Titulación de la relatoría 23.557 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ÚNICA INSTANCIA / FALLO DE ÚNICA INSTANCIA / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿No se demostró el supuesto de hecho que le da sustento a la presunción de dolo establecida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, pues la ANM no realizó un ejercicio probatorio tendiente a demostrar que la finalidad perseguida por el demandado con su decisión fue la de favorecer “exclusivamente intereses personales y particulares de los agentes del Estado”?
Respuesta al problema jurídico: No
Se demandó a través del medio de control de repetición al señor Mario Ballesteros Mejía, con el fin de que se le ordene reintegrar las sumas de dinero que dicha entidad tuvo que pagar en cumplimiento de la condena impuesta en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se anuló la Resolución n.° D-273 del 21 de junio de 2010, a través de la cual el demandado, en su condición de director general del Ingeominas, declaró insubsistente el nombramiento ordinario de la señora Gloria Stella del Socorro Arias Pinzón en el cargo de subdirectora de Fiscalización y Ordenamiento Minero, el cual era de libre nombramiento y remoción. (...) En el presente asunto, evidencia la Sala que, aunque en uno de los apartes de la demanda se calificó la conducta del señor Mario Ballesteros Mejía como gravemente culposa, lo cierto es que esa es la única mención que se hizo a dicha tipología de conducta, en tanto que, como quedó visto, los esfuerzos argumentativos de la ANM se dirigieron única y exclusivamente a estructurar la presunción de dolo contenida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, razón por la cual esta última modalidad de conducta es la única que se puede analizar en este asunto. Como se indicó, la ANM le reprochó al señor Mario Ballesteros Mejía haber declarado insubsistente el nombramiento de la señora Gloria Stella Arias Pinzón por las discrepancias que existían entre ella y su superior jerárquico, el director del servicio minero del Ingeominas. Para la entidad demandante, la finalidad perseguida por el demandado con su decisión no fue la de mejorar el servicio, sino favorecer “exclusivamente intereses personales y particulares de los agentes del Estado”, de ahí que su comportamiento se enmarcara en una desviación de poder. Afirmó que dicha conclusión se desprendía del “análisis juicioso” del material probatorio que se allegó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Bajo ese entendido, dado que la imputación de responsabilidad en contra del demandado se edificó sobre una conducta dolosa, apoyada en la presunción del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, el análisis de la Sala gravitará en torno a definir si el material probatorio allegado a este proceso resulta suficiente para demostrar el supuesto de hecho contenido en la aludida presunción. (...) Como se indicó, para la entidad demandante la finalidad perseguida por el señor Mario Ballesteros Mejía no fue mejorar el servicio, sino favorecer “exclusivamente intereses personales y particulares de los agentes del Estado”, todo lo cual se desprendía de la valoración probatoria y consideraciones plasmadas en las sentencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento que promovió la afectada con esa decisión. Lo anterior fue controvertido por el demandado, al estimar que dichas providencias resultaban insuficientes para demostrar su culpabilidad y que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la señora Arias Pinzón fue una decisión que se adoptó en ejercicio de su facultad discrecional, la cual, incluso, fue convalidada en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra. 59. Preliminarmente se advierte que el argumento propuesto por la ANM no está llamado a prosperar. (...) dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al referido medio de control, el juez de este tipo de procesos no puede limitarse a reproducir, de manera mecánica, las consideraciones de la sentencia por medio de la cual se condenó a una entidad pública, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, con apoyo en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente allegados a este nuevo juicio. Idéntica conclusión se predica respecto de las consideraciones y conclusiones probatorias a las que arribaron dichos jueces, las cuales tampoco pueden ser tenidas en cuenta en sede de repetición, por cuanto, contrario a lo sugerido por la ANM, ello implicaría aceptar el juicio que se formó el juez de un proceso diferente, sin que el aquí demandado tenga la oportunidad de contradecir tales argumentos, refutar las pruebas o intervenir en su producción. (...) En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2020, al precisar que “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, por cuanto la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. Bajo ese entendido, es claro que las consideraciones de las sentencias del 4 de junio de 2012 y del 9 de abril de 2013, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, no constituyen prueba de la finalidad oculta que se le reprochó al demandado y, por tanto, la imputación que se realizó en su contra no está llamada a prosperar. (...) para la Sala resulta evidente la ligereza con la cual la ANM atendió el proceso de repetición, toda vez que simplemente se limitó a afirmar que la intención perseguida por el señor Mario Ballesteros Mejía, al retirar del servicio a una empleada que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, fue contraria al buen servicio, con base en las consideraciones de las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento que promovió la afectada con esa decisión, sin esforzarse por allegar pruebas tendientes a acreditar que la verdadera intención del demandado fue favorecer “exclusivamente intereses personales y particulares de los agentes del Estado”, como enfáticamente lo afirmó. Lo expuesto con antelación, en modo alguno significa que el operador judicial del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se hubiese equivocado, sino que, en el marco de la libre valoración de pruebas, el juez de la repetición arriba a conclusiones jurídicas distintas y, en este caso, el escaso material probatorio allegado al proceso no permite demostrar la intención alejada del buen servicio público que se le atribuyó al demandado. (...) Se recuerda que con la figura de la repetición el legislador no pretendió imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, razón por la cual su procedencia está condicionada a que, además de los requisitos objetivos, se acredite con suficiencia la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos; además de que su comportamiento fue “premeditado, negligente o manifiestamente imprudente”. Así las cosas, dado que la ANM no realizó un ejercicio probatorio tendiente a demostrar que la finalidad perseguida por el demandado con su decisión fue la de favorecer “exclusivamente intereses personales y particulares de los agentes del Estado”, para la Sala es claro que no se demostró el supuesto de hecho que le da sustento a la presunción de dolo establecida en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por lo que las pretensiones formuladas en contra del señor Mario Ballesteros Mejía por la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento que promovió la señora Gloria Stella Arias Pinzón no tienen vocación de prosperidad.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la desviación del poder como presunción de conducta dolosa, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de marzo de 2024, exp. 70456. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. “Las consideraciones de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no son oponibles a los agentes estatales demandados porque estos no hicieron parte de dicho proceso, y las pruebas practicadas en esa actuación no fueron trasladadas al presente trámite. Por consiguiente, tales sentencias no pueden ser tenidas como prueba del elemento subjetivo de la repetición”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 66200. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración” Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / SENTENCIA CONDENATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La condena de una entidad estatal, a través de un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad de la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño por el cual resultó condenado el Estado?
Respuesta al problema jurídico: No
Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Sección Tercera de esta Corporación, la condena de una entidad estatal, a través de un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia -por razón de su objeto, de las partes que intervienen, de las pretensiones que se examinan e incluso de los medios de prueba que se allegan y se valoran para la expedición del respectivo fallo- no implica automáticamente la responsabilidad de la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño por el cual resultó condenado el Estado, por cuanto la conducta que se le endilga debe quedar establecida en el respectivo proceso de repetición. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al referido medio de control, el juez de este tipo de procesos no puede limitarse a reproducir, de manera mecánica, las consideraciones de la sentencia por medio de la cual se condenó a una entidad pública, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, con apoyo en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente allegados a este nuevo juicio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450, y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.
DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La presunción de dolo prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, no se cumple con la sola declaratoria de nulidad de la decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
En efecto, como se explicó en la sentencia SU-354 de 2020, los jueces deben velar por la correcta aplicación de las presunciones y verificar que el hecho indicador de cada una de ellas se acredite, lo cual en el caso de la presunción de dolo prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (en su redacción original) no se cumple con la sola declaratoria de nulidad de la decisión, por cuanto la existencia de un objetivo contrario al del buen servicio debe quedar plenamente demostrada en el proceso de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el concepto de desviación de poder?
Respuesta al problema jurídico: Si
La desviación de poder consiste en que la atribución de que está investida una autoridad no se ejerce para obtener el fin o cometido que la ley persigue, sino para uno distinto, razón por la cual para que se configure, el juez debe llegar a la pena convicción de que quien profirió el acto administrativo se alejó de la finalidad del buen servicio.
NOTA DE RELATORÍA:
“El móvil, como ha sido definido, es el fin o el propósito que se quiere lograr con la expedición de una decisión administrativa, esto es, lo que en definitiva conlleva a la autoridad a tomar una medida en determinado sentido, pero atendiendo siempre el interés general y el mejoramiento del servicio público. Por eso se dice que cuando la autoridad profiere una decisión administrativa para la cual la ley le ha otorgado competencia, pero lo hace con un fin distinto del previsto por el legislador se incurre en una desviación de poder Este vicio se configura cuando se está ante la presencia de una intención particular, personal o arbitraria de quien actúa a nombre de la Administración, en la búsqueda de un fin opuesto a las normas en las que debe fundarse que, tratándose de actos discrecionales, no es otro que el interés general o el bien común. Así pues, demostrar la desviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. Cuando se invoca este vicio, necesariamente, la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 3 de mayo de 2007, rad. 4470-04. C.P. Alberto Arango Mantilla.
DOLO / CONCEPTO DE DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La conducta es dolosa cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y se presume que existe dolo en la actuación del agente, entre otros eventos, por obrar con desviación de poder?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la conducta es dolosa cuando el agente quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado y se presume que existe dolo en la actuación del agente, entre otros eventos, por obrar con desviación de poder (núm. 1).
RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / DECLARACIÓN DE NULIDAD / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVINCULACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO / DESVINCULACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la ilegalidad de una resolución de desvinculación no acarrea necesariamente la responsabilidad patrimonial del agente público?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a correcta utilización de las presunciones [dolo y culpa grave] es indispensable que la administración acredite “el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere”. Exigencia que, de acuerdo con la referida autoridad judicial, adquiere mayor relevancia en los casos relacionados con despidos o retiros de personal, en los cuales, pese a que los supuestos de hecho de las presunciones se asemejan a algunas de las causales de nulidad, “lo cierto es que la declaratoria de la ilegalidad de una resolución de desvinculación no acarrea necesariamente la responsabilidad patrimonial del agente público, puesto que, con fundamento en lo establecido en el Art. 90 de la Constitución, siempre se requerirá la demostración de su culpabilidad en las modalidades de dolo o culpa grave”.
NOTA DE RELATORÍA:
“Al punto, la Corte reafirma que la conclusión a partir de la cual se declara la nulidad de un acto administrativo y la consecuente obligación de reparar a cargo del Estado, no necesariamente permite dar por establecido el elemento subjetivo requerido para edificar la responsabilidad del funcionario. En efecto, en el primer escenario se examina la actuación de la entidad en su conjunto sin que sea relevante el rol de cada individuo en la causación del daño. En cambio, en el segundo ámbito se analiza la conducta de una persona específica que pertenece a la institución, por lo que deben valorarse elementos como el grado de participación del agente en el menoscabo, la posibilidad de precaver la producción del mismo, entre otros”. Corte Constitucional, sentencia SU354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las presunciones de dolo y culpa grave contempladas en la Ley 678 de 2001 son legales -que admiten prueba en contrario con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-374 de 2002, indicó que las presunciones de dolo y culpa grave contempladas en la Ley 678 de 2001 son legales -que admiten prueba en contrario con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa del demandado, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, se le habría quitado la posibilidad de demostrar que su conducta no fue premeditada, imprudente o manifiestamente negligente. En línea con lo anterior se ha explicado que cuando la pretensión de regreso se fundamenta en una de las referidas presunciones, como ocurre en este caso, la entidad tiene que demostrar el supuesto de hecho que le sirve de sustento para que pueda operar frente al demandado. Así también lo dejó claro la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2020, al señalar que para la correcta utilización de las presunciones es indispensable que la administración acredite “el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere”.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203, reiterada por esta Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de agosto de 2017, exp. 42777 y del 20 de junio de 2023, exp. 58198. “.. de haberlas calificado de derecho, la acción de repetición carecería de sentido. Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en contra, por fundarse en el orden público], el demandado en una acción de repetición no tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que se le reprocha no ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se encontraría en una posición en la cual no podría ejercer su derecho de defensa, lo que implicaría la violación del artículo 29, según el cual toda persona tiene derecho a ‘presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra’”. Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203, reiterada, entre otras, en la sentencia del 19 de marzo de 2019, exp. 52945. C.P. María Adriana Marín.
IMPUTACIÓN DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante no es procedente, por cuanto no es posible que un funcionario de manera consciente y voluntaria quiera un resultado ajeno a las finalidades del servicio (dolo) y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo, pero en este caso sí es posible hacer el doble estudio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección ha sido enfática en señalar que una imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa grave de manera concomitante no es procedente, por cuanto no es posible que un funcionario de manera consciente y voluntaria quiera un resultado ajeno a las finalidades del servicio (dolo) y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; no obstante, si se considera que el caso concreto permite una doble atribución de responsabilidad, la parte interesada deberá plantear las distintas imputaciones de forma separada (como pretensión principal y subsidiaria) y sustentarlas, en la medida en que solo así se garantiza el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
“Bajo ese contexto, realizar una imputación en la que se alegue una culpa grave y dolo de manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible que el funcionario o exfuncionario, al mismo tiempo, quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y, a su vez, no busque desmejorarlo. Así, si el caso concreto permite una doble atribución de la conducta respecto de cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese tipo, el interesado deberá plantear sus pretensiones de manera principal y subsidiaria, dado que, de esa forma, el demandado podrá ejercer su derecho de defensa debidamente”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62110. C.P. María Adriana Marín; reiterada por esta Subsección, entre otras, en las siguientes providencias: del 15 de septiembre de 2023, exp. 67371, del 3 de marzo de 2023, exp. 68569, del 21 de abril de 2022, exp. 67609, del 7 de diciembre de 2021, exp. 58163, del 21 de noviembre de 2022, exp. 62364.
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, es improcedente la condene en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la Agencia Nacional de Minería.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519; sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188