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Consejo de Estado
Providencia
El juez niega el decreto de pruebas en segunda instancia cuando la parte peticionaria omite indicar de forma expresa la causal legal específica de procedencia.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233100020070027301
ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente decretar la prueba documental solicitada por la parte demandante, al no indicar de manera expresa en cuál de las causales previstas en el artículo 214 del CCA sustentó su petición? No
El juez de segunda instancia deniega la solicitud de pruebas formulada por los intervinientes cuando estos omiten indicar de manera expresa y precisa la causal específica prevista en el ordenamiento normativo que sustente su petición. En el caso analizado, la corporación judicial advierte que si bien las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, su decreto procede únicamente en los eventos taxativos previstos en el artículo 214 del Decreto 01 de 1984. Comoquiera que la parte demandante no precisó la causal en la que fundamentaba su solicitud probatoria, la petición formulada debe ser negada conforme a los límites legales del pronunciamiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden tenerse como prueba las sentencias judiciales aportadas al proceso, aunque se trate de decisiones con efectos inter partes y no erga omnes?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2022-07-29
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020030015102
ACCION DE REPETICION
¿En virtud del criterio de conexidad, la competencia para conocer de los procesos de repetición recae sobre el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado? Sí
El contratista debe acudir ante el juez que conoció del proceso antecedente que dio lugar a la condena contra el Estado para presentar un proceso de repetición, en virtud del criterio de conexidad establecido en el artículo 7 inciso 2 de la Ley 678 de 2001 y reiterado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo que implica que la competencia en segunda instancia recae en el superior jerárquico del juez o tribunal que conoció del proceso antecedente. Además, la figura de caducidad garantiza la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción, y la Corte Constitucional declaró exequible condicionada la disposición que establece el término de caducidad de la acción de repetición, determinando que éste comienza a correr desde la fecha en que se realiza el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley, lo que tiene efectos erga omnes y debe ser aplicado por todos los jueces y tribunales.síntesis automática
También resuelve:
¿La figura de caducidad tiene como fin garantizar la seguridad jurídica y el interés general mediante plazos razonables para acudir a la jurisdicción?
¿El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en la ley?
¿Las sentencias de la Corte Constitucionalidad que declaran la exequibilidad condicionada de una norma tienen efectos erga omnes?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-03-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020220017300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La regla de unificación establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones con el fin de mantener el equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades excepcionales? Sí
Comparto la regla de unificación en tanto establece que las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial del negocio jurídico son inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pues, materialmente es imposible desligar en este tipo de supuestos la legalidad del acto con sus consecuencias económicas. Es evidente la reserva de constitucionalidad del inciso final del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto Arbitral. Considero pertinente advertir que la regla de unificación fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera ha debido incorporarse en la parte resolutiva de la sentencia y no solo en la motiva.
También resuelve:
¿Formalmente se sostiene que la decisión no versa sobre la legalidad del acto administrativo, pero materialmente se declara la invalidez de este por cuanto se modifica su contenido?
¿Los árbitros pueden conocer sobre los efectos económicos contenidos en actos administrativos expedidos en ejercicio de las potestades excepcionales?