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FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-
Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Lo que dijo la Sala
La jurisdicción de lo contencioso administrativo debe decidir tomando en consideración el ordenamiento superior y todas las normas de derecho público aplicables. Tal es el caso de los principios constitucionales y de las prohibiciones de rango legal.… La Sala debió anular el convenio interadministrativo celebrado entre las partes, pues existe una prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta es una norma que encuentra respaldo constitucional en el principio de libre concurrencia de los oferentes, quienes ejercen una actividad económica lícita.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿En el presente caso debe anularse el convenio interadministrativo celebrado entre las partes, dado que existe la prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y solo de esa manera se reinstauraría el respeto por las normas del ordenamiento jurídico?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NORMA DE DERECHO PÚBLICO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / OFERENTE / NULIDAD DEL CONTRATO / ENTIDAD ESTATAL / ENTIDAD PÚBLICA / FONADE / ICBF / TERCERIZACIÓN / DERECHO PRIVADO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En el presente caso debe anularse el convenio interadministrativo celebrado entre las partes, dado que existe la prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y solo de esa manera se reinstauraría el respeto por las normas del ordenamiento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo debe decidir tomando en consideración el ordenamiento superior y todas las normas de derecho público aplicables. Tal es el caso de los principios constitucionales y de las prohibiciones de rango legal. (…) La Sala debió anular el convenio interadministrativo celebrado entre las partes, pues existe una prohibición de eludir los procedimientos de selección en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta es una norma que encuentra respaldo constitucional en el principio de libre concurrencia de los oferentes, quienes ejercen una actividad económica lícita. Luego, resulta contrario a la disposición del artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993 y a los artículos 333 y siguientes de la Constitución Política que se omita el análisis de la nulidad de contratos que, claramente, están orientados a eludir, o a concretar la elusión de los procedimientos de selección que debió haber realizado una entidad estatal. (…) El Fonade se había comprometido a ejecutar un proyecto relacionado con la archivística del ICBF. Sin embargo, en el expediente está demostrado que el Fonade sub-contrató la ejecución de las labores que presuntamente le habían sido encomendadas. Es decir, subcontrató, en el marco de un régimen de derecho privado, las actividades que pudo haber contratado directamente el ICBF en aplicación de las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) Por las razones recién referidas, con sustento en el artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993, considero que la Sala debió confirmar la decisión del Tribunal de declarar la nulidad del convenio que dio origen al litigio, pues solo de esa manera se reinstauraría el respeto por las normas del ordenamiento jurídico que las partes pretendieron burlar. Finalmente, tampoco comparto algunas afirmaciones genéricas de la Sala, según las cuales “la violación de los principios de la contratación pública no constituye causal de nulidad absoluta de los contratos” y similares. Advierto que no comparto esta y afirmaciones similares no porque considere que la violación de los principios sea una causal independiente de nulidad. Sin embargo, considero que falta precisión a esta y afirmaciones similares porque, por ejemplo, el artículo 1519 del Código Civil prescribe que es nulo todo lo que contraviene el derecho público de la nación y, en el estado actual de la evolución del derecho, ciertos principios son también parte del derecho público de la nación. De igual manera, los principios a veces encuentran su concreción por medio de reglas en la forma de prohibiciones, como la contenida en el artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993; en ese sentido, una violación a tales reglas, que no son nada distinto a la manifestación de ciertos principios, puede hacer que un contrato sea celebrado “contra expresa prohibición legal o constitucional”, lo que lo torna nulo de conformidad con el artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1519, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 333, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2
Texto extraído del PDF oficial 3.987 caracteres
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www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Fredy Ibarra Martínez
Radicación: 25-000-23-36-000-2013-01705-01 (59792)
Demandante: Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Demandado: Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo (FONADE)
Referencia: Controversias contractuales
Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata
1. Presento las razones por las cuales salvé mi voto en la Sentencia de 19 de
octubre de 2022, en la cual se revocó la decisión de primera instancia.
2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo debe decidir tomando en
consideración el ordenamiento superior y todas las normas de derecho público
aplicables. Tal es el caso de los principios constitucionales y de las prohibiciones
de rango legal.
3. La Sala debió anular el convenio interadministrativo celebrado entre las
partes, pues existe una prohibición de eludir los procedimientos de selección en
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta es una
norma que encuentra respaldo constitucional en el principio de libre
concurrencia de los oferentes, quienes ejercen una actividad económic a lícita.
Luego, resulta contrario a la disposición del artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993 y a
los artículos 333 y siguientes de la Constitución Política que se omita el análisis de
la nulidad de contratos que, claramente, están orientados a eludir, o a concretar
la elusión de los procedimientos de selección que debió haber realizado una
entidad estatal.
4. El Fonade se había comprometido a ejecutar un proyecto relacionado con la
archivística del ICBF. Sin embargo, en el expediente está demostrado que el
Fonade sub-contrató la ejecución de las labores que presuntamente le habían
sido encomendadas. Es decir, subcontrató, en el marco de un régimen de
derecho privado, las actividades que pudo haber contratado directamente el
ICBF en aplicación d e las normas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Radicación: 25-000-23-36-000-2013-01705-01 (59792)
Demandante: Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Demandado: Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo (FONADE)
Referencia: Controversias contractuales
Salvamento de voto
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5. Por las razones recién referidas, con sustento en el artículo 44-2 de la Ley 80 de
1993, considero que la Sala debió confirmar la decisión del Tribunal de declarar
la nulida d del convenio que dio origen al litigio, pues solo de esa manera se
reinstauraría el respeto por las normas del ordenamiento jurídico que las partes
pretendieron burlar.
6. Finalmente, tampoco comparto algunas afirmaciones genéricas de la Sala,
según las c uales “ la violación de los principios de la contratación pública no
constituye causal de nulidad absoluta de los contratos” y similares. Advierto que
no comparto esta y afirmaciones similares no porque considere que la violación
de los principios sea una c ausal independiente de nulidad. Sin embargo,
considero que falta precisión a esta y afirmaciones similares porque, por ejemplo,
el artículo 1519 del Código Civil prescribe que es nulo todo lo que contraviene el
derecho público de la nación y, en el estado actual de la evolución del derecho,
ciertos principios son también parte del derecho público de la nación. De igual
manera, los principios a veces encuentran su concreción por medio de reglas en
la forma de prohibiciones, como la contenida en el artículo 24-8 de la Ley 80 de
1993; en ese sentido, una violación a tales reglas, que no son nada distinto a la
manifestación de ciertos principios, puede hacer que un contrato sea celebrado
“contra expresa prohibición legal o constitucional ”, lo que lo torna nulo de
conformidad con el artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993.
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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