Titulación de la relatoría 11.850 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer la segunda instancia del proceso de repetición adelantado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con independencia de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del CCA y el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, conforme al cual, los procesos de repetición se tramitarán ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia para conocer de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 21 de abril de 2009, expediente 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129
ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACUERDO DE CONCILIACIÓN / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / EFECTOS DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN
Problema jurídico:
¿En el caso, la demanda de repetición se presentó de forma oportuna ya que el plazo de caducidad se cuenta desde el auto que aprobó la conciliación objeto de repetición, por no estar probado el pago de la misma, pues, en principio, este plazo se contabiliza desde el desembolso efectivamente realizado, sólo que para efectos de la repetición, el período para presentar la demanda no puede exceder el espacio temporal de dos años, contados a partir del vencimiento de los 18 meses que tenía la demandante como período hábil para cumplir la obligación ?
Respuesta al problema jurídico: Si
La norma aplicable de caducidad, para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a este proceso, era el numeral 9 del artículo 136 del CCA (...) lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En punto de la contabilización del término de caducidad, es claro que el auto que aprobó la conciliación objeto de repetición quedó ejecutoriado el 17 de junio de 2003 (...). Por consiguiente, los 18 meses con que contaba la Policía Nacional para dar cumplimiento a la condena fenecieron el 18 de diciembre de 2004 sin que para tal fecha se hubiera efectuado el pago que dio origen a la acción de repetición objeto de examen. De este modo, la entidad hoy actora contaba con la posibilidad de ejercer el derecho de acción hasta el 19 de diciembre de 2006 y, como el libelo introductorio se presentó el 9 de febrero de 2006 (...), es palmario que el mismo fue interpuesto oportunamente. En este punto, cabe señalar que el término de caducidad se cuenta desde la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio proferida el 27 de mayo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dado que, como se analizará en seguida, no se probó el pago efectuado por la entidad, pues, en principio, este plazo se contabiliza desde el desembolso efectivamente realizado, sólo que para efectos de la repetición, el período para presentar la demanda no puede exceder el espacio temporal de dos años, contados a partir del vencimiento de los 18 meses que tenía la demandante como período hábil para cumplir la obligación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-832 del 8 de abril de 2001, expediente D-3388, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, expediente D-3773, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DOCUMENTO AUTÉNTICO
Problema jurídico:
¿La Policía Nacional demostró el pago del acuerdo conciliatorio que generó el ejercicio de la presente acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala ha indicado, en varias oportunidades, que para la prosperidad de la acción de la acción de repetición debe acreditarse (i) la existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública o la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de un litigio; (ii) el pago realizado por la Administración; (iii) la calidad de agente del Estado; y (iv) la calificación de la conducta del agente, como dolosa o gravemente culposa. Los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y frente a ellos resultan aplicables las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda –Ley 678 de 2001–; no obstante, la conducta dolosa o gravemente culposa corresponde a un elemento subjetivo que se debe analizar a la luz de la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la actuación u omisión determinante del pago cuyo reembolso se solicita, –artículo 63 del Código Civil, en concordancia con los artículos 6 y 83 de la Carta Política–. En el caso examinado, el juez de primera instancia determinó que no se probó el pago realizado por la Policía Nacional, punto que fue objeto de reproche en la alzada, de ahí que la Sala verificará, en primer lugar, si se cumplió o no tal presupuesto (...) Conviene mencionar que, en reciente pronunciamiento, la Subsección sostuvo que la entidad pública condenada puede valerse de cualquier medio probatorio, por ejemplo, de documentos públicos, siempre y cuando resulten idóneos para acreditar la extinción de la obligación y hubieran permanecido a disposición de las partes para su contradicción En ese estado de cosas, aunque los documentos expedidos por el servidor público gozan de presunción de autenticidad, ello no significa que sean un prueba definitiva e irrefutable, pues es importante recalcar que estos adquieren esa condición cuando su contenido acredita con suficiencia el hecho que se certifica y no hubieran sido controvertidos, objetados o tachados de falsos. Con claridad sobre la libertad y el valor probatorio de los elementos de juicio que se allegan para probar el pago de la obligación por la que se repite, la Subsección trae a colación los documentos con los que la Policía Nacional pretende superar este aspecto (...) Con base en lo anterior, la Sala resalta que tales pruebas no dan cuenta del pago efectivo de la condena conciliada en sede de reparación directa a favor del señor (...) y sus familiares, dado que de su contenido no se desprende que la transferencia para pagar el cheque se hubiere efectuado, que la beneficiaria lo hubiera recibido, o que el dinero hubiera salido de las cuentas de la entidad, tanto así que las siglas del estado del movimiento contable pareciera dar a entender que estaba en trámite –no refiere aprobado o tramitado– y su respaldo corrobora que para ese momento estaba pendiente de validarse, aunado a que no aparece reporte alguno de que el beneficiario o su apoderada hubieran recibido a satisfacción el dinero. Para esta Subsección, la entidad demandante probó que reconoció la obligación y ordenó su pago, pero no ocurrió lo mismo con la constancia de que canceló la suma de $152’979.660 a su acreedor. El artículo 51 del Código de Comercio prevé que hacen parte integrante de la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios. En particular, el comprobante de egreso constituye la síntesis de las operaciones relacionadas con el pago de dinero o su equivalente; empero, el documento que se aportó junto con la demanda y que se titula “egreso” sólo evidencia la orden para pagar el acuerdo conciliatorio, pero este no demuestra que en efecto el dinero hubiera sido entregado al beneficiario o que se hubiera consignado, pues, se repite, se adujo que esa acción estaba pendiente de calificación. En otros términos, para satisfacer la carga procesal objeto de estudio, es claro que debió aportarse no sólo el documento que reconocía y ordenaba la entrega de dinero a favor de los beneficiarios del acuerdo conciliatorio, sino también las constancias de haber efectuado las transferencias a entera satisfacción de la apoderada o de los propios demandantes de la controversia de reparación directa, ello con miras a brindar certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación hoy objeto de repetición. De modo que, para acreditar la satisfacción plena de la obligación, no bastaba con que la entidad demandante aportara documentos originados en sus propias dependencias, sin importar que ostentaran el carácter de públicos, que ordenaban el pago de una suma de dinero, si en ellos no se puede verificar el pago efectivo de lo adeudado por el Estado, requisito indispensable que brinda certeza –se insiste– acerca de la extinción de la condena. Esta Sala le recuerda a la demandante que, al haberse efectuado la extinción del negocio jurídico por medio de cheque o consignación bancaria, según su propio dicho, es evidente que tal soporte le fue enviado o entregado a quien realiza la transacción, en este caso, a la propia entidad estatal. Asimismo, que las normas reseñadas sobre los requisitos y validez del pago ostentan la característica de ser cánones de corte sustancial y no procesal. No obstante, en el sub judice, reitera y resalta la Subsección, la parte actora pretendió acreditar el pago de la condena con documentos que, si bien ostentan la calidad de públicos y se presumen auténticos, lo cierto es que sólo permiten tener certeza sobre el autor de los mismos, mas no dan cuenta de que el beneficiario hubiera recibido el monto correspondiente, hecho que infringe las reglas sustanciales contenidas en el Código Civil. En ese contexto, como la Policía Nacional no demostró el pago del acuerdo conciliatorio que generó el ejercicio de la presente acción de repetición contra el señor (...), la Sala no analizará el cumplimiento del elemento subjetivo necesario para la prosperidad de la pretensión restitutoria
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el presupuesto de pago de la condena para la procedencia de la repetición, ver: Sentencias del 27 de noviembre de 2006, expediente 18.440, del 6 de diciembre de 2006, expediente 22.189, del 3 de diciembre de 2008, expediente 24.241, del 26 de febrero de 2009, expediente 30.329 y de 13 de mayo de 2009, expediente 25.694, entre otras. Sentencia del 13 de junio de 2016, expediente 41.384, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. sentencia del 31 de julio de 1997, expediente 9894, M.P. Ricardo Hoyos Duque Sentencia del 22 de abril de 2022, expediente 67.678, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, expediente 48279, M.P. José Roberto Sáchica Méndez
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 51, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63, LEY 678 DE 2001
Texto extraído del PDF oficial 45.006 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01991-01 (68.244)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Demandado: ONEY TABARQUINO PRIETO
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD – condena proferida en un proceso
tramitado en vigencia del CCA – término de caducidad – fecha en la que se realiza el pago
o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad /
SUPUESTOS OBJETIVOS DE PROCEDENCIA – falta de prueba del pago del acuerdo
conciliatorio que dio lugar a la presente demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Quinta Mixta del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Según se dijo en el escrito inicial, el 7 de marzo de 1998, el señor Oney Tabarquino
Prieto, patrullero de la Policía Nacional, mientras se encontraba en ejerci cio de las
funciones que le fueron asignadas, disparó su arma de dotación oficial contra un
ciudadano sin justificación alguna y le generó varias lesiones corporales. Como
consecuencia, la víctima directa del daño y sus familiares demandaron en
reparación directa a la Policía Nacional para que se les indemnizaran los perjuicios
ocasionados. El 5 de mayo de 2003, el Tribunal Administrativo de Antioquia convocó
a audiencia de conciliación judicial, diligencia en la que las partes llegaron a un
acuerdo. La entidad accionante afirmó que pagó la suma de $152’979.660, por tal
razón, demandó en repetición al ex agente estatal con base en que su conducta fue
Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01991-01 (68.244)
Actor: Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional
Demandado: Oney Tabarquino Prieto
Referencia: Acción De Repetición
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gravemente culposa o dolosa, porque “ de manera imprudente e irresponsable
infringió las reglas básicas para el manejo de armas”, situación que dio lugar al pago
efectuado.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 9 de febrero de 2006 (fl. 25 del c.1), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, por conducto de apoderado judicial (fl . 26 de c.1), formuló demanda de
repetición contra el señor Oney Tabarquino Prieto, con el fin de que se le condenara
a reintegrar la suma de $152’979.660, la cual tuvo que pagar en cumplimiento del
acuerdo de conciliación celebrado en el proceso de repara ción directa 002.674,
aprobado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 27 de mayo
de 2003.
En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas (fls. 10 – 12 del c.1):
1.Que el señor Oney Tabarquino Prieto es responsable a título de culpa grave
o dolo de los hechos ocurridos el 07 -03-1998, cuando el señor Freddy Adolfo
Montoya Montoya se encontraba frente a su casa lavando el Taxi de placas TIK
- 907, el cual conducía habitualmente. A escasos metros se encontraban
jugando fútbol algunos jóvenes del barrio Santo Domingo Sabio cuando de
repente apareció una persona desconocida en el barrio y empezó a disparar
indiscriminadarnente; los mencionados jóvenes corrieron en busca de refugio,
dirigiéndose hacia donde estaba el demandante; al instante aparecieron en una
motocicleta dos agentes de Policía Ramírez Ramírez Edilson Augusto y Oney
Tabarquino Prieto y empezaron a disparar sin mediar palabra a las personas
que corrieron, fruto de esta a cción irresponsable resultó lesionado Freddy
Adolfo Montoya Montoya con arma de dotación oficial.
2.Debido al accionar irresponsable del señor Oney Tabarquino Prieto, los
familiares del lesionado iniciaron demanda ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, y la misma fue radicada con no.002.674, en el cual el 5 de mayo de
2003 se realizó audiencia de conciliación judicial, donde la Nación – Ministerio
de defensa – Policía Nacional se obligó a pagar a favor de los demandantes
(…) un total de 2.100 gramo s oro por perjuicios morales, (…) por concepto de
perjuicios fisiológicos 500 gramos oro (…) y por perjuicios lucro cesante
$50.000.000 (…) y se pactaron intereses comerciales durante el primer mes a
partir de la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación e intereses moratorios
a partir del mes siguiente (…).
3.Dicha audiencia de conciliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante auto del 27 de mayo de 2003 y ejecutoriado el 12 de
junio de 2003.
4. El cumplimiento de dicho acuerdo conciliatorio se ordenó mediante resolución
00620 del 22 -12-2003, emanado de la Policía Nacional por $152.979.660, la
citada resolución fue cancelada el 13 de febrero de 2004.
Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01991-01 (68.244)
Actor: Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional
Demandado: Oney Tabarquino Prieto
Referencia: Acción De Repetición
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5. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor
Oney Tabarquino Prieto al pago total o parcial de la suma que la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional pagó a las víctimas del perjuicio, o sea
$152.979.660, pago que deberá realizar a favor de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional.
(…) 7. Que el monto de la condena que profiera contra el señor Oney
Tabarquino Prieto sea actualizado hasta el monto del pago ejecutivo de la
demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A.
8. Que se condene en costas al demandado.
Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que el 7 de marzo
de 1998, en Medellín, Antioquia, el señor Freddy Adolfo Montoya Montoya se
encontraba lavando el taxi de placas TIK -907 en frente de su residencia. A unos
metros se hallaban unos jóvenes jugando fútbol, “cuando de repente una persona
desconocida empezó a disparar a las personas”, razón por la cual todos corrieron a
refugiarse donde estaba el señor Montoya Montoya; no obstante, en ese momento
“aparecieron” dos patrulleros de la Policía Nacional y uno de ellos disparó su arma
de dotación “sin mediar palabra”, ocasionándole lesiones a aquel.
Por estos hechos, la Justicia Penal Militar declaró responsable al señor Oney
Tabarquino Prieto por el delito de lesiones personales y, como consecuencia, lo
condenó a la pena principal de tres años de prisión y multa de “$5.000”. Asimismo,
la Policía Nacional lo destituyó del cargo.
La víctima directa del daño y su núcleo familiar presentaron demanda de reparación
directa contra la Policía Nacional para obtener la indemnización de los perjuicios
morales y materiales generados.
El 5 de mayo de 2003, el Tribunal Administrativo de Antioquia convocó a audiencia
de conciliación judicial, diligencia en la que las partes llegaron a un acuerdo, el cual
fue aprobado el 27 de ese mismo mes y año.
Mediante Resolución 620 del 22 de diciembre de 2003, la Dirección Administrativa
y Financiera de la Policía Nacional reconoció a favor de los actores de ese proceso
la suma de $152’979.660.
A juicio de la entidad demandante, el señor Oney Tabarquino Prieto incurrió en
“culpa grave o dolo” y, con ello, dio lugar a la indemnización pagada, pues disparó
su arma de dotación sin motivo alguno, ya que era claro que no estaba en combate
ni en medio de un operativo y tampoco recibió una agresión por parte de la
Radicación número: 05001-23-31-000-2006-01991-01 (68.244)
Actor: Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional
Demandado: Oney Tabarquino Prieto
Referencia: Acción De Repetición
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comunidad ni del lesionado; además, tuvo la posibilidad de obrar con diligencia y
cuidado, pero no lo hizo, sino que olvidó el deber de proteger la vida y la dignidad
de la víctima.
2. Trámite en primera instancia
2.1. En auto del 12 de septiembre de 2006, el Juzgado Noveno Administrativo de
Medellín admitió la demanda de la referencia (fl. 44 del c.1), pero, el 9 de febrero de
2009, declaró su falta de competencia para continuar conociendo del mismo y
ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia (fls. 45 –
46 del c.1), autoridad judicial que, a través de proveído del 3 de junio de 2010, avocó
conocimiento del asunto y requirió a la Policía Nacional, a fin de practicar la
notificación del auto admisorio de la demanda (fl. 47 del c.1).
Dado que no fue posible notificar al demandado, en auto del 3 de abril de 2017,
previo empla zamiento, se designó curadora ad litem para que asumiera su
representación judicial (fl. 84 del c.1), quien tomó posesión el 5 de septiembre de
esa anualidad (fl. 101 del c.1).
2.2. La curadora ad litem del señor Oney Tabarquino Prieto contestó la demanda.
En relación con los hechos, manifestó que no le constaban y, en lo atinente a las
pretensiones formuladas, expresó su oposición, en razón a que de los elementos
de juicio aportados al expediente no se podía deducir su responsabilidad; por el
contrario, permitían inferir que actuó en cumplimiento de un deber propio del
servicio, toda vez que “reaccionó al escuchar el disparo y ver a algunas personas
corriendo en busca de refugió, lo cual incluso se podría calificar como un eximente
de responsabilidad”. Al respecto, puntualizó (fls. 102 – 106 del c.1):
(…) Es evidente que en ningún momento el señor Tabarquino Prieto hizo uso
desproporcionado de la fuerza, pues el ataque fue proporcional al que estaba
recibiendo la población, no como lo quiere hacer parecer la parte demandante
que indica que el ataque del agente fue indiscriminado, lo que tampoco tiene
soporte probatorio dentro del proceso y se demuestra con el hecho de que sólo
lesionó a la persona y esto indica que no actuó con dolo
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