---
clave: "cce:providencia:54744"
titulo: "Régimen contractual: referido, no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-07-02"
radicado: "05001233100020100132701"
numero: "05001233100020100132701 de 2024"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:54744"
---

# Régimen contractual: referido, no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio

- **Título oficial / radicado:** 05001233100020100132701 de 2024
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-07-02
- **Radicado:** 05001233100020100132701
- **Número:** 05001233100020100132701 de 2024
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:54744
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/29_-05001233100020100132701.pdf
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias/05001233100020100132701/

## Puntos clave

- Régimen contractual: inhabilidades e incompatibilidades, entidades
- Régimen juridico especial: entidades estatales mixtas –servidor público

## Extracto

Bienes o recursos públicos, es posible someterlos a un régimen jurídico especial, como es el De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice El régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en Cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados Es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e…

## Descriptores temáticos

ETAPA PRECONTRACTUAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN JURIDICO ESPECIAL

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el contrato se ejecutaría en 7 meses contados a partir del acta de inicio](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020140093202-63828-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Contratación estatal: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020160228001-61557-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se evidencia algún efecto que se haya producido con ocasión a su expedición que sea susceptible de ser restituido](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020020018801-36014-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020100132701-61297-sentencia.md)

## Texto del documento

ETAPA PRECONTRACTUAL –– Efectos –Buena Fe

Artículos 845 y 860 del Código de Comercio o si, por el contrario, la etapa precontractual en este

caso correspondió a una invitación a presentar ofertas, modalidad de formación del contrato en la

que no es dable predicar los efectos de la oferta, principalmente su carácter irrevocable y que el

estudio de la responsabilidad reclamada sea precontractual.

En tal sentido, es necesario resaltar que, como lo ha precisado esta Subsección, la diferencia más

significativa entre una y otra figura, según la Corte Suprema de Justicia, radica en que la oferta,

como propuesta completa de negocio jurídico que se presenta a terceros, debe contener los

“elementos esenciales del negocio” (artículo 845 del Código de Comercio). Para la Corte, “la oferta

como acto unilateral se instituye en fuente obligacional y (…) en el evento del retracto injusto se está

frente a un acto ilegal que compromete la responsabilidad”. En contraste, la invitación a presentar

ofertas carece de ese rasgo distintivo, “de suerte que la conformidad del destinatario no podría

implicar celebración” del contrato.

El artículo 863 del Código de Comercio impone el deber de actuar de buena fe en la etapa

precontractual. El incumplimiento de este deber supone la indemnización de los perjuicios que se

causen.

RÉGIMEN CONTRACTUAL – Inhabilidades e incompatibilidades – Entidades

estatales prestadoras de servicio público domiciliarios

Aunque el derecho privado es la regla general frente al régimen contractual de las entidades

estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios (artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el

primero de ellos reformado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001), lo cierto es que el artículo 44.4

ejusdem estableció que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de conflictos de interés

que prevé la Ley 80 de 1993 se aplica a los contratos de las entidades estatales que presten servicios

públicos domiciliarios, en cuanto sea pertinente. Vale señalar que el artículo 13 de la Ley 1150 de

2007 desarrolló una lógica similar.

El literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece que no podrán participar en

los procesos de selección ni celebrar contratos con la entidad estatal respectiva, las personas

jurídicas que menciona la norma en las que, para el caso en particular, el servidor público de los

niveles directivo, asesor y ejecutivo o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad

tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.

RÉGIMEN JURIDICO ESPECIAL – Entidades estatales mixtas –Servidor público

La Corte Constitucional precisó que el aparte demandado, referente a las entidades estatales mixtas

y la calificación de sus directivos como servidores públicos “no modifica ni la naturaleza de aquéllas

ni la situación laboral particular de estos últimos con las referidas entidades, porque unas y otros

siguen sometidos al régimen de derecho privado que les es aplicable, pues, como ya se dijo la

referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad

de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación. Cuando los particulares manejan

bienes o recursos públicos, es posible someterlos a un régimen jurídico especial, como es el

concerniente a la contratación administrativa, para los efectos de la responsabilidad que pueda

corresponderles por el indebido uso o disposición de dichos bienes con ocasión de las operaciones

contractuales que realicen, en los aspectos disciplinario, penal y patrimonial.

Así, la Corte señaló que el alcance legal de la noción de “servidor público”, contenida en el numeral

referido, “no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio

de la función pública, con respecto a quienes intervienen en la contratación, pues la intención del

legislador fue la de vincular a las reglas propias de la contratación pública y al sistema de

responsabilidad consecuente, a las personas sujetas a una relación laboral subordinada, como

empleado público o trabajador oficial, y a quienes en calidad de representantes o de funcionarios de

los niveles directivo, asesor y ejecutivo, pertenecen a entidades en las cuales el Estado tiene

participación económica mayoritaria, y desarrollan actividades que contribuyen a la realización

de un cometido estatal”.

De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice

el régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en

particular, a las empresas industriales y comerciales que prestan servicios públicos domiciliarios, por

cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados

públicos o trabajadores oficiales, lo que significa que esta última clasificación no desaparece, pero

es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e

incompatibilidades que regula la citada ley.

En esa misma dirección, el artículo 123 Superior señala que “son servidores públicos los miembros

de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades

descentralizadas territorialmente y por servicios”. Con base en este artículo, la Corte ha concluido

“que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las

sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos, son servidores públicos,

categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas” y, además,

regulaciones normativas especiales en atención, por ejemplo, al porcentaje de participación de

dichas entidades.

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia 05001233100020100132701 de 2024. 2024-07-02. Rad. 05001233100020100132701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:providencia:54744).
