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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: procede el medio de control de repetición por incumplimiento de la orden de reintegro de un servidor estatal

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Fecha
2022-02-18
Radicado
25000233600020150229601
Número interno
59385
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Demandado
HERNAN HUMBERO GARZON RODRIGUEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: procede el medio de control de repetición por incumplimiento de la orden de reintegro de un servidor estatal

Lo que dijo la Sala

El tenor literal del artículo 90 superior y el carácter resarcitorio del medio de control de repetición apunta a que el servidor público deba ser llamado a responder por la cuantía equivalente a la de la condena impuesta al Estado. Se trata de restituir el patrimonio del Estado ante su afectación por la vía de una condena económica que colocó en su cabeza una obligación de pago, cuyo fin es el de restablecer el derecho o resarcir el perjuicio. No se trata entonces de recuperar un objeto distinto, como sería, por ejemplo, el representado en las acciones encaminadas a cumplir una obligación de hacer, pues en tal hipótesis no se está en presencia de una condena judicial que implique de manera directa una afectación patrimonial al Estado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición por incumplimiento de la orden de reintegro de un servidor estatal, ya que la condena impuesta a la entidad estatal en un proceso ejecutivo por obligación de hacer no se originó en una acción u omisión del servidor público, sino en la omisión de la entidad estatal de cumplir con la orden de reintegro. Además, el término de caducidad para demandar en repetición vence dos años después del pago total efectuado por la entidad, y si la demanda se presenta después de este plazo, la acción es improcedente. En este caso, la acción de repetición fue presentada después de que venció el término de caducidad, por lo que se declaró su improcedencia. Por último, la condena en costas no procede en el medio de control de repetición, ya que se trata de un proceso que ventila un interés público. Esto implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con los plazos y requisitos legales para ejercer este medio de control y que las entidades estatales deben ser conscientes de las implicaciones patrimoniales de no cumplir con las órdenes judiciales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede el medio de control de repetición por incumplimiento de la orden de reintegro de un servidor estatal, lo que dio origen a un proceso ejecutivo por obligación de hacer y fue condenada la entidad estatal a pagar los perjuicios ocasionados por dicha omisión?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 7.304 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO CON FUERO SINDICAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / DESVINCULACIÓN POR SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / REINTEGRO AL CARGO PÚBLICO POR ORDEN JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO AL CARGO PÚBLICO / PROCESO EJECUTIVO LABORAL POR OBLIGACIÓN DE HACER / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Procede el medio de control de repetición por incumplimiento de la orden de reintegro de un servidor estatal, lo que dio origen a un proceso ejecutivo por obligación de hacer y fue condenada la entidad estatal a pagar los perjuicios ocasionados por dicha omisión? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l tenor literal del artículo 90 superior y el carácter resarcitorio del medio de control de repetición apunta a que el servidor público deba ser llamado a responder por la cuantía equivalente a la de la condena impuesta al Estado. Se trata de restituir el patrimonio del Estado ante su afectación por la vía de una condena económica que colocó en su cabeza una obligación de pago, cuyo fin es el de restablecer el derecho o resarcir el perjuicio. No se trata entonces de recuperar un objeto distinto, como sería, por ejemplo, el representado en las acciones encaminadas a cumplir una obligación de hacer, pues en tal hipótesis no se está en presencia de una condena judicial que implique de manera directa una afectación patrimonial al Estado. Así, la condena impuesta en el proceso ejecutivo adelantado por la señora […] ante el incumplimiento de la obligación de hacer, consistente en reintegrarla al cargo que venía desempeñando cuando fue declarada insubsistente, no tuvo origen en una acción u omisión del ahora demandado, sino en la omisión del departamento de Cundinamarca de cumplir la obligación antes referida. En el mentado proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sostuvo que se verificó el incumplimiento por la demandada de su obligación de hacer impuesta en el mandamiento de pago, dada la imposibilidad de hacerlo por la supresión del cargo de la planta de personal, por lo que procedía el pago de los perjuicios compensatorios materiales y morales conforme a los términos del mandamiento ejecutivo. […] Desde este punto de vista, no está presente la conexidad alegada por la entidad pública recurrente, pues no obra un nexo causal entre la conducta que dio origen a la providencia que declaró la nulidad del acto administrativo mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la funcionaria […] y la sentencia que en contra del departamento de Cundinamarca se profirió años después, condenándola al pago de perjuicios compensatorios por incumplir la orden de reintegrar a la citada funcionaria. Con estas precisiones, la Sala declarará improcedente la presente acción reversiva en lo que respecta a los hechos relacionados con el proceso ejecutivo laboral y el pago realizado por concepto de perjuicios morales, materiales y agencias en derecho en dicho proceso. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, el Código Contencioso Administrativo, norma vigente para la época en que acontecieron los hechos que precedieron a la demanda –año 2000-, dispone en el numeral noveno del artículo 136 que “La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad”. Dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C832 de 2001 en la que la declaró exequible de forma condicionada, en el entendido que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. […] Ahora, si bien no obra en el expediente la constancia de ejecutoria del proveído del Tribunal, se allegó un informe secretarial del Juzgado Décimo Laboral del Circuito del 12 de febrero de 2004, en el que se da cuenta de que la providencia quedó ejecutoriada antes de esa fecha. Como consta que se fijó edicto el 14 de enero 2004, la providencia del Tribunal debió cobrar ejecutoria el 22 de enero de 2004. Así, los 18 meses para su cumplimiento, según refiere el artículo 177 del C.C.A., se contabilizarán desde la ejecutoria en mención; de manera que el plazo de los 18 meses se cumplió el 23 de julio de 2005. […] Dado que el hecho que ocurrió primero en el tiempo fue el pago, cuyo último desembolso se hizo el 2 de noviembre de 2004, será este el que determinará el momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de caducidad. […] En el sub examine, como la demanda se presentó el 26 de junio de 2015, se impone concluir que la acción de repetición se presentó cuando el término establecido en la ley se encontraba ampliamente vencido. Por todas las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró de oficio la excepción de caducidad de la acción impetrada y se declarará la improcedencia del medio de control de repetición en lo que respecta a la condena en el proceso ejecutivo por el incumplimiento de la mentada obligación de hacer. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de computar el término de caducidad de la acción de repetición, cita: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 188 del C.P.A.C.A. establece […] que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. […] Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 40.207 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022) Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385) Actor: Departamento de Cundinamarca Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez Referencia: Medio de control de repetición Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso Administrativo, lo que ocurra primero / CONDENA PATRIMONIAL AL ESTADO - Procedencia de la acción de repetición. No toda condena constituye una afectación patrimonial que genere el deber de iniciar una acción de repetición. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de repetición. Según la demanda, el departamento de Cundinamarca fue condenado en un proceso ordinario laboral por los perjuicios ocasionados a la señora Luisa Hernández Ferro por haber declarado la insubsistencia de su nombramiento como funcionaria de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, hecho atribuible a la conducta gravemente culposa del demandado. Por esta razón, la entidad territorial condenada inició un proceso de repetición en contra de Hernán Garzón Rodríguez, con el fin de que reembolse la suma pagada por la demandante. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida el 29 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad. Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385) Actor: Departamento de Cundinamarca Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez Referencia: Medio de control de repetición 2 2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 26 de junio de 20151, mediante apoderado judicial, por el Departamento de Cundinamarca en contra del señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho son, los siguientes: Pretensiones 3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez, por su actuación gravemente culposa, al expedir los actos administrativos por los cuales fue retirada una funcionaria, hecho por el que resultó condenado el departamento de Cundinamarca dentro de un proceso laboral. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a reembolsar la suma de trescientos veintiocho millones ciento cincuenta mil doscientos oc henta y seis pesos m/cte. ($328’150.286,00) que debió pagar la demandante en cumplimiento de la referida condena2. Hechos 4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez, en calidad de Presidente de la Asamblea de Cundinamarca y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y su decreto reglamentario -que ordenaron el ajuste presupuestal de las Asambleas Departamentales a partir de la vigencia del año 2001 -, expidió la Resolución 0826 de 29 de diciembre de 2000, mediante la cual se declararon insubsistentes unos nombramientos, entre ellos, el de la funcionaria Luisa Fernanda Hernández Ferro, quien estaba afiliada al Sindicato de Empleados de la Asamblea –SINDEASCUN-, y de cuya afi liación tenía pleno conocimiento la Secretaría de la Presidencia de la Asamblea, debido a que en días anteriores se había radicado un listado de afiliados ante esa oficina. 5. Por este hecho, la señora Hernández Ferro promovió una demanda laboral, la cual fue decidida mediante providencia del 12 de septiembre de 2003 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se condenó al reintegro de la actora en las mismas condiciones de empleo que gozaba al momento de su desvinculación y al pago de l os salarios dejados de percibir. Dicho fallo fue confirmado el 16 de diciembre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 6. El 28 de junio de 2004, la entonces Presidenta de la Asamblea Departamental , expidió la Resolución No. 0226 en la que dispuso que la Corporación no contaba con planta de personal, de modo que no era posible reintegrar a la actora a un cargo igual o de mejor categoría, razón por la cual, únicamente ordenó la liquidación y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, en cumplimiento 1 Folios 1-12 c. 1. 2 Escrito de reforma de la demanda (folios 30-41 c. 1). Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385) Actor: Departamento de Cundinamarca Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez Referencia: Medio de control de repetición 3 del referido fallo judicial. Así, se expidió la Resolución No. 2797 del 27 de julio de 2004 que ordenó pagar la suma de noventa y tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocie ntos cincuenta y nueve pesos m/cte. ($93’475.859,00) a la demandante. 7. La señora Hernández Ferro inició proceso ejecutivo laboral por incumplimiento de la obligación de reintegro, en el marco del cual, el 15 de octubre de 2004 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá ordenó librar mandamiento de pago por los conceptos de costas, perjuicios materiales compensatorios en caso de no darse el reintegro con los respectivos intereses, y perjuicios morales compensatorios3. 8. Según la demanda, el 19 de diciembre de 2009 el Juzgado profirió sentencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución y nombró a un perito para que cuantificara los perjuicios compensatorios materiales y morales, los cuales fueron establecidos mediante auto del 18 de diciembre de 2012. Este último auto fue objeto de apelación, el cual fue desatado el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó la suma correspondiente a los perjuicios morales y costas y agencias en derecho y finalmente condenó al pago de doscientos cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500). 9. El 19 de mayo de 2014 la Secretaría Jurídica del Departamento expidió la Resolución No. 029 por medio de la cual ordenó el pago de la sentencia del proceso ejecutivo y las costas judiciales por la suma de doscientos cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500), el cual fue realizado el 5 de junio del mismo año. El 1 de julio de 2014 el Juzgado declaró termi nado el proceso por pago total de la obligación. Fundamentos de derecho 10. La parte actora sostuvo que el comportamiento del señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez fue gravemente culposo, en tanto su descuido y negligencia al no haber esperado el permiso del juez laboral para desvincular a la funcionaria aforada, fueron la causa de la condena en contra del Departamento. En este sentido, señaló que, el entonces Presidente de la Asamblea Departamental de Cundinamarca desconoció las disposiciones constitucion ales y del Código Sustantivo del Trabajo sobre la garantía del fuero sindical, además de lo dispuesto en la Ordenanza 02 del 27 de febrero de 2001, la cual, si bien suprimió la planta de empleos de la Asamblea Departamental, disponía la excepción del término previsto para expedir los actos administrativos correspondientes a la supresión, retiro o desvinculación de los empleados, en los casos de quienes estaban amparados por fuero sindical, hasta la fecha en que se obtuviera la correspondiente autorización legal. 3 En la demanda se señaló que el 30 de abril de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el auto de mandamiento de pago. Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385) Actor: Departamento de Cundinamarca Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez Referencia: Medio de control de repetición 4 La defensa 11. El señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez contestó la demanda por medio de apoderado judicial y se opuso a su prosperidad. Para ese efecto, argumentó que obró de manera diligente en su calidad de Presidente de la Asamblea Departamental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, por la cual se dictaron normas tendientes a la racionalización del gasto público nacional, y que, con el fin de definir la manera de aplicar dichas disposiciones, promovió reuniones de la Mesa Directiv a de la Asamblea, consultó con otras autoridades y celebró un contrato de asesoría laboral con un abogado para que le prestara asesoría jurídica a la Corporación en lo referente a la desvinculación de los empleados con ocasión de la mentada ley4. Los alegatos de conclusión de primera instancia 12. El departamento de Cundinamarca reiteró los argumentos planteados en la demanda e insistió en el actuar negligente del demandado, quien obró de manera ligera al omitir la calidad de fundadora del sindicato de la señora Hernández Ferro y expedir el acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento, razón por la cual adujo que el demandado actuó en violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho5. 13. El señor Garzón Rodríguez sostuvo que obró de manera diligente teniendo en cuenta sus posibilidades y atendiendo a que no es profesional en Derecho, motivo por el c ual adelantó todas las actuaciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y finalmente celebró un contrato de asesoría laboral con un abogado para que le prestara asesoría jurídica a la corporación y, fue en virtud de sus recomendaciones, que se expidió el acto administrativo en cuestión6. 14. En concepto del Ministerio Público, se acreditó la c

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502296011100103