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Salvamento de voto: no dejar salvedades en los actos modificatorios del contrato estatal regido por el derecho privado es razón suficiente
Lo que dijo la Sala
Aunque comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas con las reclamaciones por el pago de impuestos y tasas no previstos y gastos adicionales por la celebración de un contrato adicional, no comparto la decisión de negar las pretensiones relacionadas con mayores cantidades de obra y mayor permanencia en obra por no haberse dejado salvedades en las modificaciones contractuales. 1.- Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿No dejar salvedades en los actos modificatorios del contrato estatal regido por el derecho privado es razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿No dejar salvedades en los actos modificatorios del contrato estatal regido por el derecho privado es razón suficiente para negar las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas con las reclamaciones por el pago de impuestos y tasas no previstos y gastos adicionales por la celebración de un contrato adicional, no comparto la decisión de negar las pretensiones relacionadas con mayores cantidades de obra y mayor permanencia en obra por no haberse dejado salvedades en las modificaciones contractuales. 1.- Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones. La ley solo establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral. 2.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer " la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste". En consecuencia, entender que el silencio equivale a una renuncia, implica desconocer la norma. 3.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, que es lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar judicialmente una reclamación. También incluye una disposición particular en relación con los contratos estatales, con el objeto de proteger los derechos del contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato. 4. Si antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que lo anterior se generó por el incumplimiento del contratista, lo que normalmente ocurrirá es que solo firmará la prórroga si el contratista renuncia a reclamar perjuicios con ocasión de esta. Las acciones que una parte (la Contratante) puede realizar ante el incumplimiento de la otra, se consideran como una forma de resolver sus conflictos sin acudir al juez del contrato, y eso es precisamente lo que se pretende impedir con la prohibición legal. En este sentido, ante el incumplimiento del contratista, la entidad tendría las siguientes opciones: 4.1.- Si el contratista ha incumplido, la entidad no accede a prorrogar el contrato, la obra queda inconclusa y la entidad deberá demandar al contratista por los perjuicios que le causó. 4.2.- La entidad suscribe la prórroga, pero la condiciona a que el contratista no realizará ninguna reclamación, lo cual está prohibido por la norma referida. Esta situación ilegal está siendo avalada por el juez del contrato al acoger la tesis de la sentencia de la referencia, pues no se estudia la pretensión fundándose en un principio (no ir en contra de los actos propios) que evidentemente contradice la ley. 5.- Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato. Este es precisamente el alcance del numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 6.- Finalmente, esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios provenientes de la lógica propia de estos contratos
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 4.606 caracteres
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Radicado: 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54463)
Demandante: Unión Temporal Puerto Mallarino
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez
Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54463)
Demandante: Unión Temporal Puerto Mallarino
Demandado: EMCALI E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales
Tema: No se puede exigir al contratista dejar salvedades en las
modificaciones contractuales como un presupuesto para la
prosperidad de sus pretensiones.
Salvamento parcial de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
Aunque comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones relacionadas con las reclamaciones por el pago de
impuestos y tasas no previstos y gastos adicionales por la celebración de un
contrato adicional, no comparto la decisión de negar las pr etensiones
relacionadas con mayores cantidades de obra y mayor permanencia en obra por
no haberse dejado salvedades en las modificaciones contractuales.
1.- Sin que exista norma legal que lo sustente, no puede exigírsele al contratista
que plasme una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para
formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes
de la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones . La ley solo
establece este requisito respecto del acta de liquidación bilateral.
2.- Debe tenerse en cuenta, además, que el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80
de 1993 establece que al contratista no se le puede imponer << la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones
por parte de éste >>. En consecuencia, entender que el silencio equivale a una
renuncia, implica desconocer la norma.
3.- Esta norma también protege el acceso a la administración de justicia, que es
lo que se restringe cuando la parte en un contrato renuncia a realizar
judicialmente una reclamación. También incluye una disposición particular en
relación con los contratos estatales , con el objeto de proteger los derechos del
contratista y el interés público vinculado con la realización del contrato.
2
Radicado: 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54463)
Demandante: Unión Temporal Puerto Mallarino
4. S i antes de la terminación del contrato se advierte que la obra no podrá
ejecutarse dentro del plazo previsto y la entidad estima que lo anterior se generó
por el incumplimiento del contratista, lo que normalmente ocurrirá es que solo
firmará la prórroga si el contratista renuncia a reclamar perjuicios con ocasión de
esta. Las acciones que una parte (la Contratante) puede realizar ante el
incumplimiento de la otra , se consideran como una forma de resolver sus
conflictos sin acudir al juez del contrato, y eso es precisamente lo que se pretende
impedir con la prohibición legal. En este sentido, ante el incumplimiento del
contratista, la entidad tendría las siguientes opciones:
4.1.- Si el contratista ha incumplido, la entidad no accede a prorrogar el contrato,
la obra queda inconclusa y la entidad d eberá demandar al contratista por los
perjuicios que le causó.
4.2.- La entidad suscribe la prórroga , pero la condiciona a que el contratista n o
realizará ninguna reclamación, lo cual está prohibido por la norma referida. Esta
situación ilegal está siendo avalada por el juez del contrato al acoger la tesis de
la sentencia de la referencia, pues no se estudia la pretensión fundándose en un
principio (no ir en contra de los actos propios) que evidentemente contradice la
ley.
5.- Considero que no se puede permitir que una entidad le cierre el paso a la
reclamación del contratista. No puede considerarse que esta renuncia a una
reclamación tenga el carácter de cosa juzgada en relación con los perjuicios que
el contratista pudo haber sufrido con la modificación o suspensión del contrato.
Este es precisamente el alcance d el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de
1993.
6.- Finalmente, esta orientación no se justifica solo en posibilidad de salvar el
contrato; también está justificada en el hecho de que una de las partes
contractuales, la entidad, posee facultades excepcionales que le corresponde
controlar al juez del contrato. La ley precisamente pretende limitar los privilegios
provenientes de la lógica propia de estos contratos.
Fecha ut supra,
Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
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