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Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 44001234000020180006602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas de carácter financiero cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
La jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1 del artículo 105 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los contratos de esa naturaleza cuando se celebran en desarrollo del giro ordinario de la entidad, incluidos los procesos ejecutivos. Por ello, la ausencia de jurisdicción debe declararse aun cuando el contrato sea estatal en su origen. En el caso, la entidad pública financiera celebró el contrato en el giro ordinario de sus negocios, y el despacho declaró la falta de competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso administrativo declara la falta de competencia y remite el expediente al juez ordinario competente.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato que da origen a la controversia forma parte del giro ordinario de los negocios de Fonade por cuanto su objeto consiste en la revisión…
¿Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula y el proceso se enviará de inmediato al…
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado
Providencia
No se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 20001233900020140027102
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?
¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?
¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 18001234000020190006702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:
¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?
¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?
¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales
Sentencia — Sentencia
2023-06-28
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020220019600
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:
¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…
¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?
¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:
¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?
¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?
¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 76001233300020230085601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?
¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?
¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En manera alguna la norma establece una inhabilidad para contratar con el Estado
Sentencia — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020050466402
ACCION CONTRACTUAL
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:
¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?
¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?
¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 54001233100020040093601
ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato de arrendamiento tiene como fin principal conceder el goce de una cosa, o de ejecutar una obra o un servicio y, de la otra, de pagar, por este goce, obra o servicio, un precio determinado? Sí
El contratista no puede denominar un contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público como arrendamiento cuando combina obligaciones propias de la prestación de servicios y presenta rasgos de una concesión, ya que corresponde al juez determinar la naturaleza real del contrato más allá de la denominación formal acordada por las partes. En este caso, el contrato en cuestión no cumple con los elementos esenciales del arrendamiento, como el uso y goce exclusivo del bien, ya que el contratista fue encargado de la administración directa del bien y de la recuperación de la cartera morosa, lo cual implica una entrega total del bien y no solo su uso y goce. Además, el bien en cuestión, una plaza de mercado, está destinado al servicio público, lo que también impide la celebración de un contrato de arrendamiento. Esta decisión matiza la interpretación de la naturaleza de los contratos estatales y subraya la importancia de la función interpretativa del juez para determinar la verdadera naturaleza del contrato celebrado, independientemente de la denominación que le hayan dado las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son el otorgamiento del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce de ese bien y el consentimiento de las partes?
¿Las plazas de mercado son de bienes de uso público que prestan un servicio público por destinación legal?
¿Cuándo el contrato con una entidad estatal sobre un bien de uso público, como lo es una plaza de mercado, combina obligaciones propias de la prestación de servicios…
Consejo de Estado
Providencia
No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo
Sentencia — Sentencia
2022-09-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020020129001
ACCION CONTRACTUAL
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…
¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…
¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones en controversias contractuales de entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020190018401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?
¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…
¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contencioso administrativa is competente para conocer los contratos de entidades aseguradoras públicas cuando estos no corresponden al giro ordinario de negocios.
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020220031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
El juez contencioso administrativo examina la competencia para conocer de una controversia contractual originada en un contrato suscrito por una sociedad aseguradora de economía mixta con capital mayoritariamente público. Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, la corporación reitera que el estatuto procesal administrativo redefinió la competencia bajo una cláusula general de atribución orgánica y funcional. Si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA excluye de su conocimiento los litigios relativos a contratos de entidades aseguradoras estatales cuando versen sobre el giro ordinario de sus negocios, la autoridad judicial constata que la controversia bajo examen no encaja en dicha salvedad. Por consiguiente, al confirmarse la providencia apelada dictada por el tribunal de primera instancia, la Sala se abstiene de fijar agencias en derecho en segunda instancia al advertir que la parte demandada no intervino en este tramo procesal, conforme a las reglas sobre costas.síntesis automática
También resuelve:
¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer la controversia contractual de Positiva S.A. que no corresponde al giro ordinario de los negocios?
¿Procede el medio de controversias contractuales, cuando lo que se pretende es que se declare la configuraron de circunstancias de incumplimiento y el desequilibrio económico en favor de Positiva S.A?
CONFIRMA