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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 54001233100020040093601 (44.237)
Actor: Serviempleos Ltda.
Demandado: Municipio de Cúcuta
Referencia: Controversias Contractuales
Asunto: Salvamento de voto
Expreso de manera concisa, las razones que me llevan a salvar el voto
respecto de la decisión adoptada en la sentencia del 7 de diciemb re de 2021 ,
por medio de la cual se confirmó la del 20 de febrero de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que declaró, de oficio, la nulidad
absoluta del contrato celebrado el 6 de abril de 2001 entre el municipio de
Cúcuta y Serviempleos Ltda.
La razón de mi disenso frente a la posición mayoritaria de la Sala , parte de
considerar que en este caso no estaban reunidos los elementos estructurales
determinados por la ley1 para que se habilite la facultad-deber del juez declarar
oficiosamente la nulidad absoluta del con trato2, porque a partir de la
información que obra en el proceso no es posible determinar, de manera
manifiesta, palmaria o evidente, la existencia de los supuestos fácticos y
jurídicos que soportaron esa decisión.
Al respecto, en la sentencia de la cual me aparto , se expresó que , a pesar de
que las partes nominaron el contrato del 6 de abril de 2001 como uno de
arrendamiento, en verdad sus estipulaciones no se encuadraban en esta
tipología contractual ni en ningun a otra que habilitara que su contratación se
hiciera de manera directa , a lo cual se agregó que por su cuantía tampoco
podía adoptarse este mecanismo de contratación. Con base en lo anterior y al
entender que estaba probado que para la selección del contra tista no se
adelantó, en los término s del numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993 ,
una licitación pública, se confirmó la decisión del a quo de declarar, de oficio, la
nulidad absoluta de ese negocio jurídico por objeto ilícito . Mi disenso frente a
esta conclusi ón -la de confirmar la nulidad que de oficio declaró el Tribunal -
radica en las razones que paso a exponer:
Si bien, en aras de proteger el orden jurídico, la ley confiere al juez el poder
inquisitivo de declarar de oficio la nulidad absolu ta de los contratos 3, en la
medida que se activa aun sin petición de parte e, incluso, en contra de los
1 Artículos 1742 del Código Civil y 87 –inciso tercero- del Decreto 01 de 1984.
2 (i) Que el vicio que estructura la causal de nulidad sea palmario o surja de bulto, (ii) que el contrato haya
sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones y (iii) que al proceso hayan concurrido
las partes del contrato o sus causahabientes.
3 Artículos 1742 del Código Civil, 45 de la Ley 80 de 1993 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Radicación número: 54001233100020040093601 (44.237)
Actor: Serviempleos Ltda.
Demandado: Municipio de Cúcuta
Referencia: Controversias Contractuales
Asunto: Salvamento de voto
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intereses de los contratantes, lo cierto es que esa facultad, que a la vez es un
deber, debe ejercerse bajo los estrictos lineamientos que la misma ley impone
en garantía de la seguridad jurídic a. Uno de tales lineamientos consiste en que
el vicio debe ser palmario o manifiesto, es decir, que debe ser apreciable a
simple vista, sin necesidad de entrar en esfuerzos analíticos e interpretativos o
juicios de valor sofisticados sin los cuales fuera imposible arribar a la nulidad .
En otras palabras, el vicio debe ser tal palmario que no requiera de un mayor
esfuerzo para ser evidenciado.
En materia contencioso administrativa, la ley precisa que el juez está f acultado
para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “ cuando esté
plenamente demostrada en el proceso ”; esta precisión se hace porque en
materia civil el vicio debe evidenciarse en el contrato mismo, mientras que en el
caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, el juez puede notarlo a
partir de elementos diferentes a los que obren en el texto del contrato mismo,
pero, lo que no debe pasarse por alto es que, en todo caso, su revelación, a
partir de tales medios, debe ser también patente o manifiesta.
A mi juicio, en el caso del que se ocupó la sentencia del 7 de febrero de 2021
de la cual me aparto, la configuración del vicio de nulidad por objeto ilícito del
contrato del 6 de abril de 2001 no estaba plenamente acreditada en el p roceso
y, por tanto, tampoco podía afirmarse que pudiera evidencia rse de manera
manifiesta o palmaria . En mi criterio , esto no puede predicarse respecto de
ninguna de las premisas en las que se soportó la determinación de confirmar la
decisión del a quo de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato por
objeto ilícito : (i) la naturaleza del contrato y, en razón de ello, (ii) la falta de
agotamiento de un proceso de licitación pública como requisito legal ineludible
para su celebración.
Como pued e apreciarse fácilmente del texto de la sentencia, para calificar la
verdadera naturaleza del contrato que las partes celebraron , no fue suficiente
con leer sus estipulaciones, sino que se tuvo que hacer un análisis subjetivo de
la verdadera intención que habrían tenido al celebrarlo, pasando , para ello, por
un juicio minucioso de descarte de lo acordado de cara a las definiciones
legales de los tipos contractuales que se estudiaron, así como a criterios
jurisprudenciales adoptados en ciertas materias por e sta Corporación; incluso,
se tuvo que recurrir al análisis de la intención que habrían tenido quienes
previamente celebra ron un convenio para que el municipio administrara los
bienes que luego fueron objeto del contrato que se analizó. Es decir, esta
conclusión no surgió de bulto o de forma palmaria a partir del texto del contrato,
ni del análisis de las demás pruebas que obraron en el expediente ; para llegar
a ella fue necesario emplear un esfuerzo interpretativo superior a aquél que se
emplea cuando algo es evidente a primera vista.
Dejo sentado , con toda claridad, que comparto la conclusión de la Sala en
cuanto a que, pese a su denominación, el contrato no era uno arrendamiento,
tampoco uno de prestación de servicios y menos uno de concesión, sino que
Radicación número: 54001233100020040093601 (44.237)
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se trataba de un contrato atípico e innominado . L o que resalto en este
salvamento de voto no es que esa fuera una conclusión equivocada, porque no
lo es, sino que no surgía de bulto, ni del contrato ni de las pruebas que obraron
en el proceso.
Ahora, incluso si se pasara por alto lo anterior y se concluyera entonces que la
naturaleza del contrato podía descifrarse a primera vista, estimo que en este
caso no estaban dados los elementos de juicio suficientes para tener por
“plenamente demostrado” que previa a la celebración del contrato sub judice no
se hubiere surtido un proceso de licitación , pues, aunque así pudiera inferirse,
lo cierto es que ninguna prueba conduce de manera irrefutable a ello.
En la sentencia de la cual me aparto se dedujo esa conclusi ón, básicamente,
con fundamento en que en el hecho de que en el expediente no obra ba
ninguna prueba que acreditara que para la celebración del contrato se hubiera
adelantado un proceso de licitación pública. Es decir, a la conclusión no se
arribó porque se hubiere encontrado demostrado fehacientemente que no hubo
licitación pública 4 -supuesto en el cual se sustentó la declaratoria oficiosa de
nulidad y que, por tanto, debía estar plenamente demostrado -, sino porque no
se demostró que ese procedimiento sí se surtió, sobre la base argumentativa
de que era una carga procesal que las partes debieron haber cumplido, criterio
del cual también me aparto, pues, en mi entender , la ausencia de elementos
demostrativos que revelaran los antecedentes del contrato no e ra reprochable
al comportamiento procesal de las partes, en la medida que, como el objeto del
proceso no versó sobre la nulidad del negocio jurídico, a ello no se
encaminaron sus esfuerzos probatorios.
Así, ante la ausencia de pruebas que revelaran de mane ra fehaciente los
aspectos que antecedieron a la celebración del contrato del 6 de abril de 2001
y, específicamente, que demostraran de manera plena que no se surtió el
trámite de la licitación pública, no era posible hacer uso de l a facultad oficiosa
de declarar la nulidad absoluta del contrato , puesto que para ello, como ya lo
he mencionado, no basta con que el juez perciba que en su celebración se
hubiere podido vulnerar el orden jurídico, sino que esa circunstancia debe estar
plenamente acreditada en el proceso, al punto que exista certeza total y
definitiva acerca de la configuración de los vicios que afecten la validez de un
determinado contrato, cuestión que , a mi juicio, y al margen de las inferencias
que se pudieran hacer al respecto, no sucedió en el caso que se estudió en la
sentencia de la cual me aparto.
Por último, advierto , con toda contundencia, que la razón de mi disenso no
supone que advierta la legalidad del contrato, sino tan solo, que, a mi juicio, no
estaban acreditados los elementos qu e, de conformidad con la ley, activan la
facultad-deber del juez de declarar oficiosamente la nulidad de cualquier
negocio jurídico.
4 O que se hubiere adelantado cualquier otro procedimiento que permitiera descartar a la licitación.
Radicación número: 54001233100020040093601 (44.237)
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