CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 13001-23-33-000-2025-00284-01 (74.893)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Demandado: Denner Jesús Sierra Chávez
Referencia: Repetición
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
el auto del 21 de noviembre de 2025 1, proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar.
I. PROVIDENCIA RECURRIDA
1. Corresponde a la providencia antes indicada 2, mediante la cual el a quo
rechazó la demanda por considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad
de las pretensiones formuladas por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, en ejercicio del medio de control de repetición, en contra del señor Denner
Jesús Sierra Chávez.
2. En la demanda, se solicitó: (i) declarar que la actuación negligente y
gravemente culposa del ex patrullero de policía Denner Jesús Sierra Chávez generó
que se condenara al Estado por medio de sentencia proferida en el proceso de
reparación directa “ 13001-33-33-004-2014-00335-00 y 13001 -33-33-002-2014-
00447-00 -acumulados-”, la que se “materializó en virtud del acuerdo conciliatorio”3;
y (ii) condenar al demandado al pago de $739’545.886,70, más los respectivos
intereses, suma que la entidad canceló conforme a la Resolución 0343 del 17 de
marzo de 2023, “mediante la cual se dio cumplimiento al mandamiento de pago”4.
1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125 -numeral 2, literal g -, 150 y 243 -numeral 1- de la Ley
1437 de 2011. Además, según lo previsto en el numeral 3º del artículo 244 ibidem, el recurso de apelación se
presentó de manera oportuna, dado que el auto se notificó por estado el 22 de mayo de 2026 y aquél se formuló
el 25 del mismo mes y año. El expediente ingresó al despacho el 30 de julio de 2026.
2 Visible a índice 4 del aplicativo Samai del Tribunal.
3 En los hechos de la demanda se indicó: “consecuentemente los familiares de la víctima, presentaron demanda
de Reparación Directa bajo No. 13001 -33-33-004-2014-00335-00 y 13001 -33-33-002-2014-00447-00
(acumulados) – Actor: YORLEIDA MARIMON DE ÁVILA y Otros, contra la Nación – Ministerio de Defens a
Nacional – Policía Nacional, proceso dentro del cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena,
accediendo a las pretensiones mediante sentencia de primera instancia con fecha 28 de febrero de 2018, y
conciliada el día 26 de abril de 2018 mediante acta No. 21, por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Cartagena”.
4 En los hechos de la demanda se indicó: “ Mediante Resolución No. 0343 del 17 de marzo de 2023, Suscrita
por el Secretario General de la Policía Nacional, dio cumplimiento a la sentencia, dentro del proceso de
reparación directa expediente No. 13001 -33-33-004-2014-00335-00 y 13001 -33-33-002-2014-00447-00
(acumulados) – Actor: YORLEIDA MARIMON DE ÁVILA y Otros, contra La Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, disponiendo el pago de la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENT A Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS
($739’545.886,70) en favor de los demandantes”.
Radicación: 13001-23-33-000-2025-00284-01 (74.893)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Demandado: Denner Jesús Sierra Chávez
Referencia: Repetición
2
3. El Tribunal indicó que, de conformidad con el literal l del numeral 2° del
artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, la demanda deberá presentarse dentro del término
de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha de pago, o más tardar
desde el vencimiento del plazo con el que cuenta la administración para la
satisfacción de la obligación. En ese sentido, dado que la condena que se le impuso
a la entidad fue objeto de conciliación en audiencia del 26 de abril de 2018, misma
fecha en que quedó ejecutoriada, los 10 meses con los que contaba la entidad para
efectuar el pago, según lo previsto en el artículo 192 del CPACA, vencieron el 27 de
febrero de 2019. Sin embargo, este se efectuó el 31 de marzo de 2023.
4. Bajo tal contexto, el a quo consideró que los dos años para presentar la
demanda transcurrieron del 28 de febrero de 2019 al 15 de junio de 2022, esta
última fecha, en consideración a la suspensión de términos de caducidad por la
emergencia sanitaria del Covid -195. Por ello, el libelo radicado el 2 de febrero de
2024, se presentó cuando ya había operado la caducidad del medio de control.
Impugnación6
5. La parte actora presentó recurso de apelación. Indicó que el Tribunal efectuó
una errónea aplicación del cómputo de caducidad, al considerar que el plazo de dos
años comenzó a correr el 28 de febrero de 2019, es decir, una vez vencieron los 10
meses del artículo 192 del CPACA.
6. Señaló que aunque la jurisprudencia estableció “ un término objetivo ”, en el
caso concreto de la Policía Nacional, el desembolso de la suma a la que fue
condenada se materializó el 31 de marzo de 2023, fecha en la que la entidad
efectivamente sufrió el detrimento patrimonial. Por ello, contar el término de
caducidad basándose en una ficción legal de " plazo máximo de pago", cuando las
realidades presupuestales del Estado impiden giros inmediatos por los trámites en
la asignación de rubros del Ministerio de Hacienda, significaba castigar a la
administración pública, al privarla de la oportunidad de recuperar los dineros
estatales frente a la conducta gravemente culposa o dolosa de un ex servidor
público.
7. A su vez, se refirió al artículo 228 de la Constitución Política y señaló que la
finalidad del medio de control de repetición es la defensa del patrimonio público y la
moralidad administrativa, por lo que impedir el debate de fondo con fundamento en
una interpretación formalista del artículo 164 del CPACA, cuando la Policía Nacional
se vio obligada a pagar una cuantiosa suma en 2023, configuraba una flagrante
vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
8. Señaló que al tomar como punto de partida el 31 de marzo de 2023, fecha
del pago efectuado y de la real afectación patrimonial del Estado, los dos años
consagrados en la Ley para el ejercicio del medio de control de repetición vencían
5 “Desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio de 2020”.
6 Visible a índice 8 del aplicativo Samai del Tribunal.
Radicación: 13001-23-33-000-2025-00284-01 (74.893)
Demandante: Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional
Demandado: Denner Jesús Sierra Chávez
Referencia: Repetición
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el 31 de marzo de 2025, por lo que la demanda radicada el 2 de febrero de 2024 no
se encontraba caducada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
9. La caducidad impide que situaciones jurídicas respecto de las cuales exista
controversia permanezcan indefinidas en el tiempo, por lo que comporta un límite
temporal, de orden público, para la interposición de las acciones judiciales.
10. El artículo 164 (numeral 2, literal l) del CPACA 7 establece en forma clara y
expresa que cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como
consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un
conflicto, el término para presentar la demanda, so pena de que opere la caducidad,
será de dos años8, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más
tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago
de la condena de conformidad con lo previsto en el mismo cuerpo normativo.
11. En cuanto al plazo con el que cuenta la administración para el cumplimiento
de las sentencias o conciliaciones, el artículo 192 del CPACA señala que las
condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de
una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez meses, contados
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Aunado a ello, el artículo 298
ejusdem9 establece que cuando se trate de decisiones proferidas en desarrollo de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades
públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible, su cumplimiento por vía judic ial se podrá iniciar transcurridos seis meses
desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale.
12. En ese sentido, para los asuntos en que se haya acudido a los medios
alternativos de solución de conflictos, el legislador previó dos presupuestos para el
cumplimiento de las obligaciones que allí se determinen, a saber: (i) transcurridos
seis meses desde la firmeza de la decisión, o (ii) desde la fecha que en ella se
señale, en alusión al término, plazo o condición definido libremente entre las partes
para efectuar el pago respectivo10.
13. En ese contexto, el plazo para ejercer la acción de repetición comienza a
correr desde el día siguiente al pago efectivo, siempre que ello ocurra dentro del
período dispuesto para tal efecto, que en el caso de acuerdos conciliatorios será el
término convenido por las partes o, en ausencia de estipulación expresa, dentro de
7 Norma aplicable en atención a que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad
al 2 de julio de 2012.
8 Se precisa que al caso concreto también le resulta aplicable el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 en su
redacción original -sin la modificación que introdujo el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, pues esta solo aplica
para las condenas, conciliac
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