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clave: "consejo_estado:providencia:05001233300020150105501-67534-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se tiene competencia para conocer de este asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-02-18"
radicado: "05001233300020150105501"
numero: "67534"
ponente: "MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020150105501-67534-sentencia"
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# Consejo de Estado: se tiene competencia para conocer de este asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-02-18
- **Radicado:** 05001233300020150105501
- **Número interno:** 67534
- **Ponente:** MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** MUNICIPIO DE ITAGÜI (ANTIOQUIA)
- **Demandado:** CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020150105501-67534-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233300020150105501/17CAC723A5471F1DA73D7866333E85316AFA708C5751E46C0FB5379BCF8050BB/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201501055011100103

## Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de repetición?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
- ¿Está demostrado la culpa grave por error inexcusable por expedir un acto administrativo de retiro de un empleado en provisionalidad?
- ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena de las costas procesales y las agencias en derecho?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152

## Extracto

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). Por su parte, el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone, en su numeral 9, que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado”.

## Síntesis temática

La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para los procesos de repetición depende de que se apele una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, con cuantía superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al presentarse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales. La segunda es que el numeral 9 del artículo 152 del CPACA radica en los tribunales la primera instancia de las repeticiones que superen esa cuantía, siempre que la competencia no esté asignada al Consejo. En el caso concreto la pretensión de repetición se estimó en una suma que superó ese límite para el año de presentación de la demanda, por lo que la Sala es competente. Como obiter dictum, la providencia precisa que el término de caducidad se cuenta desde la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, lo que ocurra primero, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso. El documento no indica que modifique un precedente.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, PRESUPUESTO PROCESAL, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, RETIRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, RETIRO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, RETIRO DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD, ERROR INEXCUSABLE, ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, INTERÉS PÚBLICO

## Guías prácticas relacionadas

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## Decisiones relacionadas

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- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se tiene competencia para conocer de este asunto](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020170135001-68019-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Debe determinarse la competencia para conocer del medio de control de repetición bajo los factores de cuantía o subjetivo conforme a la Ley 1437 de 2011.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020230003000-69514-auto-interlocutorio.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). Por su parte, el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone, en su numeral 9, que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $409’199.253, la cual superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó la demanda20. En definitiva, se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo en un proceso de repetición con vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, el conteo de los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior debe hacerse según lo dispuesto en dicha norma. En ese sentido, a pesar de que el régimen procesal aplicable a estos asuntos es el contenido en el CPACA, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, la condena judicial por la que hoy se repite se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado en vigencia del CCA, motivo por el cual este último cuerpo normativo será el aplicable para contar la caducidad22. En este orden de ideas, con fundamento en la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional23 respecto del numeral 9 del artículo 136 del CCA y del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, esta Corporación ha señalado -como regla general- que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero. La sentencia del 9 de octubre de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó en firme el 30 del mismo mes y año; por su parte, el municipio de Itagüí completó el pago el 31 de diciembre de 2014, día en que se realizó el último desembolso25, es decir, antes del cumplimiento de los 18 meses previstos en el artículo 177 del CCA. Así las cosas, dado que el término de caducidad corrió desde el 1° de enero de 2015 hasta el 1° de enero de 2017 y la demanda se presentó antes del vencimiento de dicho término, el 19 de mayo de 2015, se impone concluir que el medio de control de repetición se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 2080 DE 2021
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RETIRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / RETIRO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / RETIRO DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / ERROR INEXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Está demostrado la culpa grave por error inexcusable por expedir un acto administrativo de retiro de un empleado en provisionalidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El municipio de Itagüí afirmó que la actuación de Carlos Arturo Betancur Castaño, al expedir el acto de retiro de José Bernardo Álvarez Pulgarín, se subsumió en la presunción de culpa grave contenida en el artículo 6, numeral 1, de la Ley 678 de 2001, consistente en la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. (...) La Sala encuentra que para el 14 de junio de 2006, momento en que expidió el Decreto 254, ya se encontraba en vigor la Ley 909 de 2004 y que José Bernardo Álvarez Pulgarín ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al régimen de carrera administrativa. Vale la pena advertir que, pese a que el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 imponía expresamente el deber de motivación en los cargos de carrera administrativa48, esa norma no especificaba si tal exigencia aplicaba también para los empleados públicos que desempeñaban en provisionalidad esos cargos -de carrera-. En este punto radicó la estrategia de defensa del demandado, quien puso de presente, en su recurso de apelación, que para el 14 de junio de 2006 no existía certeza jurídica de la aplicación del artículo 41, parágrafo 2°, de la Ley 909 de 2004 en los nombramientos provisionales realizados en cargos de carrera administrativa y que, por ello, la indebida aplicación del derecho en la que había incurrido era excusable. (....) Para el Consejo de Estado era posible predicar las reglas de la facultad discrecional en los nombramientos provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los nombramientos de libre nombramiento y remoción; postura que difería de la planteada por la Corte Constitucional, según la cual el hecho de que el funcionario estuviera nombrado en provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y remoción, por lo que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so pena de vulnerar el debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en el cual sea nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la plaza”. (...) Lo hasta aquí expuesto le permite a la Sala descartar una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por parte del demandado al terminar el nombramiento de José Bernardo Álvarez Pulgarín sin expresar las razones de esa decisión, la misma era razonable para junio de 2006 y, además, contaba con el respaldo de la entonces jurisprudencia del Consejo de Estado -sin perjuicio de que se comparta o no esa hermenéutica-, la cual fue acogida por la secretaría jurídica de Itagüí, dependencia que prestaba su asesoría para que el entonces alcalde no incurriera en yerros jurídicos, por ejemplo, al ejercer su facultad de remoción. Por las razones expuestas, el municipio de Itagüí no demostró el hecho en el cual apoyó la presunción de culpa grave que alegó, la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Es por ello por lo que la Sala revocará lo decidido en primera instancia y negará las pretensiones de la demanda, en la medida en que no fue probada la imputación realizada en contra de Carlos Arturo Betancur Castaño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema. consultar Corte Constitucional, T-254 de 2006 y sentencia SU-917 de 2010.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004
COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena de las costas procesales y las agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, establece: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal (se destaca). De la lectura de la norma se desprende, entre otras cosas, que en los procesos en los que se ventile un interés público no se dispondrá sobre la condena en costas, a menos que la demanda se hubiese presentado “con manifiesta carencia de fundamento legal”. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que” la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho”53; criterio que ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples pronunciamientos54. Bajo ese entendido, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-02-18. C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO. Rad. 05001233300020150105501. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233300020150105501-67534-sentencia).
