Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-08-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 66001233300020160019204LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte que la decisión del tribunal no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener la prueba documental solicitada si no demuestra haber ejercido el derecho de petición de manera diligente y oportuna, conforme a los artículos 173 y 78 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a proporcionar documentos que el actor pudo haber obtenido por sí mismo mediante el derecho de petición, y si no se presenta prueba de que se intentó obtener dicha información, la negativa del tribunal a decretar la prueba no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria. La administración puede negar la prueba documental si no se acredita que el actor ha cumplido con su deber de diligencia, lo que implica que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no prospera, confirmando la decisión del tribunal.síntesis automática
También resuelve:¿No existe prueba que el interesado hubiera radicado la petición del documento en la entidad respectiva o que la petición no hubiera sido atendida?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-07-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho de petición presentado ante la autoridad judicial, solo procede frente a las funciones administrativas que esta desempeñe? Sí
El derecho de petición ante la autoridad judicial solo es procedente respecto de las funciones administrativas que esta desempeña, no alcanzando para solicitudes que requieren una actuación judicial, las cuales deben tramitarse conforme a las reglas procesales correspondientes. En este caso, la solicitud presentada buscaba información sobre los fundamentos legales de una decisión judicial, lo cual es improcedente ya que se trata de un acto jurisdiccional sometido a la ley procesal, y no una función administrativa. Además, la Constitución Política y el Código de Procedimiento Civil establecen que el acceso a la justicia debe efectuarse por conducto de un abogado, salvo excepciones específicas no aplicables en este caso, por lo que todas las actuaciones judiciales en la acción de controversias contractuales deben tramitarse a través del abogado que representa a las partes.síntesis automática
También resuelve:¿En la presente acción de controversias contractuales, todas las actuaciones judiciales que se surtan, deben conducirse a través del abogado que detenta la representación judicial de las partes?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-06-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el derecho de petición para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis? No
Cuando una parte formula al juez, por la vía del derecho de petición, solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso, la petición es improcedente. La regla se sostiene en tres razones: el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución solo procede ante las autoridades judiciales cuando actúan en ejercicio de funciones administrativas; las solicitudes que requieren una actuación judicial se sujetan a las reglas procesales del trámite ante la jurisdicción; y el artículo 229 de la Constitución exige que el acceso a la administración de justicia se haga por conducto de un profesional del derecho, salvo excepciones legales. En el caso, la sociedad actora presentó directamente una petición sobre los fundamentos de un auto que ordenó practicar una prueba, sin que la norma permita litigar sin abogado en una acción de controversias contractuales, por lo que se ordenó estarse a lo resuelto. El documento cita una providencia previa sobre el alcance del derecho de petición ante autoridades judiciales, pero no señala que la regla reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que las objeciones a las decisiones judiciales deben presentarse por el apoderado a través de los recursos procesales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2023-08-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980028901ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante, con miras a obtener fallo definitivo, cuando se observa que aún existen actuaciones procesales pendientes por surtirse en el trámite del proceso? No
En cuanto a la solicitud de impulso radicada el 15 de junio de 2023, tendiente a que se profiera fallo definitivo, se le aclara al demandante que el asunto se encuentra al Despacho para resolver objeción del dictamen pericial presentada el 3 de marzo de 2023 por el apoderado de la parte demandada, de manera que aún existen actuaciones procesales pendientes, las cuales, una vez se surtan en su totalidad, se podrá proferir una decisión de fondo en el presente asunto. En ese sentido, es dable precisar que de conformidad con el principio de preclusión, el juez debe garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las etapas y oportunidades previstas en la ley, para efectos de garantizar la seguridad jurídica y que el proceso cumpla su función de solucionar efectivamente las controversias jurídicas.
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-11-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 50001233300020150019101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, entre otras, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte? Sí
El contratista no puede obtener pruebas documentales a través del juez si no ha intentado obtenerlas previamente mediante el derecho de petición, conforme al artículo 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso. Esta regla se fundamenta en que las partes y sus apoderados deben abstenerse de solicitar al juez documentos que podrían haber conseguido por sí mismos, y su incumplimiento implica la negación de la solicitud de pruebas en segunda instancia. La Sala ha reiterado este criterio, estableciendo que no procede el decreto de pruebas documentales cuando no se acredita que la parte demandante haya realizado las gestiones necesarias antes de interponer la demanda. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con la carga procesal antes de solicitar pruebas en el proceso, lo que puede limitar significativamente la obtención de pruebas documentales en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2022-04-18Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140013700LEY 1437 REPETICION
[D]ecreto de las medidas cautelares solicitadas. Sí
En la medida que [la] información es susceptible de ser obtenida… mediante el ejercicio del derecho de petición, sin que le sea dable, como se dijo en párrafos anteriores, acudir a los poderes del Juez para tal efecto, como quiera que el artículo 173 [CGP], condiciona al juez para ordenar la práctica de las pruebas que la parte haya podido solicitar directamente… , a que ésta haya probado sumariamente que actuó en procura de aportar dichas pruebas, es decir, que las solicitó a la entidad, pero que estas le fueron negadas, lo cual no ocurrió en este caso.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-10-08Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020220039802Controversias contractuales
¿Para tener por cumplida la carga prevista en el artículo 173 del CGP basta con comprobar que la autoridad dio respuesta formal al derecho de petición mediante el cual la parte solicitó los documentos? Sí
El contratista no cumple con la carga prevista en el artículo 173 del Código General del Proceso si la respuesta formal a su derecho de petición no permite acceder efectivamente a los documentos solicitados, ya que la regla exige que estos sean entregados o que se permita su consulta. La entidad estatal debe atender íntegramente la petición documental para que el juez se abstenga de ordenar pruebas adicionales, salvo que la parte demuestre que su solicitud no fue atendida. Además, si la respuesta oficial ya reconoce el hecho que se pretende acreditar, las pruebas documentales adicionales resultan superfluas en virtud del artículo 168 del CGP, a menos que demuestren utilidad específica para el propósito probatorio indicado. Asimismo, el agotamiento del trámite de insistencia no es un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos considerados reservados, y la administración no puede oponer la reserva a la autoridad judicial sin asegurar la conservación de los documentos. Finalmente, la prueba documental que acredita pagos o recuperaciones patrimoniales efectivas es pertinente para establecer el monto del daño subsistente, siempre y cuando se demuestre que los documentos remitidos mediante enlaces electrónicos han quedado incorporados y preservados de manera estable en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Deben rechazarse como superfluas las pruebas documentales adicionales cuando el hecho que se busca acreditar ya aparece expresamente reconocido en la respuesta oficial de la entidad entidad al…¿El agotamiento del trámite de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 constituye un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos que una autoridad se…¿Procede decretar la incorporación de los documentos que acrediten los pagos o las recuperaciones patrimoniales efectivas obtenidas por el FUTIC en los procesos de cobro coactivo…
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra?¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa?¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
¿Cuál es el término legal que debe observar la entidad contratante para efectos de aprobar una póliza en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su publicación y con miras que el contratista/proveedor obtenga una respuesta, clara y oportuna al proceso»; y ii) «¿La aprobación de una póliza por la plataforma SECOP II previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales…
Conforme a las anteriores consideraciones, ni en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ni el Decreto 1082 de 2015, se establece un plazo para la aprobación de las garantías constituidas por los contratistas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dado que según el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato, la inexistencia de un término legal para la aprobación de las garantías no hace que esta quede al libre arbitrio de la entidad contratante, quien una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la garantía, conforme a lo pactado en el contrato y las normas citadas, debe aprobarla, sin lo cual no podrá iniciarse la ejecución del contrato.
También resuelve:Ejecución del contrato: requisitos, garantía única de cumplimiento, aprobaciónGarantía única de cumplimiento: aprobación, término, derecho de petición, silencio administrativoDerecho de petición: noción, respuesta, término
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-03-31Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020200013400LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial? Sí
El juez puede modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial siempre que se cumplan las causales establecidas en el artículo 182A numeral 1 del Código General del Proceso Administrativo, y siga el procedimiento de pronunciarse sobre las pruebas, fijar el litigio y correr traslado para alegar de conclusión, sin alterar el orden establecido por la norma. Asimismo, el juez no puede decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición, salvo que se demuestre que la petición no fue atendida o fue negada por razones de reserva legal, conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Además, el juez no debe decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración, ya que el artículo 212 del Código General del Proceso establece que es necesario enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Por último, la excepción de caducidad no es una excepción previa y debe resolverse en la sentencia, no antes de la audiencia inicial, como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Administrativo y el artículo 101 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición?¿Puede el juez decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración?¿Debe la excepción de caducidad resolverse en la sentencia y no como excepción previa, en atención a que no se encuentra prevista en el listado taxativo del artículo 100 del Código General del…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020150004900LEY 1437 REPETICION
¿Cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba? Sí
La Sala, en esta providencia confirmará la decisión adoptada en la audiencia inicial de 6 de marzo de 2023, respecto de las pruebas que fueron solicitadas por la parte demandada y que se negaron, toda vez que el expediente administrativo debió ser solicitado por la parte demandada directamente y, los testimonios, no cumplen con los requisitos de pertinencias y conducencia. El artículo 173 del CGP señala que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite… . Por su parte, el artículo 212 del CGP dispone que cuando se pidan testimonios se debe expresar el nombre, domicilio, residencia o lugar donde citar a los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.
ACTO ADMINISTRATIVO,DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA,DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,CONTRIBUCIÓN ESPECIAL – Concepto,No constituye acto administrativo,Facultad de interpretar normas tributarias,No tiene la facultad de interpretar normas tributarias con carácter vinculante – Mes: mayo – Año: 2016…
También resuelve:Acto administrativo: conceptoDerecho de petición de consulta: no constituye acto administrativoDirección de gestión jurídica de la dirección de impuestos y aduanas nacionales: facultad de interpretar normas tributarias
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada, de tal suerte que la decisión del ponente no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de prueba documental en un proceso de repetición contra la entidad estatal si no demuestra que la petición previa no fue atendida, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso. La entidad estatal puede negar la prueba documental solicitada si la parte demandante no acredita que la petición fue radicada y la entidad guardó silencio, lo que no constituye un exceso ritual manifiesto. La Sala confirmará la decisión del ponente si encuentra fundamento jurídico para negar la prueba documental sin que resulte irrazonable, desproporcionada o arbitraria, reafirmando que la parte actora debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 173 del CGP para solicitar la prueba documental. Esta decisión matiza la interpretación de la obligación de solicitar previamente la prueba documental y restringe la posibilidad de obtenerla en la fase judicial sin cumplir con dichos requisitos, lo que limita la capacidad del contratista para obtener pruebas adicionales en la etapa judicial.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora no probó lo que exige la norma, esto es, que la petición no hubiera sido atendida?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300020170042101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial?¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-05-29Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 50001233300020150012901LEY 1437 REPETICION
¿En el presente caso, la parte omitió la carga que sobre ella impuso el legislador de ser diligente con las pruebas que pretende hacer valer en el proceso, por lo que ineludiblemente dicho incumplimiento acarrea la consecuencia negativa de que la prueba solicitada no sea decretada? Sí
El juez debe abstenerse de decretar una prueba documental que la parte pudo obtener mediante derecho de petición, salvo que la entidad no hubiera atendido ese derecho y ello se acredite. La parte tiene el deber de procurar la prueba por esa vía en la medida de sus posibilidades, y no solo de solicitarla en la oportunidad procesal. Esta carga se vincula con los principios de igualdad y lealtad procesal, de modo que el juez exige la diligencia desde las posibilidades de cada parte. En el caso analizado, la parte omitió la carga de ser diligente con las pruebas que pretendía hacer valer, por lo que la consecuencia negativa es que la prueba solicitada no sea decretada. Por ello se confirmó el auto proferido en la audiencia inicial que negó la prueba. En cuanto a las costas, la providencia señala que no hay lugar a condenarlas, aunque el recurso se resolvió de forma desfavorable, por tratarse de un asunto de interés público.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a la condena en costas cuando se trata de un asunto de interés público?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-09-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020130017700LEY 1437 REPETICION
¿Se cumplen los requisitos para dictar sentencia anticipada en el proceso? Sí
El juez puede dictar una sentencia anticipada en el proceso contencioso administrativo cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, es decir, cuando se trate de asuntos de puro derecho, no haya necesidad de practicar pruebas, las pruebas documentales aportadas no hayan sido tachadas o desconocidas, y las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En este caso, se denegaron las pruebas documentales solicitadas por las partes debido a la falta de cumplimiento del procedimiento de derecho de petición y la existencia de dichas pruebas en el expediente, lo que permite prescindir de las etapas procesales previas y dictar sentencia anticipada, en consonancia con los principios de economía y celeridad procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Se cumplen los requisitos para el decreto de las pruebas solicitadas por las partes?
¿Los que integran el expediente del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter contractual?
La Constitución Política de 1991 consagra en varios artículos la publicidad como un principio rector del Estado colombiano. Entre los más destacados, puede mencionarse el 209, que afirma que la publicidad es uno de los principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa. El principio de publicidad impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actos, contratos y decisiones, para que se divulguen y, eventualmente, se controlen las actuaciones.
También resuelve:Acceso a documentación pública: derecho fundamental, transparencia, información contractualPrincipio de publicidad: obligatoriedad de las autoridades administrativasPrincipio de publicadad: publicación de actuaciones contractuales, Ley 1712 de 2014
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?