CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación: 250002326000201100150-01 (50127)
Demandante: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros
Demandado: DIAN y otros
Acción: Controversias contractuales
Me he apartado de la dec isión mayoritaria de la Sala , bajo un a línea de
pensamiento concreta:
He considerado que la acción de controversias contractuales , en los eventos en
que ésta es la vía procesal para cuestionar la legalidad de los actos previos al
contrato –conforme al artículo 87 del CCA reformado por el artículo 32 de la Ley
446 de 199 8–, no conduce a que el interés jurídico subjetivo que concierne a la
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, mute hacia la realización de
un mero juicio de legalidad en la tercera hipótesis espacio- temporal definida por la
jurisprudencia (y que fue transcrita en la sentencia) para la contabilización de los
distintos términos de caducidad de la acción y sus efectos.
Considero, como lo he plasmado en otras oportunidades al referirme al interés que
determina la legitimaci ón material en relación con los actos previos 1, que el
examen judicial impone como punto de partida la comprobación d e la existencia
de un derecho lesionado del actor2 que, en con junto con la pos ibilidad de su
restablecimiento –en orden a la oportunidad de la reclamación–, constituyen el
interés subjetivo de quien enjuicia la legalidad de los actos previos . De modo que,
si al momento de la presentación de la demanda ya no es posibl e para el juez
considerar las pretensiones resarcitorias aducidas en jui cio, carecerá de
relevancia la vulneración invocada, por pérdida del interés jurídico vinculado a la
pretensión, pues el actor no planteó un juicio de l egalidad abstracto (nulidad), sino
la nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la acción contr actual, con la
única finalidad de ser restituido; de esta forma, sin un derecho que restablecer , la
presunción de legalidad del acto y la de validez del contrato , son intangibles y
están llamadas a permanecer.
1 Salvamento de voto suscrito en la sentencia proferida dentro de l proceso 19001-23-31-000-2008-10299-01
(46204), por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación . Así mismo en la s entencia
68001233100020000267701 ( 54.403) del 8 de noviembre de 2021 de esta Subsección con ponencia del
suscrito.
2 Al efecto debe demostrar (i) que su propuesta era la mejor y (ii) la ilegalidad de la decisión.
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Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127)
Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros
Demandado: DIAN y otros
Acción: Controversias contractuales
En el ca so concreto , la sentencia arriba a la conclusión de que el acto de
adjudicación fue ilegal, y por consecuencia también el contrato celebrado, en tanto
la entidad rechazó la propuesta del actor por incumplimiento del requisito
contenido en e l numeral 3.2.6 del pliego de condiciones, cuando éste acreditó
haberlo cumplido y tener mejor puntaje que la unión temporal que resultó
adjudicataria. Tal escenario, en todo caso, exigía verificar que la petición judicial se
hubiese promovido dentro de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o
publicación del acto de adjudicación, por ser el término especial establecido para la
impugnación de los actos previos, aún en la hipótesis en que su cuestionamiento se
hiciera por vía de la acción contractual, pues esta última se soportó únicamente en el
reproche de ilegalidad contra aquel.
Y es que la acción d e controversias contractuales no era una alternativa para
solventar la inactividad del interesado, sino un vehículo coherente diseñado por el
legislador para e ncausar los reproches a los actos pre vios, cuando el contrato se
hubiera celebrado durante el término de caducidad de los 30 días de la acción
original que, en este evento , se transformaba en pretens ión; de otra manera,
resultarían en aparente contradicción dos términos procesales para debatir la
legalidad de los actos previos pues , por un lado, se entendería que la suscripción
del contrato conferiría un nuevo y enorme término para demandar la ilegali dad de
dichos actos, sólo por esta razón ; y de otra que, sin haberse demandado el acto
de adjudicación, y por ende gozar del atributo estable de legalidad, podría volverse
sobre éste a través de la petición anulatoria del contrato, como aconteció en el sub
lite.
Así lo revelan los sucesos analizados al definir la acción procedente y la
oportunidad de la demanda, en tanto el acto de adjudicación fue notificado el 22 de
septiembre de 2009 , el contrato fue suscrito el 30 de septiembre siguiente, y la
demanda fue presentada el 25 de febrero de 2011 , hechos que descubren que
transcurrió más de un año sin que se elevara reproche contra el acto previo y,
corrido dicho lapso , se tornaba incuestionable la legalidad d el acto de
adjudicación.
De manera que a juicio del suscrito, en estos eventos, no bastaba con descartar la
procedencia del restablecimiento económico, como lo hace la sentencia, para luego,
dirigirse a examinar la nulidad del acto previo y del contrato, pues se pasa por alto
que a través de la acción contractual se formuló la pretensión de n ulidad y
restablecimiento como fundamento de la nulidad del contrat o, y siendo ello así , el
medio de control debía instaurarse dentro del plazo de los 30 días establecidos para
ser impugnado en su doble perspectiva, tanto para la nulidad como para el
restablecimiento, por corresponder un solo mecanismo de doble e inescindible
composición.
No pueden, entonces, considerarse de forma aislada las pretensiones de nulidad
absoluta del contrato estatal y de nulidad y restablecimiento por ilicitud del acto de
adjudicación, pues una vez suscrito el negocio jurídico se tornan inseparables, lo
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Radicación número: 250002326000201100150-01 (50127)
Actor: Compañía de Servicios de Vigilancia Privada Ltda. y otros
Demandado: DIAN y otros
Acción: Controversias contractuales
que conlleva a entender el interés para demandarlos de una forma completa y
conjunta, sin disociar su contenido.
De esta manera, en el sub lite, el interés del actor quedó vacío de contenido pues, el
ejercicio de la pet ición anulatoria del contrato , promovida bajo la acción de
controversias contractuales, impone, conforme al art. 87 del CCA, la constatación de
que ese tercero “acredite un interés directo” y, comoquiera que éste no promovió un
juicio abstracto de legalidad sino que construyó su interés jurídico en función del
resarcimiento por la lesión causada, se evidencia que, sin esta posibilidad atada al
restablecimiento, carecía del interés directo exigido por la ley y, por ende, no era
posible declarar la nulidad del contrato.
Habrá de recordarse que en sentencia C-221 de 1999 la Corte Constitucional, al
declarar la exequibilidad el precitado artículo 87, razonó que el interés directo al
que alude la norma no guarda corre spondencia con el ánimo público dirigi do
exclusivamente a mantener un estado inalterable de legalidad, sino que se trata de
aquel que surge respecto de quien tiene la necesidad de promover el proceso , en
consideración a que , lo que en él se resuelva respec to de la validez del contrato ,
tiene la v irtualidad de a fectar su situación e intereses, o el goce o efectividad de
sus derechos3.
El concepto de interés directo, según refiere la doctrina especializada corresponde
al “interés en la pretensión u oposició n para la sentencia de fondo” que “hace
referencia a la causa privada y subjetiva que tiene el demandante para instaurar la
demanda, el demandado para contradecirla y el tercero para intervenir en el
proceso”4; ta mbién señala que ese interés debe ser “sustancial, subjetivo,
concreto, serio y actual”5.
Bajo esta perspectiva, para determinar si el interés es sustancial, serio y actual, se
debe formular un “juicio de utilidad, a fin de examinar si al ac ceder el juez a las
declaraciones pedidas se otorga un be neficio material o moral al demandante, o
un perjuicio material o moral al demandado6”7 o, en sentido contrario, si al negar el
3 Al respecto, dijo la Corte Constitucional:
“En cuanto concierne al aspecto que es materia de controversia en este est rado, el precepto facul ta a
la persona que ostent e un interés directo, aunque no sea parte contractual, para demandar la nulidad
absoluta del contrato.
“Ello significa que, en el régimen actual, el legislador n o habilita a interponer la acción de nulidad
absoluta de los contratos estatales, a quienes no tengan un interés directo que los conduzca a impetrar
la nulidad del contrato; ni a quienes simplemente persigan tutelar la legalidad abstracta d e la actuación
de la administración (…)”.
4 DEVIS ECHANDÍA. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 223.
5 (ídem pág. 224). i) Sustancial, porque “no es suficiente que el demandante crea que necesita la sentencia”
(ídem), que resuelva de fondo las prete nsiones o las excepciones, ii) subjetivo, porque debe predicarse en
beneficio propio del demandante , iii) concreto, porque “debe existir en cada caso especial, respecto de una
determinada relación jurídica material, y es atinente a las peticiones formuladas en determinada demanda…”
(ídem), iv) serio, porque, aunque puede s er de naturaleza económica o no, deja “de ser suficiente si se trata
de un interés simplemente académico o dialéctico, aún más, si es de carácter malévolo y se dir ige a causar
daño al demandado, sin beneficio jurídico, moral o material para el actor” (ídem, pág. 225) y v) actual, porque
“si no existe en el momento en que se constituye la litis contestatio, no se justifica que el órgano jurisdiccional
se pronuncie sobre la existencia de la rela
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