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Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

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Fecha
2025-02-21
Radicado
66001233300020120003203
Número interno
66479
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LAVICON S.A.S., CUBIDES &amp MUÑOZ LIMITADA, CONSORCIO PROGRESO RISARALDA
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Salvamento de voto: Salvamento voto

Lo que dijo la Sala

Estas reglas de oportunidad están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que contempla como primer supuesto una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; luego, este mismo literal se refiere a la oportunidad en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el contrato en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo, de forma bilateral o unilateral, o si se obvió.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Para determinar la oportunidad de cada una de las pretensiones del recurso de apelación, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Las sanciones convencionales que se imponen a un contratista mediante actos administrativos con ocasión de la ejecución de un contrato estatal, se definen en su liquidación y de penden de ella?
  • ¿Procedía pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 13.495 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SALVAMENTO DE VOTO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Para determinar la oportunidad de cada una de las pretensiones del recurso de apelación, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si Estas reglas de oportunidad están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que contempla como primer supuesto una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; luego, este mismo literal se refiere a la oportunidad en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el contrato en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo, de forma bilateral o unilateral, o si se obvió. Estas subreglas, sin embargo, no vacían de contenido la premisa la general indicada, sino que unas y otra tienen su propio campo de aplicación de cara a los mismos supuestos determinados por la ley. En mi entender, esta es la lectura que debe preferirse respecto del texto completo del referido literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sobre cualquier otra que haga inoperante la premisa general contenida en esa norma al subsumirla en los supuestos especiales y restarle cualquier posibilidad de producir efectos en el mundo jurídico, interpretación que iría en contravía de la clara intención del legislador de mantener ese supuesto para eventos que no pueden enmarcarse en las reglas especiales que giran en torno a la etapa de la liquidación del contrato. No por otra razón, al introducir las modificaciones al ya derogado numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, que en lo esencial fue reproducido en el referido literal j), se mantuvo esa regla general. En ese sentido, aunque la norma en mención establece que en los contratos que requieren de un cierre o balance de cuentas final el término de caducidad comienza a contabilizarse una vez que esto ocurra –sea bilateral o unilateralmente– o cuando venza el plazo otorgado para su realización sin que ello suceda, lo cierto es que bajo un entendimiento global y sistemático de la norma, tales hipótesis no aplican siempre e ineludiblemente cuando el contrato debe ser liquidado, sino solamente cuando el conflicto se relacione directamente con los temas que deben ser definidos en tal etapa, excluyendo, en consecuencia, aquellos que han quedado claramente definidos desde mucho antes, en la medida que no estarán para entonces en un estadio de verificación final en tanto no variarán de cara a la proyección de ejecución del negocio jurídico y, por tanto, no será razonable ni justificado que la proposición judicial del conflicto se traslade y extienda hasta ese momento, lo que conduce a concluir que la oportunidad para ventilar estos conflictos ante el juez sea la definida en la premisa general, esto es, 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho. Tal es el caso de los actos administrativos que imponen las sanciones pecuniarias pactadas al contratista, en la medida que si bien no se desconoce que pueden estar relacionados con la liquidación, porque en ella deba considerarse algún valor insoluto, lo cierto es que al tratarse de decisiones administrativas autónomas e independientes, ejecutoriadas y cobijadas por la presunción de legalidad, así como exigibles sin sujeción a posteriores actos, salvo los de cobro coactivo, ejecución o compensación, la situación jurídica que contienen no variará en razón de la liquidación, etapa en la que lo único que podrían acordar las partes al respecto sería sobre su pago no satisfecho, pero no sobre su legalidad, que es lo que en una controversia de validez, así sea contractual, se trae a juicio. Se añade a lo anterior que los actos administrativos previos a la liquidación, contienen una situación jurídica autónoma e independiente respecto del acto administrativo de finiquito de cuentas, cuyo debate de legalidad puede darse de forma independiente respecto de esa decisión de la administración, sin que se requiera que uno y otro converjan en un mismo juicio, lo que muestra como injustificado que se entienda que el término de caducidad del primero no inicie a correr sino hasta la firmeza del segundo, o de ser el caso, hasta el vencimiento del plazo previsto para definir ese balance final del negocio. Decir que, por razones prácticas, para evitar litigiosidad se acumulan las hipótesis de caducidad bajo la regla del cómputo a partir de la liquidación, es una premisa que se asienta en criterios de comodidad, pero no de legalidad. En el proceso de la referencia, la parte actora solicitó declarar el incumplimiento del contrato, el rompimiento de la ecuación financiera, la nulidad de los actos administrativos que impusieron una multa y la cláusula penal pecuniaria, así como proceder con la liquidación judicial del contrato. En la sentencia de segunda instancia, al verificar el requisito de oportunidad de la demanda, se hizo el conteo respecto de todas las pretensiones con base en la regla especial contenida en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del CPACA, esto es, a partir del vencimiento del plazo previsto para liquidar el contrato, lo que a mi juicio y por las razones que acabo de exponer, no era procedente, toda vez que la oportunidad para demandar los actos que impusieron la multa y la cláusula penal pecuniaria, al no corresponder a situaciones llamadas a ser definidas en la liquidación, debía establecerse con base en la regla general, esto es, a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que fundamentaron la pretensión, que no es otro que el momento de su ejecutoria. En los eventos en que las decisiones de la entidad pública contratante subsisten sin correlación a otra, éstas deben demandarse de forma individual y separada desde el momento en que cada una cobró ejecutoria, acudiendo al supuesto normativo consagrado como premisa general del término de caducidad de la acción de controversias contractuales contemplado en el numeral 2, literal j, del artículo 164 del CPACA, en la medida que esta regla define la forma como debe contabilizarse el plazo para demandar aquellos asuntos cuyos fundamentos no están compuestos por decisiones que tengan que definirse en el acto de liquidación, al tratarse de discrepancias que subsisten de forma independiente y que por lo mismo, su solución judicial, no pende ni debe postergarse a la definición del balance definitivo del negocio jurídico, como sucede con las sanciones pecuniarias impuestas al contratista por la entidad contratante. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA / CONTRATISTA / CONTRATANTE / FALTA DE COMPETENCIA / FALSA MOTIVACIÓN / DESVIACIÓN DE PODER / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Las sanciones convencionales que se imponen a un contratista mediante actos administrativos con ocasión de la ejecución de un contrato estatal, se definen en su liquidación y de penden de ella? Respuesta al problema jurídico: No Las sanciones convencionales que se imponen a un contratista mediante actos administrativos con ocasión de la ejecución de un contrato estatal, no se definen en su liquidación ni de penden de ella, pues aunque aquellas puedan estar llamadas a registrarse en el cierre de cuentas en caso de ser pagadas con cargos a recursos del contrato, tal circunstancia no puede obviar que los actos que las contienen surten efectos jurídicos desde el mismo momento de su firmeza y sus alcances son intangibles e inmutables, luego, no varían, dependen ni están supeditados a lo definido en la liquidación. Impuesta la sanción, así permanecerá salvo revocatoria; distinto es que, de no pagarse, ésta se tenga en cuenta en el cierre de cuentas para compensar su valor si es que el contratista mantiene un saldo a favor, asunto que es distinto a su presunción de legalidad y exigibilidad. Además, no puede perderse de vista que aun siendo contractuales, al tratarse de actos administrativos, los cargos que en su contra proceden son los propios de la nulidad que el contratista conoció o debió conocer desde el momento en que adquirieron firmeza, ya que no hace falta esperar a la liquidación del contrato para determinar o definir que fueron proferidos con falta de competencia, falta o falsa motivación, desviación de poder, violación a los derechos del debido proceso, audiencia o defensa, o infracción a una norma superior. La liquidación del contrato abarca todas las etapas, cuentas y pagos del negocio jurídico, por lo que todos los aspectos de su balance contable pueden revisarse, cuestionarse y definirse en ese momento; no obstante, ello no supone discutir cobros que mediaron en actos que se hicieron exigibles y ejecutables indistintamente del resultado del trámite liquidatorio. La multa contenida en un acto administrativo ejecutoriado y su cuestionamiento, no surge, no se consolida, ni se define a partir de la liquidación, como tampoco está sujeta a condición fáctica o jurídica alguna que imponga esperar a ser definida en ese momento. SALVAMENTO DE VOTO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Procedía pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa, al haber operado la caducidad de la acción respecto de esa pretensión de la parte actora? Respuesta al problema jurídico: No He considerado apartarme de la decisión mayoritaria de la Sala, por cuanto estimo que en el caso concreto no procedía pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato y se impuso una multa, al haber operado la caducidad de la acción respecto de esa pretensión de la parte actora. Aunque en la decisión de la que me aparto se determinó que la demanda fue oportuna por haberse presentado dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para liquidar el contrato, considero que en este caso no se podía llegar a esta conclusión a partir de la aplicación de la misma regla procesal respecto de todas las pretensiones planteadas por la parte actora, sino que para determinar la oportunidad de cada una de ellas, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales.(…). En el caso concreto, una de las pretensiones acumuladas en la demanda corresponde a la declaratoria de nulidad de las resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 y 4944 del 20 de agosto del mismo año, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato por parte del demandante, y se impuso una multa en su contra. Si bien en el proceso no obra constancia de cuando fue notificada la segunda de las resoluciones indicadas, está acreditado que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 15 de enero de 2010 con el fin de demandar su nulidad, por lo que para ese momento tenía conocimiento de esos actos administrativos. Teniendo en cuenta esta fecha y que la caducidad se suspendió por 3 meses como máximo definido por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, pues la constancia de diligencia fallida se expidió el 7 de mayo de 2010, el término bienal corrió desde el 16 de abril de 2010 hasta el 16 de abril de 2012, y como la demanda se radicó el 17 de agosto de 2012, la pretensión que perseguía la nulidad de las señaladas resoluciones fue extemporánea. Atendiendo a lo anterior, correspondía declarar la caducidad del medio de control de controversias contractuales respecto de la pretensión de anulación de los actos que declararon el incumplimiento parcial del contrato e impusieron una multa al contratista, lo que conllevaba a abstenerse de analizar los cargos sustantivos de apelación que giraban en torno a la nulidad declarada por el a quo y aquellos de la demanda que resultaban contrarios a la presunción de legalidad de esos actos y sus fundamentos. FUENTE FORMAL: LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201200032031100103