CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 68001-23-31-000-2009-00229-02 (58485)
Demandante: FINSEMA
Demandado: E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las
razones por las que aclaro el voto en relación con la sentencia dictada el 30 de
agosto del año en curso, mediante la cual se confirmó el fallo proferido en primera
instancia el 26 de noviembre de 2015, en cuanto negó las súplicas de la demanda,
encaminadas, entre otras pretensiones, al restablecimiento del equilibrio económico
del contrato de asociación N° 0648 de 2006, el cual resultó fracturado, en sentir de
la actora -y apelante-, por haber dispuesto el liquidador de la suprimida entidad
contratante la terminación de dicho negocio jurídico.
Debo precisar, en primer lugar, que acompaño la decisión aprobada por la Sala, en
cuanto desestimó la pretensión de reconocimiento del desequilibrio contractual
sobre la base de concluir que en el caso concreto no tuvo ocurrencia ningún evento
que hiciera más gravoso u oneroso el cumplimiento de las obligaciones de las partes
-presupuesto para examinar la alteración de la equivalencia prestacional en los
contratos-, sino que el hecho ocurrido -es decir, la terminación del contrato mediante
acto expedido por el liquidador del ente contratante- hacía imposible la ejecución
del negocio jurídico y era constitutivo de fuerza mayor, lo cual estaba por fuera de
todos los supuestos legalmente previstos para reconocer indemnizaciones o
compensaciones por la alteración de la aludida equivalencia obligacional, y liberaba
a ambas partes de responsabilidad por las obligaciones cuyo cumplimiento se hizo
justamente imposible, merced a la indicada medida que puso fin anticipado al
contrato.
Sin embargo, en el análisis que precedió a tal conclusión se afirmó que, dado que
el contrato de asociación N° 0648 de 2006 -materia de controversia- no estaba
sometido a la Ley 80 de 1993, no era procedente reconocer en él la figura del
rompimiento del equilibrio económico, por cuanto las normas que prevén su
restablecimiento están contenidas en el indicado estatuto, de suerte que sólo operan
en contratos estatales regulados por tal normativa. Se agregó a ello que, en materia
de equivalencia de prestaciones, los negocios jurídicos excluidos de la Ley 80 de
1993 debían ceñirse a las reglas del derecho privado, en particular, el artículo 868
del Código de Comercio, teniendo presente que dicha norma, a diferencia de la Ley
80 de 1993, no impone a las partes el deber de mantener inalterada la
conmutatividad del contrato durante su ejecución, sino que sólo prevé la posibilidad
de revisar el negocio jurídico de cara a las obligaciones futuras, es decir, aquellas
que se encuentren aún pendientes de cumplimiento o ejecución en el momento de
ocurrencia del hecho imprevisto que altere la conmutatividad contractual.
Con fundamento en lo anterior, la sentencia concluye:
[E]n los contratos regidos por el derecho privado (…), la parte a la que se ha generado
una mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones (…) no tiene derecho a
reclamar de la otra el restablecimiento de las condiciones inicialmente estipuladas –sí,
la revisión judicial del contrato, pero solo de cara al cumplimiento de obligaciones
futuras–, a su vez, su contraparte tiene derecho de exigir el cumplimiento de lo pactado,
pese a la mayor onerosidad, a cambio del pago convenido por ello (…).
[M]ientras en el derecho público la reclamación del restablecimiento del equilibrio
económico del contrato puede pedirse incluso después de finalizada su ejecución, dado
que su objeto es garantizar la continuidad del contrato y, específicamente, la satisfacción
de las necesidades públicas que se pretenden conjurar a través suyo –por lo que un
presupuesto de su reclamación es el cumplimiento de las obligaciones, a pesar de su
mayor onerosidad–, en el derecho privado el presupuesto para pedir la revisión del
contrato con base en la teoría de la imprevisión es que la solicitud se presente antes del
momento de la exigibilidad o cumplimiento de las respectivas obligaciones, en tanto, de
una parte, se entiende encaminada a impedir su incumplimiento y, de otra, supone que
si la obligación se cumplió la parte afectada pudo superar la mayor onerosidad, lo que
dejaría sin objeto un reajuste de las condiciones pactadas o la terminación del contrato.
Debo manifestar mi discrepancia con este razonamiento, porque, a mi juicio, con él
se desconocen de manera injustificada las fuentes jurídicas que no sólo permiten,
sino que incluso hacen imperativo el restablecimiento de la ecuación económica en
los contratos que, siendo estatales, están excluidos de la Ley 80 de 1993.
Bastaría con mencionar el principio referente al enriquecimiento sin justa causa, que
además se fija como regla en el artículo 831 del Código de Comercio, a cuyo tenor,
en efecto, “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. En ese
sentido, pactándose el acuerdo de voluntades bajo determinadas condiciones
previstas y/o previsibles para las partes, un cambio anormal de éstas, que afecte el
equilibrio de las cargas inicialmente asumidas por los contratantes, altera la causa
que dio lugar a la celebración del contrato y torna injusta la pérdida que sufre quien
cumple con sus compromisos bajo el nu evo panorama, enriqueciendo a su
contraparte sin recibir el beneficio que esperaba con el negocio jurídico, cuestión
que reviste mayor gravedad si el sujeto injustamente enriquecido es una entidad del
Estado.
Con todo, el ordenamiento ofrece instrumentos más allá de ese principio. Así, la
Constitución Política señala como fines del Estado, entre otros, asegurar “la vigencia
de un orden justo” (art. 2) y advierte que las actuaciones de las autoridades públicas
-así como las de los particulares- deben ceñirse a los postulados de la buena fe (art.
83), la cual también se consagra como precepto en el artículo 871 del Código de
Comercio, según el cual, “[l]os contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena
fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino
a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre
o la equidad natural”. Agréguese a ello un aspecto medular: la figura del
restablecimiento del equilibrio contractual no tiene su origen en la previsión
normativa contenida en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino que viene de atrás
y surge como desarrollo del principio de conmutatividad de los contratos, que de
entrada se incorporó en el derecho privado, al señalarse en el artículo 1498 del
Código Civil que “[e]l contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las
partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la
otra parte debe dar o hacer a su vez (…)”, equivalencia que necesariamente debe
mantenerse a lo largo de la relación negocial, para que la institución fundada en la
autonomía de la voluntad pueda cumplir sus propósitos protegidos por la ley.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expuesto estas y otras pautas jurídicas
para estructurar sobre ellas el reconocimiento de perjuicios por ruptura del equilibrio
económico en acuerdos no gobernados por el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.
Así, a propósito de una demanda de reconocimiento de perjuicios por desequilibrio
económico en un contrato estatal regido por el derecho privado, y cuyas
obligaciones se cumplieron después de acaecido el hecho imprevisto; habiéndose
señalado que no se daban los presupuestos del artículo 868 del C ódigo de
Comercio por prever éste únicamente la revisión del contrato frente a obligaciones
futuras, esta Corporación indicó1:
[P]or fuera de las normas incorporadas en la Ley 80 de 1993 y del artículo 868 del
Código de Procedimiento Civil, existe suficiente soporte normativo para concluir que un
contrato celebrado por parte de una entidad estatal, que no está sujeto a la Ley 80 de
1993 (…) es susceptible de análisis judicial y de condena en contra de la entidad, frente
a la demanda presentada por el contratista para obtener el restablecimiento del equilibrio
(…).
Dentro del ordenamiento jurídico civil colombiano se señalan como fundamentos de la
obligación de reconocer la compensación correspondiente al contratante que haya
incurrido en mayores erogaciones para el cumplimiento del contrato, los principios de la
1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de julio de 2012, exp.
N° 25000-23-26-000-1998-01474-01(22756). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
conmutatividad de las prestaciones y la buena fe; en particular, una norma relacionada
con ‘los contratos para la confección de una obra material’, artículo 2060, describe con
mayor detalle lo que sería un antecedente de la figura, al prescribir que ‘si circunstancias
desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que no pudieron
preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si éste
rehúsa, podrá ocurrir al juez y prefecto para que decida si ha debido o no preverse el
recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda’. Desde la
perspectiva del derecho comercial, la ejecución del contrato de acuerdo con la buena
fe, la prohibición del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa
constituirían los fundamentos normativos correspondientes.
En cuanto hace referencia a la Constitución Política, es menester escudriñar en sus
valores, principios y reglas la posible fuente de obligacio
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