CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Número interno: 71704
Radicación número: 11001-03-26-000-2024-00111-00
Actor: Nación–Congreso de la República –Cámara de
Representantes
Demandado: Cristóbal Rodríguez Hernández
Asunto: Repetición
MEDIDA CAUTELAR-Repetición. MEDIDA CAUTELAR-Decreta embargo.
Corresponde al Despacho pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar previa,
que presentó la parte demandante para que se decretara el embargo sobre los
bienes del repetido Cristóbal Rodríguez Hernández.
I. ANTECEDENTES
La demanda
El 6 de agosto de 2024 1, la Nación –Congreso de la República , Cámara de
Representantes, por conducto de apoderado judicial , presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de repetición, contra el exrepresentante a la Cámara,
Cristóbal Rodríguez Hernández, con el fin de que este sea declarado responsable
a título de culpa grave, por el pago efectuado por la entidad demandante , como
consecuencia de una condena impuesta por la jurisdicción de lo c ontencioso
administrativo, con ocasión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ,
iniciado por Jenny Shirley Sandoval Macías, por la desvinculación del empleo como
asistente II de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del exrepresentante , ahora
demandado.
La solicitud de medida cautelar
Con la demanda, la parte actora solicitó decretar, como medida cautelar previa, el
1 Cfr. SAMAI, Índice 2. Documento «3_DemandaWeb_Demanda_DEMANDAACCIONDEREPET 2».
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Actor: Nación–Congreso de la República
Decreto medida cautelar
embargo sobre inmuebles del demandado. Igualmente, manifestó dejar al «arbitrio
del Despacho» los bienes contra los que se dirija la medida cautelar. Explicó que, a
pesar de no ser quien expedía los actos de vinculación de los miembros de la UTL,
el demandado los designaba y determinaba su permanencia. Por consiguiente,
como se probó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Jenny
Shirley Sandoval Macías cumplía las condiciones para que su empleo estuviera
protegido por una estabilidad laboral reforzada, dada su condición de embarazo. En
efecto, aunque la integrante de la UTL comunicó al demandado su estado, el
excongresista no lo informó a la Dirección Administrativa de la Cámara de
Representantes.
Por tanto, según la demandante, el demandado incumplió el deber, como servidor
público, de poner en conocimiento los hechos que podrían perjudicar el
funcionamiento de la Administración2 y violó la prohibición de negar, retardar o
entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que
está obligado3, conducta que se materializó, porque no dio aviso sobre el embarazo
de la integrante de la UTL. Así, el excongresista no impidió la desvinculación de la
señora Sandoval Macías, que, dada la protección que tenía, no podía ser separada
del empleo.
Además, el demandado no actuó con el deber de cuidado que, incluso, una persona
negligente o imprudente tendría, ya que actuó con culpa grave. Por tanto, a juicio
de la demandante, se configuró un nexo causal entre la omisión del excongresista,
al no dar aviso del embarazo, y la condena impuesta al Congreso de la República
por el retiro del servicio de la integrante de la UTL.
Por otra parte, para probar la existencia de bienes inmuebles que podrían ser objeto
de la medida cautelar, la parte actora adjuntó el resultado de la investigación
adelantada por la DIAN sobre los bienes del demandado, en concreto, los
inmuebles, el precio, las anotaciones en los respectivos folios de matrícula y el titular
del derecho de dominio.
En relación con la necesidad de la medida cautelar, la demandante explicó que este
no es el primer proceso en que la Cámara de Representantes repite contra el
2 Artículo 34 de la Ley 734 de 2002
3 Artículo 39 de la Ley 734 de 2002
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Actor: Nación–Congreso de la República
Decreto medida cautelar
demandado, debido a que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes tuvo
que expedir la Resolución MD 1910 del 9 de agosto de 2022 –por medio de la cual
se es tablece la existencia de una obligación a favor de la Cámara de
Representantes y se ordena su recaudo –, en la que se resolvió declarar deudor al
demandado por 22 inasistencias injustificadas a sesiones del Congreso o Cámara
de Representantes y ordenó un pago por $11’131.821. A pesar de eso, el
demandado guardó silencio. En consecuencia, la deuda pasó a la Oficina de Cobro
Coactivo de la entidad, que el 15 de enero de 2024 , libró mandamiento de pago,
pero que, a la fecha de la interposición de la demanda, no había sido cumplido.
Aclaró que, aunque es cierto que el proceso de cobro coactivo es independiente de
la acción de repetición, la manera de actuar del demandado ha demostrado «una
pasividad en el cumplimiento de sus obligaciones dinerarias frente a la Cámara de
Representantes, lo que probablemente luego, pueda presentarse de igual manera
en desarrollo del proceso de re petición, el cual, contiene pretensiones que
quintuplican las del proceso de cobro coactivo »4. Igualmente, señaló que la
pretensión busca proteger el erario y la garantía de resarcimiento.
Finalmente, incluyó una tabla con los bienes inmuebles que están a nombre del
demandado, con el fin de demostrar que la imposición de la medida no constituye
una verdadera limitación desproporcional a sus prerrogativas.
II. CONSIDERACIONES
La medida en los procesos de repetición
1. Las medidas cautelares en el medio de control de repetición están reguladas por
los artículos 23 y siguientes de la Ley 678 de 2001 , según las reglas del Código
General del Proceso. Por su parte, el CPACA desarrolla lo referente a los recursos
procedentes contra las decisiones adoptadas sobre esa materia5 y la caducidad del
término para formular la demanda.
En ese sentido, la medida cautelar de embargo de inmuebles y de salarios es
procedente en el medio de control d e repetición. Para es tos efectos, la autoridad
judicial puede decretar la medida antes de la notificación del auto admisorio y debe
4 Cfr. SAMAI, Índice 2. Archivo: 7_DemandaWeb_MedidaCautelar_MEDIDACAUTELARCONPRU, F.10
5 Auto de 15 de julio de 2024. Radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00 (67688). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Decreto medida cautelar
librar el oficio para que las autoridades competentes hagan efectiva la medida.
2. Por su parte, el artículo 590 del CGP establece que para decretar la medida
cautelar el juez debe analizar: (i) la legitimación o el interés para actuar de las partes;
(ii) la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho; (iii) la apariencia de
buen derecho; y (iv) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida.
Asimismo, se podrá decretar una medida cautelar menos gravosa o diferente de la
solicitada, establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de
oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese.
Esta Corporación ha precisado que la necesidad de la medida cautelar se debe
analizar en cuanto a que sea imprescindible para asegurar la eficacia de la
sentencia y salvaguardar su carácter ejecutable. Además, el atributo de la
efectividad se refiere a que el objetivo buscado con la medida cautel ar se pueda
cumplir, si en el proceso se dicta sentencia favorable. Finalmente, la
proporcionalidad hace referencia a que la medida cautelar debe ser razonable y
consecuente con el monto de la pretensión, para evitar que la inmovilización del
patrimonio del deudor resulte exagerada6.
3. En adición a los requisitos mencionados, la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha indicado que, si una entidad estatal persig ue, en sede de repetición , el
resarcimiento de lo pagado por la actuación dolosa o gravemente culposa de un
agente estatal deberá acreditar el elemento subjetivo que se reprocha a la actuación
del demandado. De modo que la afectación de los derechos patrimoniales del
repetido no depende de lo afirmado en la demanda, sino que se requiere de
elementos de convicción que hagan verosímil o presumible la responsabilidad por
su comportamiento, sin que eso implique prejuzgamiento por parte de l
sentenciador7.
4. Incluso, no puede pasar se por alto que los requisitos de procedibilidad de una
medida cautelar deben armonizar con su finalidad, es decir, «proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia», así como
6 Auto de 15 de julio de 2024. Radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00 (67688). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 18 de febrero de 2019. Radicado 25000-23-26-000-2011-01342-
01 (46301), C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Auto del 13 de junio de 2017, Radicado 11001 -03-26-000-2017-
00001-00 (58510), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; auto del 28 de enero de 2016, Radicado11001-03-
26-000-2014-00058-00 (50743), C.P. Hernán Andrade Rincón; y Sentencia de 2 de julio de 2004, radicado
11001-03-26-000-2003-00001-01 (24187), C.P. María Elena Giraldo Gómez. Vía Auto de 15 de julio de 2024.
Radicado 11001-03-26-000-2021-00218-00 (67688). C.P. Nicolás Yepes Corrales.
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Actor: Nación–Congreso de la República
Decreto medida cautelar
atender a los mandatos generales de apariencia de buen derecho y perjuicio de la
mora, explicados por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado en los
siguientes términos8:
La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben
tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan
en el fumus bon
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