Radicado: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 52001-23-33-000-2014-00070-02 (66765)
Demandante: Funidesc
Demandado: Municipio de Orito
Tema: Aclaración de voto sobre consideraciones sobre la caducidad
de la acción, la causal de nulidad absoluta y el tipo de
convenio que se celebró en este caso. Salvamento parcial del
voto por no resolver las restituciones mutuas.
Aclaración y s alvamento parcial de voto del magistrado Martín Bermúdez
Muñoz
Comparto la decisión de confirmar la declaratoria de nulidad absoluta del convenio
celebrado entre Funidesc y el Municipio de Orito. Sin embargo, considero necesario
aclarar el voto sobre varias imprecisiones en que incurre la sentencia y salvar
parcialmente mi voto porque se omitió la resolución de las restituciones mutuas que
planteó el apelante.
A.- Aclaración de voto sobre la nulidad, caducidad y el tipo de convenio
Aclaro el voto en relación con tres asuntos: algunas consideraciones sobre la
caducidad, la nulidad absoluta y el tipo de convenio que se celebró en este caso.
1.- Si bien comparto que en este caso no venció la oportunidad para presentar l a
demanda, me aparto de la siguiente consideración:
<<(…) l 33. En relación con esta solicitud, es necesario recordar que, en el
presente asunto, mientras que el contrato se suscribió el 20 de diciembre de 2011,
la demanda se radicó el 11 de diciembre de 2013, esto es, dentro de los dos años
posteriores a su perfeccionamiento, realidad que desvirtúa cualquier argumento en
torno a la forma en la que se debían contar los 2 años y a la eventual vigencia del
contrato (y con mayor razón, frente a los 5 años de los que trataba el CCA)>>.
1.1.- Resalto que, como se admite en otro apartado de la decisión, la norma
aplicable era el CCA. Esto porque el contrato se celebró en vigencia de esa norma,
razón por la cual el término para demandar la nulidad del contrato empezó a correr
desde la celebración del contrato. En ese sentido, resulta aplicable el artículo 40 de
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la Ley 153 de 1887 que, antes de la modificación del CGP, también establecía que
los términos que empezaron << a correr>> se regirían por las leyes vigentes << al
tiempo de su iniciación>>.
1.2.- Además, preciso que no es cierto que el CCA previera un término de 5 años
para demandar la nulidad del contrato. Al igual que el CPACA, el término era de 2
años. No obstante, solo si la <<vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años,
el término de caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda
de cinco (5) años >>. Esta regla fue cambiada en el CPACA porque este código
establece que se puede demandar la nulidad del contrato mientras <<se encuentre
vigente>>. Aclaro, en todo caso, que el término de 5 años no resultaba aplicable en
este caso porque el contrato tenía una vigencia menor a 2 años contados desde su
celebración.
2.- También me permito precisar dos asuntos sobre la declaratoria oficiosa de
nulidad del contrato:
2.1.- Aclaro que, aunque e l proyecto guarda silencio sobre este asunto, en el
presente caso se cumplieron los requisitos para que proceda la declaratoria oficiosa
de nulidad. En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente:
<<(…) Por lo tanto, acorde con el artículo 1741 ya citado, y 1742 de la misma
codificación, tal nulidad absoluta «puede y debe» ser declarada de oficio por el
juzgador «aún sin petición de parte», siempre y cuando concurran los requisitos
señalados por la ley. E stos, como se ha señalado de forma invariable, se
compendian así:
… el poder excepcional que al juez le otorga el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 para
declarar de oficio la nulidad absoluta no es irrestricto o ilimitado, sino que por el
contrario está co ndicionado por la concurrencia de tres circunstancias: 1ª que la
nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el
instrumento pruebe la celebración del acto o contrato contenga, muestre o ponga de
bulto por sí solo los el ementos que configuran el vicio determinante de la nulidad
absoluta; 2ª que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de
derechos u obligaciones para las partes; y 3ª que al pleito concurran, en calidad de
partes, las personas que int ervinieron en la celebración de aquél o sus
causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaratoria de
nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con
audiencia de todos los que lo celebraron. (CSJ. SC. Abr. 5 de 1946. G.J. LX -357,
reiterada en SC Jul. 14 de 2014, Rad. 2006-00076-01)>>1.
En este caso la Sala estudió el primer requisito, pero guardó silencio sobre los otros
dos. Lo cierto es que esto no afecta el sentido de la decisión porque es claro que (i)
el contrato se invocó como fuente de derechos y (ii) las partes que lo suscribieron
concurrieron al proceso.
1Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de junio de 2018, radicación n.°44650-31-
89-001-2008-00227-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
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2.2.- Además, resalto, como he hecho en otras oportunidades , que las nulidades
son taxativas. La única causal de nulidad que se configuró en este caso es el objeto
ilícito. Con base en el artículo 1519, ello ocurre << en todo lo que contraviene al
derecho público de la nación >>. Y en este caso, se configuró porque se eludió la
licitación pública. No comparto, entonces, que se considere que es un caso de
abuso o desviación de poder o por desconocer una prohibición expresa, como
consideró el tribunal. Tampoco comparto que se indique se omitió una formalidad
que la ley prescribe para celebrar los actos.
3.- Finalmente, comparto que en este caso se estaba en presencia de un contrato y
no de un convenio de apoyo de los previstos en el artículo 355 de la Constitución
Política. No obstante, aclaro que no estoy de acuerdo con la siguiente consideración
del proyecto:
<< 40. Las obligaciones asumidas, sumado a los incumplimientos referidos por la
entidad (como el incumplimiento del “cronograma para la ejecución de obras”, las
condiciones técnicas convenidas y otros incumplimientos a las obras pactadas
advertidos por la interventoría), dan cuenta de la ejecución de un típico contrato de
obra pública . No existió un esfuerzo conjunto sobre actividades y programas
de interés público , al punto de que, luego del cambio de gobierno, la nueva
administración tuvo serias dudas, previas a permitir la ejecución de un contrato que
fue celebrado “a pocos días de terminarse el período constitucional para el cual fue
elegida la entonces alcaldesa […] encontrándose un sinnúmero de hallazgos”, que
le generaron alertas sobre su posible ejecución>>.
3.1.- La anterior consideración denota una grave confusión de los elementos que
diferencian un convenio de apoyo (artículo 355 de la Constitución Política) de un
convenio de colaboración (artículo 95 de la Ley 489 de 1998). Solo en este último
se puede exigir que exista un << desarrollo conjunto de actividades >>. En ese
sentido, se desconoció que recientemente la Sala diferenció esas tipologías de
convenios. Entre varias de las diferencias, precisó lo siguiente:
<<En cuanto al objeto que se debe pactar. Los contratos (convenios de apoyo) se
celebran para que la entidad estatal impulse programas y actividades de interés
público desarrollados por el particular. Los convenios se celebran para
ejecutar actividades est atales en conjunto con particulares . Por tanto, en el
primero la colaboración se brinda a las actividades del particular y en el segundo se
hace en favor de las actividades de la entidad estatal>>2.
B.- Salvamento parcial de voto
4.- Finalmente, salvo pa rcialmente mi voto porque la Sala no estudió las
restituciones mutuas que podrían derivarse de la nulidad del contrato. En el pie de
página 20 indicó lo siguiente:
2Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 46963, C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
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<< Esta Sala no se pronunciará sobre las restituciones mutuas derivadas de la
declaratoria de nulidad porque el estudio de las supuestas obras adicionales a las
que hizo referencia el recurrente hace parte de las pretensiones derivadas del
incumplimiento contractual y porque, en todo caso, no fueron objeto del recurso
de apelación>>.
4.1.- Esa consideración no es cierta. En el siguiente apartado del recurso de apelación,
el demandante solicita que se reconozcan obras ejecutadas así:
<<Por otro lado, señala el A quo existen soportes de informes de interventoría en el
cual se reconoce que la entidad demandante efectuó el cumplimiento y desarrollo
de obras, empero en porcentajes no totales al 100% en cada una de las obras,
argumento que no es de recibo, toda vez que tal como se encuentra estipulado en
Acta Parcial de Obra Nº 001 fechada el día 28 de agosto de 2012, donde se
realiza el resumen de las respectivas actas parciales y se saca la diferencia
entre el valor cancelado del anticipo y el valor ejecutado del Acta Parcial Nº
001, arrojando el valor de amortización del Acta
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