Titulación de la relatoría 21.311 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / MINISTERIO DE JUSTICIA / UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS / SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / SEGURO DE VIDA / BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO / COBERTURA DEL SEGURO DE VIDA / CONTRATO DE SEGURO DE VIDA / OBJETIVO DEL SEGURO DE VIDA / PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA / EMPLEADO JUDICIAL / EMPLEADO DEL MINISTERIO PÚBLICO
OBITER DICTUM
La Ley 16 de 1988 (…) fue expedida en vigencia de la Constitución de 1886, y autorizó al «Ministerio de Justicia para contratar con la Compañía de Seguros ‘La Previsora S.A.’, el seguro a que se refiere la presente Ley». Para aquella época nuestro país enfrentaba el desafío violento de organizaciones criminales que atentaban contra la estabilidad del Estado y sus autoridades legítimamente constituidas, en particular contra los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público que, en ejercicio de sus funciones las enfrentaban. (…) En consideración al grave riesgo al que estaban expuestos los encargados de administrar justicia y los agentes del Ministerio Público, así como el siniestro de generar una mínima seguridad económica para sus familias, la Ley 16 de 1988 estableció los elementos esenciales del seguro (…) [S]e extraen los siguientes elementos: a) Los asegurados: son los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, además de las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales. Es decir, la norma expresamente califica los sujetos asegurados, los cuales deben tener una vinculación laboral como empleados o funcionarios de la Rama o del Ministerio Público o ejercer de manera transitoria la función de administración de justicia, lo que no sucede con los funcionarios de la UBPD, como se verá mas adelante. b) Riesgos: cubre los riesgos de muerte en hechos violentos, por causa o con ocasión del ejercicio de las funciones, extensivo a la invalidez del asegurado en tres grados: parcial, total y gran invalidez. Es claro que la norma exige una conexidad con el ejercicio de las funciones judiciales o del Ministerio Público, al limitar el cubrimiento del seguro de vida a la muerte «por causa o con ocasión del ejercicio de sus funciones». c) Monto de la indemnización: por muerte, equivale a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha del suceso. El valor que se reconoce por la pérdida de capacidad laboral, en salarios mínimos legales mensuales, está previsto legalmente. d) Beneficiarios: si bien el artículo 4° ibidem advierte que «[e]l seguro de vida será pagado a los beneficiarios que hubiere designado el funcionario o empleado», la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la omisión de estos «[n]o afecta ni vicia el acuerdo ni mucho menos los amparos, pues, según el mismo precepto, si no están determinados ‘los beneficiarios’ la indemnización reconocida se entregará a los herederos del asegurado, de conformidad con las reglas sucesorales. Es más, ninguna trascendencia tiene si se llena o no el respectivo formato cuando la reclamación es por incapacidad del funcionario, en la medida que se confunden en él las calidades de asegurado y beneficiario» e) Tomador: inicialmente era el Ministerio de Justicia, pero a partir de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio del director ejecutivo de Administración Judicial en cumplimiento de las funciones conferidas por el artículo 99 ibidem. En el caso de los empleados del Ministerio Público, es la Procuraduría General de la Nación. El cambio en el tomador del seguro del Ministerio de Justicia al Consejo Superior de la Judicatura se surte por mandato constitucional, pues a partir de la Constitución Política de 1991 corresponde a dicha corporación ejercer las funciones de administración de la Rama Judicial (artículo 257, C.P.). f) Asegurador: la compañía La Previsora S.A. Lo expuesto permite sostener que la Ley 16 de 1988 establece normativamente los elementos esenciales del seguro allí creado, pero, a la vez, el contrato de seguro celebrado en cumplimiento de la mencionada disposición está regulado, en lo no determinado por la Ley 16, por las normas del Código de Comercio, relativas al seguro de vida. De las normas citadas hasta el momento, se puede deducir que la Ley 16 de 1988, establece una protección especial a través del seguro allí señalado, para unos sujetos calificados como son los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, además de las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, cuyos elementos esenciales son los allí dispuestos y los cuales fueron analizados en precedencia. Cuando la norma exige que sean «funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público», resulta claro que el seguro protege la actividad derivada de la relación legal y reglamentaria del servidor público por razón de su vinculación a dichos órganos del poder público, al punto que en el evento de materializarse el riesgo exista un nexo con el servicio, tal como lo exige el artículo 1 de la Ley 16, al disponer que el seguro ampara los hechos acaecidos por «causa o por ocasión del ejercicio de sus funciones» en los que tales funcionarios y empleados pierdan la vida en hechos violentos. De esta manera la Ley 16 de 1988 crea una prestación especial o adicional para los mencionados servidores públicos al ordenar la celebración del contrato de seguro aludido. (…) [A]l entrar en vigencia el Sistema General de Seguridad Social, creado en la Ley 100 de 1993, así como en el Decreto Ley 1295 de 1994, el seguro de vida previsto en la Ley 16 de 1988 se mantiene incólume, pues resulta «compatible» con dicho sistema, toda vez que es un amparo adicional y especial a las prestaciones e indemnizaciones generales de los trabajadores, prevista para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, por razón de su vinculación laboral y las contingencias que podrían acaecer por el ejercicio de sus funciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el contexto histórico de la Ley 16 de 1988, ver: Corte Constitucional. Sentencia T – 189 de 1993. // Sobre los beneficiarios del seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988, ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de abril de 2013, exp. 0500131030012004-00457-01.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257, DECRETO LEY 1295 DE 1994, DECRETO LEY 589 DE 2017, LEY 16 DE 1988 - ARTÍCULO 1 Y 7 , LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 99
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS / SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA
OBITER DICTUM
1. La UBPD es una unidad del orden nacional, con personería jurídica y con autonomía administrativa, presupuestal y técnica. 2. La UBPD es una unidad administrativa especial, que hace parte del ejecutivo. La autonomía administrativa de la UBDP no significa que esta tenga un régimen jurídico autónomo, pues se insiste, pertenece al sector justicia. 3. La norma constitucional señaló expresamente que, corresponde a la ley la función de reglamentar la naturaleza jurídica de la UBPD, su mandato y atribuciones, así como establecer las atribuciones necesarias para cumplir su mandato de naturaleza humanitaria. 4. El Decreto Ley que regula su naturaleza y el funcionamiento sitúa a la Unidad como parte del sector justicia, la cual cumple funciones de coordinación con el resto de las autoridades del SIVJRNR y con otras instituciones públicas de la misma área misional. 5. La UBPD es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial cuyo objeto es implementar acciones de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas, así como recuperar, identificar y entregar sus cuerpos de forma digna. 6. Como se trata de un órgano extrajudicial, el alcance de sus atribuciones no puede sustituir ni impedir el desarrollo de las investigaciones judiciales a las que haya lugar. 7. En su calidad de persona jurídica, la UBPD puede realizar todos los actos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, ajustándose a las facultades y atribuciones que le otorgan la Constitución, el Decreto Ley 589 de 2017, su reglamento y las demás normas que rijan su funcionamiento. 8. El Decreto Ley que organizó esta entidad solo estableció un régimen especial en materia de administración de personal. 9. En atención a lo dispuesto en las normas constitucionales y legales de creación y reglamentación, la gestión contractual de la UBPD no está sometida a un régimen especial. Por lo tanto, la UBPD debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y las que la modifican o adicionan), en sus actuaciones contractuales, de conformidad con sus especiales atribuciones y funciones asignadas por la Constitución y la ley. De lo expuesto también se tiene que la UBPD no hace parte de la Rama Judicial ni integra el Ministerio Público, pues es una unidad administrativa especial, que hace parte del ejecutivo. De manera adicional, materialmente tampoco cumplen de manera temporal o transitoria con las funciones asignadas a la Rama Judicial o al Ministerio Público, pues la UBPD es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial cuyo objeto es implementar acciones de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas, así como recuperar, identificar y entregar sus cuerpos de forma digna. (…) [L]os empleados de la UBPD son servidores públicos en los términos del artículo 123 de la Constitución. Por su parte, en ese régimen especial de personal de la UBPD (Decreto 289), no se prevé un seguro de vida para sus servidores, ni remite a la Ley 16 de 1988 para el efecto. (…) [E]l riesgo de muerte fue asumido por el Sistema de Seguridad Social Integral creado por la Ley 100 de 1993, y, por consiguiente, al estar los servidores públicos afiliados a dicho Sistema se encuentran amparados por las prestaciones de este. En consecuencia, los servidores públicos vinculados a la UBPD se encuentran sometidos a las normas especiales previstas en los Decretos 589 de 2017 y 289 de 2018, que como se examinó, no establecen a su favor un seguro de vida, ni remiten a la Ley 16 de 1988. De esta manera, en materia de seguridad social, se aplicará el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993 para todos los trabajadores, incluidos los servidores públicos de la UBPD. De lo expuesto se concluye que a los servidores públicos de la UBPD no les son aplicables las normas especiales de la Ley 16 de 1988 y el seguro de vida allí previsto. En materia de seguridad social a sus servidores le es aplicable la Ley 100 de 1993. Asimismo, dada la naturaleza jurídica de la UBPD y las normas que rigen su funcionamiento, los servidores públicos de esa entidad no pueden ser considerados funcionarios o empleados de la Rama Judicial o el Ministerio Público y, además, no ejercen de manera transitoria la administración de justicia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica, régimen contractual y de personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2488 de 2022. // Sobre la derogatoria de los artículos 34 y 35 del Decreto Ley 3135 de 1968, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2344 de 2017.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 - ARTÍCULO 3, DECRETO 289 DE 2018, DECRETO 589 DE 2017, DECRETO 589 DE 2017 - ARTÍCULO 17 NUMERAL 8
ANALOGÍA / PRINCIPIO DE LA ANALOGÍA / PROCEDENCIA DE LA ANALOGÍA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ANALOGÍA
OBITER DICTUM
En este orden de ideas, la analogía es uno de los instrumentos a través del cual se pretende colmar los inevitables vacíos normativos que se presentan en los sistemas jurídicos. Esto, mediante la aplicación de reglas o criterios que han sido discernidos para la solución de casos similares. (…) [C]onviene destacar la importancia del ejercicio de análisis que deben adelantar los operadores jurídicos, con el fin de discriminar las similitudes y diferencias que presentan los casos entre los que se proyecta la realización de una analogía. Sin excepción, el empleo de esta figura exige la ejecución de un análisis concienzudo que permita deducir, en primer lugar, la similitud efectiva de los casos en sus aspectos más relevantes y, en segundo término, la identificación de los elementos normativos que pueden ser transferidos al supuesto de hecho que carece de una regulación específica. (…) [D]icho ejercicio pretende establecer la existencia de los siguientes elementos: «(i) un asunto o conflicto que debe resolverse; (ii) la inexistencia de una ley exactamente aplicable a ese asunto; y (iii) una ley que regula casos o materias semejantes (no iguales) que comparten la misma razón jurídica y, por tanto, admiten la misma solución en derecho». Una vez verificado el cumplimiento de estos requisitos, el operador jurídico se encuentra llamado a aprovechar la solución que el legislador ha dispuesto para solventar la controversia análoga. Al obrar de este modo, según fue señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-083 de 1995, en lugar de dar aplicación a una fuente subsidiaria del ordenamiento jurídico, el operador jurídico da aplicación a una norma legal pertinente y válida. Para el caso concreto se observa, en primer lugar, que el riesgo de muerte de los servidores públicos de la UBPD es asumido por el Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y normas complementarias, y, por consiguiente, al estar los servidores públicos afiliados a dicho Sistema se encuentran amparados por las prestaciones de este. En efecto, la Sala reitera su postura contenida en el Concepto 2344 de 2017, en el que concluyó que el riesgo de muerte del servidor público se encuentra cubierto por el Sistema de Seguridad Social Integral, mediante la pensión de sobrevivientes, y en su defecto, por la indemnización sustitutiva de dicha pensión o la devolución de saldos, según que la persona esté afiliada al régimen de prima media o al de ahorro individual. Si el riesgo de muerte ocurre por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, este se encuentra igualmente amparado por el Sistema General de Riesgos Laborales, conforme a su normativa especial, y con la anotación de que tal Sistema también hace parte del Sistema de Seguridad Social Integral. En consecuencia, sí existen normas aplicables al riesgo de muerte de los servidores de la UBPD, lo que descarta la analogía con la Ley 16 de 1988. En segundo lugar, se advierte que la razón jurídica por la cual se creó el seguro para empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público, como beneficio adicional al Sistema de Seguridad Social Integral es el riesgo de muerte violenta en el ejercicio de las funciones. Ahora bien, según lo planteado en el escrito de la consulta del ministerio, dicha razón jurídica también se presenta y sería aplicable a los empleados de la UBPD, razón por la cual se justificaría aplicar de manera analógica el seguro a estos funcionarios. Al respecto, observa la Sala que dicha circunstancia no hace posible extender de manera analógica este beneficio a los funcionarios de la UBPD, teniendo en cuenta el principio de legalidad al que están sometidos los funcionarios públicos y que, como se verá más adelante, prohíbe la creación de estímulos adicionales a los servidores públicos que no estén contemplados en la ley. En ese sentido, se reitera que la Ley 16 establece un beneficio especial y adicional para unos sujetos calificados como son los funcionarios o empleados de la Rama Judicial o el Ministerio Público, condición que no ostentan los servidores de la UBPD, de lo cual se sigue que resulta inadmisible la aplicación analógica de la Ley 16 de 1988.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la analogía, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2464 de 2021; Corte Constitucional. Sentencia C-083 de 1995. // Sobre la cobertura del riesgo de muerte del servidor público, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2344 de 2017.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 8
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PÚBLICO / GASTO PÚBLICO / UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
OBITER DICTUM
[N]o resulta viable jurídicamente que la UBPD adquiera un seguro de vida para amparar a sus servidores públicos, por aplicación analógica de la Ley 16 de 1988, pues esta figura se encuentra limitada en este caso por el principio de legalidad del gasto. (…) [L]os servidores públicos están sujetos en sus actuaciones administrativas a las funciones que expresamente les otorgan la Constitución, la ley y el reglamento. En otras palabras, solamente pueden actuar dentro de sus competencias según los límites y habilitaciones establecidos por el ordenamiento jurídico. (…) Bajo esta línea argumentativa se debe hacer referencia al principio de legalidad del gasto, que consiste fundamentalmente en que no puede hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado previamente por el Congreso mediante ley, por las Asambleas departamentales mediante Ordenanza o por los Concejos distritales o municipales mediante Acuerdo, y solo hasta el monto máximo autorizado. (…) [A]l no existir facultad legal para contratar un seguro de vida como beneficio adicional para atender un riesgo que ya está previsto en las normas generales sobre seguridad social para los servidores de la UBPD, esta entidad no puede decretar dicha erogación, pues ello iría contra el principio de la legalidad del gasto, conforme ha quedado expuesto. Se reitera que la contratación de tal seguro significaría la creación de un beneficio adicional a las prestaciones sociales por el riesgo de muerte, establecidas por el Sistema de Seguridad Social Integral (…) Asimismo, no existe una norma que lo autorice expresamente a efectuar la contratación de dicho seguro para los funcionarios de la UBPD, como un beneficio adicional a las prestaciones cubiertas por la mencionada Ley 100. (…) [C]ontratar un seguro de vida como beneficio adicional para atender un riesgo que ya está cubierto por las normas generales sobre seguridad social para los servidores de la UBPD, requeriría de una ley especial que así lo estableciere, como en su momento ocurrió con la Ley 16 de 1988 para los funcionarios o empleados de la Rama Judicial o el Ministerio Público.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de contratar un seguro como gasto de funcionamiento de la entidad estatal, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2344 de 2017.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 345, 346, 347, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 38, DECRETO 2590 DE 2022, LEY 16 DE 1988, LEY 2342 DE 2003 - ARTÍCULO 14, 17
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS / SEGURO DE VIDA / SEGURO DE VIDA COLECTIVO / CONTRATO DE SEGURO COLECTIVO / ANALOGÍA / IMPROCEDENCIA DE LA ANALOGÍA
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente viable que el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, se haga extensivo a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, dada la naturaleza de sus funciones y los riesgos a los cuales se encuentran expuestas?
Respuesta al problema jurídico: No
No es posible extender por vía de analogía el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, a los funcionarios de la UBPD, teniendo en cuenta que, conforme el principio de legalidad, un seguro de vida que constituye un beneficio adicional al régimen de Seguridad Social que actualmente cubre el riesgo muerte de los funcionarios debe estar expresamente contemplado por la ley.
FUENTE FORMAL:
LEY 16 DE 1988
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS / SEGURO DE VIDA / SEGURO DE VIDA COLECTIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PÚBLICO / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Problema jurídico:
En caso de que no se pueda hacer extensivo lo dispuesto en la Ley 16 de 1988 a la UBPD ¿es viable adquirir un seguro de vida para aquellas/os servidoras/es que se encuentren expuestos a mayor riesgo de muerte violenta con ocasión del ejercicio de sus funciones?
Respuesta al problema jurídico: No
No. En virtud del principio de legalidad del gasto, contratar un seguro de vida como beneficio adicional para atender un riesgo que ya está previsto en las normas generales sobre seguridad social para los servidores de la UBPD, requeriría de una ley especial que así lo estableciere. Asimismo, teniendo en cuenta que, de conformidad con la ley, este gasto no constituye gastos de funcionamiento.