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titulo: "CONTRATO ESTATAL: el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2014-02-06"
radicado: "IUS 2010-84135"
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# CONTRATO ESTATAL: el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2014-02-06
- **Radicado:** IUS 2010-84135
- **Número:** 201603041626152.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCION HUILA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201603041626152.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Falta disciplinaria: Por violación al régimen de contratación estatal al celebrar inadecuadamente un contrato de administración delegada
- Nulidad: Finalidad/CONTROL DE LEGALIDAD-Procede de oficio
- Principio de congruencia: Se cayó en un bache jurídico en el momento de calificar las faltas definitivamente
- Pliego de cargos: Contenido/PLIEGO DE CARGOS-Valoración deficiente genera nulidad

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Ley 80 de 1993
- Decreto 2474 de 2008

## Extracto

CONTRATACIÓN ESTATAL-No existe la armonía jurídica exigible de una relación directa entre el Objeto del Contrato Interadministrativo (Administración Delegada) y el Objeto Social del contratista [NOMBRE TACHADO]-Contrato de administración delegada CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 Es decir, en ningún momento el Contrato que se trae como ejemplo de legalidad analógica, establecía en su Objeto la compra única y exclusivamente de computadores, y menos en un volumen que sobrepasara los 300 equipos. En conclusión, como lo estableció el a quo, objetivamente está demostrada la existencia de la falta.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Contrato de administración delegada

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no es posible declarar el incumplimiento del contrato cuando no se ha cuestionado su liquidación unilateral](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090003101-70573-sentencia.md)
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- [Rama Judicial · recopilada por CCE — Contrato de administración delegada: 05001 23 33 000 2014 00466 01_24502_1](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:39277.md)

## Texto del documento

FALTA DISCIPLINARIA-Por violación al régimen de contratación estatal al celebrar inadecuadamente un contrato de administración delegada
NULIDAD-Finalidad/CONTROL DE LEGALIDAD-Procede de oficio
Prima facie, se podría pensar que sería del caso entrar a confirmar el fallo sancionatorio -objeto de alzada- en todas sus partes, sin embargo esto no es posible jurídicamente porque a pesar de que los sujetos procesales no plantearon. frente a tal providencia, la posibilidad de existencia de nulidades, al realizar oficiosamente el condigno control de legalidad, se detectan situaciones que imperativamente deben ser analizadas de conformidad con lo orientado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en el sentido que las nulidades no constituyen enmiendas a todos y cada uno de los vicios del proceso sino que persiguen corregir las fallas protuberantes, sustanciales que no pueden corregirse por ningún otro medio (principio de residualidad), esto es, aquellas irregularidades que trascienden a un vicio irremediable (principio de trascendencia), ante las cuales las nulidades se convierten en el medio extraordinario para corregirlas.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Se cayó en un bache jurídico en el momento de calificar las faltas definitivamente
Pero, salta a la vista que la fina ortodoxia procesal y procedimental que se venía aplicando, básicamente en las providencias de imputaciones y la primera parte de la de fondo, dentro de las que se valoraban separadamente cada uno de los 2 cargos, y sus correspondientes sustentos probatorios y normativos; en la segunda parte luego de dejar demostrada objetivamente la existencia de las 2 faltas imputadas, se cayó en un bache jurídico en el momento de calificarlas definitivamente. Obsérvese el por qué, de esta apreciación:
En la providencia sancionatoria, la determinación del título de la CULPABILIDAD se hizo como debe ser, separadamente, tanto “para el primer cargo”, como “para el segundo cargo”; pero la CALIFICACIÓN de las faltas, a diferencia de la valoración por separado que se había hecho en el auto de imputaciones, el cual debe guardar coherencia y congruencia con el fallo, en este último, se evaluó deficientemente dentro de un mismo acápite.
…Salta de bulto, entonces, que únicamente se calificó definitivamente la falta descrita en el primer cargo. Esto porque, si bien es cierto en la introducción se hace alusión a que “Las faltas endilgadas al DISCIPLINADO, se califican definitivamente como gravísimas”, también es cierto que solo se correlaciona, como sustento normativo para el primer reproche, esto es, la parte pertinente del numeral 31 del artículo 48 del C.D.U.
PLIEGO DE CARGOS-Contenido/PLIEGO DE CARGOS-Valoración deficiente genera nulidad
Ahora bien, si la ley 734 de 2002, en el artículo 163 establece el CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS, y exige un riguroso apego a sus requisitos, dentro de los cuales se encuentra, el del numeral 6: “La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código”; esto hace que la omisión o la valoración deficiente de dicha exigencia para calificar cada uno de los cargos que se imputan, así tales calificaciones sean de carácter provisional, de todas maneras esas falencias son generadoras de nulidades.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA-Fundamentación
Pues sí es así de rigurosa la exigencia para el pliego de cargos, con mayor razón se debe cumplir con el requisito señalado por el numeral 5 del artículo 170 ibídem, CONTENIDO DEL FALLO, “La fundamentación de la calificación de la falta”, máxime si esta evaluación es de carácter definitivo, es decir, la exigencia de fundamentar la calificación de cada uno de los reproches en la decisión de fondo, es mayúscula y condición sine qua non para su validez. Y, obviamente, la omisión o valoración precaria para calificar cada una de las faltas, genera nulidad respecto de la que no fue calificada o se evaluó deficientemente.
CONTRATACIÓN ESTATAL-No existe la armonía jurídica exigible de una relación directa entre el Objeto del Contrato Interadministrativo (Administración Delegada) y el Objeto Social del contratista
…De todas maneras saltaría de bulto que hubo falencias en la SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA, puesto que la FUNDACIÓN contratada no contaba dentro de su Objeto Social “aquella actividad de suministro, distribución, comercialización y venta de equipos de cómputo, y dicho acuerdo contractual se refería expresamente a una compraventa de computadores portátiles”..
…Sin ser simplistas, se podría predicar que la controversia sencillamente se reduciría a establecer inequívocamente si el a quo tiene razón, o no, cuando da entender que una cosa es suministrar únicamente computadores como Objeto Contractual, y otra muy distinta suministrar accesoriamente elementos de cómputo, como complemento de una obligación principal relacionada con aspectos muy diferentes; mientras que la defensa da por entendido que pueden interpretarse como si fueran la misma cosa, es decir que serían sinónimos o de connotación similar, para la materialización del Objeto Social de la FUNDACIÓN.
OBJETO SOCIAL DESARROLLADO-Análisis semántico
Se está frente a un problema hermenéutico, derivado de una interpretación en semántica, y para tratar de dilucidarlo se debe buscar una inferencia lógica, único método lógico que existe, habida cuenta que se trata de un razonamiento que partiendo de bases conocidas, evidentes o comprobadas nos lleva a conocer la verdad de otras desconocidas. Esa inferencia, puede ser inductiva que es el razonamiento que va de lo particular a lo general o de lo simple a lo complejo; y deductiva en la que el razonamiento va de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. Si se tratase de una ley, su sentido no sería otro que la voluntad del legislador, en consecuencia, su sentido lógicamente debe ser el que su autor pretende imprimirle.
CONTRATO ESTATAL-Contrato de administración delegada
Según los doctrinantes, con la entrada en vigencia de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y su Decreto reglamentario 2474 de 2008, el contrato de Administración Delegada ha quedado sujeto a los principios generales sobre autonomía de la voluntad, al cumplimiento de los fines estatales y a las normas que se derivan del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con sus artículos 3, 11, 13, 14, 24, 39 Y 41; así como artículos, 77 y 78 del Decreto 2474 de 2008; asume las características de contrato Interadministrativo y se rige el procedimiento de la contratación directa.
INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA-Definición y clases
En el ejercicio de auscultar con un Método y a la luz de la Hermenéutica (arte interpretativo de textos para fijar y determinar su verdadero sentido); para así desentrañar la verdad procesal, habida cuenta que una de las grandes preocupaciones de los órganos de control es prevenir y corregir el empañamiento que a los Principios se les puede dar en un proceso de contratación.
La propia hermenéutica jurídica tiene varias clases de interpretación, para el caso que nos interesa la literal y en el contexto.
Una Interpretación literal se ciñe al pie de la letra del texto. Esta forma interpretativa se usa cuando las palabras tienen un solo significado o acepción.
Y, la contextual, cuando los vocablos en cita tienen varios significados. Por lo que es menester siempre contar con la lógica y la semántica para establecer conexiones y relaciones entre lo que se cree que se pensó y lo que se escribió, y así determinar el significado y sentido de las expresiones del texto, para el asunto sub-exámine, en el Objeto Social de la referida FUNDACIÓN.
INTERPRETACIÓN DE LA LEY-Marco legal
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-Interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008
Se tiene, entonces, que el argumento jurídico central defensivo, se enfoca a la interpretación del artículo 78 del Decreto 2474 de 2008.
…Es de vital importancia tener en cuenta que la condición sine qua non para la validez de la contratación directa, a través de Contratos Interadministrativos, es que “siempre … las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora;….”.
INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA-Análisis de los vocablos relacionados con el contrato interadministrativo
OBJETO SOCIAL DESARROLLADO-Análisis frente al objeto contractual
…Dentro del universo de posibilidades en abstracto del Objeto Social de la FUNDACIÓN, frente al determinado Objeto Contractual, las obligaciones principales derivadas del bilateral samario, abarcaban prácticamente la totalidad del superlativo valor ($1.688.000.000.=), y como algo accesorio o complementario de alguna de la principalía se entregaron solo 15 computadores. Es decir, en ningún momento el Contrato que se trae como ejemplo de legalidad analógica, establecía en su Objeto la compra única y exclusivamente de computadores, y menos en un volumen que sobrepasara los 300 equipos.
En cambio en el Contrato Interadministrativo-Administración Delegada No.92/20096, suscrito por el investigado Alcalde municipal de Aipe-Huila, el Objeto era la compra: “DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA...”. …Esta situación estaba evidenciando la falta de credibilidad sobre idoneidad y capacidad económica de la FUNDACIÓN para celebrar y ejecutar tal contrato.
CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Lineamientos generales
Es de recordar que al Contrato Interadministrativo 92/2009 se le dio la característica de ADMINISTRACIÓN DELEGADA, y sobre este tipo de situaciones el Honorable Consejo de Estado ha planteado directrices que sirven de faro para iluminar el asunto en cuestión (Sentencia del 16 de septiembre de 2010, expediente 16605):
…Y, con anterioridad se había expuesto un punto de vista sobre el tema de la Administración Delegada, a través del Concepto Unificado DIAN No. 0001 de 19 de junio de 2003, Tít. IV, Cap. II, num. 1. 7, partiendo de la definición legal del derogado Decreto 222 de 1989.
CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Definición/ CONTRATOS DE ADMNISTRACIÓN DELEGADA-Los contratos deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
Con todos estos elementos de juicio la resultante inequívoca es que el Contrato de Administración Delegada en su esencia es una INTERMEDIACIÓN, y para el caso materia de análisis LA FUNDACIÓN, palabra más, palabra menos, le hizo el mandado a la Administración Municipal de Aipe comprando unos computadores (343) a una empresa comercializadora, cosa que fácilmente podría haber hecho el burgomaestre disciplinado a través de modalidades legales de contratación (subasta inversa) y no llevándose de calle la limitante establecida por la propia norma invocada defensivamente, esto es, el artículo artículo 78 del Decreto 2474 de 2008 (“Contratos interadministrativos. Las entidades señaladas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora…<“Literal c) numeral 4º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, “contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos….”>).
FALTA DISCIPLINARIA-Está establecida su existencia
Y como ya se vio esa RELACION DIRECTA entre el Objeto Social de la FUNDACIÓN y EL OBJETO CONTRACTUAL (Contrato Administración Delegada 92/09), obviamente no existe, puesto que esta (la FUNDACION) -de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato- fue una intermediaria ante la comercializadora.. Y aquí cabe preguntarse, si la referida Sociedad al igual que muchas Empresas comercializan computadoras de los diferentes fabricantes y marcas de computadores que menciona la defensa (hp, dell,), entonces, por qué acudir a una modalidad que es exótica para los contratos de suministros o compras, como la intermediación a través de una Administración Delegada -compatible básicamente con la construcción de obras o, de pronto, con el suministro de combustibles-, en lugar de adquirir los equipos de cómputo por Subasta Inversa?
Recuérdese que los objetos contractuales que invocan los sujetos procesales como pactados en otras latitudes del territorio nacional, son totalmente diferentes al objeto de cuestionamiento (No.92/2009 COMPRA DE COMPUTADORES); con un ítem que el único del que se tiene conocimiento de haber sido escrutado por parte autoridad competente fue el de Santa Marta; y emerge la inquietud de que se esté pretendiendo hacer apología de una costumbre contra la norma limitante.
De ahí que las explicaciones exculpatorias presentadas por los sujetos procesales, ya valoradas jurídica y socialmente, no son satisfactorias y por lo tanto no prosperan.
En conclusión, como lo estableció el a quo, objetivamente está demostrada la existencia de la falta.
C

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

xámine, como lo señalan declarativamente sus Secretarios y Asesores de Despacho; lo que, por lógica eliminación, deja la resultante que la situación queda enmarcada dentro del ámbito de la CULPA.
Para sustentar esa apreciación se referencia la Sentencia C-948 de 2002, la Corte Constitucional, respecto a la responsabilidad disciplinaria:
“La culpa en el derecho disciplinario, no se genera por negligencia, impericia, imprudencia como en el derecho penal, sino que obedece a la noción de diligencia exigible a quien desempeña funciones públicas, en razón de su especial deber de sujeción para con el Estado…” (Subrayas y negrilla fuera del texto).
Consecuencialmente, siendo el disciplinado un profesional del derecho, obviamente, no se puede hablar de ignorancia supina, y dado que la omisión de valorar el aspecto VOLITIVO de la conducta resquebraja el soporte del dolo, para aplicar los efectos del error vencible, esto tiene como efecto que el Despacho Regional solo pueda determinar definitivamente que la falta se cometió a título de CULPA GRAVE.
Y, ya para la clasificación o calificación de la falta, imperativamente debe tenerse en cuenta que al imputar la falta definitivamente a título de CULPA GRAVE, por virtud del numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, (“La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”) la falta ha de considerarse, en últimas, como GRAVE.
Y, sobre EL PRINCIPIO DE CONFIANZA, también alegado como factor exculpante por los sujetos procesales, tal propuesta encuentra refutación en la valoración anterior, sumada a los pronunciamientos jurisprudenciales con relación a éste:
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 27 julio de 2006. Proceso 25536. M.P.:Álvaro Orlando Pérez Pinzón:
“El que obra descuidadamente no podrá invocar el principio de la confianza. Y esto es así porque la elevación del peligro de la producción del resultado, fundamenta la responsabilidad cuando el peligro, cualquiera sean las razones, se convierte en resultado.
El principio de la confianza caracteriza el límite del deber de cuidado, pero no significa una autorización para obrar descuidadamente confiando en el cuidado de los otros.
(…) Además, el principio de confianza no puede regir en la medida en que el deber de cuidado está dirigido, precisamente, a la vigilancia, control o cuidado del comportamiento de otras personas”
Corte Constitucional. Sentencia C-693 de 2008. M.P.: Dr. [NOMBRE TACHADO].
“el delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en … culpa grave en el ejercicio de dichas funciones”.
LAS RAZONES DE LA MODIFICACION:
Como se planteó de entrada por las características del caso lo deseable hubiese sido la confirmación de la decisión sancionatoria máxima, sin embargo las propias falencias en las que incurrió el a quo atentan contra la ortodoxia disciplinaria y esto eventualmente podrían llegar a afectar algunos puntos, motivo por el cual siendo garantistas a ultranza, siendo ecuánimes y equitativos, se toma la decisión de:
1º) DESESTIMAR EL SEGUNDO CARGO, porque el no hacerlo eventualmente podría implicar una vulneración al Principio de Legalidad; y
2º.) VARIAR la titulación de la CULPABILIDAD para el PRIMER CARGO, de DOLO a CULPA GRAVE, por la omisión valorativa de la VOLUNTAD como ingrediente del elemento de las conductas DOLOSAS y su correlativa sustentación probatoria; lo que imperativamente conlleva al acatamiento del numeral 9º del artículo 43 del C.D.U., la CALIFICACIÓN DE LA FALTA quedara como GRAVE a título de CULPA GRAVE. Medida de Justicia Disciplinaria que se venía aplicando en anteriores casos contra burgomaestres (entre otros del Agrado ULPIANO SANCHEZ, Garzón ALVARO CUELLAR Q.E.P.D.) cuando se han encontrado falencias con las mismas características.
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SANCIÓN A IMPONER:
De conformidad con los principios de congruencia y proporcionalidad, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del Código Disciplinario Único, se tiene demostrado que el disciplinado al momento de cometer la falta era el Alcalde Municipal de Aipe, Huila, es decir, ocupaba el cargo del más alto nivel Directivo, circunstancia que le demandaba mayores responsabilidades en su comportamiento; aunado a la correlación existente con el servicio de educación, invocar el Principio de Confianza para desviar hacia terceros su responsabilidad, y la trascendencia social del hecho promulgado por los medios de comunicación, que desdibujaron la imagen de transparencia que debe tener una correcta administración pública, criterios que se constituyen en agravantes de la sanción, sin que exista atenuante alguno.
Así las cosas, por virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 44 y los incisos 1º y 2º del artículo 46, ambos de la ley 734 de 2002, la sanción a imponer será la de Suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses e inhabilidad especial para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la suspensión, la cual, en caso de no estar ejerciendo cargo público (Alcalde Municipal de Aipe-Huila), será convertible en salarios devengados en la época de los hechos, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 46 ibídem.
En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional Huila.
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL PRIMERO DEL FALLO 09 del 31 de marzo de 2013, por la cual la Procuraduría Provincial de Neiva, Huila resolvió sancionar disciplinariamente al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No.[IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en Bogotá D.C., Huila, en su condición de Alcalde Municipal de Aipe-Huila, para la época de los hechos, con DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS; Y en su lugar imponerle sanción consistente en SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL MISMO TERMINO, conforme las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente por la Secretaría de este Despacho a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.
En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.
TERCERO: Cumplido lo anterior, REMITANSE las diligencias a la oficina de origen para que haga las anotaciones de rigor, envíe copia de los fallos de primera y segunda instancia, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que daba ejecutar la sanción y archive las diligencias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ADRIANA PATRICIA BARCO ORTIZ
Procuradora Regional Huila.
Nelson Bernardo Duran Olarte.
Radicación No. IUS 2010-84135 IUC D 2010-588-244067 RD. INT.0/201

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2014-02-06. Rad. IUS 2010-84135. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201603041626152.DOCX).
