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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020220031501-70843-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-04-09"
radicado: "25000233600020220031501"
numero: "70843"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-04-09
- **Radicado:** 25000233600020220031501
- **Número interno:** 70843
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** DROSERVICIOS L.T.D.A.
- **Demandado:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220031501-70843-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020220031501/2FED9C834D0045451BFE02DFAF92F889221C16E07EE48916AF28EA8FDBB8572E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200315011100103

## Regla de decisión

La jurisdicción contencioso administrativa is competente para conocer los contratos de entidades aseguradoras públicas cuando estos no corresponden al giro ordinario de negocios.

## Problema jurídico

¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones…
- ¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer la controversia contractual de Positiva S.A. que no corresponde al giro ordinario de los negocios?
- ¿Procede el medio de controversias contractuales, cuando lo que se pretende es que se declare la configuraron de circunstancias de incumplimiento y el desequilibrio económico en favor de Positiva S.A?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 105 núm. 1

## Extracto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No.689 de 2013 fue suscrito por Positiva S.A., -en tanto sociedad aseguradora de economía mixta de naturaleza anónima con capital mayoritariamente público- en el marco de su actividad contractual. En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras, como lo es Positiva S.A., ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar.

## Síntesis temática

El juez contencioso administrativo examina la competencia para conocer de una controversia contractual originada en un contrato suscrito por una sociedad aseguradora de economía mixta con capital mayoritariamente público. Con fundamento en el artículo 104 del CPACA, la corporación reitera que el estatuto procesal administrativo redefinió la competencia bajo una cláusula general de atribución orgánica y funcional. Si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA excluye de su conocimiento los litigios relativos a contratos de entidades aseguradoras estatales cuando versen sobre el giro ordinario de sus negocios, la autoridad judicial constata que la controversia bajo examen no encaja en dicha salvedad. Por consiguiente, al confirmarse la providencia apelada dictada por el tribunal de primera instancia, la Sala se abstiene de fijar agencias en derecho en segunda instancia al advertir que la parte demandada no intervino en este tramo procesal, conforme a las reglas sobre costas.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ENTIDAD ASEGURADORA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ENTIDAD PÚBLICA, PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA, OBJETO DE LA SOCIEDAD, RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, PARTES DEL CONTRATO, OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA, MEDIO DE CONTROL, ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL, CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, TRÁMITE DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, FALTA DE SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLASES DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTIDAD ASEGURADORA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS
Problema jurídico:
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato No.689 de 2013 fue suscrito por Positiva S.A., -en tanto sociedad aseguradora de economía mixta de naturaleza anónima con capital mayoritariamente público- en el marco de su actividad contractual. En efecto, si bien el numeral 1 del artículo 105 del CPACA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conoce de las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos de entidades públicas que ostenten el carácter de instituciones aseguradoras, como lo es Positiva S.A., ello se supeditó a que tales asuntos versen sobre el giro ordinario de sus negocios, lo que no sucede en el sub lite, tal como se pasa a explicar. El CPACA redefinió el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que anteriormente era eminentemente orgánico, estableciendo en su artículo 104 una cláusula general de competencia, en virtud de la cual le corresponde el conocimiento de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, de ahí que no basta con que en el litigio se encuentre involucrada una entidad pública -criterio orgánico-, sino que los actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones generadores de responsabilidad también deben estar sometidos al derecho administrativo -criterio material-. El artículo 104 del CPACA también consignó un listado de asuntos específicos que se encuentran asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de los que, para los efectos que aquí interesa, se destaca el numeral 2, en virtud del cual le corresponde conocer de los procesos relativos a la responsabilidad contractual en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas, cualquiera que sea su régimen, privilegiándose así el criterio orgánico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 105 NUMERAL 1
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PÚBLICA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / ENTIDAD ASEGURADORA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / OBJETO DE LA SOCIEDAD
Problema jurídico:
¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones, y por las actividades conexas que guardan estrecha relación con su objeto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este panorama, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado que el artículo 104 del CPACA privilegia la especialidad como criterio determinante de la competencia, a la par de que se vale del criterio orgánico para definir los asuntos a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo que se está ante un “régimen mixto de criterios de determinación de competencia -material y orgánico-”, de ahí que, en cada caso debe evaluarse cuál de los dos prevalece. A su turno, el artículo 105 del CPACA prevé un conjunto de excepciones a la competencia atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el artículo 104 ejusdem, entre las que se resalta la dispuesta en el numeral 1º, al amparo del cual se encuentran excluidas de su conocimiento las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y las contractuales en las que haga parte una entidad pública de carácter asegurador, cuandoquiera que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Como se observa, para que se configure la excepción consagrada en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA: i) la entidad pública debe tener el carácter de institución aseguradora -elemento orgánico- y ii) la controversia ha de versar sobre asuntos que correspondan a su giro ordinario de los negocios -elemento material- . Ahora bien, la excepción contemplada en el numeral 1 del artículo 105 CPACA crea algunas dificultades interpretativas en cuanto a lo que debe entenderse por giro ordinario de los negocios de las instituciones aseguradoras, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado cuyo alcance ha dado origen a opiniones disímiles, máxime teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico alude a dicha noción en diferentes ámbitos y para diversos efectos, lo que implica que en la labor de hermenéutica que corresponde efectuar no puede dejarse de lado el contexto al que se refiere la norma que, en cada caso, remite a esta noción -artículo 30 del Código Civil-, su finalidad, recurriendo “a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” -artículo 27 del Código Civil- y, en general, las diversas reglas de interpretación de la ley. Para los efectos que aquí concierne, no puede desconocerse que el numeral 1 del artículo 105 del CPACA establece una excepción, que, por ser tal, debe interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, y no de manera analógica ni extensiva. Además, también es menester acudir al “sentido natural y obvio” de las palabras, según su uso general -artículo 28 del Código Civil-, lo que lleva a destacar que la palabra “ordinario”, según el Diccionario de la Real Academia de la lengua, significa “común, regular y que sucede habitualmente”, por oposición a aquello que es extraordinario o excepcional. De igual modo, en lo que concierne a la finalidad de la norma, la excepción del numeral 1 del artículo 105 CPACA que se analiza, responde a la intención del legislador de privilegiar, para este tipo de controversias, la especialidad de la materia objeto del litigio como criterio fundamental para la determinación de la competencia, toda vez que la temática propia de los negocios y actividades habituales u ordinarias que adelantan las entidades públicas aseguradoras, versa en torno a materias de contenido económico y financiero, que se ubican en la especialidad de la Jurisdicción Ordinaria. A la vista de las precisiones que anteceden es menester precisar si el concepto de “giro ordinario de los negocios” equivale o no al objeto social y, dentro de ello, si se limita solo a las actividades principales o comprende las conexas y complementarias. Asimismo, debe dilucidarse si la noción alude a actos y negocios que en cualquier caso se realicen como parte de la gestión ordinaria o de modo habitual, o, por el contrario, si también incluye actos, actividades y negocios que se adelanten de modo incidental, todo ello, desde luego, siempre que se encuentren dentro del marco de su capacidad legal, pues los actos que no están comprendidos dentro del objeto exceden las atribuciones de la persona jurídica y, por lo mismo, estarán viciados de nulidad. Bajo este contexto, la jurisprudencia ha señalado que el objeto de cualquier persona jurídica está conformado por el denominado “objeto principal” y el llamado “objeto secundario, complementario o subsidiario”. El primero está compuesto por los actos y contratos expresamente previstos en los estatutos o en el acto de creación de la entidad, al paso que el segundo comprende: i) los actos y contratos que, sin estar mencionados expresamente, guardan una relación o conexidad directa con el objeto principal, y ii) todos aquellos que resultan necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que implican la existencia y el funcionamiento de la persona jurídica, tales como el pago de impuestos, la contratación de personal y la adquisición de insumos, entre otros . Refiriéndose al concepto de objeto social y su diferencia con el giro ordinario de los negocios, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que, en virtud de lo previsto en el numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, en los estatutos sociales deben enunciarse en forma clara y completa las actividades que comprenden el objeto social, teniendo en cuenta que la capacidad del ente societario estará circunscrita a los actos y negocios allí consignados . Además, ha resaltado que el objeto social comprende el “objeto principal”, que “se refiere a los negocios o actividades principales que la sociedad se propone desarrollar, los cuales pueden tener o no conexión entre sí, siempre que se encuentren debidamente enunciados en la escritura social” y, también, el “objeto secundario”, en el que “se entienden incluidos todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo del objeto social principal”. De igual modo, la misma Superintendencia ha expuesto que el giro ordinario consiste en aquellas labores que se llevan a cabo en forma habitual u ordinaria y que, de todos modos, están enmarcadas en el objeto social . En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, descrito con anterioridad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que, además de que son inescindibles con su propósito primario, corresponden a actos de comercio o mercantiles habituales, premisa en virtud de la cual es claro que no todas las labores de un ente asegurador están incluidas en tal concepto, pues, de ser así, bastaría que el legislador exceptuara del conocimiento de esta jurisdicción todas las controversias de esos órganos sin más . Bajo este contexto, tal como lo tiene definido la Superintendencia de Sociedades y ha sido reiterado por esta Corporación, si bien todos los actos y contratos que una persona jurídica celebra “dentro del giro ordinario de sus negocios” deben estar comprendidos en su objeto -principal o secundario-, existen algunos actos que las personas jurídicas pueden celebrar válidamente, por estar incluidos dentro de su objeto, que no corresponden, sin embargo, al “giro ordinario de sus negocios”, por realizarse de forma extraordinaria, inusual o esporádica. A partir de lo anterior, puede concluir que forman parte del giro ordinario de los negocios de las entidades aseguradoras: a) Todos los actos que celebre para realizar las actividades y cumplir las funciones que la ley le asigna expresamente, ya sea que correspondan a actividades aseguradoras o no -objeto principal-; b) Todos los que celebre en conexión o en relación directa con dichos negocios -actos conexos y objeto secundario-; y/o que resulten necesarios para su existencia y funcionamiento normal, siempre que sean habituales u ordinarios, tales como, por ejemplo, la contratación de personal, la asesoría jurídica, contable o técnica ordinaria, la compra de papelería y la contratación de servicios de aseo o vigilancia, entre otros . Como los mencionados actos y contratos -literales a y b- forman parte del denominado “giro ordinario de los negocios”, todos y cada uno se subsumen en la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, es decir, se encuentran por fuera de la órbita de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A contrario sensu, no estarán incluidos dentro del giro ordinario de los negocios y, por ende, son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aquellos actos y contratos que las entidades celebren dentro del marco de su objeto, pero no de manera ordinaria o habitual, sino en forma extraordinaria o esporádica, como sería el caso de “la adquisición de una nueva sede principal, el cambio integral de su plataforma tecnológica, una consultoría especial (por ejemplo, para una eventual reestructuración interna o «reingeniería»), el cambio general de sus marcas y demás signos distintivos, entre otros” .
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al giro ordinario de los negocios, revisar: auto de 17 de junio de 2015, rad. 50526, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; auto de 31 de enero de 2022, rad. 60388, C.P. Nicolas Yepes Corrales; auto del 29 de julio de 2022, rad. 62851, C.P. Nicolas Yepes Corrales; auto de 8 de octubre de 2021, rad. 36320, C.P. Guillermo Sanchez Luque; auto de 17 de junio de 2015, rad. 50526, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Concepto de 9 de abril de 2013, rad. 2135; C.P. Augusto Hernández Becerra (E); . Sentencia de 9 de octu

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

mo una continuación del rol de contratista de Droservicio, sino como una salvedad o reparo de que las partes se reservaban verificar con posterioridad aspectos atenientes a los saldos que, eventualmente, se debieran mutuamente o no producto del vínculo del que hicieron parte. En efecto, producto de la salvedad convenida en la cesión, el 13 de febrero de 2019 Droservicio pidió a Positiva que liquidara el contrato con un saldo a su favor de $12.027’194.154, liquidación que se intentó efectuar el 18 de febrero siguiente, pero no se realizó en forma definitiva, tras lo cual, el 10 de junio de 2019, Positiva se rehusó a reconocer emolumentos por concepto de la variación del IPC y el porcentaje de administración por operación logística para medicamentos regulados y luego, el 4 de septiembre y 11 de octubre de 2019, reafirmó que no procedía pagar nada de lo pedido por Droservicio (hechos probados 5.1.3.1. a 5.1.3.5.). Ante ese panorama, el 24 de septiembre de 2019 Droservicio pasó de solicitar el pago de los saldos aquí perseguidos por medio de una liquidación, a hacerlo a través de una factura de venta, lo cual, en todo caso, ya había sido desestimado por Positiva S.A. y, bajo la misma senda, fue rechazado el 19 de noviembre de 2019 (hechos probados 5.1.3.6. y 5.1.3.7.). En ese orden de ideas, el propio convenio de las partes estipuló que existían aspectos pendientes de resolver entre Droservicio y Positiva, referidos a la discusión de saldos pendientes reclamados por la cedente, lo que se discutió mediante sendos cruces de comunicados que concluyeron el 19 de noviembre de 2019 (hecho 5.1.3.7.), por lo que, a partir de tal fecha, la aquí demandante tenía total certeza de que la contratante no le iba a reconocer ningún saldo adicional al ya pagado y, por tanto, dicho momento es el fundamento de hecho que cimenta las pretensiones de la demanda, de ahí que los 2 años de que trata el artículo 164 del CPACA para ejercer el derecho de acción deban contabilizarse desde allí. Sobre ese punto, la Sala descarta contabilizar la oportunidad para demandar a partir de las solicitudes del 2 y 22 de marzo de 2022 (hechos probados 4.1.5.1. y 4.1.5.2), pues mediante aquellas solo se redundó en lo ya pedido en momentos anteriores y desde el 19 de noviembre de 2019 ya se contaba con total certeza de que Positiva no habría de acceder a lo aquí perseguido por Droservicio, por lo que la cláusula contenida en la cesión mediante la cual se mantuvo en vilo la discusión de aspectos pendientes se agotó a partir de ese último momento mencionado. A este respecto, tampoco es dable tener en cuenta como punto de partida para contabilizar la demanda en tiempo la liquidación efectuada entre Audifarma y Positiva S.A., pues como ya se aclaró, la cesión excluyó totalmente a Droservicio de la relación negocial, de ahí que la continuación del acuerdo de voluntades le resultaba ajena a esta última, incluyendo el balance de activos y pasivos efectuado entre la contratante y la nueva contratista. En virtud de lo expuesto, Droservicio contaba con 2 años para ejercer el derecho de acción, los cuales ab initio corrieron entre el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de noviembre de 2021 -considerando la fecha en que Positiva rechazó definitivamente las solicitudes de reconocimiento de emolumentos de Droservicio-; sin embargo, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con los Acuerdos Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura, dicho plazo se suspendió entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio y se reanudó el 1° de julio de 2020. Así las cosas, la parte activa tenía hasta el 6 de marzo de 2022 para radicar el escrito inicial, plazo que se suspendió entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 2022, cuando acaecieron 3 meses desde que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, en virtud del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 , por lo que se extendió hasta el 6 de junio de 2022 y la demanda se radicó hasta el 21 de junio de 2022, es decir, extemporáneamente, por lo que operó la caducidad. La anterior circunstancia releva a la Sala de estudiar las pretensiones de fondo formuladas por Droservicio, habida cuenta de que un supuesto para el efecto era presentar la demanda en los tiempos previstos por el legislador, lo que no sucedió. Como consecuencia, se desestima el recurso de apelación presentado por Droservicio y, por tanto, se confirmará la sentencia del 16 de noviembre de 2023, mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad, por encontrarse que la demanda fue formulada extemporáneamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la caducidad, revisar: sentencia C-394 de 22 de mayo de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 25000232500020030933101 (6871-2005), C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 446 DE 1998, LEY 640 DE 2001
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se debe condenar en costas a la parte recurrente por habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia anticipada de 16 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la condena en costas, revisar: sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C.P. Maria Adriana Marin.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-04-09. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020220031501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220031501-70843-sentencia).
