Radicado: 05001-23-33-000-2013-01721-01 (57849)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 05001-23-33-000-2013-01721-01 (57849)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandados: Carlos Acosta Correa y otros
Acción: Repetición
Tema: Improcedencia de la acción de repetición contra miembros de la
Fuerza Pública por conductas cometidas por causa o con ocasión
del conflicto armado a partir del Acto Legislativo No. 01 de 2017.
Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la providencia en el sentido de
estudiar el fondo de las pretensiones de la demanda de repetición. Se debió
aplicar el artículo transitorio 26 del Acto Legislativo No. 01 de 2017 que establece
la improcedencia de la acción de repetición contra miembros de la Fuerza Pública
que hayan cometido conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.
1.- El artículo transitorio 26 del Acto Legislativo No. 01 de 2017 , que hace parte
de las disposiciones aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, señala:
<<Artículo transitorio 26. Exclusión de la acción de repetición y llamamiento en
garantía para miembros de la Fuerza Pública. En el caso de miembros de la
Fuerza Pública que hayan cometido conductas punibles por causa, con ocasión
o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, no procederá la
acción de repetición y el llamamiento en garantía establecidos en el artículo
90 de la Constitución Política. E n todo caso, deberán contribuir al
esclarecimiento de la verdad, a la reparación no monetaria de las víctimas
y garantizar la no repetición>> (se resalta).
2.- Los hechos que dieron lugar a la demanda de repetición pueden ser
calificados como << conductas punibles por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado >>, porque a los demandados se les
imputó haber participado en la muerte de un civil que fue presentado como
miembro de un grupo subversivo para justificar s u fallecimiento. La conducta
imputada corresponde a la ejecución de homicidios agravados presentados como
bajas en combate por agentes del Estado , que han sido denominados como
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<<falsos positivos >>, y cuyo conocimiento fue asumido por la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) por medio del auto No. 5 del 17 de julio de 20181.
3.- En un caso similar, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que
la improcedencia de la acción de repetición y del llamamiento en garantía es un
<<asunto de fondo>> que debe ser estudiado en el fallo que ponga fin al
proceso2. Una cosa es determinar la improcedencia de la acción y a partir de esta
premisa normativa rechazar las pretensiones de la demanda y otra cosa es
resolver si existe o no responsabilidad patrimonial de los militares demandados.
4.- El artículo transitorio 26 del Acto Legislativo No. 01 de 2017 no sujeta la
improcedencia de la acción de repetición a condicionamiento alguno, más allá de
que se cumplan sus presupuestos: (i) que el demandado sea miembro de la
Fuerza Pública y (ii) que haya cometido una conducta punible por causa, con
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno . Como
disposición adicional, el inciso final de l artículo 26 establece que, << en todo
caso>>, el agente deberá contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la
reparación no monetaria de las víctimas y garantizar la no repetición ; ello no
quiere decir que la norma haya establecido como condición para la
improcedencia de la acción la demostración de que el agente haya cumplido los
deberes indicados en la disposición.
5.- A partir de la exposición de motivos de los proyectos de Acto Legislativo No.
2 y 3 de 2016 acumulados, que dieron lugar al Acto Legislativo No. 01 de 2017,
se infiere que la exclusión de la acción de repetición no está sujeta a condiciones
como el sometimiento o la admisión del agente a la JEP . En efecto, la
improcedencia de la acción de repetición se planteó como una medida distinta de
los beneficios penales que se conceden a los miembros de la Fuerza Pública que
se sometan a la JEP, como la renuncia a la persecución penal, las sanciones
alternativas o la revisión de las sentencias proferidas en la justicia ordinaria3.
6.- Según la exposición de motivos, la i mprocedencia de la acción de repetición
busca promover la <<reconciliación nacional>> mediante el reconocimiento de la
situación jurídica de los miembros de la Fuerza Pública, ante las consecuencias
que pueden tener las condenas contra el Estado por hechos ocurridos en el
marco del conflicto armado:
1 Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas. Auto No. 5 del 17 de julio de 2018, mediante el cual se avoca
conocimiento del Caso No. 3, denominado <<muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por agentes del Estado>>.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de diciembre de
2021, Exp. 59629, M.P.: Dr. Guillermo Sánchez Luque.
3 Cada una de estas medidas tiene su propia justificación en la exposición de motivos del proyecto de acto
legislativo, que además se encuentran en capítulos distintos de la improcedencia de la acción de repetición.
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<<Bajo la misma línea argumentativa, es imperativo precisar que la jurisprudencia
del Consejo de Estado respecto de los hechos acaecidos en el marco del conflicto
armado y los daños producidos por el Esta do en el contexto de este, ha
consolidado la teoría de responsabilidad objetiva, obviando la necesidad de
probar la culpa para atribuir la responsabilidad del Estado, la cual deriva en una
condena patrimonial que deberá ser reintegrada por el agente de Estado en
virtud de la acción de repetición prevista en el artículo 90 superior.
Situaciones como la descrita en el párrafo precedente, así como las que se
presentan con los demás supuestos de imputación de responsabilidad del Estado
afecta directamente a los agentes del Estado, esencialmente a los miembros de
la Fuerza Pública por los hechos cometidos por causa, con ocasión o relación
directa o indirecta con el conflicto armado interno, agravando la situación
jurídica de éstos, ya que, adicional a la eventual responsabilidad penal que
se deriva, también se compromete su responsabilidad patrimonial.
En ese sentido, y reconociendo que el Estado como institución debe reparar
integralmente a las víctimas del conflicto armado inte rno por graves violaciones
a los derechos humanos e infracciones al DIH, es necesario, como una medida
transicional, excepcional y transitoria que atienda la situación jurídica de
los miembros de la Fuerza Pública y de los agentes del Estado que
cometieron conductas punibles por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado interno , limitar el ejercicio de la
acción de repetición y el llamamiento en garantía, medida que promueve la
reconciliación nacional, facilitando la construcción de una paz estable y
duradera>> (se resalta).
7.- La Corte Constitucional señaló que la exclusión de la acción de repetición
contra miembros de la Fuerza Pública no afecta los derechos de las víctimas
porque en todo caso el Estado garantiza la reparación integral del daño:
<<Al cierre de este capítulo, se encuentra el artículo transitorio 26, en el que se
estipula la exclusión de la acción de repetición y el llamamiento en garantía para
los miembros de la Fuerza Pública. A juicio de esta Corporación, pese a que
varios intervin ientes consideran que este precepto se aleja del principio de
centralidad de las víctimas, lo cierto es que satisface igualmente los criterios de
conexidad material y teleológica, por una parte, porque en el proyecto de ley de
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales que se incorpora al Acuerdo,
se establece que la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado
impide el ejercicio de la acción de repetición y el llamamiento en garantía; y por
la otra, porque si bien podría considerarse que la formula incorporada en el
Acto Legislativo es más amplia, el ajuste que se realiza mantiene
plenamente la correspondencia teleológica con los fines del Acuerdo, en
donde más allá de la obligación concreta de indemnizar por parte del
victimario, se prevé la calidad de garante del Estado respecto del deber de
satisfacer el derecho a la reparación integral, como se explicó
previamente>>4 (se resalta).
8.- La interpretación propuesta se confirma si se advierte que, a diferencia del
artículo transito rio 26, otras normas d el Acto Legislativo No. 01 de 2017
establecen condicionamientos expresos frente a los beneficios otorgados a los
4 Corte Constitucional. Sentencia C-674 de 2017. M.P.: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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comparecientes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición. Por ejemplo:
8.1.- El artículo 3º, que modifica el artículo transitorio 66 de la C.P., señala que el
legislador estatutario debía <<establecer los casos, requisitos y condiciones
en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los
casos en los que pro
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