Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

GASTO PÚBLICO

7 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-691 de 2024 2024-11-21
¿En función de la Ley 1523 de 2012, cómo se caracteriza la causal de contratación directa de urgencia manifiesta respecto al régimen de garantías y de presupuesto correspondiente?
La contratación directa por urgencia manifiesta fundada en hechos de calamidad o desastre requiere dos actos administrativos concurrentes: primero, la declaración de la situación de calamidad pública o de desastre conforme al Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012, que solo pueden expedir el presidente de la república, el gobernador o el alcalde, y segundo, la declaratoria de urgencia manifiesta del artículo 42 de la Ley 80 de 1993 fundamentada en aquella. Sin el primer acto no es posible expedir el segundo, de modo que las demás autoridades deben esperar dichas declaraciones, pues las nociones de calamidad y desastre del artículo 42 deben entenderse en los términos de la Ley 1523 de 2012. En materia de garantías, el Decreto 1082 de 2015 prevé reglas especiales que les dan carácter potestativo. Aunque el contrato puede perfeccionarse consensualmente y el precio determinarse después, según los incisos 4 y 5 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, ello no exceptúa las normas presupuestales, por lo que, salvo norma en contrario, son exigibles el certificado de disponibilidad y el registro presupuestal.síntesis automática
También resuelve: Urgencia manifiesta: definición, causal, contratación directa Calamidad pública y desastre: declaración previa Contratación directa: urgencia manifiesta, garantías, carácter potestativo
Consejo de Estado Concepto

No es posible extender por vía de analogía el seguro de vida para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2025-02-03 Sala Consulta y Servicio Civil JUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZ Rad. 11001030600020240015500 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es jurídicamente viable que el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, se haga extensivo a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, dada la naturaleza de sus funciones y los riesgos a los cuales se encuentran expuestas? No
No es posible extender por vía de analogía el seguro de vida establecido en la Ley 16 de 1988 para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público y para las personas que transitoriamente desempeñen funciones jurisdiccionales, a los funcionarios de la UBPD, teniendo en cuenta que, conforme el principio de legalidad, un seguro de vida que constituye un beneficio adicional al régimen de Seguridad Social que actualmente cubre el riesgo muerte de los funcionarios debe estar expresamente contemplado por la ley.
Consejo de Estado Providencia

¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante?

Sentencia — Sentencia 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300020140050601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Municipio de Honda manifestó su consentimiento para celebrar contrato de obra con el consorcio demandante? Sí
Un municipio que suscribe un contrato de obra con un consorcio en nombre propio, en virtud de un convenio con una entidad nacional que solo se compromete a girar los recursos, no actúa como delegatario de esa entidad, y los derechos y obligaciones del contrato recaen en el municipio y en el consorcio. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que el convenio no delegó en el municipio la función de celebrar contratos en nombre de la entidad nacional, pues la obligación de girar recursos no comporta delegación alguna. La segunda es que el texto del contrato muestra que el alcalde lo celebró en representación del municipio. La tercera es que las disponibilidades y registros presupuestales que exige la ley son obligaciones de la entidad estatal antes de ejecutar el contrato y no parámetros de validez del negocio, y que en el caso concreto el municipio no incumplió esos deberes respecto del objeto original del contrato. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio demandado incumplió constituir las disponibilidades y reservas presupuestales para atender el pago de las obras adicionales? ¿Se acreditó el incumplimiento del municipio en el pago de las actas parciales de obra ? ¿Las causas que determinaron la necesidad de suscribir el acta de suspensión no. 2 del 18 de mayo de 2012 son atribuibles al Municipio?
Consejo de Estado Providencia

La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130132201 ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso? ¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora? ¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía

Sentencia — Sentencia 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 73001233100020100022301 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer en segunda instancia del proceso por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de un proceso por razón de su cuantía, siempre que la demanda supere los 500 S.M.L.M.V., tal como establece el artículo 132, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, el sentenciador de primera instancia declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito por la entidad estatal, lo que fue objeto de apelación por parte del municipio. Sin embargo, la Sala no revisó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez, ya que esta decisión no causó perjuicio alguno al municipio, sino que benefició sus intereses. Además, el contrato en cuestión implicó que el particular contratista ejerciera actividades constitutivas de función administrativa sin cumplir con la normatividad establecida para ello, lo que llevó a la nulidad del negocio jurídico. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la revisión de decisiones oficiosas que benefician a la parte apelante.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de nulidad absoluta del contrato como decisión oficiosa del juez puede ser revisada por el Juez de segunda instancia entendiendo que esta decisión fue favorable a los intereses de la… ¿El objeto del contrato y las obligaciones en él pactadas a cargo del hoy demandante implicaron expresa y directamente el ejercicio, por el particular contratista… ¿La forma de pago estipulada en el contrato estaba ajustada a los preceptos legales atinentes a la planeación presupuestal y destinación de los ingresos tributarios del municipio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233100020110003701 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del… ¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato… ¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?
Consejo de Estado Providencia

La decisión del Tribunal Administrativo sobre la caducidad de estas reclamaciones se mantendrá en esta instancia

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020070063601 ACCION CONTRACTUAL
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que se demanda la nulidad absoluta del contrato estatal liquidado unilateralmente, se contabiliza desde el momento en que se celebra el negocio jurídico, por lo que, en el caso concreto, para la fecha de presentación de la demanda, se tiene que la acción ya se encontraba caducada, pese a que el último día del término se encontraba dentro de la vacancia judicial respectiva? Sí
El término de caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta de un contrato estatal liquidado unilateralmente se cuenta desde la celebración del contrato, esto es, desde el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación elevado a escrito, y si su último día cae en vacancia judicial el término se extiende hasta el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, según el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, el cómputo para un contrato liquidado unilateralmente se rige por el literal d de esa norma. La segunda es que la aseguradora, como garante del contrato, podía demandar desde su perfeccionamiento el 28 de diciembre de 2005, de modo que el término bienal vencía el 29 de diciembre de 2007, dentro de la vacancia judicial. La tercera es que, al extenderse al primer día hábil, el término vencía el 11 de enero de 2008, y la demanda presentada el 12 de febrero de 2008 llegó tarde. En consecuencia, se mantiene la decisión del tribunal que declaró la caducidad. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿En torno a la formulación de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contractuales, la caducidad de la acción de controversias contractuales… ¿Cuándo de la acción de controversias contractuales se trata, y esta procede contra los actos administrativos que se profieran en el marco de la actividad contractual, en principio… ¿La representación legal, judicial y extrajudicial, así como la ordenación del gasto de los fondos de desarrollo locales, corresponde al Alcalde Mayor del Distrito Capital…