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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020150047801-67465-sentencia"
titulo: "Medio de control de repetición: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-09"
radicado: "76001233300020150047801"
numero: "67465"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Medio de control de repetición: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-09
- **Radicado:** 76001233300020150047801
- **Número interno:** 67465
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** MUNICIPIO DE YUMBO
- **Demandado:** JAIRO CEDEÑO MURILLO, GILBERTO GOMEZ GONZALEZ, OSCAR FUENTES FERNANDEZ
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020150047801-67465-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020150047801/256279B2F2CF9813FB53AD7A5E8D2B5B064802A07C67B270602FD509686EAEFF/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201500478011100103

## Problema jurídico

¿De conformidad con el artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo —y específicamente esta Sala en segunda instancia— es competente para conocer un medio de control de repetición promovido por una entidad pública, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿De conformidad con el artículo 2° de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política, es procedente el medio de control de repetición para declarar responsables patrimonialmente a O.…
- ¿De conformidad con el régimen aplicable previsto en los artículos 164 (num. 2, lit. l), 306 y 308 del CPACA; el artículo 177 (inciso 4°) del CCA…
- ¿De conformidad con la verificación del presupuesto procesal de legitimación en la causa, puede afirmarse que el municipio de Yumbo se encuentra legitimado por activa —al haber sido condenado…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 142, 150 y 152 núm. 9
- Ley 678 de 2001, art. 7 inc. 1

## Extracto

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

## Síntesis temática

El contratista es competente para promover un medio de control de repetición ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en segunda instancia, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público, conforme al artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta regla reitera la competencia de la Sala para conocer estos casos, lo que implica que las entidades públicas pueden recurrir a este medio de control para obtener el reembolso de perjuicios causados por la mala conducta de servidores públicos, siempre que la cuantía del proceso supere el límite establecido.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, MEDIO DE CONTROL, CLASES DE MEDIO DE CONTROL, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DOLO, CONCEPTO DE DOLO, CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AGENTE DEL ESTADO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, SERVIDOR PÚBLICO, EXSERVIDOR PÚBLICO, FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES, ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, SERVIDUMBRE, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 142 del CPACA, el artículo 7° de la Ley 678 de 2001 y los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo —y específicamente esta Sala en segunda instancia— es competente para conocer un medio de control de repetición promovido por una entidad pública, cuando la condena impuesta supera los 500 SMLMV y se dirige a obtener el reembolso de perjuicios ocasionados por la actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por los demandados contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL / CLASES DE MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el artículo 2° de la Ley 678 de 2001 y el artículo 90 de la Constitución Política, es procedente el medio de control de repetición para declarar responsables patrimonialmente a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. por el pago de $900.768.865 efectuado en cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo, al haberse generado dicho pago por una conducta presuntamente dolosa o gravemente culposa?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. patrimonialmente responsables del pago de $900.768.865, realizado en cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿De conformidad con el régimen aplicable previsto en los artículos 164 (num. 2, lit. l), 306 y 308 del CPACA; el artículo 177 (inciso 4°) del CCA; y el entendimiento jurisprudencial de la caducidad como presupuesto procesal de orden público, perentorio, irrenunciable e insubsanable, puede afirmarse que la acción de repetición presentada el 5 de mayo de 2015 por el municipio de Yumbo fue interpuesta dentro del término de dos años previsto por la ley, al haber realizado la entidad el pago de la condena el 16 de julio de 2014 —esto es, dentro del plazo de 18 meses otorgado por el inciso 4° del artículo 177 del CCA—, y siendo este pago el hito inicial para el cómputo del término de caducidad en los términos del literal l) del artículo 164 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con el que contaba la entidad pública para proceder al pago de la indemnización que se dispuso en el proceso de servidumbre con radicado número 2004-0343-00, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará al cabo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que: i) la decisión mediante la cual se condenó al municipio de Yumbo se profirió el 18 de abril de 2013; ii) que el ente territorial realizó el pago el 16 de julio de 2014, esto es, dentro del plazo con que contaba la Administración para realizar el desembolso, conforme lo previsto en el inciso 4º del artículo 177 del CCA; iii) que lo primero que ocurrió fue el pago; y, iv) que la demanda se presentó el 5 de mayo de 2015, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿De conformidad con la verificación del presupuesto procesal de legitimación en la causa, puede afirmarse que el municipio de Yumbo se encuentra legitimado por activa —al haber sido condenado mediante sentencia del 18 de abril de 2013 proferida en el proceso de servidumbre No. 2004‑0343‑00— y que O. F. F., G. G. G. y J. L. C. M. están legitimados por pasiva, en tanto presuntamente, en su calidad de secretarios jurídicos y apoderado contratista del municipio, su conducta gravemente culposa habría dado lugar a la condena, siendo ellos quienes deberán reintegrar los dineros al Estado conforme al artículo 87 del Código General del Proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. El municipio de Yumbo se encuentra legitimado en la causa por activa, pues fue el ente territorial condenado mediante sentencia del 18 de abril de 2013 proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo al interior del proceso de servidumbre No. 2004-0343-00. O. F. F., G. G. G. y J. L. C. M. están legitimados en la causa por pasiva, pues presuntamente, en su calidad de secretarios jurídicos y apoderado contratista del municipio de Yumbo, respectivamente, con su conducta gravemente culposa dieron lugar a la condena impuesta en contra del ente territorial. Por ello, frente a una eventual condena serán éstas personas las que deberán reintegrar el dinero al Estado d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de una servidumbre, lo cierto es que dicha providencia por sí sola no acredita que la conducta de los demandados fue gravemente culposa. En efecto, llama la atención de la Sala la orfandad probatoria con la que la parte demandante pretende endilgar responsabilidad a O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G., pues pese a que en la demanda señala que “han desplegado una conducta omisiva por no defender al municipio de Yumbo en el proceso de servidumbre”, lo cierto es que no se logró acreditar, en aras de aplicar la presunción de culpa grave del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, la presunta conducta omisiva de los demandados en el proceso de servidumbre en el cual resultó condenado el municipio de Yumbo. De hecho, no solo se tiene que la parte demandante no demostró los supuestos para abrir paso a la presunción establecida en el artículo 6º de la Ley 678 de 2001, sino que tampoco probó por otros medios que O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. actuaron con culpa grave en el desarrollo del proceso de servidumbre que adelantó el municipio de Yumbo. En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. Así las cosas, para que prospere la repetición, además de los otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. En el caso de autos no existe prueba, además de la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Juzgado 2º Civil Municipal de Yumbo (hecho probado 8.4.1), que indique que las actuaciones de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. fueron gravemente culposas, pues no hay copia completa del proceso de servidumbre referido u otros medios de pruebas válidos que den cuenta a la Sala de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desplegaron las conductas presuntamente omisivas de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. De hecho, se advierte que en dicha providencia ni siquiera se hace mención a las actuaciones adelantadas por O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. al interior del proceso de servidumbre, que por lo menos permita inferir en esta instancia que tuvieron una participación activa u omisiva. En otras palabras, la Sala considera que la entidad demandante no allegó medio de convicción alguno que permita valorar y analizar si la conducta de los demandados se adecúa a la “presunción” de culpa grave del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. De igual modo, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco se encontró acreditado que la conducta de O. F. F., J. L. C. M. y G. G. G. haya sido gravemente culposa, razón por la que, en suma, no están llamados a responder dentro del presente medio de control de repetición. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales del medio de control de repetición, sin el cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de los demandados. Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en la entidad demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el caso sub examine.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2011 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Debe el municipio de Yumbo ser condenado en costas en segunda instancia, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso, al haber resultado vencido en el proceso, incluidas las agencias en derecho fijadas en el 0.001% del valor de las pretensiones a favor del demandado O. F. F.?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (…) De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en segunda instancia al municipio de Yumbo, toda vez que fue vencido en el proceso. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. Ahora, en relación con las agencias en derecho en segunda instancia, es menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 2222 de 2003 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que, en los procesos ordinarios en segunda instancia, éstas podrán fijarse en hasta el 5% del valor de las pretensiones. En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por el demandado O. F. F. en segunda instancia comprendió la solicitud de pruebas e impugnación de la decisión que resolvió esa petición, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de dicha parte, las cuales se fijan en el 0.001% de las pretensiones solicitadas en la demanda.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 2222 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-12-09. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 76001233300020150047801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020150047801-67465-sentencia).
