Titulación de la relatoría 30.483 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VIGENCIA DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / JEFE DE CONTROL INTERNO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se demostró el obrar doloso con desviación de poder del Ex Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.), al haber proferido la Resolución N° 0854 del 6 de septiembre de 2000, por medio de la cual declaró insubsistente a Pedro Absalón Cifuentes Cerón, para el cargo de Jefe de la Oficina 0137-16 de la planta global de la Superintendencia de Industria y Comercio asignado en la oficina de calidad, y nombró a Luis Uriel Palacios Torres?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del 10 de marzo de 2011, aclarada por providencia del 14 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad de la Resolución 854 del 6 de septiembre de 2000 expedida por el Ministro de Desarrollo Económico de la época Augusto Ramírez Ocampo, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento del señor Pedro Absalón Cifuentes Cerón y se condenó a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el momento de su desvinculación, hasta su reintegro. La Superintendencia de Industria y Comercio activó el medio de control de repetición, en contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo, en procura de la repetición de lo pagado para honrar esa condena. (...) La norma constitucional establece que el juicio de repetición supone un reproche subjetivo en contra del agente señalado como responsable de la condena al Estado, juicio que se materializa en la demostración en controversia judicial, de su conducta determinante del daño objeto de resarcimiento, como “dolosa o gravemente culposa”, lo que supone un análisis de la conducta del agente. (...) Como se dijo anteriormente, el régimen jurídico aplicable para determinar la responsabilidad del demandado y, por ende, establecer si actuó con dolo, es el vigente a la fecha en que los hechos ocurrieron, por tanto, al margen de la invocación que hizo la parte accionante, lo cierto es que en el sub examine no hay lugar a acudir a las presunciones establecidas en esta materia por la Ley 678 de 2001 y, por tanto, para que prospere la repetición deberá quedar plenamente demostrado con el acervo que obra en el expediente, que el Ex Ministro desplegó una conducta dolosa al momento de proferir la resolución anulada. Para dilucidar el problema planteado, resulta válido precisar que la calificación de la conducta del agente o ex agente demandado en repetición supone, en el caso concreto, la concreción de una actuación dolosa a partir de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva, que exige el análisis del comportamiento del servidor para determinar si estuvo dirigido a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo) representado en una actuación denotativa de desviación de poder. (...) En este caso, si bien, la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó en la demanda la práctica de los testimonios de los señores Luís Uriel Palacios Torres y Pedro Absalón Cifuentes Cerón, lo cierto es que, en la audiencia de pruebas, de conformidad con el artículo 175 del CGP, se entendió que la parte accionante desistió de la prueba, en la medida en que no se logró localizar a los deponentes. Decisión que se notificó en estrados, frente a la cual no se interpusieron recursos. Por otra parte, se resalta que reposa en el expediente el Oficio 82118, mediante el cual la Contraloría Delegada para la responsabilidad fiscal intervención judicial y cobro coactivo informó que se verificó en las bases de datos y no se encontró ningún registro sobre antecedentes, indagaciones o procesos de responsabilidad fiscal, en trámite o en archivo, relacionados con el Ex Ministro de Desarrollo Económico, Augusto Ramírez Ocampo, por haber proferido la Resolución número 0854 del 6 de septiembre de 2000. La inactividad probatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto no solicitó prueba alguna para demostrar la culpa grave que le endilga al demandado —pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos— no se compadece con el deber que le asiste a las partes de “(…) probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, en los términos de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso; por tanto, debe asumir las consecuencias de su inactividad. 4.6.3. Al margen de lo expuesto, para examinar la actuación desplegada por el repetido, la Sala considera pertinente analizar los argumentos expuestos por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo proferido por señor Augusto Ramírez Ocampo. El referido tribunal, señaló que el artículo 8° del Decreto 2539 de 2000 preceptuaba que la competencia nominadora de los jefes de control interno en las entidades públicas de la rama ejecutiva, a nivel nacional, estaba adscrita en el Presidente de la República y sus ministros, sin embargo, esta norma fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de octubre de 2008. Como consecuencia de esa nulidad, recobró vigencia el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que estatuye que la designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del control interno, entre otros cargos, es de competencia del representante legal o máximo directivo del organismo respectivo (...) Así entonces, conforme a lo explicado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es posible colegir, que la nulidad del Decreto que facultaba al Presidente de la República, y en ese sentido, también a los ministros de despacho, fue declarada nula con posterioridad a la fecha en la que el señor Augusto Ramírez Ocampo emitió la Resolución 0854 del 6 de septiembre de 2000. Por consiguiente, la Sala observa que el repetido actuó conforme a las normas vigentes para la época de los hechos y en ese sentido no se vislumbra actuación dolosa o gravemente culposa en su proceder. En estas condiciones se impone una respuesta negativa al problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Exp. 26708 y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de octubre de 2008, Exp. 11001-03-25-000-200200253-01.
FUENTE FORMAL:
LEY 87 DE 1993 - ARTÍCULO 11
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / HEREDERO / CALIDAD DE HEREDERO / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / SUCESIÓN PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿A propósito de la acción de repetición, se encuentran legitimados por pasiva los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo (Q.E.P.D.), en su condición de continuadores del patrimonio del agente Estatal fallecido, a sabiendas que la sucesión se tramitó con beneficio de inventario y se liquidó en ceros?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, es este un asunto sobre el cual ha gravitado buena parte de la controversia, motivo este que llama a algunas reflexiones necesarias para establecer si los herederos del agente estatal llamado en principio a repetir lo pagado pueden concurrir en calidad de demandados al juicio de repetición y, de ser el caso, ser condenados. La legitimación por pasiva ha de establecerse en cada caso a partir del artículo 90 de la Constitución política, cuyo texto, analizado en clave puramente exegética no deja margen a la duda: reside en el servidor o exservidor público, por cuyo proceder doloso o gravemente culposo causó daño antijurídico que hubo de reparar el Estado. De esta exégesis se ha inferido el carácter personal de la acción de repetición. En este orden de ideas, para la configuración de la legitimación en la causa por pasiva en este medio de control, basta con que se demuestre que el demandado tenía la condición de servidor público para el momento en que acaecieron los hechos que comprometieron la responsabilidad del Estado, circunstancia esta que quedó suficiente y pacíficamente establecida en primera instancia en relación con el señor Augusto Ramírez Ocampo El artículo 90 constitucional tuvo desarrollo legislativo con la Ley 678 de 2001 cuyos artículos 2 y 3 caracterizaron a la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, al tiempo que decantaron su teleología en cuanto instrumento garante de los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, de modo que, en adición a sus fines retributivos, está llamada a cumplir un propósito preventivo y propedéutico que en modo alguno puede entenderse excluyente de su principal objetivo resarcitorio. Atendiendo a su naturaleza civil y patrimonial, esta Sala ha venido admitiendo en algunos casos la extensión de la legitimación por pasiva a los herederos del servidor o exservidor público causante con su proceder de daño antijurídico reparado por el Estado48, tesis que guarda armonía con los lineamientos normativos que el derecho civil traza en el artículo 2343 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto, en aquellos asuntos que no hayan sido objeto de expresa disposición por una legislación especial, el régimen de las obligaciones del particular frente al Estado se gobierna por el derecho civil. La obligación de repetición que nos concierne pesa sobre un particular, quien no pierde tal condición por el hecho de la calificación que de él haga la norma constitucional, como un servidor o ex servidor del Estado. Esta resulta insuficiente per se para justificar el trato diferenciado de esta obligación respecto de las demás de contenido patrimonial y personal, esto es, no real, sino crediticio. La parte demandante, en el presente asunto, ha venido conforme al artículo 81 del Código de procedimiento civil vigente para el momento en que incoó la acción de repetición, demandando a quienes señaló como herederos determinados e indeterminados. No trajo, es verdad, la prueba de la condición de herederos de aquellas personas a quienes demandó como herederos determinados. Sin embargo, la señora Elsa Ramírez Koppel, quien se vinculó al proceso como parte de su extremo pasivo y contestó la demanda, allegó, como prueba de descargo copia del acto de liquidación de la sucesión de su padre, Augusto Ramírez Ocampo, en la que consta que, mediante apoderado, los señores Augusto, Jorge, Felipe, Mauricio y Elsa Ramírez koppel concurrieron a ese acto de liquidación como herederos del causante. En consideración a la existencia del acto liquidatorio de la sucesión del principal llamado a la repetición demandada, en el que reconocen su condición de herederos suyos, la Sala encuentra en ese documento la prueba de su condición de herederos, y de contera, de su legitimación por pasiva para esta causa. Cosa diferente será la determinación de las consecuencias del beneficio de inventario al que se acogieron al momento de aceptar la herencia, asunto que ha de resolverse, y sólo si a ello hay lugar, con ocasión del estudio del fondo de este litigio, una vez se haya agotado el análisis de la prueba del elemento subjetivo de la responsabilidad en sede de repetición de lo pagado por la demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 54777 y, sentencia del 24 de enero de 2024, rad. 67335.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver la demanda interpuesta mediante el medio de control contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD, quien ostentó la calidad de Ministro de Desarrollo Económico cuando ejecutó la conducta cuestionada por el actor?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición, según lo prescrito por el artículo 7 (inciso 1º) de la Ley 678 de 2001 . En consonancia con lo anterior, esta Corporación es competente para resolver en única instancia la demanda presentada, de conformidad con el artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (sin la modificación introducida por el artículo 25 de la Ley 2080 de 2021), que disponía el factor subjetivo como prevalente para determinar la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las acciones de repetición; es decir, el factor que atiende a la calidad de la persona que constituye, específicamente, el extremo pasivo de la litis. Huelga decir que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: (i) cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, o (ii) cuando la causa que motiva el proceso la constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de tales cargos, pero que al momento de presentación de la demanda la persona ya no lo ocupa. Precisado lo anterior, se tiene que la demanda se dirigió en contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD, quien ostentó la calidad de Ministro de Desarrollo Económico cuando ejecutó la conducta cuestionada por el actor, y por ende, esta Corporación es competente para decidir este proceso en única instancia. En el mismo sentido, cabe precisar, que la calidad del agente se encuentra acreditada con el Decreto 129 del 11 de Julio de 2000, expedido por el Presidente de la República, con el cual nombró al señor Augusto Ramírez Ocampo como Ministro de Desarrollo Económico y la Resolución 0854 de 2000, que demuestran que fungió en tal condición para la época de los hechos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 25, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La demanda interpuesta mediante el medio de control contra de los herederos del señor Augusto Ramírez Ocampo QEPD, quien ostentó la calidad de Ministro de Desarrollo Económico, se interpuso antes del vencimiento del término legal para la configuración de la caducidad del medio de control?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 10 de marzo de 2011, que revocó aquella proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Bogotá, el 21 de mayo de 2010, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral iniciado por Pedro Absalón Cifuentes Cerón en contra de la aquí demandante, decidió: (i) declarar la nulidad de la Resolución 0854 del 6 de septiembre de 2000 -a través de la cual se hizo un nombramiento ordinario-, y (ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del señor Pedro Absalón Cifuentes Cerón al mismo cargo que este desempeñaba en esa entidad (Jefe de Oficina 0137-16 de la planta global asignado a la Oficina de Calidad de la Superintendencia de Industria y Comercio) u otro de equivalente categoría, con el correspondiente pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de su retiro hasta el momento en que se produjera efectivamente el reintegro. Por lo tanto, el plazo de vigencia del presente medio de control comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del 4 de agosto de esa anualidad. De acuerdo con el artículo 11 ejusdem —vigente para la presentación de la demanda— y según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, la pretensión de repetición está sujeta a un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal previsto para que sea cancelado. Esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. En este proceso se acreditó que: (i) la Superintendencia de industria y comercio fue condenada con sentencia del 10 de marzo de 2011, la cual fue aclarada por con providencia del 14 de julio de 2011 (que se notificó por estado el 21 de julio de 2011); (ii) la condena fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA), por lo que dicho ente debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de esa codificación; (iii) la aquí demandante contaba así con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a lo fallado y este se cumplió el 21 de enero de 2013; y (iv) que, de acuerdo con la constancia expedida el 20 de junio de 2013 por el pagador de la Superintendencia de Industria y Comercio, el último pago realizado en cumplimiento de la sentencia condenatoria fue hecho por esa entidad el día 28 de diciembre de 2012, es decir dentro del plazo otorgado por la ley. Por lo tanto, en el sub lite, el término para presentar la demanda de repetición caducaba el 29 de diciembre de 2014. Como la demanda que inició este proceso fue radicada el 28 de junio de 2013, se impone concluir que el medio de control fue incoado en forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177
PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO EFECTIVO / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago34 y, por tanto, una prueba que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, también lo es que esta no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido?
Respuesta al problema jurídico: Si
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil), es decir, consiste en una conducta positiva o de abstención –dar, hacer o no hacer– según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la ocurrencia de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Sea necesario anotar que, nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues, la legislación adjetiva, en concordancia con la cual deben interpretarse aquellas normas, estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, también lo es que esta no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código de Procedimiento Civil. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena para considerar que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas son elaborados por ellos mismos, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, permiten establecer que se trata de documentos públicos completamente válidos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (...) Esta prueba debe ser puesta a disposición de las partes, y podrá ser controvertida, objetada o tachada por falsedad. Pero, en este caso, aunque estuvo a disposición, no hubo debate sobre su validez ni sobre su eficacia. El ente demandante, para acreditar el pago efectivo de la obligación reparatoria, aportó los siguientes documentos: (i) sentencia del 10 de marzo de 2011, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por la entidad accionante y se declaró la nulidad de la Resolución 25363 del 26 de abril de 2012. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenó a la Nación-Ministerio de Desarrollo Económico a reintegrar a Pedro Absalón Cifuentes Cerón al cargo de Jefe de Oficina 0137-16 de la planta global asignada a la Oficina de Calidad de la Superintendencia de industria y Comercio u otro de equivalente categoría; así como reconocer, liquidar y pagar los sueldos y salarios dejados de percibir, debidamente indexados mes a mes; (ii) Auto del 14 de julio de 2011, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que aclaró la referida sentencia, en el sentido de indicar que la condenada era la Superintendencia de Industria y Comercio (iii) Resolución 25363 del 26 de abril de 2012, por medio de la cual la secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio liquidó los valores para cubrir las obligaciones decretadas en la sentencia del 10 de marzo de 2011 y ordenó el pago por la suma de mil quinientos cincuenta y ocho millones quinientos noventa y siete mil doscientos dos pesos con 46 centavos ($1.558.597.202,46)37; (iii) certificación suscrita por el profesional especializado 2028-13 con asignación de funciones de pagador de la Superintendencia de industria y Comercio, en la que hace constar que se pagaron los siguientes valores: ($839.939.828,00), ($88.944.171,44), ($368.794.793,00), ($107.246.365,65), ($85.809.342,00), ($29.071.245,00), ($8.117.497,00) y ($160.876.969,00)38; (iv) comprobantes de egreso suscritos por el tesorero pagador de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que consta las transferencias de la suma de dinero prevista en la resolución 25363 del 26 de abril de 2012. De esta forma, los documentos anteriormente relacionados, que no fueron controvertidos por los accionados, son prueba suficiente de que el organismo realizó el pago, pues se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra y dan cuenta del nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presumen auténticos, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía. Así las cosas se impone una respuesta afirmativa en torno a la acreditación del pago efectivo de la condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1439, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCANCE DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / NATURALEZA DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / OBJETO DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY / RETROACTIVIDAD DE LA LEY
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el hecho dañoso que dio lugar a la condena ocurrió el seis (6) de septiembre de dos mil (2000), los aspectos sustanciales del caso sub judice le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 63 del Código Civil, y, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984, y, en consecuencia, no son aplicables a él las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001. En el ámbito procesal, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, aplican las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, por ser la normativa vigente al momento de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA / FALLO DE ÚNICA INSTANCIA / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en única instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Las agencias en derecho se fijan en favor de Elsa Ramírez Koppel, comoquiera que fue la única de las demandadas que compareció y actuó dentro de las presentes diligencias.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366