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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 7 de octubre de 2026
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00311-02 (74.853)
Demandante: ICBF
Demandado: Subatours SAS
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Tema: Apelación de auto que aprobó liquidación de costas – confirma.
El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra el Auto de 9 de junio de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que aprobó
la liquidación de costas.
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de acuerdo con lo
previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 , y según el artículo 125 de la
misma ley, la decisión debe ser adoptada por el magistrado ponente.
Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones 3. Resuelve
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. La demanda y su trámite; 1.2. La providencia apelada; 1.3. Los recursos
interpuestos y su trámite
1.1. La demanda y su trámite
1. El 30 de septiembre de 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
– ICBF presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, contra la sociedad Subatours SAS , mediante la cual se
pretendía, entre otros, la declaratoria d el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Tiquetes
Aéreos CCE -283-1-AMP-2015 al cual se adhirió el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar “Cecilia De la Fuente de Lleras” -ICBF-, a través de la orden
de compra No. 13098 del 22 de diciembre de 2016.
2. El 19 de julio de 20 231, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia de primera instancia en la
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra esa
decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación.
3. El 2 de diciembre de 202 52, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, revocó parcialmente la decisión apelada y condenó en costas
1 Índice Samai 55 del tribunal.
2 Índice Samai 22 del Consejo de Estado radicado 70.801.
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00311-02 (74.853)
Demandante: ICBF
Demandado: Subatours SAS
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
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en ambas instancias a Subatours SAS a favor del ICBF, las cuales debían ser
tasadas y liquidadas por el tribunal de primera instancia de acuerdo con los
artículos 365 y 366 del CGP.
4. Mediante Auto de 23 de febrero de 2026 3, el tribunal fijó las agencias en
derecho, en cumplimiento de lo ordenado por esta Corporación. Para tal
efecto, tuvo en cuenta el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
conforme al cual, en los procesos declarativos cuya competencia se
determina por la cuantía, las agencias en derecho se fijan como un
porcentaje del valor de las pretensiones. En el caso concreto, la competencia
se determinó con fundamento en la mayor pretensión, correspondiente a la
cláusula penal, estimada en $1.215.245.606, por lo que, de conformidad con
el parágrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo, se fijaron en 3% las agencias en
derecho de primera instancia.
5. Respecto de las agencias en derecho de segunda instancia , el tribunal
las fijó en 3 SMMLV según lo dispone el Acuerdo para procesos declarativos en
general. En consecuencia, ordenó a la Secretaría efectuar la liquidación
concentrada de las costas, para su posterior aprobación.
6. El 23 de febrero de 202 64, la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca liquidó las costas a cargo de la parte demandada, en
$36.457.368,18 y $5.252.715, por concepto de agencias en derecho de primera
y segunda instancia, respectivamente, para un total de $47.710.083,18. La
liquidación no incluyó ningún monto a título de expensas.
1.2. La providencia apelada
7. El 9 de junio de 202 65, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, aprobó la liquidación de costas.
1.3. El recurso interpuesto y su trámite
8. El 16 de junio de 202 66, la parte demandada i nterpuso recurso de
reposición y, en subsidio de apelación contra el auto que aprobó la liquidación
de costas. Sostuvo que el tribunal no explicó “de manera clara y verificable la
metodología o porcentajes empleada para determinar los valores
reconocidos por concepto de agencias en derecho”. Así mismo, indicó que la
sentencia de segunda instancia no había fijado una condena líquida por
perjuicios, sino que condicionó su determinación a la acreditación de ciertos
parámetros en el trámite incidental , y debido a que no fueron probados, no
existía un monto cierto y determinado que sirviera de base para liquidar las
agencias en derecho.
9. Por otro lado, señaló que , de conformidad con el artículo 366. 2 y 4 del
CGP, al fijar las agencias en derecho, debía atenderse a la n aturaleza del
3 Índice Samai 74 del tribunal.
4 Índice Samai 80 del tribunal.
5 Índice Samai 86 del tribunal.
6 Índice Samai 92 del tribunal.
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00311-02 (74.853)
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proceso, la gestión realizada y la cuantía del asunto cuando esta exista y se
encuentre determinada, circunstancia que no se cumplía en el presente caso,
toda vez que no existía un perjuicio efectivamente demostrado sobre el que
se pudiera liquidar la condena en costas.
10. En consecuencia, consideró que se debía ajustar la liquidación conforme
con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, en ese
sentido, solicitó que se revocara el numeral primero del Auto de 9 de junio de
2026, y subsidiariamente, que se reliquidaran las costas con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
11. El 6 de julio de 20267, el tribunal no repuso el auto y concedió el recurso
de apelación . Afirmó que las agencias en derecho fueron fijadas de
conformidad con los criterios previstos en los artículos 361 y 366 del CGP y en el
Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, las cuales fueron expuestas mediante Auto de
23 de febrero de 2026. Se determinó que el proceso era de cuantía y se tomó
como referencia la pretensión de mayo r valor sobre la cual se aplicó el
porcentaje mínimo previsto para los procesos declarativos de mayor cuantía.
12. Ahora bien, el hecho de que la sentencia de segunda instancia hubiera
impuesto una condena en abstracto respecto de determinados perjuicios y
hubiera condicionado su determinación a un trámite incidental posterior no
implicó que la fijación de las agencias en derecho debiera esperar hasta la
culminación de dicho trámite. Así mismo, no era procedente acceder a la
solicitud subsidiaria de reducción, pues ya había sido aplicado el porcentaje
mínimo permitido por la regulación vigente por lo que no podía realizarse
reducción alguna. En consecuencia, concedió el recurso de apelación en el
efecto diferido.
2. CONSIDERACIONES
13. Respecto a la procedencia, se advierte que, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se
rige por el CPC, hoy CGP. En ese sentido, el numeral 5 del artículo 366 del CGP
establece que, “la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en
derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y
apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.”8
14. El despacho confirmará el auto que aprobó la liquidación de costas,
ordenado en la sentencia de segunda instancia. Según el numeral 5 del
artículo 366 del CGP, lo que se puede controvertir en esta fase no es la
imposición de la condena sino el monto de las ag encias en derecho . Eso
implica que, en esta decisión, si existen motivos, se pueda ajustar tal monto.
15. Respecto del argumento del recurrente, según el cual la fijación de las
agencias en derecho debía supeditarse a lo que se determinara en el
7 Índice Samai 97 del tribunal.
8 En concordancia con el auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena de esta Corporación el 31 de
mayo de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-11312-00.
Radicación: 25000-23-36-000-2020-00311-02 (74.853)
Demandante: ICBF
Demandado: Subatours SAS
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
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incidente de liquidación de perjuicios derivado de la condena en abstracto,
el Despacho considera que no están llamados a prosperar. En efecto, la
condena en abstracto y la fijación de las agencias en derecho corresponden
a determinaciones distintas, sometidas a reglas y finalidades propias. Mientras
la primera tiene por objeto establecer, mediante el trámite incidental
correspondiente, el valor de los perjuicios reconocidos en la sentencia, las
agencias en derecho se fijan con fundamento en las tarifas est ablecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, atendiendo, entre otros factores, a la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, a la cuantía del
proceso y a las demás circunstancias especiales, de conformidad con el
numeral 4 del artícul o 366 del CGP. En ese sentido, la referida disposición no
establece que la fijación de las agencias en derecho sea conforme al monto
de los perjuicios reconocidos en una condena en abstracto.
16. Además, incluso cuando el proceso
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.