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RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Caducidad de la acción: la Universidad Nacional de Colombia contestó la demanda
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025) Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00362-01 (60389) Del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudici al ante la Procuraduría General de la Nación; ii) inepta demanda por falta de indicación de lo que se demanda, ya que en las pretensiones se pidió la revocatoria de unos actos administrativos que impusieron una multa, lo que resulta improcedente en sede judicial; iii) inepta demanda por omisión del requisito procesal de estimar de manera razonada la cuantía, por lo que presentó objeción a la estimación efectuada y pidió dar aplicación al artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 sobre el juramento estimatorio; iv) inepta demanda por la falta procesal de informar los presupuestos de ilegalidad de los actos que se pretenden acusar; y v) la Universidad Nacional ya liquidó unilateralmente el contrato cuya acta contiene aspectos aquí demandados (fl. 49, c. 1).
También resuelve:
Ente universitario autónomo: régimen jurídico contractual, derecho privado
Régimen de contratación de ente universi tario autónomo del orden nacional: aplicación de normas generales en materia de contratación administrativa
Actos expedidos por ente universitario autónomo del orden nacional: naturaleza de las decisiones, actos administrativos
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Concepto
El régimen del Fondo Adaptación ha variado con el tiempo en virtud de disposiciones de carácter legal que han establecido la aplicación del derecho privado o del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
¿Cuál ha sido el marco normativo del régimen de contratación del Fondo Adaptación?
El contratista debe aplicar el régimen especial de derecho privado para la contratación del Fondo Adaptación desde la expedición del Decreto-Ley 4819 de 2010 hasta diciembre de 2018, y nuevamente desde mayo hasta diciembre de 2019, conforme a las disposiciones específicas de la Ley 1753 de 2015 y la Ley 1955 de 2019. Entre enero de 2019 y abril de 2019, la contratación del Fondo se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), ya que no existía norma que exceptuara su aplicación. Este marco normativo permite la contratación directa en proyectos de vivienda de interés prioritario sin límite de cuantía, siempre que se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en cada período.síntesis automática
También resuelve:
Entidades exceptuadas: régimen especial, derecho privado
Régimen de contratación: fondo adaptación, régimen especial, vigencia
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Concepto
El régimen del Fondo Adaptación ha variado con el tiempo en virtud de disposiciones de carácter legal que han establecido la aplicación del derecho privado o del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
¿Cuál ha sido el marco normativo del régimen de contratación del Fondo Adaptación?
El régimen de contratación del Fondo Adaptación ha cambiado según el periodo. Entre la expedición del Decreto-Ley 4819 del 29 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2018 se le aplicó un régimen especial de derecho privado, según lo señala la Ley 1753 de 2015. Entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2019 su contratación se rigió por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, al no existir norma que exceptuara su aplicación. Desde el 25 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Ley 1955 de 2019 la sometió nuevamente a un régimen de derecho privado. Finalmente, desde el 1 de enero de 2020 su contratación se sujeta en su totalidad al Estatuto General de Contratación. La base de esta cronología es que la ley admite, dentro de la única categoría de contrato estatal, regímenes jurídicos diferenciados: el de derecho público, previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones complementarias, y los regímenes especiales o exceptuados, usualmente sometidos al derecho privado.síntesis automática
También resuelve:
Entidades exceptuadas: régimen especial, derecho privado
Régimen de contratación: fondo adaptación, régimen especial, vigencia
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Imposición de multas: la aplicación de multas, el CONTRATISTA continuará con la obligación de cumplir con sus obligaciones contractuales
La naturaleza de los actos expedidos en ejercicio de facultades otorgadas por las partes en un contrato del Estado que se rige por normas de derecho privado, difiere de aquella que se predica de los actos exp edidos unilateralmente por la administración en un contrato del Estado con fundamento en la ley, pues la existencia de aquellos se origina en la autonomía dispositiva, se expiden con fundamento en el acuerdo negocial y no comportan el ejercicio de una facultad excepcional al derecho común, a diferencia de éstos que sí se originan y se expiden en ejercicio de prerrogativas excepcionales al derecho común previstas en la ley y, por esta razón se constituyen en actos administrativos. Que el supervisor informó que para la fecha del día de entrega, solo entregó 480 detectores del Ítem C-642-8635, y no entregó el saldo restante, el cual se anexa. 5. Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión del Tribunal en este punto.
También resuelve:
Regimen de contratacion especial: jurisdicción ordinaria, autonomía negocial particular
Imposicion de multas: principio de igualdad absoluta, autonomía de las partes
Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección b
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:
¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?
¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…
¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
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Concepto
Cabildos indígenas: su actividad contractual se encuentra sujeta a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la contratación de los Resguardos Indígenas cuando requieran contratar con Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)?
El contratista indígena, cuando requiere contratar con una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), debe observar el régimen jurídico que le es aplicable según su condición de persona jurídica de derecho público especial, equiparada a las Entidades Estatales para efectos contractuales, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 1953 de 2014 y sea autorizado para administrar recursos del Sistema General de Participaciones. En este marco, la celebración de convenios de asociación con ESAL se rige por el Decreto 092 de 2017, sin perjuicio de las disposiciones especiales que resulten aplicables a los Resguardos y Territorios Indígenas. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica de los Resguardos Indígenas y sus facultades contractuales, lo que implica que cada entidad indígena deberá definir en cada caso concreto la forma de adelantar su gestión contractual, atendiendo tanto al EGCAP como a las normas específicas que regulan la contratación con ESAL.síntesis automática
También resuelve:
Cabildos indígenas: autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas y organizaciones indígenas, régimen de contratación
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Concepto
La participación en los procesos de contratación estatal se rige por los principios de libre concurrencia, de modo que toda restricción al derecho de participar constituye una excepción que debe encontrarse expresamente prevista en la Constitución o en la ley.
¿Pueden dos sociedades por acciones simplificadas presentar ofertas dentro de una misma licitación pública cuando una misma persona natural ostenta en ambas la representación legal y la participación accionaria mayoritaria?
El contratista puede presentar ofertas en una misma licitación pública junto con otra sociedad cuando una misma persona natural ostente en ambas la representación legal y la participación accionaria mayoritaria, siempre que no se configuren las inhabilidades específicas previstas en la Ley 80 de 1993, ya que estas son de creación exclusivamente constitucional o legal y de interpretación restrictiva. Las situaciones de control deben ser reveladas por los proponentes y verificadas por la entidad, y si se advierten circunstancias que afecten la libertad de concurrencia o la competencia, la entidad debe evaluar la necesidad de poner tales hechos en conocimiento de los organismos competentes. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros a la potestad de las entidades para configurar causales de rechazo en los pliegos de condiciones basadas en la sola circunstancia de compartir representante legal o accionista mayoritario.síntesis automática
También resuelve:
Régimen de contratación estatal: principios, inhabilidades, carácter taxativo
Inhabilidades: literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, concurrencia de sociedades vinculadas, no configuración
Situaciones de control: deber de revelación de los proponentes, deber de verificación de la entidad, Decreto 1600 de 2024
Consejo de Estado
Providencia
Todas las pretensiones del contratista deben ser negadas.
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?
¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?
¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda y según lo dispuesto en el literal g, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, este recurso será decidido en Sala.
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?
¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda?
¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
CONFIRMA
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Concepto
Los municipios y los distritos pueden celebrar convenios solidarios con cabildos, autoridades y organizaciones indígenas para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos acorde con sus planes de desarrollo.
¿Cuál es el régimen de contratación de los Resguardos Indígenas?
Conforme con lo dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, los resguardos indígenas podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones -SGP-, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto señalado, constituyéndose así como personas jurídicas de derecho público especial. Así las cosas, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por el decreto en mención, se consideran Entidades Estatales y en tal sentido serán aplicables las disposiciones contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo cual el marco jurídico para realizar los procesos de contratación serán los establecidos en este Estatuto y no un régimen especial, dada su naturaleza jurídica.
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
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Concepto
Pueblos indígenas: C-256 de 2024
¿Cuál es el régimen de contratación de los Resguardos Indígenas?
Los territorios y resguardos indígenas autorizados para administrar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones conforme al Decreto 1953 de 2014 son personas jurídicas de derecho público especial y se consideran entidades estatales, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que les son aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y su capacidad contractual se ejerce a través de su representante legal. Los resguardos pueden asociarse para administrar y ejecutar esos recursos siempre que acrediten los requisitos del decreto. Si un resguardo no administra la asignación especial ni se ha asociado con otros para hacerlo, su ejecución se realiza mediante un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias. Aunque la Ley 80 de 1993 incluyó a los territorios indígenas como entidades estatales, no existen aún desarrollos legislativos que permitan su implementación, y el Decreto 1953 de 2014 los implementó de manera transitoria, en desarrollo de los compromisos del Convenio 169 de la OIT.síntesis automática
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
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Concepto
En primer lugar debe manifestarse que el Decreto 1953 de 2014 permite que resguardos puedan asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto, y son personas jurídicas de derecho público especial.
¿De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1551 del 2012 pueden suscribirse convenios solidarios con Resguardos Indígenas?
El contratista no puede suscribir convenios solidarios con resguardos indígenas conforme a la Ley 1551 de 2012, ya que dicha norma solo autoriza a los municipios y distritos a celebrar estos convenios con cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, pero no menciona específicamente a los resguardos indígenas. Esta interpretación se basa en el marco legal que reconoce a los resguardos como entidades de derecho público especial, pero no los incluye explícitamente en la lista de sujetos habilitados para celebrar convenios solidarios. Esta regla matiza la interpretación previa que consideraba a los resguardos indígenas como entidades potencialmente aptas para celebrar convenios solidarios, limitando así las opciones contractuales disponibles para los municipios y distritos en relación con estos entes indígenas.síntesis automática
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
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Concepto
Pueblos indígenas: C-596 de 2024
¿Bajo qué parámetros pueden celebrarse contratos de administración con recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas -AESGPRI-?
Cuando la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas no es administrada por el resguardo ni por una asociación de resguardos autorizada conforme al Decreto 1953 de 2014, su ejecución se realiza mediante un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias. Los territorios y resguardos indígenas autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones se consideran entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y ejercen esa capacidad a través de su representante legal; el Decreto 1953 de 2014 les dio el tratamiento de entidades de derecho público especial. Los actos o contratos que celebren los territorios indígenas para la ejecución de esa asignación se rigen por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables de la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias y sectoriales. Si requieren contratar con asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas constituidas conforme al Decreto 1088 de 1993, la modalidad de selección se surte según el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.síntesis automática
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratación estatal: 25000 23 26 000 1995 01712 01_17757
PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN,RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN,PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN,CONTRATACION ESTATAL – Régimen de contratación,Contratación estatal,Empresas de telecomunicaciones,Aplicacion,principio de seleccion objetiva,Principio de transparencia,No aplicación de principios,Consecuencias – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve:
Régimen de contratación: empresas de telecomunicaciones
Principios de la contratación: aplicación
Contratación estatal: principio de selección objetiva, principio de transparencia, no aplicación de principios, consecuencias
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Egcap: el literal a) aplica a las entidades con personería jurídica
¿Cuál es régimen jurídico aplicable a la actividad contractual de las cámaras de comercio?
Las cámaras de comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, y el ejercicio de las funciones registrales, de certificación y de publicidad que les atribuye el legislador constituye una forma de descentralización por colaboración que no las convierte en entidades estatales. Como el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico y no existen contratos estatales celebrados entre particulares, su gestión contractual no está sujeta a la Ley 80 de 1993 ni a los procedimientos de selección del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La extensión de las normas de contratación estatal prevista en el artículo 112 de la Ley 489 de 1998 no se aplica a las funciones que desarrollan con fundamento en atribución legal previa, pues en ellas no media acto administrativo ni convenio; solo opera cuando deban celebrar contratos en ejercicio de funciones administrativas que eventualmente les confiera una autoridad conforme a los artículos 110 y siguientes de esa ley. Fuera de esa hipótesis, sus contratos se rigen por el derecho civil y comercial, sin perjuicio de acatar los principios del artículo 209 superior en las actividades administrativas que desempeñen.síntesis automática
También resuelve:
Egcap: ámbito de aplicación, entidades estatales
Entidades exceptuadas: aplicación de normas de derecho público
Contrato estatal: criterio orgánico
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratación directa: 25000 23 26 000 1997 03512 01_21487
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO,RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL,PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA,PRINCIPIO DE ECONOMÍA,CONTRATACIÓN DIRECTA,CONTRATO SERVICIO PÚBLICO DE SA – Principios,seleccion objetiva,Transparencia,Igualdad,Planeación,Celebración,Prohibición legal,Restituciones mutuas,Contrato de tracto sucesivo,Causales,Normativa contractual,Principio de transparencia,Principio de economía,P – Mes: octubre – Año: 2013…
También resuelve:
Contrato de arrendamiento: principios, selección objetiva, transparencia, igualdad
Nulidad absoluta del contrato: celebración, prohibición legal, restituciones mutuas, contrato de tracto sucesivo
Contrato estatal: requisitos de validez
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Y en lo que respecta al régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe precisarse que solo las restricciones establecidas por el constituyente o por el legislador podrán afectar directamente la capacidad de las personas para establecer relaciones contractuales con el Estado.
¿Qué autoridad es la responsable de la administración de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones?
Los resguardos indígenas pueden asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones, siempre que acrediten los requisitos del Decreto 1953 de 2014, y son personas jurídicas de derecho público especial. Los territorios y resguardos autorizados para administrar esos recursos se consideran entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y ejercen esa capacidad por medio de su representante legal. Cuando el resguardo no administra la asignación ni se asocia con otros para hacerlo, la ejecución se realiza mediante un contrato de administración entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por sus autoridades propias. Esta regla se inscribe en el compromiso del Convenio 169 de la OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, de garantizar el respeto de los derechos y de la identidad de los pueblos indígenas. En consecuencia, la entidad territorial debe verificar, según el caso, si el resguardo administra directamente los recursos o si debe celebrar el contrato de administración con el representante legal designado.síntesis automática
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
Colombia Compra Eficiente
Concepto
La entidad no puede definir un criterio universal y absoluto por vía consultiva sobre el objeto de la petición, sino que brinda elementos hermenéuticos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad.
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los territorios indígenas?
En primer lugar, debe advertirse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, los territorios indígenas son considerados Entidades Estatales y en principio el régimen de contratación aplicable a su gestión contractual será el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-. Sin embargo, como se desprende de la redacción de la casual, este nexo no tiene carácter necesario. Esto se confirma en el diccionario panhispánico del español jurídico, donde la RAE alude a la “Cualidad personal necesaria para la prestación de un servicio concreto o la asunción de un cargo”. De esta manera, corresponderá a cada contratante definir la viabilidad técnica, jurídica y financiera de alguna gestión contractual en específico, sin que sea atribución de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente validar las actuaciones adelantadas.
También resuelve:
Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
Régimen de contratación: territorios indígenas, Artículo 2 de la Ley 80 de 1993
Contratación directa: aplicación restrictiva, literal L, numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen contractual: referido, no corresponde a una noción atributiva de una situación laboral dentro del régimen propio
Bienes o recursos públicos, es posible someterlos a un régimen jurídico especial, como es el De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice El régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en Cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados Es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e…
También resuelve:
Régimen contractual: inhabilidades e incompatibilidades, entidades
Régimen juridico especial: entidades estatales mixtas –servidor público