Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: procede la nulidad absoluta del contrato en virtud de la modificación del objeto contractual
Lo que dijo la Sala
Según la sentencia de la cual me aparto, las partes podían modificar bilateralmente el objeto contractual, pero ello no era posible, pues la variación del objeto debía implicar la celebración de un nuevo contrato por parte de la entidad.… Sin embargo, esta se limitó a celebrar una modificación contractual, por lo que a la Sala le correspondía declarar de oficio la nulidad del contrato, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 80 de 19932 y el artículo 1742 del Código Civil, vigentes al momento de la celebración del contrato, y con el artículo 87 del CCA, aplicable a este proceso. Al haber pretermitido la licitación, hay lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato, conforme a la violación del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
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Problema jurídico
¿Procede la nulidad absoluta del contrato en virtud de la modificación del objeto contractual?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 2.383 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SALVAMENTO DE VOTO / CONTRATO DE OBRA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad absoluta del contrato en virtud de la modificación del objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
Me aparto de las consideraciones y de la decisión tomada por la mayoría de los integrantes de la Sala en la Sentencia de 30 de marzo de 2022, pues considero que se debió haber declarado la nulidad absoluta del contrato de obra 145, en virtud de la evidente modificación de su objeto. […] Del análisis de los anteriores hechos es palmaria la variación del objeto contractual, pues, inicialmente, las obras se limitaron a la realización de actividades de “reforzamiento, restitución, mejoramiento y ampliación” de la institución educativa y, luego, la modificación incluyó la obligación del contratista de ejecutar la actividad de construcción de un nuevo edificio, luego de la demolición del inmueble existente. Según la sentencia de la cual me aparto, las partes podían modificar bilateralmente el objeto contractual, pero ello no era posible, pues la variación del objeto debía implicar la celebración de un nuevo contrato por parte de la entidad. […] Sin embargo, esta se limitó a celebrar una modificación contractual, por lo que a la Sala le correspondía declarar de oficio la nulidad del contrato, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 80 de 19932 y el artículo 1742 del Código Civil, vigentes al momento de la celebración del contrato, y con el artículo 87 del CCA, aplicable a este proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 –aún vigente para la fecha de los hechos de la demanda–, la selección del contratista debió haberse efectuado a través de una licitación pública, pues el contrato no se ubica en las excepciones previstas por la norma. Al haber pretermitido la licitación, hay lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato, conforme a la violación del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1741, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1742, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45
Texto extraído del PDF oficial 8.385 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01092-01 (55419)
Demandantes: P&P Construcciones S.A. y otro
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación
Distrital
Referencia: controversias contractuales
Salvamento de voto de Alberto Montaña Plata
Me aparto de las consideraciones y de la decisión tomada por la mayoría
de los integrantes de la Sala en la Sentencia de 30 de marzo de 2022, pues
considero que se debió haber declarado la nulidad absoluta del contrato
de obra 145, en virtud de la evidente modificación de su objeto.
El objeto del contrato de obra 145, celebrado el 29 de noviembre de 2006
entre la SED y el Consorcio P&P Reforzamiento Colegios, era “la ejecución
de las obras de reforzamiento, restitución, mejoramiento y ampliación de la
planta física de la Institución Educativa Distrital Robert Kennedy ”. Luego de
la suscripción del contrato –y a juicio de la demanda da–, “las partes, de
común acuerdo, decidieron que lo más conveniente para el proyecto era
demoler el edificio existente y construir uno nuevo”; lo cual conllevó –según
las consideraciones de la sentencia– a la celebración de la modificación
contractual 1, firmada el 17 de abril de 2008, en la cual “las partes acordaron
el valor de las mayores cantidades de obra y obras adicionales que se
hicieron necesarias como consecuencia de la variación del objeto de l
proyecto”.
Radicación: 25000-23-26-000-2011-01092-01 (55419)
Actor: P&P Construcciones S.A. y otro
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital
Referencia: controversias contractuales
Del análisis de los anteriores hechos es palmaria la variación del objeto
contractual, pues , inicialmente, las obras se limitaron a la realización de
actividades de “reforzamiento, restitución, mejoramiento y ampliación” de
la institución educativa y, luego, la modificación 1 incluyó la obligación del
contratista de ejecutar la actividad de construcción de un nuevo edificio,
luego de la demolición del inmueble existente.
Según la sentencia de la cual me aparto , las partes podían modificar
bilateralmente el objeto contractual, pero ello no e ra posible, pues la
variación del objeto debía implicar la celebración de un nuevo contrato por
parte de la entidad1.
Así pues, con ocasión de la modificación del objeto contractual, la SED
debió haber iniciado una nueva licitación pública para garantizar la
selección objetiva y elegir a un nuevo contratista para la ejecución de dicho
objeto. Sin embargo, esta se limitó a celebrar una modificación contractual,
por lo que a la Sala le correspondía declarar de oficio la nulidad del
contrato, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 80 de 19932 y el artículo
1742 del Código Civil3, vigentes al momento de la celebración del contrato,
y con el artículo 87 del CCA4, aplicable a este proceso.
Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 19935 –aún
vigente para la fecha de los hechos de la demanda –, la selección del
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de
septiembre de 2018, exp. 39143; Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de febrero de 2013, exp. 25802 ;
Sección Tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080.
2 “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona
o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación (...)”.
3 “Artículo 1742. 7La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así
mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada
por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción
extraordinaria”.
4 “(...) El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad
absoluta. El Juez Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada
en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes
contratantes o sus causahabientes (...)”.
5 “Artículo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio:
1. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los
siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:
a) Modificado. D. 2150/95, art. 38; Modificado. D. 62/96, art. 1º. Menor cuantía para la contratación. Para efectos
de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan,
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos
legales mensuales.
(…)
b ) Empréstitos;
c) Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro;
Radicación: 25000-23-26-000-2011-01092-01 (55419)
Actor: P&P Construcciones S.A. y otro
Demandado: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital
Referencia: controversias contractuales
contratista debió haberse efectuado a través de una licitación pública,
pues el contrato no se ubica en las excepciones previstas por la norma. Al
haber pretermitido la licitación, hay lugar a declarar la nulidad absoluta del
contrato, conforme a la violación del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80
de 19936.
En el caso concreto, resulta aplicable el artículo 1741 del Código Civil, que
establece que se configura una nulidad absoluta cuando se produzca “la
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor
de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos”. Esta
norma es pertinente en virtud de la remisión expresa al derecho común que
hace el artículo 44 de la mencionada Ley 80 de 19937, pues se desconoció
la norma imperativa relativa a la obligación de aplicar el procedimiento
licitatorio.
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artíst icos que sólo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades
científicas o tecnológicas;
e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles;
f) Urgencia manifiesta;
g) Declaratoria de desierta de la licitación o concurso;
h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos
de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación;
i) Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional;
j) Cuando no exista pluralidad de oferentes;
k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente
constituidas;
l) Los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de servicios de salud. El reglamento interno
correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podrán hacer
mediante encargos fiduciarios, y
m) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las activid ades comerciales e industriales propias de las
empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los
contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley.
(…)”.
6 “Articulo 24. Del principio de transparencia. En virtud de este principio: 1º. La escogencia del contratista se
efectuará siempre a través de la licitación o concurso, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar
directamente
(…).
8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente
para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los
demás requisitos previstos en el presente estatuto”.
7 “Artículo 44. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común (...)”.