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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020130068001-53211-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-08"
radicado: "25000233600020130068001"
numero: "53211"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-08
- **Radicado:** 25000233600020130068001
- **Número interno:** 53211
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** UNION TEMPORAL BOYACA EN EL 2500, EDIVIAL S.A
- **Demandado:** INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130068001-53211-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020130068001/04D389678681B57A0642EACE7B627C7B3F0322906FCA897627EEB665EEAC15B8/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300680011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no había probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Existe un deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría?
- ¿Las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados en la obra?
- ¿Las fallas en la obra no se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona, sino a la presencia de vicios en el suelo que el

## Extracto

El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los perjuicios causados a favor del demandante.… La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la ejecución del contrato.

## Síntesis temática

La entidad estatal demandada declara legítimamente la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra y hace efectiva la garantía de cumplimiento cuando se constatan vicios en el suelo conocidos y asumidos por el contratista durante la ejecución contractual. De acuerdo con los principios de pericia y probidad que rigen la actividad contractual, el contratista como experto en la materia tiene el deber de actuar con diligencia y proactividad frente a las condiciones geológicas del terreno, sin que pueda alegar la falta de prueba sobre materiales cuando el acto administrativo se fundamentó en la inestabilidad del suelo sobre fallas geológicas identificadas previamente. Si el constructor consiente la ejecución de la obra en dichos puntos sin formular advertencias oportunas, asume la responsabilidad contractual por los perjuicios ocasionados. En consecuencia, las pretensiones de nulidad contra el acto de declaratoria de siniestro deben ser desestimadas por el juez administrativo.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, CONTRATO DE OBRA, EXPERTICIA, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA, PRUEBA TÉCNICA, VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA, PRUEBA EN VIDEO, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA EN VIDEO, INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD, CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO, FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD, NEXO DE CAUSALIDAD, INTERVENTORÍA, CONCEPTO DE INTERVENTORÍA, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSA EXTRAÑA, SINIESTRO, ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRACTUAL, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, ALCANCE DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CARACTERÍSTICAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONCEPTO DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, CONSECUENCIAS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, PRESUPUESTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, PRINCIPIO DE ECONOMÍA, PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, IMPROCEDENCIA DEL TESTIMONIO, VALORACIÓN DEL TESTIMONIO, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, CONSTRUCCIÓN, PRESUNCIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no había probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los perjuicios causados a favor del demandante. (...) La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la ejecución del contrato. No obstante, las resoluciones que declararon la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra no se fundamentaron en la mala calidad de los materiales, sino en la existencia de vicios en el suelo que el contratista debió conocer y que, incluso, fueron identificados por la Unión Temporal en la primera etapa del contrato. (...) Ciertamente, el motivo para atribuirle responsabilidad al contratista fue la existencia de vicios en el terreno que el demandante conocía con anterioridad a la ejecución de la obra. En ese sentido, se desestimará este argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no haya probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro. Al margen de lo anterior, la Sala aclara que en sede judicial la carga de la prueba le compete a quien demanda el acto administrativo y no a la entidad que lo expidió, por lo que el solo señalamiento de que el INVÍAS no probó la mala calidad de los materiales no tendría la virtud de alterar esta carga, que en todo caso radica en cabeza del demandante.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA / EXPERTICIA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Existe un deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
Continuando con los argumentos elevados por el actor para atacar la legalidad de los actos administrativos cuestionados, la Sala analizará si la intervención en terrenos inestables fue efectivamente ordenada por la entidad contratante o por la interventoría, y si este hecho constituye un eximente de responsabilidad del contratista frente a la estabilidad de la obra por vicios del suelo identificados en los estudios y diseños. (...) Del material probatorio revisado, lo primero que puede concluirse es la inexistencia de una orden o autorización expresa por parte del INVÍAS para intervenir los tramos identificados como inestables en los estudios y diseños. Solamente se evidencia prueba de la participación de la entidad, a través de la consultoría de apoyo, en el acta de recibo final y de aprobación de estudios y diseños en la cual se anotaba que el contratista debía identificar los tramos inestables y los posiblemente estables. Luego de la suscripción de esta acta, el contratista y la interventoría clasificaron los tramos del K0+000 al K5+000 y definieron la propuesta de intervención en la reunión llevada a cabo el 8 de mayo de 2006, según se indicó en el oficio C.613.5.3/OB.100/06 antes citado. Este documento no contiene prueba de la autorización por parte del INVÍAS de la sectorización realizada ni de alguna de las metodologías de intervención, pues lo que se señala es que la reunión fue desarrollada “en las oficinas del INVÍAS (…) donde el contratista y la interventoría hicieron una sectorización (…)”. Así las cosas, lo que se logra deducir del documento es que fueron el contratista y la interventoría, sin participación de la entidad, quienes determinaron la forma de intervención de los tramos previamente sectorizados. Ahora bien, este hecho no exonera al contratista de la responsabilidad por la estabilidad de la obra, habida cuenta de que él participó y consintió la definición de los puntos K0+420 a K0+460, K0+400 a K0+470, K0+550 a K0+600, K0+521 a K0+680, K0+750 a K1+114, K0+704 a K1+250 como estables o posiblemente estables, aun cuando en los estudios y diseños ya había identificado que se encontraban sobre una falla geológica. Asimismo, desarrolló con la interventoría la metodología de pavimentación propuesta para estos puntos y decidió realizar la intervención, asumiendo así la responsabilidad por las falencias que se presentaran en la vía a causa de los vicios en el suelo previamente identificados. Lo anterior permite establecer que la intervención en sitios inestables no se trató de una orden por parte de la entidad contratante, sino de un proceso de identificación en el que participó el contratista y en el cual no obra prueba de que haya realizado alguna advertencia, a pesar de haber observado previamente que los 5 kilómetros a intervenir se encontraban ubicados sobre una falla geológica que producían su inestabilidad y que los estudios previos disponían claramente que no se harían intervenciones sobre terrenos ubicados en fallas geológicas. Sobre este asunto, conviene recordar la posición que ha adoptado la Sala frente al deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría, (...) En el presente caso, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 no demostró haber tenido una actitud de precaución, proactiva, diligente y eficiente en el desarrollo del objeto contractual, especialmente, en la pavimentación de los primeros 5 kilómetros de la vía que se encontraban sobre una falla geológica. Por el contrario, el contratista participó con la interventoría en la sectorización de la vía y en la definición de la pavimentación -lo que desvirtúa que aquella hubiese sido ordenada o impuesta-, sin elevar ninguna advertencia sobre los hallazgos que él mismo realizó durante la etapa de estudios y diseños. En tal sentido, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el actor respecto a que la intervención fue ordenada por la entidad y por la interventoría, a pesar de que se había recomendado no pavimentar los primeros 5 kilómetros de la vía, pues como se indicó en líneas precedentes, la Unión Temporal participó en la posterior identificación e intervención de los tramos, guardando una actitud pasiva frente a los riesgos que ya había advertido previamente desde su conocimiento y experticia. Por lo expuesto, la Sala desestimará los argumentos relacionados con la orden dada por la entidad y la interventoría para la intervención de sitios inestables como eximente de responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
No ignora la Sala que, de conformidad con el contenido obligacional del contrato (…) el contratista “debía atender todas las observaciones y requerimientos a los diseños presentadas por la SED, la interventoría y demás autoridades competentes”. Sin embargo, ocurre que esa situación en modo alguno puede considerarse como una razón válida para excusar o relevar al contratista de la pericia y probidad que, como experto en el desarrollo de la obra que se le encomienda y como amplio conocedor de la materia constructiva, se le demanda en la realización del proyecto, lo que a su turno envuelve un deber de precaución y cautela ante la ocurrencia de circunstancias que puedan obstaculizar el resultado esperado al celebrar el negocio. Es con fundamento en su calidad de experto en el desarrollo de la tarea que se le asigna, que es considerado un verdadero colaborador de la Administración en el cumplimiento de sus fines estatales y no un simple ejecutor material. Lo dicho se traduce en que, una vez celebrado el contrato, el contratista se convierte en una pieza clave y aliado fundamental de la entidad para llevar a buen término el proyecto y, en razón de ello, se espera del particular una actitud proactiva, diligente y eficiente que contribuya al logro del cometido estatal y no que despliegue conductas que puedan poner en riesgo su satisfacción. Bajo esa comprensión su labor no puede restringirse o limitarse al acatamiento de instrucciones y requerimientos elevados por la entidad durante la ejecución del contrato de forma pasiva e inmutable, sin observar en medio de su desarrollo la experiencia y el conocimiento técnico que se le exigen para anticipar las consecuencias nocivas que esas demandas de la entidad podrían desencadenar. Tampoco resulta admisible que se aparte de forma irreflexiva de los lineamientos trazados en el pliego de condiciones de los cuales fue pleno conocedor en la etapa precontractual, al punto que le sirvieron de cimiento para estructurar la oferta presentada (…). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2021. Radicación No. 25000-23-36-000-2017-02136-01(64033). C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA TÉCNICA / VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / PRUEBA EN VIDEO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA EN VIDEO / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO
Problema jurídico:
¿Las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados en la obra?
Respuesta al problema jurídico: No
Como tercera situación expuesta para eximirse de responsabilidad, la parte actora manifestó que el tribunal y la entidad no valoraron las pruebas que demostraban que los daños en la vía fueron consecuencia de la falta de mantenimiento. (...) Para justificar que las fallas en la vía se debieron a la falta de mantenimiento, el contratista relacionó diversos oficios con registro fotográfico enviados a la entidad, en los cuales se informó de la presencia de derrumbes en la vía causados por la ola invernal y un vídeo del ministro de transporte de la época en el cual se estableció la necesidad -en cabeza del INVÍAS- de realizar un mantenimiento de emergencia a la vía. (...) La Sala observa que las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados. En primer lugar, los oficios remitidos por la Unión Temporal se acompañaron de registros fotográficos sin identificación precisa de los puntos en los cuales se encontraban los derrumbes. Estas comunicaciones, aducidas como pruebas para definir que las fallas se presentaron debido a la falta de mantenimiento, contenían afirmaciones hechas directamente por el contratista sin datos concluyentes o información técnica que las soportara, más allá de registros fotográficos que resultan insuficientes para este efecto. Asimismo, se evidencia que 6 de los 7 oficios fueron remitidos a la entidad con posterioridad al 6 de enero de 2009, fecha en la cual la Unión Temporal fue notificada de las fallas que se presentaron en la vía a tan solo 7 meses de su entrega. Las fotografías aportadas con la demanda86 para evidenciar el estado de la vía entre el 2008 y el 2010 no permiten establecer con certeza los puntos a los que hacen referencia, las fechas en las cuales fueron capturadas y tampoco brindan conclusiones técnicas que permitan afirmar que la falta de mantenimiento fue la causa de los daños en la vía. (...) Por otra parte, si bien es cierto que la Unión Temporal entregó a la entidad el manual de conservación de la vía88 en el cual se advertía sobre el especial cuidado que se debía tener entre el PR 0+0200 y el PR 1+500, esta prueba no es suficiente para dar por sentado que las fallas en la zona se debieran a la falta de mantenimiento. Finalmente, frente al vídeo del ministro de transporte de la época aportado como prueba de segunda instancia, a pesar de que no se logra identificar la fecha

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

la obra y su testimonio daba cuenta de los fenómenos que afectaron la vía y del desconocimiento de las pruebas por parte de la entidad en sede administrativa. Asimismo, señaló que la prueba pudo haberse decretado oficiosamente por el tribunal como interrogatorio de parte. La Sala considera que los argumentos elevados por el actor no tienen vocación de prosperidad, por cuanto el tribunal, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, tenía la posibilidad de no dar efectos demostrativos a la prueba por considerar que el testigo no era imparcial dada la relación directa que guardó con la Unión Temporal durante la ejecución de la obra y el procedimiento administrativo. Adicionalmente, la declaración realizada por el ingeniero Alirio Giovanny Cárdenas Rico resultaba reiterativa de los argumentos presentados por el contratista en sede administrativa y judicial, los cuales ya han sido analizados y descartados por esta Sala. En tal sentido, dicha prueba no era útil al proceso y no compaginaba con la naturaleza jurídico-procesal que se le asigna al testimonio. Frente a la posibilidad de decretar la prueba de oficio, la Sala aclara que el testimonio del señor Alirio Giovanny Cárdenas Rico fue efectivamente decretado y practicado en primera instancia, pero el juez, haciendo uso de las reglas de la sana crítica, y atendiendo a razones que encuentran fundamento en el ordenamiento jurídico procesal, decidió no darle mérito probatorio. En ese sentido, la Sala no comparte los reparos realizados por el apelante frente a la no valoración de la prueba testimonial en la sentencia de primera instancia, lo cual lleva a que se deba confirmar tal determinación.
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRESUNCIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La estabilidad de la obra es una obligación accesoria y de resultado que, si se prueba que el daño se originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista debió conocer debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con independencia de cualquier consideración sobre su culpa o diligencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De manera preliminar, la Sala precisa que la obligación de garantizar la estabilidad de la obra tiene su origen en el artículo 2060 del Código Civil, numerales 3 y 4, (...) En concordancia con la norma precitada, esta Sala ha considerado que la estabilidad de la obra es una obligación accesoria y de resultado “consistente en entregar una obra estable, capaz de brindar el servicio para el cual fue solicitada, de suerte que, evidenciada la ausencia de estabilidad, el (...) contratista está en el deber de subsanar las fallas que la obra presente después de su entrega y que afecten o impidan su uso”55. En ese sentido, si se prueba que el daño se originó por la existencia de vicios de la construcción, de los materiales o del suelo, que el contratista debió conocer debido a su oficio, las fallas de la obra le son imputables, con independencia de cualquier consideración sobre su culpa o diligencia. Recientemente, en providencia del 17 de febrero de 202356, la Sala recopiló la posición que ha adoptado la jurisprudencia de esta Sección en cuanto a la responsabilidad del contratista ejecutor frente a la estabilidad y calidad de la obra (…) Bajo estos términos, para desvirtuar la legalidad del acto administrativo que declara el siniestro de la obra por el incumplimiento de la obligación accesoria de estabilidad, el demandante debe probar que las fallas presentadas son consecuencia de una causa extraña o que existe alguna circunstancia que lo exima de esta responsabilidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto de presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso estipula que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibidem establece que las costas “[...] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, defina el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó113. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyas pretensiones sumadas ascendían a la suma de $602.828.486114. Asimismo, la entidad demandada designó al respectivo apoderado, quien intervino en todas las actuaciones de la segunda instancia. Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 2003115, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 1% de las pretensiones, es decir, la suma de SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($6.028.284) a favor de la parte demandada. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-04-08. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000233600020130068001. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130068001-53211-sentencia).
