CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad se
contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso
Administrativo, lo que ocurra primero / CONDENA PATRIMONIAL AL ESTADO -
Procedencia de la acción de repetición. No toda condena constituye una afectación
patrimonial que genere el deber de iniciar una acción de repetición.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de repetición.
Según la demanda, el departamento de Cundinamarca fue condenado en un
proceso ordinario laboral por los perjuicios ocasionados a la señora Luisa
Hernández Ferro por haber declarado la insubsistencia de su nombramiento como
funcionaria de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, hecho atribuible a la
conducta gravemente culposa del demandado. Por esta razón, la entidad territorial
condenada inició un proceso de repetición en contra de Hernán Garzón Rodríguez,
con el fin de que reembolse la suma pagada por la demandante.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida el 29 de marzo de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
probada la excepción de caducidad.
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
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2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 26 de junio de 20151,
mediante apoderado judicial, por el Departamento de Cundinamarca en contra del
señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez, cuyas pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Hernán
Humberto Garzón Rodríguez, por su actuación gravemente culposa, al expedir los
actos administrativos por los cuales fue retirada una funcionaria, hecho por el que
resultó condenado el departamento de Cundinamarca dentro de un proceso laboral.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a
reembolsar la suma de trescientos veintiocho millones ciento cincuenta mil
doscientos oc henta y seis pesos m/cte. ($328’150.286,00) que debió pagar la
demandante en cumplimiento de la referida condena2.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor
Hernán Humberto Garzón Rodríguez, en calidad de Presidente de la Asamblea de
Cundinamarca y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y su decreto
reglamentario -que ordenaron el ajuste presupuestal de las Asambleas
Departamentales a partir de la vigencia del año 2001 -, expidió la Resolución 0826
de 29 de diciembre de 2000, mediante la cual se declararon insubsistentes unos
nombramientos, entre ellos, el de la funcionaria Luisa Fernanda Hernández Ferro,
quien estaba afiliada al Sindicato de Empleados de la Asamblea –SINDEASCUN-,
y de cuya afi liación tenía pleno conocimiento la Secretaría de la Presidencia de la
Asamblea, debido a que en días anteriores se había radicado un listado de afiliados
ante esa oficina.
5. Por este hecho, la señora Hernández Ferro promovió una demanda laboral, la
cual fue decidida mediante providencia del 12 de septiembre de 2003 por el Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se condenó al reintegro de la
actora en las mismas condiciones de empleo que gozaba al momento de su
desvinculación y al pago de l os salarios dejados de percibir. Dicho fallo fue
confirmado el 16 de diciembre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
6. El 28 de junio de 2004, la entonces Presidenta de la Asamblea Departamental ,
expidió la Resolución No. 0226 en la que dispuso que la Corporación no contaba
con planta de personal, de modo que no era posible reintegrar a la actora a un cargo
igual o de mejor categoría, razón por la cual, únicamente ordenó la liquidación y
pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, en cumplimiento
1 Folios 1-12 c. 1.
2 Escrito de reforma de la demanda (folios 30-41 c. 1).
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
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del referido fallo judicial. Así, se expidió la Resolución No. 2797 del 27 de julio de
2004 que ordenó pagar la suma de noventa y tres millones cuatrocientos setenta y
cinco mil ochocie ntos cincuenta y nueve pesos m/cte. ($93’475.859,00) a la
demandante.
7. La señora Hernández Ferro inició proceso ejecutivo laboral por incumplimiento
de la obligación de reintegro, en el marco del cual, el 15 de octubre de 2004 el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá ordenó librar mandamiento de pago
por los conceptos de costas, perjuicios materiales compensatorios en caso de no
darse el reintegro con los respectivos intereses, y perjuicios morales
compensatorios3.
8. Según la demanda, el 19 de diciembre de 2009 el Juzgado profirió sentencia en
la que ordenó seguir adelante con la ejecución y nombró a un perito para que
cuantificara los perjuicios compensatorios materiales y morales, los cuales fueron
establecidos mediante auto del 18 de diciembre de 2012. Este último auto fue objeto
de apelación, el cual fue desatado el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó la suma correspondiente a los perjuicios
morales y costas y agencias en derecho y finalmente condenó al pago de doscientos
cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500).
9. El 19 de mayo de 2014 la Secretaría Jurídica del Departamento expidió la
Resolución No. 029 por medio de la cual ordenó el pago de la sentencia del proceso
ejecutivo y las costas judiciales por la suma de doscientos cuarenta y un millones
ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500), el cual fue realizado el
5 de junio del mismo año. El 1 de julio de 2014 el Juzgado declaró termi nado el
proceso por pago total de la obligación.
Fundamentos de derecho
10. La parte actora sostuvo que el comportamiento del señor Hernán Humberto
Garzón Rodríguez fue gravemente culposo, en tanto su descuido y negligencia al
no haber esperado el permiso del juez laboral para desvincular a la funcionaria
aforada, fueron la causa de la condena en contra del Departamento. En este
sentido, señaló que, el entonces Presidente de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca desconoció las disposiciones constitucion ales y del Código
Sustantivo del Trabajo sobre la garantía del fuero sindical, además de lo dispuesto
en la Ordenanza 02 del 27 de febrero de 2001, la cual, si bien suprimió la planta de
empleos de la Asamblea Departamental, disponía la excepción del término previsto
para expedir los actos administrativos correspondientes a la supresión, retiro o
desvinculación de los empleados, en los casos de quienes estaban amparados por
fuero sindical, hasta la fecha en que se obtuviera la correspondiente autorización
legal.
3 En la demanda se señaló que el 30 de abril de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó
el auto de mandamiento de pago.
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
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La defensa
11. El señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez contestó la demanda por
medio de apoderado judicial y se opuso a su prosperidad. Para ese efecto,
argumentó que obró de manera diligente en su calidad de Presidente de la
Asamblea Departamental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000,
por la cual se dictaron normas tendientes a la racionalización del gasto público
nacional, y que, con el fin de definir la manera de aplicar dichas disposiciones,
promovió reuniones de la Mesa Directiv a de la Asamblea, consultó con otras
autoridades y celebró un contrato de asesoría laboral con un abogado para que le
prestara asesoría jurídica a la Corporación en lo referente a la desvinculación de los
empleados con ocasión de la mentada ley4.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
12. El departamento de Cundinamarca reiteró los argumentos planteados en la
demanda e insistió en el actuar negligente del demandado, quien obró de manera
ligera al omitir la calidad de fundadora del sindicato de la señora Hernández Ferro
y expedir el acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento, razón
por la cual adujo que el demandado actuó en violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho5.
13. El señor Garzón Rodríguez sostuvo que obró de manera diligente teniendo
en cuenta sus posibilidades y atendiendo a que no es profesional en Derecho,
motivo por el c ual adelantó todas las actuaciones tendientes a cumplir con lo
dispuesto en la Ley 617 de 2000 y finalmente celebró un contrato de asesoría laboral
con un abogado para que le prestara asesoría jurídica a la corporación y, fue en
virtud de sus recomendaciones, que se expidió el acto administrativo en cuestión6.
14. En concepto del Ministerio Público, se acreditó la c
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