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Corte Suprema de Justicia Providencia

Régimen contractual: referido, no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-07-02
Radicado
05001233100020100132701
Corporación
Corte Suprema de Justicia
Número
05001233100020100132701 de 2024

Síntesis del concepto

Régimen contractual: referido, no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio

En resumen

Bienes o recursos públicos, es posible someterlos a un régimen jurídico especial, como es el De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice El régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en Cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados Es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

  • Régimen contractual: inhabilidades e incompatibilidades, entidades
  • Régimen juridico especial: entidades estatales mixtas –servidor público

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Buena fe Efectos Entidades estatales prestadoras de servicio público domiciliarios Inhabilidades e incompatibilidades Servidor público

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El contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio
Consejo de Estado 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B)
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Texto del documento 5.763 caracteres
ETAPA PRECONTRACTUAL –– Efectos –Buena Fe Artículos 845 y 860 del Código de Comercio o si, por el contrario, la etapa precontractual en este caso correspondió a una invitación a presentar ofertas, modalidad de formación del contrato en la que no es dable predicar los efectos de la oferta, principalmente su carácter irrevocable y que el estudio de la responsabilidad reclamada sea precontractual. En tal sentido, es necesario resaltar que, como lo ha precisado esta Subsección, la diferencia más significativa entre una y otra figura, según la Corte Suprema de Justicia, radica en que la oferta, como propuesta completa de negocio jurídico que se presenta a terceros, debe contener los “elementos esenciales del negocio” (artículo 845 del Código de Comercio). Para la Corte, “la oferta como acto unilateral se instituye en fuente obligacional y (…) en el evento del retracto injusto se está frente a un acto ilegal que compromete la responsabilidad”. En contraste, la invitación a presentar ofertas carece de ese rasgo distintivo, “de suerte que la conformidad del destinatario no podría implicar celebración” del contrato. El artículo 863 del Código de Comercio impone el deber de actuar de buena fe en la etapa precontractual. El incumplimiento de este deber supone la indemnización de los perjuicios que se causen. RÉGIMEN CONTRACTUAL – Inhabilidades e incompatibilidades – Entidades estatales prestadoras de servicio público domiciliarios Aunque el derecho privado es la regla general frente al régimen contractual de las entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios (artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el primero de ellos reformado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001), lo cierto es que el artículo 44.4 ejusdem estableció que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflictos de interés que prevé la Ley 80 de 1993 se aplica a los contratos de las entidades estatales que presten servicios públicos domiciliarios, en cuanto sea pertinente. Vale señalar que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 desarrolló una lógica similar. El literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que no podrán participar en los procesos de selección ni celebrar contratos con la entidad estatal respectiva, las personas jurídicas que menciona la norma en las que, para el caso en particular, el servidor público de los niveles directivo, asesor y ejecutivo o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. RÉGIMEN JURIDICO ESPECIAL – Entidades estatales mixtas –Servidor público La Corte Constitucional precisó que el aparte demandado, referente a las entidades estatales mixtas y la calificación de sus directivos como servidores públicos “no modifica ni la naturaleza de aquéllas ni la situación laboral particular de estos últimos con las referidas entidades, porque unas y otros siguen sometidos al régimen de derecho privado que les es aplicable, pues, como ya se dijo la referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación. Cuando los particulares manejan bienes o recursos públicos, es posible someterlos a un régimen jurídico especial, como es el concerniente a la contratación administrativa, para los efectos de la responsabilidad que pueda corresponderles por el indebido uso o disposición de dichos bienes con ocasión de las operaciones contractuales que realicen, en los aspectos disciplinario, penal y patrimonial. Así, la Corte señaló que el alcance legal de la noción de “servidor público”, contenida en el numeral referido, “no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio de la función pública, con respecto a quienes intervienen en la contratación, pues la intención del legislador fue la de vincular a las reglas propias de la contratación pública y al sistema de responsabilidad consecuente, a las personas sujetas a una relación laboral subordinada, como empleado público o trabajador oficial, y a quienes en calidad de representantes o de funcionarios de los niveles directivo, asesor y ejecutivo, pertenecen a entidades en las cuales el Estado tiene participación económica mayoritaria, y desarrollan actividades que contribuyen a la realización de un cometido estatal”. De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice el régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en particular, a las empresas industriales y comerciales que prestan servicios públicos domiciliarios, por cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados públicos o trabajadores oficiales, lo que significa que esta última clasificación no desaparece, pero es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que regula la citada ley. En esa misma dirección, el artículo 123 Superior señala que “son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”. Con base en este artículo, la Corte ha concluido “que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas” y, además, regulaciones normativas especiales en atención, por ejemplo, al porcentaje de participación de dichas entidades.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/05001233100020100132701/