo ecuánimes y equitativos, se toma la decisión de: 1º) DESESTIMAR EL SEGUNDO CARGO, porque el no hacerlo eventualmente podría implicar una vulneración al Principio de Legalidad; y 2º.) VARIAR la titulación de la CULPABILIDAD para el PRIMER CARGO, de DOLO a CULPA GRAVE, por la omisión valorativa de la VOLUNTAD como ingrediente del elemento de las conductas DOLOSAS y su correlativa sustentación probatoria; lo que imperativamente conlleva al acatamiento del numeral 9º del artículo 43 del C.D.U., la CALIFICACIÓN DE LA FALTA quedara como GRAVE a título de CULPA GRAVE. Medida de Justicia Disciplinaria que se venía aplicando en anteriores casos contra burgomaestres cuando se han encontrado falencias con las mismas características. Dependencia: PROCURADURÍA REGIONAL DEL HUILA Radicación Nº: IUS 2010-84135 IUC D 2010-588-244067 RD. INT.0/201 Disciplinado: [NOMBRE TACHADO] Cargo y Entidad ALCALDE MUNICIPAL DE AIPE-HUILA Quejoso: OFICIO-INFORME SENADOR (EDGAR ARTUNDUAGA S.) Fecha de Queja SEPTIEMBRE 30 DE 2009 Fecha hechos: FEBRERO 9 DE 2009 Asunto: FALLO SEGUNDA INSTANCIA. Neiva, 6 de febrero de 2014 En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 3º del artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000 y de conformidad con los artículos 171 y 178 de la ley 734 de 2002, procede la Procuraduría Regional del Huila a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado como apoderado del disciplinado [NOMBRE TACHADO], contra el fallo No.09 proferido el 31 de marzo de 2013 , mediante el cual la Procuraduría Provincial de Neiva-Huila lo sanciona en calidad de Alcalde Municipal de Aipe-Huila, para la época de los hechos, con “DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE DOCE (12) AÑOS, por los hechos y considerandos expuestos en este proveído…”. ANTECEDENTES Con escrito del 30 de septiembre de 2009, el señor [NOMBRE TACHADO], a la sazón Honorable Senador de la República, adjuntó dos columnas de opinión publicadas en el Diario La Nación de Neiva, dentro de las cuales se denunciaban unas irregularidades ocurridas en el Municipio de Aipe, en las que presuntamente estaría implicado el burgomaestre de esa localidad, [NOMBRE TACHADO], porque entregó de manera simbólica 343 computadores portátiles a los estudiantes de unas instituciones educativas. Posteriormente, en marzo 16 de 2010, el señor [NOMBRE TACHADO], dio a conocer cuestionamientos similares contra el citado Alcalde Municipal de Aipe-Huila, [NOMBRE TACHADO], concretamente por presuntas irregularidades en la celebración del contrato interadministrativo 092-2009, con la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y Centros Educativos; que dicho convenio fue sometido a un otrosí modificatorio de la cláusula décimo quinta, indicando que el anticipo se hará en cuantía equivalente al ciento por ciento del valor del mismo. Y que según el certificado de existencia y representación legal de entidades sin ánimo de lucro de la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, dentro de su objeto social, no se contemplaba la figura de suministro de equipos, en este caso de computadores portátiles. LOS CARGOS DISCIPLINARIOS FORMULADOS, LAS NORMAS PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS, EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN SUBJETIVA Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. Luego de recaudar material probatorio, la Procuraduría Provincial de Neiva consideró que este era suficiente y que procedía el hacerle imputaciones al investigado de la siguiente manera: CARGO PRIMERO: “Al doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, Huila, se le reprocha haber suscrito el 9 de febrero de 2009 el Contrato Interadministrativo No. 92-2009 por Administración Delegada con el señor [NOMBRE TACHADO], quien actúa en nombre y representación de la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, entidad descentralizada por servicios indirecta o de segundo grado del orden departamental, sin ánimo de lucro, que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Aipe, concretamente la compra de 343 computadores portátiles, por valor total de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000.oo), de conformidad con la propuesta técnica, económica y financiera, por valor de $1.982.507.oo excluido de IVA para cada equipo de cómputo, desconociendo presuntamente los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad consagrados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, (literal a) del numeral 2) del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007). Para sustentar normativamente tal cuestionamiento, se le citaron: Constitucionales: 1.-Artículo 209 y 315 -1, 3 de la Constitución Política de Colombia. Legales: 1.- Ley 1150 del 16 de julio de 2007. Artículo 2º. De las modalidades de selección. 2º. Selección abreviada. …a). Artículo 5º. De la selección objetiva, numerales 1, 2 y 3. “Ahora, el literal c) del numeral 4º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, indica que la modalidad de selección de contratación directa procederá en los casos de “contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos….”, 2-Ley 80 de 1993. Artículos 23; 24 numerales 5 literales a), b) y c) y 8º; artículo 25 numerales 1 y 3; Artículo 26, numeral 4º. 3º. Ley 136 de 1994, artículo 91, literal D) numerales 1 y 5. Manual de funciones del Alcalde Municipal de Aipe, numerales 1, 3 y 17. 4º- Ley 734 de 2002 Artículo 48, numeral 31. La CALIFICACION DE LA FALTA se determinó provisionalmente como GRAVISIMA. La CULPABILIDAD se determinó como DOLOSA. CARGO SEGUNDO: “Al doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, Huila, se le reprocha haber celebrado el 9 de febrero de 2009, el contrato interadministrativo No. 92-2009 con la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, representada legalmente por el señor [NOMBRE TACHADO], que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y Centros Educativos de Aipe, consistente en la adquisición de 343 computadores portátiles,… por valor total de $680.000.000.oo, en detrimento del patrimonio público, al adquirir dichos equipos con un sobrecosto del 14.34%, equivalente a la suma de $165.499.901.oo, teniendo en cuenta que como dicha Fundación no tenía dentro de su objeto el suministro, comercialización o venta de equipos de cómputo, se le permitió que realizara una triangulación económica, comprando dichos equipos a la firma SURE COMPUTERS S.A., …, a un valor unitario de $1.982.507.oo, con un sobrecosto por cada equipo de $482.507.oo, …, el precio comercial de los computadores portátiles de las mismas características que adquirió el Municipio de Aipe, para el mes de febrero de 2009 a la Fundación para el Buen Gobierno, era de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo.) M/Cte. De acuerdo a lo anterior, el doctor [NOMBRE TACHADO], como ordenador del gasto del Municipio de Aipe, Huila, presuntamente incurrió en detrimento del patrimonio público en cuantía de $165.499.901.oo, por el sobrecosto en la adquisición de los 343 computadores portátiles, en el mes de febrero de 2009, a la Fundación Para el buen Gobierno,…”. Para sustentar normativamente este segundo reproche, se le citaron: Constitucionales: Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Legales: 2.-Artículo 48, numeral 31 de la ley 734 de 2002. La CALIFICACION DE LA FALTA se determinó provisionalmente como GRAVISIMA. La CULPABILIDAD se determinó como DOLOSA. MATERIAL PROBATORIO: -Copia del contrato interadministrativo No. 479 del 30 de octubre de 2008, suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta y la Fundación para el Buen Gobierno, que tenía como objeto el fortalecimiento del sistema educativo del Distrito de Santa Marta a través de la dotación de las bibliotecas escolares, entrega de material didáctico y pupitres a las instituciones educativas, mejoramiento del sistema tecnológico y formación a directivos docentes y otros agentes educativos y culturales, por valor de $1.688.000.000.oo. (fls. 608 a 613). -Concepto jurídico del 23 de mayo de 2008, emitido por el Contralor General de Antioquia, con relación a la celebración de contratos con entidades sin ánimo de lucro de carácter público. (fls. 614 a 622). -Convenio Interadministrativo Ni. CIN-20080059 suscrito el 1º de diciembre de 2008, entre el Municipio de Duitama y la Fundación para el Buen Gobierno, que tenía como objeto brindar apoyo técnico, administrativo y operativo a la Secretaría de Educación del Municipio de Duitama, garantizando las condiciones necesarias para la implementación y ejecución del proyecto de modernización en lo relacionado con el sistema modular y readecuación de la misma, por valor de $130.000.000.oo. (fls. 623 a 627). -Contrato interadministrativo No. 010 de 2008, suscrito el 29 de diciembre de 2008, entre el Municipio de Turbo, Antioquia y la Fundación para el Buen Gobierno, que tenía como objeto de realizar la dotación y suministro para la nueva I.E. Nuevo IDEM Turbo, por valor de $499.957.899.oo. (fls. 628 a 639). -Concepto jurídico del 29 de mayo de 2008, rendido por la Personería de Medellín al Presidente de la Fundación para el Buen Gobierno, relacionado con el régimen de contratación en la Fundación para el Buen Gobierno. (fls. 640 a 659). -Testimonio del doctor [NOMBRE TACHADO], quien se desempeñó como Secretario de Servicios Sociales del Municipio de Aipe, quien afirma que la contratación que se llevó a cabo durante el mandato del doctor [NOMBRE TACHADO], estuvo ajustada al plan de desarrollo, en los programas de las diferentes áreas y con fundamento en esto se establecieron las necesidades de la contratación a través de los estudios previos,... Que la contratación con la Fundación del Buen Gobierno, se sugirió porque se trataba de una entidad pública y con experiencia en la contratación de éste tipo de productos, porque había suscrito acuerdos contractuales con otras entidades públicas, por lo que no había ningún impedimento para desarrollar éste, además que mostraba seguridad y confianza. (fls. 681 a 683). -Testimonio rendido por el doctor [NOMBRE TACHADO], quien se desempeñó como Asesor jurídico Externo de la Alcaldía de Aipe, quien afirma que dio el visto bueno para suscribir el contrato interadministrativo con la Fundación para el Buen Gobierno, toda vez que se analizó la naturaleza jurídica de la fundación y su conformación, encontrando que se trataba de una entidad pública, porque se hallaba conformada por dos entidades públicas del departamento de Antioquia; también se analizó si dentro de su objeto social podía desarrollar el convenio interadministrativo o contrato interadministrativo, encontrando que si lo podía celebrar porque el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, se encuentra la ejecución de todo tipo de programas y proyectos y también de la ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa;. (fls. 684 a 719). -Testimonio rendido por el señor [NOMBRE TACHADO], quien se desempeñó como Secretario de Planeación, Administrativo y General del Municipio de Aipe, en diferentes periodos, afirma con respecto a la celebración del contrato interadministrativo suscrito con la Fundación para el Buen Gobierno, para la adquisición de 343 computadores portátiles, que la Secretaría de Educación, cultura y deporte, atendiendo el plan de desarrollo municipal elaboró un estudio de las necesidades de las entidades educativas del municipio y se justificó la contratación directa conforme lo dispone la ley 1150 de 2007, por lo cual se hizo invitación a la Fundación para el Buen Gobierno,... (fls. 720 a 722). SÍNTESIS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: En el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Provincial de Neiva, el a quo considera que, de acuerdo a las pruebas aportadas a la actuación, los dos (2) cargos endilgados al Doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, Huila, para la época de los hechos, están llamados a prosperar. Para sustentar tal afirmación hace el siguiente análisis: RESPECTO AL PRIMER CARGO: “la conducta que se ha endilgado al doctor [NOMBRE TACHADO], está considerada como el desconocimiento de los principios que orientan la contratación estatal, al considerar que vulneró los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad consagrados en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como los principios de la función administrativa de igualdad, economía, imparcialidad y publicidad consagrados en el Artículo 209 Constitucional, al haber suscrito el 9 de febrero de 2009, el contrato Interadministrativo No. 92-2009, por administración delegada con la Fundación para el Buen Gobierno, …, que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las instituciones y centro educativos del Municipio de Aipe, concretamente la compra de 343 computadores portátiles, por valor de $680.000.000.oo, según la propuesta técnica, económica y financiera, por valor de $1.982.507.oo, sin incluir el IVA para cada equipo de cómputo, por cuanto la Fundación para el Buen Gobierno no tenía dentro de su objeto social aquella actividad de suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, y dicho acuerdo contractual se refería expresamente a una compraventa de computadores portátiles. Este acuerdo contractual dio lugar a que se presentara una triangulación económica, porque la Fundación para el Buen Gobierno con los recursos que le traslado la administración municipal de Aipe, decidió comprar estos equipos a la firma SURE COMPUTERS S.A., eludiéndose de esta manera la convocatoria pública para la selección del contratista, porque cuando transfirió estos recursos a la Fundación para el Buen Gobierno, ésta al no contemplar dentro de su objeto lo relacionado al suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, inmediatamente contrató el suministro de equipos de manera directa aplicando su propio régimen, el privado, …, por lo que se improvisó en éste propósito, lo que se traduce en haber celebrado un contrato con una entidad que en su objeto social, especialidad, idoneidad y experiencia no le permitía ejecutar directamente éste contrato. De acuerdo a lo anterior, se determina qué de acuerdo a la cuantía asignada para el Municipio de Aipe, con destino a la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y centros educativos ascendió a la suma de $680.000.000.oo, que equivalen a 1.368 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2009, si se tiene en cuenta que el salario mínimo se fijó en la suma de $496.900.oo, la modalidad de selección del contrato que se imponía para el Municipio de Aipe y que debió adelantar el doctor [NOMBRE TACHADO], para comprar los 343 computadores portátiles, fue el de selección abreviada, a través del procedimiento de subasta inversa, porque se trata de unos bienes con características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, … como lo establece expresamente el literal a) del numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. Se considera que dicha conducta se adecua al modelo descriptivo previsto en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, en lo pertinente, a saber: “Artículo 48. Faltas Gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: …31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual,…, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la constitución y la ley”. Al prescribir dicha norma que quien participe de la actividad contractual e infrinja los principios que regulan la actividad contractual y la función administrativa contempladas en la Constitución y la ley, está remitiendo a los principios previstos en el artículo 209 de la carta Política y las disposiciones consagradas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. (….) El numeral 8º del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, consagra expresamente la prohibición que tienen las autoridades de eludir los procedimientos de selección objetiva. (…) En el presente caso se considera que el disciplinado celebró el contrato interadministrativo No. 92-2009, por administración delegada con la Fundación para el Buen Gobierno, con la única finalidad de poder adjudicarlo sin acudir al procedimiento de selección de contratistas previsto para los contratos de compraventa de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de la entidades públicas,… Dice la defensa que la Fundación para el Buen Gobierno, fue constituida para realizar entre otras actividades, seminarios, cursos, conferencias, actividades relacionadas con la difusión y extensión educativa, así como la ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa, así como el suministro y dotación de elementos de computo, papelería, mobiliario, etc., y que según el registro de proponentes de la Fundación, la misma se halla inscrita, clasificada y calificada para realizar actividades como seminarios, cursos, conferencias, apoyo a la difusión y extensión educativa, y para realizar programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa y suministrar papelería, equipos de cómputo, etc., y así lo ratificó en decisión del 29 de julio de 2011, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública de Bogotá D.C., que obra a folios 703 a 719, y que por tal razón, el contrato interadministrativo suscrito para la adquisición de equipos de cómputos dentro del programa de fortalecimiento educativo y calidad educativa, se enmarca dentro de los requisitos señalados en el artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 y por consiguiente no se ha vulnerado normatividad contractual alguna. Para el despacho en manera alguna son de recibo sus apreciaciones, teniendo en cuenta que es posible que en algunas circunstancias y frente a casos muy específicos, la Fundación para el Buen Gobierno, pudiera cumplir con actividades de suministro de papelería y equipos de cómputo, siempre que los mismos hayan estado relacionados con actividades de apoyo y la ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa que son las que brinda en su objeto social la citada Fundación, siempre y cuando estas sean las actividades principales del acuerdo contractual que haya tenido y el suministro sea secundario, como ocurrió en el caso que da como ejemplo la defensa, toda vez que allí el Alcalde de la ciudad de Santa Marta distrito turístico, cultural e histórico, suscribió el contrato interadministrativo No. 479 de 2008, con la Fundación para el Buen Gobierno, que tenía como objeto el fortalecimiento del sistema educativo del Distrito de Santa Marta, a través de la dotación de las bibliotecas escolares, entrega de material didáctico y pupitres a las instituciones educativas, mejoramiento del sistema tecnológico y formación a directivos docentes y otros agentes educativos y culturales; es decir que se trataba de un proyecto educativo que comprendía componentes tales como capacitación y formación, mejoramiento de los sistemas y suministro de elementos como complemento del mismo. Así las cosas, el convenio interadministrativo que alude como paradigma la defensa, en nada se parece o se asemeja a éste que es materia de investigación disciplinaria, el cual se refiere expresamente al suministro de 343 computadores portátiles, es decir a un contrato de compraventa de equipos de cómputo, actividad propia de una empresa dedicada al suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, y que en manera alguna tenía dentro de su objeto social la Fundación para el Buen Gobierno, catalogada como entidad pública. Precisamente el Artículo 99 del Código de Comercio, define que la capacidad de la sociedad, “…se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad”, es decir que si el objeto social de una empresa es mercantil, esa será la actividad principal y para ejercerla, tendrá lo concerniente para posicionarse en el mercado, esto es el capital de trabajo necesario, fuentes de financiación, líneas de mercadeo, puntos de venta, estrategias de comercialización, canales de suministro tanto de productos importados como nacionales, segmento de productos, bodegas de almacenamiento, stop de mercancías, exhibición de productos, etc., y desde luego que la Fundación para el Buen Gobierno, como entidad estatal no contaba con ésta infraestructura comercial, como para suministrar los computadores portátiles que requería el Municipio de Aipe, es decir que no se trataba de un oferente idóneo con el que se pudiera contratar la compraventa de éste tipo de equipos de cómputo, porque de antemano sabía que lo único que podía hacer la Fundación para cumplir el contrato, era salir al mercado de los computadores en el país, adquirirlos y hacer su entrega al Almacén del ente territorial, es decir, cumplía con un papel de intermediario oneroso en todo el trámite, el mismo rol o papel que debió cumplir el Municipio y que omitió llevarlo a cabo a través de un proceso de selección abreviada a través del procedimiento de subasta inversa... De acuerdo a lo antes expuesto, se considera que el deber de adoptar los procedimientos indicados en la ley para seleccionar al contratista de la manera como lo hizo el disciplinado, constituye una infracción sustancial de sus deberes funcionales. (…) Por lo que en virtud de los principios que rigen la contratación estatal, la escogencia del contratista, siempre se llevará a cabo a través de licitación o concursos públicos, salvo las excepciones contempladas en la Ley, garantizándose la transparencia del proceso, dado que doctrinariamente, se ha reiterado que: “Tanto la licitación como el concurso son procedimientos administrativos para llegar a la selección contractual, mediante los cuales se invita a los particulares, en número indeterminado, a participar en el proceso de escogencia del contratista (o adjudicación del contrato), mediante la formulación de sus propuestas, con sujeción a las disposiciones legales, a las bases y condiciones establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia” . “En primer lugar, aun dentro del régimen de libre elección del contratante, es conveniente que toda contratación administrativa esté sujeta a un adecuado régimen de publicidad, que facilite un conveniente control de la opinión pública, al mismo tiempo que haga insospechable el proceder de los funcionarios públicos que han debido intervenir en una contratación realizada por la administración pública”. Ha quedado debidamente ilustrado y probado que no era procedente que el doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, celebrara el contrato interadministrativo No. No. 92-2009 con la Fundación para el Buen Gobierno, lo que a su vez implica infracción sustancial a los deberes funcionales que debía observar el disciplinado como ordenador del gasto, por cuanto debió haberse sujetado a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, para seleccionar el contratista a través de Selección abreviada utilizando el procedimiento de subasta inversa. (…) Las anteriores pruebas son determinantes y concluyentes, para establecer que el doctor [NOMBRE TACHADO], tuvo pleno dominio de toda la actividad presupuestal y contractual a la que se refiere la actuación. RESPECTO AL SEGUNDO CARGO: “…Este cargo se encuentra soportado en el informe técnico rendido el 1º de septiembre de 2011, por la Unidad de Asesoría Técnico – científica de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, dictamen pericial del cual se le corrió traslado a los sujetos procesales mediante auto del 16 de septiembre de 2011, obrante a folio 490 de la actuación, para que si lo consideraban, solicitaran aclaración, ampliación o adición del mismo, venciendo en silencio el término para ello a pesar de haberse citado oportunamente a los sujetos procesales para notificarlos personalmente de la decisión y de haberse surtido notificación por estado el 3 de octubre de 2011 (fls. 492, 493 y 497). Dicho peritaje resolvió el interrogante que tenía ésta Provincial de Neiva, para que vistas las especificaciones técnicas de los computadores portátiles a que se refiere la actuación y que obran a folios 86 a 93, así como las condiciones y términos que se pactaron a través del contrato interadministrativo No. 92-2009, tal como se evidencia en el dictamen, se hicieron las consultas de precios del mercado que para el 9 de febrero de 2009, tenían dichos equipos, con el fin de hacer el cotejo y establecer si existió sobrecostos; para lo cual efectúo el estudio de mercados necesario, encontrando la cotización de la fundación para el Buen Gobierno del 9 de febrero de 2009, por valor de $1.982.507.oo, cada equipo, por lo que procedió a consultar en el directorio de páginas amarillas de Bogotá, firmas idóneas para solicitarles información al respecto de los precios de los equipos para la misma época, entre ellas a AJC IT SOLUCIONES INFORMATICAS S.A., PC SMART, COMPUMAX COMPUTER, COMPUTEL SYSTEM LTDA., ACT COMPUTADORES LTDA. Y DATAPOINT DE COLOMBIA; también se advirtió que dentro de los precios cotizados se tuvieran en cuenta los costos directos e indirectos con entidades estatales (descuentos legales y ordenanzales, IVA, gastos de transporte, pólizas, legalización del contrato, publicación, estampillas, etc.). Que de estas seis firmas consultadas, cuatro de ellas no respondieron, una solicitud fue devuelta y solo la firma COMPUMAX COMPUTER, envió la cotización, con la cual se hizo el comparativo pertinente del cual se ocupa el dictamen pericial, arrojando una diferencia de $482.507.oo en equipo de cómputo del valor pagado por la Administración y la cotización remitida por la firma COMPUMAX COMPUTER, en equipos de las mismas especificaciones y bajo las condiciones del contrato interadministrativo No. 092 de 2009. Ahora, la Contraloría General de la República en el hallazgo disciplinario, afirma que la Alcaldía de Aipe, celebró el contrato interadministrativo No. 92-2009 con la Fundación para el Buen Gobierno, para el suministro de 343 computadores portátiles, sin tener como soporte un estudio de los precios de mercado que determinará quiénes eran los proveedores de estos equipos en el País, como herramienta del principio de planeación. (fl. 505). Estas pruebas son determinantes para que el cargo endilgado por el sobrecosto en la compra de estos equipos, mantenga su vigencia, …, contrario a lo afirmado por la defensa, toda vez que si bien solamente se logró allegar una sola cotización, la misma cumple con todos los requisitos propuestos por quien rinde el peritazgo, es decir que se acercan a las mismas condiciones en que el Municipio suscribió el contrato de suministro de los equipos de cómputo; sumado a que los precios del SICE, solamente se tenían en cuenta como punto de referencia, pero en manera alguna reemplaza el estudios de mercados que por disposición legal corresponde efectuar la entidad pública previo al trámite contractual, por lo que el cargo endilgado mantiene su vigencia…”. La CALIFICACION DEFINITIVA DE LAS FALTAS por parte de la Procuraduría Provincial de Neiva, escuetamente se hizo de la siguiente manera: “Las faltas endilgadas al doctor [NOMBRE TACHADO], se califican definitivamente como gravísimas teniendo en cuenta que el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en su numeral 31, dispone que constituye falta gravísima: ”participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual…..con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley” es decir que se encuentran señaladas taxativamente por el legislador como tal. Dicho comportamiento constituye falta disciplinaria al tenor del artículo 23 de la ley 734 de 2002, dando lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, ante la incursión en cualquiera de la conductas o comportamientos previstos en éste código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos, funciones, prohibiciones, entre otras, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la mencionada norma”. En cuanto a la valoración sobre el aspecto subjetivo de las conductas, esto es, lo atinente a la CULPABILIDAD, la Provincial, previo el condigno discernimiento relativo a la ILICITUD SUSTANCIAL de las conductas, estableció: -PARA EL PRIMER CARGO: De acuerdo al acervo probatorio allegado y luego del análisis de la conducta investigada, se determina que el doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, Huila, para la época de los hechos, cuando incurrió en la conducta activa endilgada, lo hizo a título de DOLO, toda vez que como ordenador del gasto, tenía el pleno conocimiento que el procedimiento que debía adelantar conforme a la cuantía y los equipos de computación a adquirir, era a través de la modalidad de selección abreviada usando el procedimiento de subasta inversa, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por tratarse de bienes con características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades públicas, en armonía con lo señalado en el artículo 10 ibídem, que prohíbe a las entidades del Estado celebrar contratos interadministrativos con asociaciones conformadas por entidades territoriales, como es el caso de la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, toda vez que estos se deben someter a los procesos de selección de que trata la mencionada ley, en la que deben participar en igualdad de condiciones con los particulares; de lo cual se infiere que no era viable y legal que se hubiera suscrito el contrato interadministrativo con la mencionada Fundación, toda vez que se vulneraban presuntamente los principios de la contratación estatal de la selección objetiva, transparencia y economía y los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 Constitucional. Además que según el objeto de la Fundación para el Buen Gobierno, la misma no es especializada en el suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo y por ende, para cumplir con el Municipio debió adquirirlos con un tercero, de lo cual se tenía pleno conocimiento, porque en el mismo texto del contrato interadministrativo, se le autorizaba para que hiciera las compras y adquisiciones correspondientes para poder cumplir con el pacto contractual”. -PARA EL SEGUNDO CARGO: Para este cargo, queda claro que el doctor [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde Municipal de Aipe, Huila, incurrió en la conducta activa, actuando definitivamente a título de DOLO, toda vez que como ordenador del gasto, tenía conocimiento que al suscribir el contrato interadministrativo con la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, estaba permitiendo la tercerización de la compra de los 343 computadores, toda vez que dentro del objeto de dicha entidad, no se encontraba la de suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, a tal punto que en la cláusula sexta, de las obligaciones de la Fundación, en el numeral 2º, la autorizó para realizar la compra de los elementos necesarios para el buen desarrollo del programa de dotación educativa, es decir que suscribió dicho acuerdo contractual con una entidad que no era idónea para su ejecución, por lo que debió acudir a la firma SURE COMPUTERS S.A., para que se encargara del suministro de los equipos de cómputo, lo que desde luego hizo incurrir en sobrecostos al Municipio de Aipe, en cuantía de $165.499.901.oo, equivalente al 14.34%, y por ende en detrimento patrimonial al ente territorial, conforme lo determinó el peritazgo allegado. Esta situación se presentó justamente porque se apartó del cumplimiento de los principios de la contratación estatal de transparencia, selección objetiva y economía, al hacer uso de una figura jurídica que no correspondía, como lo era la celebración de un contrato interadministrativo, dejando de lado la modalidad de selección abreviada, a través del procedimiento de subasta inversa,…”. Y sintetiza su argumentación en el acápite de las RAZONES DE LA SANCION Y EXPOSICION FUNDAMENTADA DE LOS CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA GRADUACION DE LA SANCION. “De acuerdo a las pruebas allegadas, se determina que efectivamente el doctor [NOMBRE TACHADO], desconoció los principios de la contratación Estatal, para el primer cargo los de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad, así como los principios de la función administración de igualdad, economía, imparcialidad y publicidad consagrados en el Artículo 209 Constitucional; y para el segundo cargo haber participado en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, conductas que están previstas como falta gravísima en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, disposición legal que clasifica la falta como gravísima, significando lo anterior, que tratándose de faltas gravísimas éstas vienen determinadas expresamente por la ley sin que le quede margen al operador jurídico para calificarla de otra manera, siempre que se haya imputado a título de dolo. Como quiera que la falta está prevista por el legislador como gravísima y se estableció que el disciplinado obró con dolo, para los dos cargos endilgados, la consecuencia jurídica que corresponde imponer está prevista en el numeral 1º del artículo 44 de la ley 734 de 2002 y el límite corresponde al establecido en el artículo 46 ibídem, el cual señala que, para las faltas gravísimas cometidas a título de dolo les corresponde una sanción de destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Para imponer la sanción pertinente, tendríamos que partir de la Destitución e inhabilidad general de un mínimo de 10 años y al analizar el caso en concreto se tendrá en cuenta como criterio aplicable el hecho de que “el disciplinado conocía la ilicitud”, ( literal i) del numeral 1º del artículo 47 de la ley 734 de 2002) toda vez que como ordenador del gasto, tenía pleno conocimiento que la contratación pública se debe ajustar a los principios del Estatuto General de Contratación de las entidades públicas, en especial los de selección objetiva, transparencia, responsabilidad y economía; además de haber participado en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, por lo que se predica que vulneró las normas que le fueron citadas en el pliego de cargos, incurriendo en falta gravísima a título de dolo, por el conocimiento de la ilicitud, lo cual haría incrementar la sanción a once (11) años de inhabilidad general. Aunado a lo anterior, debemos tomar en consideración que el doctor [NOMBRE TACHADO], se desempeñó como Alcalde Municipal de Aipe, en el periodo constitucional 2008-2011, siendo la naturaleza de dicho cargo del nivel directivo, por lo que de conformidad a lo señalado en el literal j) del numeral 1º del artículo 47 de la ley 734 de 2002, haría incrementar la sanción a doce (12) años de inhabilidad general, porque el servidor pertenecía al nivel directivo del Municipio de Aipe”. Y, efectivamente, la Procuraduría Provincial de Neiva en ese sentido resolvió, es decir, le impuso la sanción consistente en “DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) AÑOS, por los hechos y considerandos expuestos en este proveído…”. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN: El disciplinado, a través de su apoderado, impugnó la decisión con memorial de folios, luego de hacer un amplio recuento de la providencia de alzada, su argumentación se puede sintetizar en el sentido que: “Al PRIMER CARGO: “Con extrañeza vemos la errada interpretación que en materia de contratación pública se hace de la actuación surtida, como quiera que se desconoce por el despacho la naturaleza y esencia de las modalidades de contratación Estatal. En primera medida debo recordar que no es cuestionable disciplinaria o penalmente la escogencia de un determinado tipo de modalidad de contratación, si la modalidad escogida se adecúa netamente a los requerimientos de la ley, si bien es cierto existen distintas modalidades de selección de contratistas, no lo es menos que un objeto contractual puede ser llevado a cabo a través de dos o más modalidades o a través de dos o más procedimientos que es algo distintos. Si bien, la ley consagró la selección abreviada a través de subasta para la adquisición de bienes de característica técnicas uniforme y de común utilización, no es menos cierto que esto clase de bienes puede ser adquirida bajo otras modalidades, sin que esto constituya en sí mismo, una violación al ordenamiento jurídico. De ahí, que esta clase de bienes puedan adquirirse a través de acuerdos marco de precios, bolsas de productos, e inclusive contratos interadministrativos, si hay entidades que así puedan ofrecer. …Dentro de estas excepciones a la licitación pública se encuentran en el artículo segundo de la ley 1150, en el numeral cuarto los contratos interadministrativos, como una de las formas de contratación directa y explicó claramente la citada norma que las entidades públicas pueden celebrar contratos de manera directa con otras entidades públicas sin tener en cuenta la limitación alguna por razón de cuantía y estableció en la misma norma las condiciones propias y las excepciones a los contratos interadministrativos; no importa salvo lo expresamente prohibido en la citada norma cuánto es el valor del contrato a celebrar, ni la clase de bien o servicio que se va a adquirir, solo se requiere que el objeto del contrato tenga relación directa con el objeto social de la entidad ejecutora. (…) Como es obvio, salvo las restricciones de la misma ley, nada impedía que el investigado escogiera para la adquisición de los computadores, a cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la ley, encontrando que para el caso concreto, habían dos posibilidades, como evidentemente lo manifiesta el despacho la subasta inversa dada la naturaleza misma del bien; también encontró que era posible, insisto, en celebrar un contrato interadministrativo con alguna entidad pública que dentro de su objeto social pudiera ejecutarlo. …De acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio y del Registro Único de Proponentes La Fundación puede suministrar equipos de cómputo, de ésta manera, es claro que se cumple el para otro requisito establecido en la ley la celebración del contrato interadministrativo, que no es otro que el objeto social de la entidad ejecutora tenga relación directa con el objeto del contrato a ejecutar, situación que ya había sido avalada por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública que dijo: "Pues bien, dentro del término de la formal investigación disciplinaria se allegó copia del certificada de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Para el Buen Gobierno conforme al cual posee el siguiente objeto social: "la fundación tendrá por objeta el desarrollo de la academia, investigación y extensión de la institución universitaria y captar y difundir y crear conocimiento en temas de ordenamiento institucional e interés público, para así fomentar, promover y ejecutar obras, programas, proyectas, y acciones de desarrolla social, económico, administrativa, tecnológico, comunicacional, educativo y cultural en el ámbito público y comunitario, dentro del alcance previsto en los planes de desarrolla de las entes públicos y los principia del buen gobierno. Dicho objeto puede ejercerse dentro o fuera del territorio nacional. Paro desarrollar su objeto social la FUNDACIÓN podrá realizar entre otras las siguientes actividades: 1. Apoyar y realizar los seminarios, cursos y conferencias ... 2..3. l...) 4. Apoyar y realizar la difusión y extensión educativa l...) 8. Ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa l..,) Obra al folio 630 de anexo 11, copia del registro de proponentes, certificado de inscripción, calificación, y clasificación RUP, expedido por lo Cámara de Comercio de Medellín el 28 de julio de 2008, en el cual certificó que lo fundación por el Buen Gobierno, se clasificó entre otras como: 10102 REGULACIÓN Y CONTROL DE RIOS 1010 PRESAS, DIQUES Y MUELLES 10105 AGUAS SUBTERRANEAS 10305 REDES DE COMPUTACIÓN Y CONMUTACIÓN 20301 GESTIÓN EDUCATIVA 20304 CAPACITACIÓN DE MAESTROS 10610 PAPELERIA…” (…) Corrobora lo anterior, el registro de proponentes de la Fundación, en el cual se establece que dicha entidad fue inscrita, clasificada, y calificada para realizar actividades como seminarios, cursos, conferencias, apoyo a la difusión y extensión educativa, y para realizar programas tendientes al mejoramiento de la calidad de educativa, y suministrar papelería, equipos de cómputo etc., es decir, se encontraba debidamente registrada en la Cámara de Comercio. y precisamente estas actividades fueron las que se desarrollaron con ocasión de la ejecución del citado convenio, porque en efecto, la Fundación, dotó de equipos de cómputo, bibliotecas escolares, material didáctico, pupitres, y capacitación a directivos, docentes y otros agentes educativos, ejecutando el plan de desarrollo distrital 2008-2011 en su artículo 24, que señaló la educación cama un sector estratégico en la búsqueda de la prosperidad colectiva, requiriendo una mayor atención tanto en la ampliación de la cobertura como mejorar la calidad de la educación (el 380 anexo 11). Así las cosas, del material probatorio analizada se logra establecer sin lugar a dudas, que el objeto social de la Fundación para el Buen Gobierno si guardaba relación directo con el objeto del convenio, quedando desvirtuada la imputación formulada en este sentido..." En el caso bajo estudio tenemos, que las partes celebraron un contrato interadministrativo, teniendo en cuenta que son entidades públicas y por lo tanto, pueden hacer uso de la figura contractual contenida en el artículo 78 del decreto 2474 de 2008 (vigente para la época de los hechos) y que las obligaciones derivadas de los mismos guardan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Y es en este punto donde la doctrina de la Procuraduría General de la Nación, ya dio claridad de la naturaleza jurídica de la Fundación para el Buen Gobierno y de las actividades propias de su objeto social. …Para lo cual la fundación se vinculó no solo con el suministro de los equipos de cómputo, algo que era de su resorte comercial y objeto social, como lo dijo la Procuraduría delegada, y donde se obligó conforme a la cláusula sexta del contrato, a "promover la imagen institucional de la alcaldía municipal de Aipe. Ahora, el despacho no puede pasar por alto que previo a la contratación del Municipio, ya existían varios pronunciamientos de distintos entes de control que avalaban la contratación interadministrativa con la fundación, pronunciamientos que sirvieron al abogado del Municipio y a sus servidores, para obtener la tranquilidad de estar actuando conforme a la ley, y que si existía un error en sus apreciaciones este ya era invencible, en el entendido que consultado el tema, en especial con los entes de control, el convencimiento era absoluto. Ahora, no debo dejar pasar por alto, que no ha existido ninguna tercerización por el hecho que la fundación hubiera adquirido los equipos con la empresa SURE, y es que la fundación como cualquier comerciante no es fabricante, y para suministrar el producto debe acudir a su productor. Así lo haría, por ejemplo la empresa que da la cotización al Procuraduría, ella debe comprarle el computador a HP; Toshiba, Dell, o como lo haría los almacenes éxito o panamericana, o cualquier distribuidor de computadores que no los fabrique, porque aclaro, que las empresas fabricantes, en la práctica comercial no participan en procesos de selección de cuantías tan bajas. Y esto no es reprochable, por cuanto es la mecánica propia del comercio de 'bienes y productos, sino los intermediarios comerciales no existirían. AL SEGUNDO CARGO: Como primera medida debo recordar, que la carga probatoria en materia disciplinara le corresponde al ente investigador, que además le corresponde investigar lo favorable y los desfavorable y el presente caso, la entidad no ha logrado probar que existiera sobrecosto en la adquisición del producto, por demás, existe un informe de investigaciones especiales basado en una sola cotización, la cual no puede considerarse que contenga los precios del mercado, y por otro lado, existen las cotizaciones de la época que realizó la administración y que obran en el expediente, al igual que las consultas en el SICE, que dan fe de los precios en los cuales se podían adquirir los equipos de cómputo, lo que indica que la compra se ajustó a lo que se denomina precios del mercado, pero no se entiende porque estas pruebas no han sido valoradas. (…) Asimismo, los sobrecostos deben ser corroborados a través del material probatorio conducente que evidencie si hubo tal circunstancia, Para efectos probatorios en el proceso de responsabilidad disciplinaria de esta forma de defraudación, debe señalarse que las cotizaciones por si solas sobre un mismo producto no tienen mayor mérito, pues suele suceder que en la actividad comercial, los comerciantes vendan a diferentes precios un mismo producto, Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero valor probatorio, debe cotizarse el bien de las mismas características y marca, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no basta una, deben ser varias, de comerciantes de distinta naturaleza, como mayoristas y minoristas, intermediarios y productores. (…) ... Lo que no es exigible, ni razonable, ni técnicamente procedente dentro de la ciencia de la administración, es que el Alcalde lleve su verificación hasta un punto de minucia y escudriñamiento tal, que hubiera sido mejor que él realizara directamente los estudios de conveniencia y toda la etapa de planeación. Exigir una actuación distinta al vigilancia y control es desconocer el principio de la buena fe que circunscribe Constitucionalmente las actuaciones administrativas, es desconocer el grado de confianza que se ha depositado en todos los servidores públicos (Secretarios de Despacho) para el cumplimiento de sus funciones; desde el punto de vista de la técnica administrativa, exigir este tipo de detalles, es desconocer toda una serie de competencias y obligaciones que tiene el Alcalde que asumir... Ahora, las relaciones entre el superior y su subalterno están regidas por la buena fe y la confianza que se deposita en los servidores públicos para el ejercicio de sus funciones. Cuando el inferior le pone de presente a sus superior el resultado de sus actuaciones, este, atendiendo al principio mencionado, confía plenamente en que dichas actuaciones se surtieron como lo ordena la ley y que verificado lo presentado este goza de toda legalidad y legitimidad. Lo anterior no desconoce el control, porque el superior dentro la generalidad de su vigilancia sabe lo que se ha hecho por parte del inferior. (...) Lo anteriormente expuesto, obliga, necesariamente, a revaluar la conducta desplegada por el investigado, quien no es un actor directo de las presuntas irregularidades endilgadas ante la violación de los principios a la contratación y al patrimonio público, sino, como un sujeto indirecto encargado de la vigilancia y control de la actuación, como quiera, los estudios previos y toda la etapa de planeación estuvo a cargo de un funcionario diferente, quien posiblemente pudo haber errado en sus apreciaciones y estas no pueden ser imputadas al primero. Tal situación, también obliga a revaluar el elemento subjetivo de la conducta que se le investiga al señor [NOMBRE TACHADO], comoquiera que no puede hablarse de una culpa gravísima sobre una conducta no desarrollada y que su falta de vigilancia, si es que existiera no conllevaría a una imputación distinta que una culpa leve, la cual no es sancionada disciplinariamente. Ahora bien, si nos remitimos a los estudios realizados encontraremos que estos fueron desarrollados por el señor [NOMBRE TACHADO], Secretario de Servicios Sociales y con la aprobación jurídica del abogado Daniel Garay. Quienes concluyeron e informaron al alcalde de la viabilidad de la celebración del contrato. No se puede desconocer, que la elaboración de los estudios previos por parte de los funcionarios mencionados, estuvo soportada en antecedentes contractuales de otras regiones del país y sustentadas en conceptos de los entes de control, que originaron en ellos la certeza y confianza de su actuar conforme a la ley, lo que nos pone en el sitio de una actuación realizada con un error invencible, inclusive un error, al cual fueron levados por los mismos entes de control como contraloría y procuraduría. (…) No cabe duda que el investigado y todo su equipo de trabajo actuaron con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, porque una vez asesorados y habiendo investigado la procedencia de la contratación con los entes de control, y no había nada más en su intelecto que el convencimiento pleno de su correcto actuar. Debo recordar que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sala Disciplinaria, en su pronunciamiento más reciente, definió el error invencible así: "A propósito de la figura del error invencible, cama causal excluyente de responsabilidad, la salo Disciplinaria estima prudente traer a colación lo dicho por lo Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en providencia del 6 de julio de 2002, en donde puntualmente señaló, que el error de tipo invencible es la errada interpretación que no le era exigible al autor superar, o en otros términos, que ni aún actuando en forma diligente y cuidadosa habría podido llegar a otra conclusión, esto es, que el error invencible no depende de culpa o negligencia. Y, el error de tipo vencible es aquella falsa representación que el autor había podido evitar o superar si hubiere podido colocar el esfuerzo, el ejercicio representativo o su alcance y que le exigible, es decir, el error que le era dado superar atendiendo a las condiciones de conocimiento, oportunidad y demás circunstancias temporales espaciales que rodearon el hecho. Con fundamento en ello, al servidor público se le reprocha no actuar con la diligencia y prudencia en la toma de sus decisiones, contrario sensu, actuar conforme a aquellas desvirtúa cualquier falta disciplinaria. Dentro de actuar con diligencia y prudencia, se encuentra el asesorarse en los aspectos que no maneja, como es el caso de asesorarse jurídica, técnica o presupuestalmente cuando existen temas que no son de su manejo para la toma de una decisión que tiene amplias implicaciones en estos aspectos. Hacerlo, hace que la conducta del implicado puede estar bajo el imperio del error, en este caso invencible, por cuanto la toma de la decisión, a pesar de la consulta y la asesoría no corresponda a lo más loable. Y es lo aquí sucedido, donde el implicado, actuando diligentemente, encargó el estudio previo y análisis de precisos a su secretario, quien además era competente para ello, y a su asesor jurídico para que analizara la procedencia de la contratación, quien, insisto, analizados los antecedentes llegó a la conclusión de que si se podía celebrar el contrato y así lo recomendó e hizo saber. (Procuraduría General de la Nación, Sala disciplinaria. Radicación 161,5321 (IU5 2009,194723). Fallo de segunda instancia del 16 de agosto de 2012. Procuradora Ponente. MARIA EUGENIA CARREÑO. Disciplinado [NOMBRE TACHADO].). Con fundamento en lo anterior, solicito al despacho revocar el fallo proferido y en su reemplazo absolver al implicado. CONSIDERACIONES DE LA REGIONAL HUILA Prima facie, se podría pensar que sería del caso entrar a confirmar el fallo sancionatorio -objeto de alzada- en todas sus partes, sin embargo esto no es posible jurídicamente porque a pesar de que los sujetos procesales no plantearon. frente a tal providencia, la posibilidad de existencia de nulidades, al realizar oficiosamente el condigno control de legalidad, se detectan situaciones que imperativamente deben ser analizadas de conformidad con lo orientado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en el sentido que las nulidades no constituyen enmiendas a todos y cada uno de los vicios del proceso sino que persiguen corregir las fallas protuberantes, sustanciales que no pueden corregirse por ningún otro medio (principio de residualidad), esto es, aquellas irregularidades que trascienden a un vicio irremediable (principio de trascendencia), ante las cuales las nulidades se convierten en el medio extraordinario para corregirlas: “. . ., es claro que no toda irregularidad origina una nulidad sino que, por el contrario, para que se presente se requiere que la misma sea sustancial, es decir, que de manera real afecte el debido proceso o que la persona sea procesada arbitrariamente, con desconocimiento de las garantías que para el juzgamiento otorgan la Constitución y la ley”. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, consagra: “Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: 1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.” En cuanto a los requisitos que debe contener la solicitud de nulidad, el C.D.U.: “Artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten”. En reciente recopilación doctrinal de relatoría, respecto a la oportunidad de invocación de esta figura sanadora, ha orientado: “En relación con el pedimento de anulación, el artículo 146 del Código Disciplinario Único establece que la solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo; el cual, conforme con reiterada doctrina de la Procuraduría General de la Nación, bajo la teoría del acto complejo, por fallo definitivo debe entenderse el de primera o el de única instancia y no el que resuelve los recursos que contra tales decisiones se interpongan. Ello es así, dado que las decisiones que desatan los recursos de reposición y de apelación, conforman una unidad jurídica que se integran a la decisión impugnada”. “Con base en los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales atrás señalados, se tiene lo siguiente: (i) Las solicitudes de nulidad se pueden hacer hasta antes de proferirse el fallo de primera o única instancia; (ii) Proferido el fallo de primera o único instancia, ya no es procedente la solicitud de anulación, pues ha precluído la oportunidad para hacerlo; (iii) Lo anterior no le impide a los sujetos procesales que, a través de los recursos, el de apelación para fallos de primera instancia y el de reposición para fallos de única instancia, hagan las peticiones de nulidad que consideren pertinentes, siempre y cuando no hayan sido presentadas y decididas con anterioridad dentro del proceso. En estos casos, ha de entenderse que esa petición hace parte del recurso y que se resolverá estudiándola como uno de los aspectos de inconformidad, no como nulidad; (iv) Al poderse alegar dentro de los argumentos del recurso, implica que debe presentarse el pedimento durante el término concedido para recurrir el fallo, de acuerdo con el artículo 111 del Código Disciplinario Único. (v) Si no lo presenta en ese término, se entenderá que el escrito de nulitación es extemporáneo. Ello, sin embargo, no inhabilita al funcionario de segunda instancia para estudiar, de manera oficiosa, la ocurrencia de alguna de las causales de nulidad”. (Subrayas y negrilla de la Regional Huila). Con fundamento en dichas directrices, se procede, ahora, a confrontar en contexto los argumentos de la Procuraduría Provincial de Neiva para sustentar sus cuestionamientos; y los de refutación de los sujetos procesales, al igual que las pruebas en que se fundamentan los unos y los otros; de la siguiente manera: -RESPECTO A LAS IMPUTACIONES: -Al señor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Alcalde del Municipio de Aipe, el a quo le reprocha: COMO PRIMER CARGO: “haber suscrito el 9 de febrero de 2009 el Contrato Interadministrativo No. 92-2009 … con … la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, … , que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Aipe, concretamente la compra de 343 computadores portátiles, por valor total de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000.oo), … , por valor de $1.982.507.oo excluido de IVA para cada equipo de cómputo, desconociendo presuntamente los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad consagrados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, (literal a) del numeral 2) del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007). Esto equivale a decir que, concretamente, el reproche apunta a que el investigado, presuntamente, DESCONOCIÓ LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD (Leyes 80/93 y 1150/2007, literal a) del numeral 2) del artículo 2º), cuando suscribió tal convenio. Y, entonces, de contera vulneró la Ley 734 de 2002, artículo 48 FALTAS GRAVÍSIMAS, numeral 31: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, … con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”. COMO SEGUNDO CARGO: “haber celebrado el 9 de febrero de 2009, el contrato interadministrativo No. 92-2009 con la FUNDACION PARA EL BUEN GOBIERNO, … , que tenía como objeto la dotación de equipos de cómputo para las Instituciones y Centros Educativos de Aipe, consistente en la adquisición de 343 computadores portátiles … a un valor individual excluido el IVA de $1.982.507.oo, por valor total de $680.000.000.oo, en detrimento del patrimonio público, al adquirir dichos equipos con un sobrecosto del 14.34%, equivalente a la suma de $165.499.901.oo, teniendo en cuenta que como dicha Fundación no tenía dentro de su objeto el suministro, comercialización o venta de equipos de cómputo, se le permitió que realizara una triangulación económica, comprando dichos equipos a la firma SURE COMPUTERS S.A., … con un sobrecosto por cada equipo de $482.507.oo, teniendo en cuenta que según el peritazgo … , rendido por … la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, el precio comercial de los computadores portátiles de las mismas características … , era de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000.oo.) M/Cte. Esto permite significar que, según el a quo, el desconocimiento cuestionado en la imputación anterior, al haberse optado por el Contrato Interadministrativo en lugar de acudir a la modalidad de la Subasta Inversa, degeneró en unos sobrecostos, considerables como detrimento del erario por parte del ordenador del gasto CONDE. (<Leyes 80/93 y 1150/2007, literal a) del numeral 2 del artículo 2º, cuando suscribió tal convenio>). Y, entonces, de contera vulneró la Ley 734 de 2002, artículo 48 FALTAS GRAVÍSIMAS, en la parte pertinente del numeral 31: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, …”. Es de anotar que dentro la conceptualización de la violación de las normas constitucionales y legales que, dentro dicha pieza procesal de imputaciones, planteó el a quo para cada uno de los cargos descritos, se recalcó que los comportamientos se cuestionaban, no simplemente por el prurito de que le fuera exigible al investigado que imperativamente acudiese a la modalidad de la Subasta Inversa, sino que el contratista que seleccionó a través del Contrato Interadministrativo-Administración Delegada No.92/2009, esto es, la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO, no era idóneo, porque no contaba dentro de su OBJETO SOCIAL la distribución o comercialización de computadores; con el ítem que tampoco poseía el suficiente músculo financiero, tanto así que tuvo que incluirse un Otrosí al Contrato, en el sentido que el valor total de contrato se entregaría como anticipo, infiriendo que era para que el contratista pudiera cumplir con lo pactado. Y, por ende, tratándose de una Administración Delegada para la compra de unos computadores, la intermediación de la FUNDACIÓN ante las comercializadoras generaba un gasto extra, considerable como sobrecosto, lo cual, obviamente, iba en “detrimento del patrimonio público”. Pero, salta a la vista que la fina ortodoxia procesal y procedimental que se venía aplicando, básicamente en las providencias de imputaciones y la primera parte de la de fondo, dentro de las que se valoraban separadamente cada uno de los 2 cargos, y sus correspondientes sustentos probatorios y normativos; en la segunda parte luego de dejar demostrada objetivamente la existencia de las 2 faltas imputadas, se cayó en un bache jurídico en el momento de calificarlas definitivamente. Obsérvese el por qué, de esta apreciación: En la providencia sancionatoria, la determinación del título de la CULPABILIDAD se hizo como debe ser, separadamente, tanto “para el primer cargo”, como “para el segundo cargo”; pero la CALIFICACIÓN de las faltas, a diferencia de la valoración por separado que se había hecho en el auto de imputaciones, el cual debe guardar coherencia y congruencia con el fallo, en este último, se evaluó deficientemente dentro de un mismo acápite, y para darle claridad meridiana al asunto materia de análisis, se transcribe nuevamente en forma íntegra para su disección: “5. FUNDAMENTACION DE LA CALIFICACION DE LAS FALTAS. Las faltas endilgadas al doctor [NOMBRE TACHADO], se califican definitivamente como gravísimas teniendo en cuenta que el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en su numeral 31, dispone que constituye falta gravísima: ”participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual….. con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley” es decir que se encuentran señaladas taxativamente por el legislador como tal. Dicho comportamiento constituye falta disciplinaria al tenor del artículo 23 de la ley 734 de 2002, dando lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, ante la incursión en cualquiera de la conductas o comportamientos previstos en éste código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos, funciones, prohibiciones, entre otras, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 de la mencionada norma”. Salta de bulto, entonces, que únicamente se calificó definitivamente la falta descrita en el primer cargo. Esto porque, si bien es cierto en la introducción se hace alusión a que “Las faltas endilgadas al doctor [NOMBRE TACHADO], se califican definitivamente como gravísimas”, también es cierto que solo se correlaciona, como sustento normativo para el primer reproche, esto es, la parte pertinente del numeral 31 del artículo 48 del C.D.U.: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual….. con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley”.(Subrayas y Negrilla del Despacho Regional) Esta tesis de la Regional, respecto a la deficiencia calificadora, recibe refuerzo en el siguiente párrafo, cuando el a quo, gramaticalmente, en número singular señala: “Dicho comportamiento constituye falta disciplinaria al tenor del artículo 23 de la ley 734 de 2002, dando lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente…”. Significando esto que brilla por su ausencia la pluralidad para lo atinente a la descripción del segundo cargo, y a su correlativo soporte jurídico, es decir, la parte pertinente del artículo 48, numeral 31: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público,…” (Subrayas y negrilla de la Regional). Ahora bien, si la ley 734 de 2002, en el artículo 163 establece el CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS, y exige un riguroso apego a sus requisitos, dentro de los cuales se encuentra, el del numeral 6: “La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código”; esto hace que la omisión o la valoración deficiente de dicha exigencia para calificar cada uno de los cargos que se imputan, así tales calificaciones sean de carácter provisional, de todas maneras esas falencias son generadoras de nulidades. Pues sí es así de rigurosa la exigencia para el pliego de cargos, con mayor razón se debe cumplir con el requisito señalado por el numeral 5 del artículo 170 ibídem, CONTENIDO DEL FALLO, “La fundamentación de la calificación de la falta”, máxime si esta evaluación es de carácter definitivo, es decir, la exigencia de fundamentar la calificación de cada uno de los reproches en la decisión de fondo, es mayúscula y condición sine qua non para su validez. Y, obviamente, la omisión o valoración precaria para calificar cada una de las faltas, genera nulidad respecto de la que no fue calificada o se evaluó deficientemente. Entonces, a pesar de que la Contraloría General de la República, órgano de control de creación constitucional con funciones, entre otras, la de determinar los detrimentos al patrimonio público, haya establecido que toda intermediación genera un desgaste que se materializa en un sobrecosto por mínimo que sea, independientemente de lo discutible que sea el método aplicado para su cuantificación, como el que detectó en la triangulación entre MUNICIPIO DE AIPE-FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO-SURE COMPUTERS S.A., con ocasión del Contrato Interadministrativo-Administración Delegada 92/2009 Y que, igualmente, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General, practicó una prueba técnica pericial cuya resultante apunta a la existencia de un sobrecosto, así sea controvertible la forma en que se estableció su quantum; y que los sujetos procesales ahora manifiesten su inconformidad debido a la metodología que se aplicó para realizar la experticia, cuando lo lógico hubiese sido que éstos argumentos los esgrimiesen sustentando objeciones en el término de traslado de la prueba en comento. De todas maneras, únicamente la situación relacionada con el segundo cargo, según la motivación jurídica expuesta, será desestimado valorativamente dado que si lo tuviésemos en cuenta, prácticamente se patentizaría una vulneración al Principio de Legalidad; razón por la cual no existe ningún aspecto legal ni práctico que amerite la profundización en los acápites relacionados con el reproche segundo, quedando per se descartada esta imputación; y en consecuencia en las Consideraciones de la Regional solo nos ocuparemos de lo correspondiente al cargo primero. -RESPECTO A LOS ARGUMENTOS DE IMPUGNACION: De la manera en que el togado defensor manifiesta su inconformidad con el fallo sancionatorio impugnado, es permisible hacer una apretada síntesis de su argumentación, así: PARA EL PRIMER CARGO: -Que es totalmente legal la celebración de Convenios Interadministrativos, a la luz del artículo 78 del Decreto 2474/08, y que por lo tanto la Subasta Inversa no era una modalidad que representara una camisa de fuerza jurídica, para la compra de los computadores. -Que el contratista seleccionado, esto es, la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO, si tenía dentro de su Objeto Social la comercialización y el suministro de computadores. Y, finalmente, frente a los cargos, es reiterativo, trayendo a colación Jurisprudencia y Doctrina, para sustentar que su defendido actuó amparado por la causal 6ª del artículo 28 del C.D.U., de exclusión de responsabilidad disciplinaria, es decir, plantea la existencia del ERROR INVENCIBLE, para solicitar la absolución del burgomaestre encartado. FRENTE AL PRIMER ARGUMENTO DEFENSIVO CONTRA EL PRIMER CARGO, en beneficio de discusión, se podría decir que, incluso aun aceptando que en la época de los hechos existía la posibilidad jurídica de que pudiese hacérsele un esguince (de acuerdo al argot popular: “hecha la norma, hecha la trampa”) a la Subasta Inversa para la compra de los computadores, gambeta contractual que le reprocha el a quo “porque se trata de unos bienes con características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, porque corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos como lo establece expresamente el literal a) del numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007”; de todas maneras saltaría de bulto que hubo falencias en la SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, puesto que la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO no contaba dentro de su Objeto Social “aquella actividad de suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, y dicho acuerdo contractual se refería expresamente a una compraventa de computadores portátiles”. Lo que significa que no existe la armonía jurídica exigible de una relación directa entre el Objeto del Contrato Interadministrativo (Administración Delegada) No.92/2009 y el Objeto Social de la citada FUNDACION. Es de recalcar que al referenciado Contrato (Interadministrativo <Administración Delegada>) No.92/2009 se le introdujeron 2 OTROSI en el sentido de aumentar en un mes más el plazo; y para estipular que se debía entregar por parte de la Administración Municipal de Aipe a la mencionada FUNDACIÓN el 100% del valor pactado , como ANTICIPO; y ésta última, aplicando su régimen privado, le compró los computadores a “SURE COMPUTERS S.A. (“eludiéndose de esta manera la convocatoria pública para la selección del contratista”; “por lo que se improvisó en éste propósito, lo que se traduce en haber celebrado un contrato con una entidad que en su objeto social, especialidad, idoneidad y experiencia no le permitía ejecutar directamente éste contrato”. Ahora bien, la Procuraduría Provincial de Neiva es reiterativa en afirmar que la cobertura de los giros comerciales de la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO, determinados dentro de su Objeto Social no la revestían de la idoneidad suficiente para ser seleccionada -objetivamente- como contratista dentro del bilateral 92/09 porque no incluía el “suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo”. Y, la defensa refuta esa apreciación, aseverando que esa FUNDACIÓN si era idónea, porque “la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en decisión que fue aportada a la actuación, clarificó lo concerniente a la naturaleza jurídica de la Fundación para el buen Gobierno, porque conforme al registro de proponentes, certificada de inscripción, calificación y clasificación RUP, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín del 28 de julio de 2008, la misma se constituyó para realizar entre otras actividades, seminarios, cursos, conferencias, actividades que tengan que ver con la difusión y extensión educativa y la ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa, así como el suministro y la dotación de elementos de cómputo, papelería, mobiliario, etc.”. Además porque “dentro del término de la formal investigación disciplinaria se allegó copia del certificada de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Para el Buen Gobierno conforme al cual posee el siguiente objeto social: "la fundación tendrá por objeto el desarrollo de la academia, investigación y extensión de la institución universitaria y captar y difundir y crear conocimiento en temas de ordenamiento institucional e interés público, para así fomentar, promover y ejecutar obras, programas, proyectos, y acciones de desarrolla social, económico, administrativo, tecnológico, comunicacional, educativo y cultural en el ámbito público y comunitario, dentro del alcance previsto en los planes de desarrolla de las entes públicos y los principia del buen gobierno. Dicho objeto puede ejercerse dentro o fuera del territorio nacional. Paro desarrollar su objeto social la FUNDACIÓN podrá realizar entre otras las siguientes actividades: 1. Apoyar y realizar los seminarios, cursos y conferencias ... 2..3. l...) 4. Apoyar y realizar la difusión y extensión educativa l...) 8. Ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa l..,) Obra al folio 630 de anexo 11, copia del registro de proponentes, certificado de inscripción, calificación, y clasificación RUP, expedido por lo Cámara de Comercio de Medellín el 28 de julio de 2008, en el cual certificó que lo fundación por el Buen Gobierno, se clasificó entre otras como: 10102 REGULACIÓN Y CONTROL DE RIOS 1010 PRESAS, DIQUES Y MUELLES 10105 AGUAS SUBTERRANEAS 10305 REDES DE COMPUTACIÓN Y CONMUTACIÓN 20301 GESTIÓN EDUCATIVA 20304 CAPACITACIÓN DE MAESTROS 10610 PAPELERIA Conforme a las citadas pruebas documentales, se tiene que la Fundación para el Buen Gobierna se constituyó paro realizar entre otros actividades, seminarios, cursos, conferencias, actividades que tengan que ver con la difusión y extensión educativa y lo ejecución de programas tendientes al mejoramiento de la calidad educativa, así como el suministro y dotación de elementos de computo, papelería, mobiliaria etc., lo cual se traduce en que se encontraba facultada paro desarrollar el objeto del convenio interadministrativo 479 de 2008, suscrita con el Distrito de Santa Marta… Así las cosas, del material probatorio analizada se logra establecer sin lugar a dudas, que el objeto social de la Fundación para el Buen Gobierno si guardaba relación directo con el objeto del convenio, quedando desvirtuada la imputación formulada en este sentido..." (Subrayas y negrilla de la Regional). Sin ser simplistas, se podría predicar que la controversia sencillamente se reduciría a establecer inequívocamente si el a quo tiene razón, o no, cuando da entender que una cosa es suministrar únicamente computadores como Objeto Contractual, y otra muy distinta suministrar accesoriamente elementos de cómputo, como complemento de una obligación principal relacionada con aspectos muy diferentes; mientras que la defensa da por entendido que pueden interpretarse como si fueran la misma cosa, es decir que serían sinónimos o de connotación similar, para la materialización del Objeto Social de la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO. Se está frente a un problema hermenéutico, derivado de una interpretación en semántica, y para tratar de dilucidarlo se debe buscar una inferencia lógica, único método lógico que existe, habida cuenta que se trata de un razonamiento que partiendo de bases conocidas, evidentes o comprobadas nos lleva a conocer la verdad de otras desconocidas. Esa inferencia, puede ser inductiva que es el razonamiento que va de lo particular a lo general o de lo simple a lo complejo; y deductiva en la que el razonamiento va de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. Si se tratase de una ley, su sentido no sería otro que la voluntad del legislador, en consecuencia, su sentido lógicamente debe ser el que su autor pretende imprimirle. Para el caso que nos atañe, podemos reiterar que estamos frente a la imperiosa necesidad de clarificar el sentido de una expresión y la relación entre un Objeto Social de una FUNDACIÓN (PARA EL BUEN GOBIERNO) y un Objeto Contractual (No.92/2009), a la luz de una exigencia legal vigente para la época de los hechos (artículo 78 de la ley 1474/2008). Según los doctrinantes, con la entrada en vigencia de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y su Decreto reglamentario 2474 de 2008, el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con sus artículos 3, 11, 13, 14, 24, 39 Y 41; así como artículos, 77 y 78 del Decreto 2474 de 2008; asume las características de contrato Interadministrativo y se rige el procedimiento de la contratación directa. En el ejercicio de auscultar con un Método y a la luz de la Hermenéutica (arte interpretativo de textos para fijar y determinar su verdadero sentido); para así desentrañar la verdad procesal, habida cuenta que una de las grandes preocupaciones de los órganos de control es prevenir y corregir el empañamiento que a los Principios se les puede dar en un proceso de contratación. La propia hermenéutica jurídica tiene varias clases de interpretación, para el caso que nos interesa la literal y en el contexto. Una Interpretación literal se ciñe al pie de la letra del texto. Esta forma interpretativa se usa cuando las palabras tienen un solo significado o acepción. Y, la contextual, cuando los vocablos en cita tienen varios significados. Por lo que es menester siempre contar con la lógica y la semántica para establecer conexiones y relaciones entre lo que se cree que se pensó y lo que se escribió, y así determinar el significado y sentido de las expresiones del texto, para el asunto sub-exámine, en el Objeto Social de la referida FUNDACIÓN. Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la misma Constitución. Lo cual concuerda y armoniza con el artículo 138 de la Constitución Política. CAPITULO IV. INTERPRETACIÓN DE LA LEY “ARTICULO 25. <INTERPRETACIÓN POR EL LEGISLADOR>. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, corresponde al legislador. ARTICULO 26. <INTERPRETACION DOCTRINAL>. Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses… Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. ARTICULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. ARTICULO 28. <SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS>. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. ARTICULO 29. <PALABRAS TÉCNICAS>. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. ARTICULO 30. <INTERPRETACION POR CONTEXTO>. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. ARTICULO 31. <INTERPRETACION SOBRE LA EXTENSIÓN DE UNA LEY>. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes. ARTICULO 32. <CRITERIOS SUBSIDIARIOS DE INTERPRETACION>. En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural”. (Subrayas y negrilla de la Regional). Se tiene, entonces, que el argumento jurídico central defensivo, se enfoca a la interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008: “Contratos interadministrativos. Las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto serán objeto del correspondiente registro presupuestal. De conformidad con el inciso primero del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, las instituciones públicas de educación superior podrán ejecutar contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada, y acrediten la capacidad requerida para el efecto. El régimen de contratación de las Instituciones de Educación Superior Públicas será el determinado de acuerdo con las normas específicas que las rijan, y en todo caso, bajo los principios que les son propios en su condición de entidades públicas. Parágrafo. Los contratos de seguro de las entidades estatales estarán exceptuados de celebrarse por contrato interadministrativo. A su vez la Ley 80/93 en su artículo 2º aclara: “De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos de esta Ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. Es de vital importancia tener en cuenta que la condición sine qua non para la validez de la contratación directa, a través de Contratos Interadministrativos, es que “siempre … las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora;….”. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los vocablos en discusión tienen los siguientes significados y acepciones: RELACIÓN: (Del lat. relatĭo, -ōnis). Conexión, correspondencia de algo con otra cosa. Que tiene conexión o correspondencia con algo DIRECTA: (Del lat. directus, part. pas. de dirigĕre, dirigir). Derecho o en línea recta. Que va de una parte a otra sin detenerse en los puntos intermedios. Que se encamina derechamente a una mira u objeto. ELEMENTO: (Del lat. elementum). Fundamento, móvil o parte integrante de algo.… En una estructura formada por piezas, cada una de estas. Cada uno de los componentes de un conjunto. Lo que equivale a decir que la RELACIÓN DIRECTA es una conexión recta, derecha, sin intermediarios; con el ítem que elementos son partes de un todo, por lo que a ELEMENTOS DE COMPUTO, no se puede dar la interpretación extensiva de que se trata del computador mismo. Y usando el propio tipo de la lógica defensiva, no es lo mismo comercialmente vender repuestos y accesorios para un carro, maquinaria o equipo, etc. -dispensa para la perogrullada o explicación tautológica- que vender el carro la maquinaria o equipo, etc. La defensa se escuda en el hecho, de que una de nuestras superiores funcionales, concretamente, la Delegada para la Moralidad Pública dentro del radicado No. IUS-2009-63479 IUC-D-2009-650-108292, en julio 29 de 2011, profirió fallo confrontando los cargos que se le habían imputado al Alcalde de Santa Marta, porque había celebrado un contrato interadministrativo con la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO, y las características técnicas del objeto contractual no guardaban relación directa con el objeto de lo entidad ejecutora. Pero, al concluir, reconsideró invocando el Articulo 99 del código de comercio, pues según certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, en el objeto social de la Fundación para el Buen Gobierno, estaba el de “contribuir al desarrollo de la academia, investigación y extensión de la institución universitaria y captar, difundir y crear conocimientos en temas de ordenamiento institucional e interés público, para as fomentar, promover y ejecutar obras, programas, proyectos y acciones de desarrollo social, económico, administrativo, tecnológico, comunicacional, educativo y cultural en el ámbito público y comunitario dentro del alcance previsto dentro de los planes de desarrollo de los entes públicos y los principias del buen gobierno”. Y el Objeto del Convenio Interadministrativo No.479/2008, suscrito por el burgomaestre de Santa Marta, valorado por la Delegada, era el: “Fortalecimiento del Sistema Educativo del Distrito de Santa Marta a través de la dotación de las bibliotecas escolares, entrega de material Didáctico y pupitres a las instalaciones educativas, mejoramiento del sistema tecnológico y formación a directivos docentes y a otros agentes educativos y culturales, en cuantía de $1.688.000.000.=, pactándose como plazo de ejecución el término de 2 meses”. Dentro del universo de posibilidades en abstracto del Objeto Social de la FUNDACIÓN, frente al determinado Objeto Contractual, las obligaciones principales derivadas del bilateral samario, abarcaban prácticamente la totalidad del superlativo valor ($1.688.000.000.=), y como algo accesorio o complementario de alguna de la principalía se entregaron solo 15 computadores. Es decir, en ningún momento el Contrato que se trae como ejemplo de legalidad analógica, establecía en su Objeto la compra única y exclusivamente de computadores, y menos en un volumen que sobrepasara los 300 equipos. En cambio en el Contrato Interadministrativo-Administración Delegada No.92/20096, suscrito por el investigado Alcalde municipal de Aipe-Huila, el Objeto era la compra: “DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA...”. Por valor de $680.000.000.=, con el ítem que se pactó un ANTICIPO del 50%. Sin embargo, posteriormente, se le agregaron 2 OTROSI, uno para aumentar el valor del ANTICIPO a un 100%. Y el otro para ampliar el plazo en un mes más. Esta situación estaba evidenciando la falta de credibilidad sobre idoneidad y capacidad económica de la FUNDACIÓN para celebrar y ejecutar tal contrato. Finalmente se entregaron 343 computadores. Es de recordar que al Contrato Interadministrativo 92/2009 se le dio la característica de ADMINISTRACIÓN DELEGADA, y sobre este tipo de situaciones el Honorable Consejo de Estado ha planteado directrices que sirven de faro para iluminar el asunto en cuestión (Sentencia del 16 de septiembre de 2010, expediente 16605): “Ahora bien, legalmente, la referencia conceptual más descriptiva de los contratos de administración delegada es la que contenían los Estatutos de Contratación Pública - Decretos 1518 de 1965 (art. 5), 150 de 1976 y 222 de 1983, este último derogado por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que presentan dicha forma contractual como modalidad del contrato de obra pública asociada a la forma como se remunera al contratista, en la que la obra es ejecutada por cuenta y riesgo de la entidad contratante, pero a través de un contratista que sólo es delegado o representante de aquélla, a cambio de unos honorarios previamente pactados. Se creó entonces el concepto dentro del contexto de la actividad edificadora, que en el régimen de la Ley 80 de 1993 pasó a condensarse en los contratos de obra para la realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, advirtiéndose que en los celebrados a través de licitación o concurso público, la interventoría debe contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, llamado a responder por los hechos u omisiones que le fueren imputables (art. 32, No. 1). (…) En obras públicas, esa relación contractual se caracteriza por ser formal, bilateral, onerosa, conmutativa, de tracto sucesivo y de colaboración por el factor intuito personae, porque parte de un acto esencial de confianza en el que se entrega a otra persona la responsabilidad de manejar dineros públicos y empleados oficiales con el fin de atender un objeto de interés social, sin perjuicio de que el contrato pueda cederse, previa autorización del contratante. (…) En términos generales, conforme con la naturaleza misma del contrato, el contratante debe determinar claramente la obra a ejecutar; suministrar al contratista todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, como fondos económicos, o, si se pactaron, bienes muebles e inmuebles; y remunerar al administrador en la forma y periodos convenidos... De acuerdo con esta perspectiva, es claro que la administración delegada entre particulares o entre éstos y entidades públicas, entraña la relación contractual propia del mandato, pues, a través de aquél, “una persona confía la gestión de uno más negocios a otra por cuenta y riesgo de la primera”, y, en ejercicio del mismo, el mandatario puede contratar en su propio nombre o en el del mandante, pero si contrata en su propio nombre, no obliga al mandante respecto de terceros (Código Civil, artículos 2142 y 2177)”. También se encuentra el Concepto 2092/2012, emitido por la misma Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo: “…los cuales son utilizados por la entidades estatales para contratar de manera directa con las universidades, las que a la postre o resultan ejecutando obras como la construcción de edificios, vías, plazas de mercados, hospitales, etc., o utilizan para ello el mecanismo de la subcontratación con particulares sin previo adelantamiento de los procesos de selección pública, a que se refiere la Ley 80 de 1993.” Recientemente, en la Circular Conjunta 14 de 2011, la Auditoría General de la República, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, hacen las siguientes advertencias: “La Auditoría General de la República en el marco del "Proyecto de Control al Control" de la contratación observó que el 47% de los procesos contractuales de los sujetos vigilados por las contralorías se realizan a través de contratación directa. Así mismo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones, han diagnosticado que a menudo se acude a la contratación directa para eludir los procedimientos de selección acordes con la naturaleza de los bienes, obras o servicios que se pretenden adquirir o con su cuantía. Se ha encontrado también que se entregan importantes recursos del presupuesto estatal a particulares, sociedades de economía mixta, instituciones de educación superior y fundaciones, entre otros, que no resultan idóneos para ejecutar el objeto pactado, lo que impide que se satisfagan las necesidades que suscitaron el correspondiente negocio jurídico, exponiendo los intereses colectivos involucrados. De allí que, a través del presente documento, se recuerden los lineamientos generales para la utilización de esta modalidad de contratación, buscando evitar su aplicación indebida, así como la elusión de los procedimientos legales de contratación y, por tanto, la vulneración de la normatividad vigente y la pérdida de recursos del Estado.” Para solucionar esta situación, el legislador modificó la Ley 80 de 1993, que en su versión original solamente hacía referencia a la posibilidad de celebrar contratos interadministrativos sin licitación pública a través del mecanismo de contratación directa y al hecho de que en tales casos no habría lugar a pactar cláusulas exorbitantes y a exigir garantía única. La primera reforma fue hecha por la Ley 1150 de 2007 que estableció lo siguiente en el literal c del numeral 4 de su artículo 2: “Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: c.) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo. En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales.” (se resalta) Para efectos de la consulta, son especialmente relevantes los incisos 1 y 2 de la norma en cita. Como se observa, el inciso 1 condiciona la celebración de contratos interadministrativos a que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos; adicionalmente, exceptúa del sistema de contratación directa y sujeta a licitación pública o contratación abreviada, los contratos interadministrativos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas, sean las ejecutoras. (Subrayas con negrilla de la Regional). Y, con anterioridad se había expuesto un punto de vista sobre el tema de la Administración Delegada, a través del Concepto Unificado DIAN No. 0001 de 19 de junio de 2003, Tít. IV, Cap. II, num. 1. 7, partiendo de la definición legal del derogado Decreto 222 de 1989, concluyó que dicho contrato corresponde a: "una modalidad del contrato de mandato por medio del cual un contratista, por cuenta y riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio; en tales eventos el contratista es el único responsable de los subcontratos que celebre. Lo anterior conlleva que el contratista preste un servicio al contratante (prestación de hacer) consistente en encargarse de la ejecución del objeto del convenio (administrar, ejecutar una obra, etc.), el cual se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas al no hallarse comprendido dentro de los servicios exceptuados del gravamen". Los efectos de la gestión realizada por el mandatario frente al tercero, cuando la realiza a título personal, a la cual alude el artículo 2177 del Código Civil, permitió concebir, en principio, la existencia de mandatos representativos y sin representación. No obstante, la discusión llevada a espacios doctrinales y jurisprudenciales ha concluido que el mandato siempre es representativo. En efecto, para algunos autores en el mandato siempre hay representación, sólo que hay ocasiones en que el mandatario actúa frente al tercero sin descubrir su calidad de tal, sin que ello haga desaparecer los efectos y cumplimiento del mandato, de suerte que al contratar lo hace en su propio nombre, y frente al mandante está cumpliendo con la obligación que se deriva del contrato de mandato, cual es la de hacer uno o varios negocios jurídicos en su nombre. Cosa distinta es que frente al tercero los efectos del acto jurídico realizado se consideren como propios del mandatario, ya que a éste no se le puede exigir que conozca, de antemano la calidad o condición en la que actúa la persona con quien celebra el negocio. De allí que siempre haya representación, mirada con relación al mandante y al mandatario y no respecto de los terceros. La esencia del contrato de mandato es, pues, la gestión del mandatario que obra como tal en desarrollo del mismo, axioma a partir del cual surgen las nociones de representación directa o inmediata, si el mandatario gestiona a nombre del mandante, comprometiendo la órbita patrimonial de éste, de terceros, y representación indirecta o mediata, si el mandatario oculta la calidad de tal y contrata en su propio nombre. Siendo ello así, se infiere que el administrador delegado siempre actúa en representación de quien lo contrata, de modo que los actos que realiza y que aparecen a su nombre, como el ser el comprador a quien se expiden facturaciones, se entienden titulados por su representado – mandante, o, contratante de la administración.” Con todos estos elementos de juicio la resultante inequívoca es que el Contrato de Administración Delegada en su esencia es una INTERMEDIACIÓN, y para el caso materia de análisis LA FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO, palabra más, palabra menos, le hizo el mandado a la Administración Municipal de Aipe comprando unos computadores (343) a una empresa comercializadora (SURE COMPUTERS S.A.), cosa que fácilmente podría haber hecho el burgomaestre disciplinado a través de modalidades legales de contratación (subasta inversa) y no llevándose de calle la limitante establecida por la propia norma invocada defensivamente, esto es, el artículo artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 (“Contratos interadministrativos. Las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora…<“Literal c) numeral 4º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, “contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos….”>). Y como ya se vio esa RELACION DIRECTA entre el Objeto Social de la FUNDACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO y EL OBJETO CONTRACTUAL (Contrato Administración Delegada 92/09), obviamente no existe, puesto que esta (la FUNDACION) -de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato- fue una intermediaria ante la comercializadora SURE COMPUTERS S.A.. Y aquí cabe preguntarse, si la referida Sociedad al igual que muchas Empresas comercializan computadoras de los diferentes fabricantes y marcas de computadores que menciona la defensa (hp, dell,), entonces, por qué acudir a una modalidad que es exótica para los contratos de suministros o compras, como la intermediación a través de una Administración Delegada -compatible básicamente con la construcción de obras o, de pronto, con el suministro de combustibles-, en lugar de adquirir los equipos de cómputo por Subasta Inversa? Recuérdese que los objetos contractuales que invocan los sujetos procesales como pactados en otras latitudes del territorio nacional, son totalmente diferentes al objeto de cuestionamiento (No.92/2009 COMPRA DE COMPUTADORES); con un ítem que el único del que se tiene conocimiento de haber sido escrutado por parte autoridad competente fue el de Santa Marta; y emerge la inquietud de que se esté pretendiendo hacer apología de una costumbre contra la norma limitante. De ahí que las explicaciones exculpatorias presentadas por los sujetos procesales, ya valoradas jurídica y socialmente, no son satisfactorias y por lo tanto no prosperan. En conclusión, como lo estableció el a quo, objetivamente está demostrada la existencia de la falta. En cuanto al ASPECTO SUBJETIVO DE LA CONDUCTA es predicable que su determinación es un imperativo de rango constitucional: Artículo 29: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”; por eso para determinar la CULPABILIDAD se debe recalcar que, frente a posiciones de anteriores administraciones , es evidenciable que ha se ha presentado una ruptura epistemológica, puesto que para establecer el DOLO -que debe ser comprobado- también es necesario considerar no solo el aspecto cognoscitivo sino también el volitivo. Lo anterior está íntimamente ligado al otro argumento exculpatorio que esgrimen los sujetos procesales respecto a que se actuó “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria” (Artículo 28-6 C.D.U.). En esa materia a Cabeza Suprema del Ministerio Público, el Dr. [NOMBRE TACHADO] obra JUSTICIA DISPLINARIA-DE LA ILICITUD SUSTANCIAL A LO SUSTANCIAL DE LA ILICITITUD, indica los parámetros discernidores sobre esta causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria: “A diferencia de la regulación normativa penal, en materia disciplinaria el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 reguló de manera única el error sobre lo que constituye falta disciplinaria. Es decir, el resultado o la sumatoria de las tres categorías: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por ello, es posible que puedan presentarse errores sobre cualquiera de las categorías mencionadas y que los mismos recaigan en distintos elementos que a su vez componen dichas categorías, entre ellos, fácticos, descriptivos, valorativos, objetivos, normativos y subjetivos. Como cualquier elemento de ellos puede ser el objeto del error y éste puede estar presente en cualquiera de las categorías de la falta disciplinaria, corresponderá al funcionario disciplinario determinar la clase de error al que se enfrenta, bien si se trata de un error de hecho o de derecho (teoría de quienes esbozan la inseparabilidad de las categorías tipicidad y antijuridicidad) o de error de tipo y error de prohibición (teoría de quienes entienden la separación de las dos categorías) o error mixto, entendiendo por aquel que contiene elementos tanto de uno como de otro. No hay duda de que en el evento de errores invencibles, llámense de hecho o de derecho, de tipo o de prohibición o de error mixto, la consecuencia lógica y coherente es que se configure a plenitud la causal de exclusión de responsabilidad en materia disciplinaria. El carácter invencible del error demandará un análisis de las circunstancias particulares de cada caso, con especial énfasis en las condiciones personales de quien lo alega y de sus posibilidades efectivas de previsión y conocimiento, toda vez que no es lo mismo, por ejemplo, el error que esgrime una persona con formación profesional de aquella que no la tiene. En el mismo sentido, frente al denominado error de hecho o error de tipicidad vencibles, es apenas racional y justo que la imputación se torne en culposa, siempre y cuando la estructura del tipo disciplinario admita tal comportamiento. Es decir, que se descarte cualquier elemento que denote que dicha falta disciplinaria sólo pueda ser cometida a título de dolo. En este último evento, de verificarse que existe un error de hecho vencible, pero que el tipo disciplinario solo admite la modalidad dolosa, el sujeto pasivo de la acción quedará exento de responsabilidad disciplinaria. Frente al error de derecho vencible o el error de prohibición, el tratamiento doctrinario está orientado a que cuando éste sea vencible, la imputación dolosa persiste y solo servirá de criterio de atenuación. Tal conclusión, en principio lógica, no se compadece con la preservación del valor justicia en materia disciplinaria. Al contrario de lo que sucede en el derecho penal, en el cual el tratamiento legal es que la pena se reduzca a la mitad (numeral 11 del artículo 32 del C. P.), en derecho disciplinario, tal criterio proporcional y justo es ajeno. Ello por cuanto además de que la ley disciplinaria omitió tal regulación, existe una sanción como la destitución que no admite graduación. Es decir, que un comportamiento que se configure en falta disciplinaria gravísima, desplegado a título de dolo, pero afectado por un error de derecho o de prohibición que apenas haya sido vencible, tendría la misma consecuencia, desde el punto de vista de la sanción, que aquel comportamiento doloso, sin mediar ninguna clase de error. En el ejemplo propuesto, lo único para ponderar sería la inhabilidad, la cual, de ser la mínima (diez años), acompañada de la destitución, seguiría siendo una sanción desproporcionada frente a la hipótesis con la cual se hace la comparación. No obstante, podría no ser del todo cierto que frente al error de derecho o de prohibición vencibles, la imputación dolosa deba persistir. Paradójicamente, quienes pregonan que en materia disciplinaria, para la configuración del dolo sólo es necesario el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud, persisten en afirmar que frente al error de derecho vencible (el que recae sobre uno de los dos elementos del dolo, esto es, el conocimiento de la ilicitud), la imputación dolosa debe subsistir, con el argumento un tanto inflexible de que debe tenerse en cuenta el conocimiento potencial o actualizable de la ilicitud. No puede perderse de vista que quien despliega un comportamiento debido a un error, llámese de hecho o de derecho, de tipo o de prohibición, está más cercano a un actuar culposo que doloso, pues su conducta resulta imprudente o negligente. Tal parece ser el criterio de la tratadista española MARINA JALVO, al darle el mismo tratamiento al error de hecho y de derecho vencibles, al afirmar que en ambos casos la imputación se reduce a imprudencia. Categóricamente y en el mismo sentido lo afirma la tratadista de la misma nacionalidad, Ángeles de Palma del Teso en los siguientes términos: «Al igual que sucede con el error de tipo, en el caso de error de prohibición invencible no se exige responsabilidad, y si el error es vencible dará lugar a calificar la conducta de imprudente» (subrayado fuera de texto). Y en nota de pie página, la autora afirma algo todavía más diciente: «En el modelo de infracción administrativa que hemos apuntado, el error de prohibición, al igual que el error de tipo, excluirá el dolo, al desaparecer el segundo elemento de éste: el conocimiento de la prohibición (subrayado y negrilla fuera de texto). Algún sector de la doctrina sostiene que para la configuración del dolo en materia disciplinaria sólo es necesario el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud, siendo la voluntad un elemento apenas secundario o accidental. Se parte, entre otros argumentos, de que las faltas disciplinarias, en su mayoría, tienen similar estructura a los delitos de omisión o de infracción de deber, donde el elemento voluntad no juega un papel predominante. En igual sentido, asemejan tal condición al fenómeno del dolo eventual en materia penal. No obstante y como acertadamente lo sostiene el penalista FERNANDO VELÁSQUEZ, las dificultades comienzan cuando se trata de precisar si las reglas formuladas para el dolo en los tipos comisivos (acción) se pueden extender a los omisivos, afirmando que en uno y otro caso el dolo debe estar integrado por un elemento cognoscitivo y por otro volitivo. Y más adelante agrega: «Sobre el componente volitivo, es indispensable que también el agente quiera la realización del tipo en su aspecto objetivo correspondiente, que tenga voluntad de realización de la conducta omisiva según la nota de la finalidad. Que en el dolo omisivo se requieren estos elementos se deduce, como se indicó, del tenor del art. 22: “La conducta (omisiva, se agrega) es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”; desde luego, dada la redacción legal, también podría presentarse un dolo omisivo eventual (artículo citado, parte segunda)» (Subrayado y negrilla fuera de texto). Quiere decir lo anterior, que para el dolo en tipos de omisión en materia penal, es necesario que se admita la existencia del elemento volitivo (voluntad), o al menos que se entienda, que tal elemento cumple una función negativa. Con mayor razón ello significa, que cuando se esté en presencia de tipos de comisión (conducta activa), siempre y en todos los casos será necesario comprobar la existencia del elemento volitivo del dolo. Sin embargo, quienes admiten que los únicos componentes del dolo en materia disciplinaria –por lo menos los indispensables- son el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud, no hacen ninguna diferenciación entre las conductas activas y omisivas, para concluir, con las orientaciones del derecho penal a las que acudieron, que para las conductas activas sí es necesaria la comprobación del elemento volitivo del dolo, mientras que para las conductas omisivas, al menos la voluntad, opera de manera negativa. En uno y otro sentido, no resulta para nada extraño que el elemento volitivo sí sea indispensable para la configuración del dolo en materia disciplinaria, tanto para las conductas activas como omisivas, con las precisiones efectuadas. Si así son las cosas, nótese que ante un evento de error de derecho o de prohibición vencible, tal situación no solo afectaría el conocimiento de los hechos ─así se considere que el mismo se torne en conocimiento potencial o actualizable de la ilicitud, que en todo caso, para algunos autores, sería un actuar negligente o imprudente─, sino que se afectaría con plenitud el otro elemento, la voluntad, aspecto que confirmaría la exclusión del dolo. Conforme a lo anterior, es necesario que se entienda que en materia disciplinaria, si bien resulta importante el conocimiento de los hechos y el conocimiento de la ilicitud como componentes del dolo, no menos atención y especial consideración merece el elemento volitivo del mismo, sobre todo, cuando tal aspecto es indispensable para poder diferenciar entre aquellos comportamiento dolosos y culposos. Así las cosas, puede concluirse que si la voluntad es un elemento esencial del dolo en materia disciplinaria, ante un evento de error de derecho o de prohibición vencibles, la consecuencia lógica y ante todo justa, es que el autor responda por la comisión culposa de la falta, tal y como ocurre con el error de hecho o de tipo vencibles y siempre y cuando la estructura del tipo disciplinario lo permita, pues es claro que su comportamiento fue ajeno a su propia voluntad. Tal conclusión no resulta del todo extraña, pues con acierto, ese sería el tratamiento que se le daría al error mixto según lo propuesto por uno de los autores anteriormente citados.” Ya en el anteriormente transcrito punto de vista de la Procuraduría Provincial de Neiva frente al aspecto subjetivo de la conducta cuestionada al burgomaestre [NOMBRE TACHADO], dentro el correspondiente acápite, se apunta a la detección del factor DOLO (toda vez que se vulneraban los principios de la contratación estatal de la selección objetiva, transparencia y economía y los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 Constitucional…”); acuñando que éste tenía el conocimiento de la ilicitud de la conducta, sin embargo en la sustentación no se encuentra por ningún lado valoración alguna, y menos correlación probatoria, respecto a la VOLUNTAD del disciplinado, en el sentido de querer, ex profeso, la consumación de la falta. Esta falencia valorativa y la carencia de soporte probatorio hacen que la titulación del DOLO se caiga de su peso como lo hace ver el Señor Procurador General de la Nación. Que si bien es cierto el ordenador del gasto, previamente a la celebración del bilateral No.92/2009 -Administración Delegada-, conocía los pasos de la normatividad contractual estatal vigente y los trámites que se estaban implementando en el caso sub-exámine, como lo señalan declarativamente sus Secretarios y Asesores de Despacho; lo que, por lógica eliminación, deja la resultante que la situación queda enmarcada dentro del ámbito de la CULPA. Para sustentar esa apreciación se referencia la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, respecto a la responsabilidad disciplinaria: “La culpa en el derecho disciplinario, no se genera por negligencia, impericia, imprudencia como en el derecho penal, sino que obedece a la noción de diligencia exigible a quien desempeña funciones públicas, en razón de su especial deber de sujeción para con el Estado…” (Subrayas y negrilla fuera del texto). Consecuencialmente, siendo el disciplinado un profesional del derecho, obviamente, no se puede hablar de ignorancia supina, y dado que la omisión de valorar el aspecto VOLITIVO de la conducta resquebraja el soporte del dolo, para aplicar los efectos del error vencible, esto tiene como efecto que el Despacho Regional solo pueda determinar definitivamente que la falta se cometió a título de CULPA GRAVE. Y, ya para la clasificación o calificación de la falta, imperativamente debe tenerse en cuenta que al imputar la falta definitivamente a título de CULPA GRAVE, por virtud del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, (“La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”) la falta ha de considerarse, en últimas, como GRAVE. Y, sobre EL PRINCIPIO DE CONFIANZA, también alegado como factor exculpante por los sujetos procesales, tal propuesta encuentra refutación en la valoración anterior, sumada a los pronunciamientos jurisprudenciales con relación a éste: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 27 julio de 2006. Proceso 25536. M.P.:Álvaro Orlando Pérez Pinzón: “El que obra descuidadamente no podrá invocar el principio de la confianza. Y esto es así porque la elevación del peligro de la producción del resultado, fundamenta la responsabilidad cuando el peligro, cualquiera sean las razones, se convierte en resultado. El principio de la confianza caracteriza el límite del deber de cuidado, pero no significa una autorización para obrar descuidadamente confiando en el cuidado de los otros. (…) Además, el principio de confianza no puede regir en la medida en que el deber de cuidado está dirigido, precisamente, a la vigilancia, control o cuidado del comportamiento de otras personas” Corte Constitucional. Sentencia C-693 de 2008. M.P.: Dr. [NOMBRE TACHADO]. “el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en … culpa grave en el ejercicio de dichas funciones”. LAS RAZONES DE LA MODIFICACION: Como se planteó de entrada por las características del caso lo deseable hubiese sido la confirmación de la decisión sancionatoria máxima, sin embargo las propias falencias en las que incurrió el a quo atentan contra la ortodoxia disciplinaria y esto eventualmente podrían llegar a afectar algunos puntos, motivo por el cual siendo garantistas a ultranza, siendo ecuánimes y equitativos, se toma la decisión de: 1º) DESESTIMAR EL SEGUNDO CARGO, porque el no hacerlo eventualmente podría implicar una vulneración al Principio de Legalidad; y 2º.) VARIAR la titulación de la CULPABILIDAD para el PRIMER CARGO, de DOLO a CULPA GRAVE, por la omisión valorativa de la VOLUNTAD como ingrediente del elemento de las conductas DOLOSAS y su correlativa sustentación probatoria; lo que imperativamente conlleva al acatamiento del numeral 9º del artículo 43 del C.D.U., la CALIFICACIÓN DE LA FALTA quedara como GRAVE a título de CULPA GRAVE. Medida de Justicia Disciplinaria que se venía aplicando en anteriores casos contra burgomaestres (entre otros del Agrado ULPIANO SANCHEZ, Garzón ALVARO CUELLAR Q.E.P.D.) cuando se han encontrado falencias con las mismas características. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN A IMPONER: De conformidad con los principios de congruencia y proporcionalidad, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del Código Disciplinario Único, se tiene demostrado que el disciplinado al momento de cometer la falta era el Alcalde Municipal de Aipe, Huila, es decir, ocupaba el cargo del más alto nivel Directivo, circunstancia que le demandaba mayores responsabilidades en su comportamiento; aunado a la correlación existente con el servicio de educación, invocar el Principio de Confianza para desviar hacia terceros su responsabilidad, y la trascendencia social del hecho promulgado por los medios de comunicación, que desdibujaron la imagen de transparencia que debe tener una correcta administración pública, criterios que se constituyen en agravantes de la sanción, sin que exista atenuante alguno. Así las cosas, por virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 44 y los incisos 1º y 2º del artículo 46, ambos de la ley 734 de 2002, la sanción a imponer será la de Suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses e inhabilidad especial para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la suspensión, la cual, en caso de no estar ejerciendo cargo público (Alcalde Municipal de Aipe-Huila), será convertible en salarios devengados en la época de los hechos, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 46 ibídem. En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional Huila. RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL PRIMERO DEL FALLO 09 del 31 de marzo de 2013, por la cual la Procuraduría Provincial de Neiva, Huila resolvió sancionar disciplinariamente al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No.[IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Bogotá D.C., Huila, en su condición de Alcalde Municipal de Aipe-Huila, para la época de los hechos, con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS; Y en su lugar imponerle sanción consistente en SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO TERMINO, conforme las razones indicadas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente por la Secretaría de este Despacho a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario. TERCERO: Cumplido lo anterior, REMITANSE las diligencias a la oficina de origen para que haga las anotaciones de rigor, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que daba ejecutar la sanción y archive las diligencias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ADRIANA PATRICIA BARCO ORTIZ Procuradora Regional Huila. Nelson Bernardo Duran Olarte. Radicación No. IUS 2010-84135 IUC D 2010-588-244067 RD. INT.0/201

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