Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico tiene como consecuencia su expulsión del ordenamiento jurídico
Lo que dijo la Sala
La providencia objeto de salvamento parcial de voto incurre en una imprecisión al indicar que “la nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación”. Al respecto, basta con señalar que la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es, antes que cualquier otra cosa, su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactivo, como “si no hubiese existido el acto o contrato nulo” –lo que comprende la extinción o terminación de las obligaciones en él contenidas, de conformidad con el numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil–.
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Problema jurídico
¿La declaratoria de nulidad de un negocio jurídico tiene como consecuencia su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactivo, como si no hubiese existido el acto o contrato nulo?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿Aunque resulte improcedente la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera cuando con posterioridad a su celebración una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo…
- ¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación del principio de precaución previsto en el 1º de la Ley 99 de 1993?
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Titulación de la relatoría 4.892 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ALCANCE DE LA NULIDAD / DECLARACIÓN DE NULIDAD / INVALIDEZ DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La declaratoria de nulidad de un negocio jurídico tiene como consecuencia su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactivo,
como si no hubiese existido el acto o contrato nulo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a providencia objeto de salvamento parcial de voto incurre en una imprecisión al indicar que “[l]a nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación”. Al respecto, basta con señalar que la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es, antes que cualquier otra cosa, su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactivo, como “si no hubiese existido el acto o contrato nulo” –lo que comprende la extinción o terminación de las obligaciones en él contenidas, de conformidad con el numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil–.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE RESERVA FORESTAL / ZONA DE RESERVA FORESTAL / USO DE ZONA DE RESERVA FORESTAL / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / VALIDEZ DEL CONTRATO / EXCLUSIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL
Problema jurídico:
¿Aunque resulte improcedente la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera cuando con posterioridad a su celebración una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, se debe entender que la declaratoria de Reserva Forestal tiene como consecuencia que el área del contrato de concesión minera traslapada con aquella zona se entiende excluida de pleno derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien comparto la conclusión según la cual “el contrato de concesión no adolece [de] objeto ilícito porque esa zona no estaba restringida de actividades mineras al momento de perfeccionamiento del negocio jurídico”, lamento que la mayoría de los integrantes de la Sala se abstuvieran de hacer mención a los efectos que la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde tuvo sobre el contrato de concesión minera (...). Establecido como quedó en la Sentencia (...) que no era posible declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera (...), lo pertinente era indicar que, en los términos del artículo 363 de la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas), una vez fueron declaradas la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde, el área del contrato de concesión minera (...) traslapada con aquellas se entendió excluida de pleno derecho. En efecto, si bien el contrato en cuestión fue celebrado en vigencia del anterior Código de Minas (Decreto Ley 2655 de 1988) –por lo que, de conformidad con el inciso primero del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en él se entienden “incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”–, el artículo 36 del actual Código de Minas le resulta aplicable, en virtud de lo previsto en el inciso primero del artículo 184 de la Ley 153 de 1887.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 2655 DE 1988, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 18, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 36
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SOLICITUD DE NULIDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD
Problema jurídico:
¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación del principio de precaución previsto en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]stimo que el acápite de la providencia objeto de salvamento de voto parcial denominado “[n]o es posible declarar la nulidad por violación del principio de precaución”, además de ser absolutamente innecesario –en la medida en que (...) no era posible declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera (...), es desacertado. En efecto, como ya lo reconoció la Sala en anterior oportunidad, las vulneraciones al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 pueden dar lugar a anular contratos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de anular los contratos de concesión ante la observancia de vulneraciones al principio de precaución consagrado en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, consultar providencias de 3 de agosto de 2020, Exp. 58710, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 1
Texto extraído del PDF oficial 6.287 caracteres
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www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz
Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01258-01 (55.926)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR)
Demandadas: Agencia Nacional de Minería (ANM) y Agregados El
Triángulo S.A.S.
Referencia: controversias contractuales
Salvamento de voto parcial de Alberto Montaña Plata
Enseguida, presento las razones por las que salvo parcialmente mi voto en
la Sentencia de 26 de enero de 2022:
1. Antes que nada, debo manifestar que la providencia objeto de
salvamento parcial de voto incurre en una imprecisión al indicar que “[l]a
nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto
sucesivo, impone su terminación ”. Al respecto, basta con señalar que la
declaratoria de nulidad de un negocio jurídico es, antes que cualquier otra
cosa, su expulsión del ordenamiento jurídico, su aniquilamiento retroactiv o,
como “si no hubiese existido el acto o contrato nulo” –lo que comprende la
extinción o terminación de las obligaciones en él contenidas, de
conformidad con el numeral 8 del artículo 1625 del Código Civil1–.
2. Lo mismo debo decir de la afirmaci ón desarrollada en los párrafos 16 y
16.1. de la Sentencia de 26 de enero de 2022, en los cuales se sostiene que
“la nulidad sólo opera si se violan normas imperativas vigentes al momento
de su celebración [se refiere a la celebración del contrato]”. Esta afirmación
no es predicable de la nulidad relativa producida por la existencia de algún
vicio del consentimiento (error, fuerza y dolo), sino únicamente de las demás
formas de nulidad a las que hace referencia el artículo 1741 del Código
Civil2.
3. Precisado lo anterior, si bien comparto la conclusión según la cual “el
contrato de concesión no adolece [de] objeto ilícito porque esa zona no
estaba restringida de actividades mineras al momento de
1 Artículo 1625: “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo
capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
(…)
8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión (…)”.
2 Artículo 1741: “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la
naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades
absolutas.
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato”.
Radicación: 25000-23-36-000-2013-01258-01 (55.926)
Demandante: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Demandado: Agencia Nacional de Minería (ANM) y Agregados El Triángulo S.A.S.
Referencia: controversias contractuales
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perfeccionamiento del negocio jurídico ”, lamento que la mayoría de los
integrantes de la Sala se abstuvieran de hacer mención a los efectos que la
declaratoria de la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo
Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde tuvo sobre el contrato
de concesión minera No. GECO-02.
4. Establecido como quedó en la Sentencia de 26 de enero de 2022 que no
era posible declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera
No. GECO-02, lo pertinente era indicar que, en los términos del artículo 36 3
de la Ley 685 de 2001 (actual Código de Minas), una vez fueron declaradas
la Reserva Forestal Protectora y el Distrito de Manejo Integrado del Páramo
de Guargua y Laguna Verde, el área del contrato de concesión minera No.
GECO-02 traslapada con aquellas se entend ió excluida de pleno derecho.
En efecto, si bien el contrato en cuestión fue celebrado en vigencia del
anterior Código de Minas (Decreto Ley 2655 de 1988) –por lo que, de
conformidad con el inciso primero del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en
él se entienden “incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración”–, el artículo 36 del actual Código de Minas le resulta aplicable,
en virtud de lo previsto en el inciso primero del artículo 18 4 de la Ley 153 de
18875.
5. De otra parte, estimo que el acápite de la providencia objeto de
salvamento de voto parcial denominado “[n]o es posible declarar la nulidad
por violación del principio de precaución” , además de ser absolutamente
innecesario –en la medida en que, como se indicó más arriba, no era posible
declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión minera No. GECO -
02–, es desacertado. En efecto, como ya lo reconoció la Sala en anterior
oportunidad, las vulneraciones al principio de precaución consagrado en el
artículo 1 de la Ley 99 de 1993 pueden dar lugar a anular contratos6.
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
3 Artículo 36: “En los contratos de concesión se entenderán excluidas (…) de pleno derecho, las zonas, terrenos y
trayectos en los cuales está prohibida la actividad minera (…)”.
4 Artículo 18: “Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados
por la ley anterior, tienen efecto general inmediato (…)”.
5 El artículo 13 del actual Código de Minas dispone lo siguiente: “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución
Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases (…)”. En ese
mismo sentido, el artículo 7 del anterior Código de Minas establecía: “Declárase de utilidad pública o de interés
social la industria minera en sus ramas de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, fundición,
aprovechamiento, procesamiento, transformación y comercialización”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi nistrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3 de
agosto de 2020, exp. 58.710.