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Consejo de Estado
Providencia
La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-08-30
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230010800
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental Colegiada del Cauca- es la autoridad competente para conocer y resolver de fondo la denuncia ciudadana anónima en contra del IGAC por el presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios para el cumplimiento del Contrato Interadministrativo núm. 2020180002169-7 del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el municipio de Popayán? Sí
La Sala considera que la autoridad llamada a resolver la denuncia por un presunto detrimento patrimonial en la celebración de 80 contratos de prestación de servicios suscritos por el IGAC, para dar cumplimiento al contrato interadministrativo núm. 2020180002169-7, del 21 de diciembre de 2020, celebrado entre dicha entidad y el Municipio de Popayán, es la Contraloría General de la República- Gerencia Departamental Colegiada del Cauca por cuanto: Los recursos cuya vigilancia se solicita en la denuncia son los pagados en la celebración de los 80 contratos que suscribió el IGAC para apoyo operativo del proceso de actualización catastral multipropósito en el municipio de Popayán Cauca.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
No es procedente la fijación de honorarios a favor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realización y desarrollo de informes técnicos y peritaciones.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-08-04
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 19001233100020070010801
ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la fijación de honorarios a favor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para realización y desarrollo de informes técnicos y peritaciones? No
El contratista no puede recibir honorarios por la realización de informes técnicos y peritaciones cuando dichos trabajos son responsabilidad de servidores públicos vinculados a entidades oficiales, debido a la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política de 1991, que impide desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir asignaciones adicionales del tesoro público. Esta regla se fundamenta en que las entidades oficiales deben colaborar con la justicia en el ejercicio de sus funciones, por lo que no es procedente el pago de honorarios por labores propias de su competencia. La Sala reitera esta posición, negando la solicitud de fijación de honorarios y concediendo un término para que la entidad justifique y acredite los gastos necesarios para la práctica de la prueba.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato?
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020150270402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de prestación de servicios de transporte suscrito entre la unión temporal demandante y el IGAC, no tenía un tope máximo de recursos disponibles, por lo que, dado que los servicios que se reclaman con la demanda contaban con el respectivo soporte presupuestal y no le fueron reconocidos a la contratista, procede la declaratoria de incumplimiento del contrato? Sí
En los contratos de prestación de servicios con entidades estatales, los servicios efectivamente prestados que cuentan con soporte presupuestal deben reconocerse y pagarse, aunque el contrato no haya fijado un tope máximo de recursos disponibles. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia del soporte presupuestal para los servicios prestados impide que la entidad alegue la falta de recursos para no pagarlos. Segunda, la ausencia de un tope en el contrato no excusa el pago de los servicios que la entidad recibió y que cuentan con respaldo presupuestal. En el caso, la unión temporal prestó servicios en un periodo determinado que no le fueron reconocidos, y la providencia modifica la sentencia de primera instancia para ordenar el pago de los servicios con soporte presupuestal. Así, la falta de tope no altera la obligación de pagar. En la práctica, el contratista debe documentar el soporte presupuestal de los servicios prestados, porque esa prueba sustenta el reconocimiento de su pago.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la actualización del monto de la condena impuesta en primera instancia, por cuenta del incumplimiento del contrato de prestación de servicios de transporte por parte del Instituto Geográfico…
¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 13001233100020020081001
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?
¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…
¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 44001334000020140010501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…
¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?
¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
REVOCA