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¿Se infringieron el ordenamiento y los derechos de la demandante con la decisión adoptada por la Administración, de tener por no elegible a la unión temporal accionante? No
El contratista no puede impugnar la decisión de la administración de declararlo no elegible en un proceso de selección pública, cuando la omisión en la información financiera presentada es insubsanable y desatendía un requisito esencial para la evaluación de las ofertas, lo cual garantiza la escogencia de la oferta más favorable a la entidad. La Sala confirma que la entidad no infringió el ordenamiento ni los derechos del contratista al rechazar su oferta, al no cumplir con los requisitos financieros establecidos en la convocatoria. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los requisitos esenciales en la presentación de ofertas y la obligación del proponente de asegurar la veracidad y completitud de la información financiera proporcionada, lo que implica que cualquier omisión o error insubsanable puede resultar en la exclusión del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve:¿Esta jurisdicción está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas…¿Le asistió razón al Tribunal al establecer la caducidad respecto de las pretensiones de indemnización de los integrantes de la unión temporal demandante por no haber sido seleccionados?¿Lo resuelto en el Acuerdo respecto de la elegibilidad de los proponentes debía demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 30 días siguientes a la fecha de…
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la supuesta ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad mientras dura el trámite, hasta por un máximo de tres meses, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. La regla se apoya en que la acción de nulidad absoluta del contrato, cuando se funda en la ilegalidad de la adjudicación, puede ejercerse dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, conforme al numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. Por ello, la conciliación presentada dentro del término suspende el cómputo sin que la suspensión exceda los tres meses. En el asunto, el demandante presentó la solicitud de conciliación dentro del término, que se prolongó hasta el mes siguiente, por lo que la Sala revocó la decisión de primera instancia y concluyó que la acción se presentó oportunamente. En la práctica, la solicitud de conciliación oportuna permite ejercer la acción de nulidad absoluta del contrato después del vencimiento del plazo original.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación proferido por el Departamento del Tolima y la consecuencial nulidad absoluta del contrato suscrito con fundamento en este…
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el gobernador del Departamento de Casanare y de un contrato estatal celebrado por esta entidad territorial. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda , en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Casanare y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda , según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto precontractual demandado?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al perfeccionamiento del contrato para aducir la referida pretensión de…¿La oferta del demandante fue indebidamente descalificada en el procedimiento licitatorio, pues la profesional Diana Carolina Mantilla Arévalo cumplía con los requisitos habilitantes?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿La unión temporal demostró que su oferta cumplía con los requisitos y condiciones del pliego de condiciones? No
Cuando el pliego de condiciones de una licitación pública no prevé un requisito como factor de evaluación ni como causal de rechazo, su omisión no puede servir para rechazar la oferta. La regla se sostiene en tres razones: en el régimen de contratación anterior a las leyes 1150 de 2007 y 1882 de 2018, el pliego define las reglas del proceso y los criterios para escoger la oferta más favorable; los requisitos que el pliego no declara evaluables son innecesarios para comparar las propuestas; y la entidad no puede rechazar con base en documentos a los que el pliego no asignó efecto. En el caso, el formato omitido no era evaluado, pero la entidad también rechazó la propuesta por el valor de la oferta, motivo que se encontró ajustado al pliego, por lo que la unión temporal no demostró el cumplimiento de las condiciones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el proponente debe verificar que cada causal de rechazo esté prevista en el pliego, aunque ello no basta si existe otro fundamento válido.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA?¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual y precontractual de las entidades públicas?¿El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica?
¿La aclaración o modificación del tomador de una garantía de seriedad de la oferta durante la etapa de subsanación, cuando el tomador inicialmente identificado no corresponde al proponente, constituye una modificación sustancial que impide tener por acreditado el requisito de garantía de seriedad de la oferta y da lugar al rechazo de la propuesta?
El proponente en un proceso de contratación pública debe constituir la garantía de seriedad de la oferta en su nombre, ya que esta garantiza su compromiso con la entidad estatal y protege contra el incumplimiento precontractual. La modificación del tomador de la garantía durante la subsanación, cuando inicialmente no era el proponente, implica una alteración sustancial que rompe la correspondencia jurídica entre el licitante y el asegurado, lo que impide considerar válida la garantía presentada. Esta interpretación reitera la jurisprudencia existente y establece que cualquier cambio en las condiciones de la garantía que no cumpla con los requisitos legales originales puede llevar al rechazo de la propuesta por no acreditar debidamente el requisito de garantía de seriedad.síntesis automática
También resuelve:Garantías: contratación estatal, Constitución de garantías, finalidad, cumplimientoTipos de garantías: póliza de seguro, garantía bancaria– fiducia mercantil de garantíaSeriedad de la oferta: contrato de seguros, apoderado
¿La póliza de seriedad de la oferta puede estar a nombre del apoderado que presenta la oferta, o debe ser constituida a nombre del proponente?
La póliza de seriedad de la oferta debe constituirse a nombre del proponente y no a nombre del apoderado que presenta la propuesta. El Estatuto General de Contratación exige, por regla general, la constitución de garantías en las etapas precontractual, contractual o postcontractual, y el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 dispone que los proponentes garanticen el ofrecimiento realizado mediante pólizas, garantías bancarias u otros mecanismos permitidos. La obligación de constituir la póliza de seriedad recae directamente sobre el proponente, de modo que este debe ser el tomador de la póliza, aun cuando la oferta sea presentada a través de un apoderado. El apoderado actúa en nombre y representación del proponente, pero no asume personalmente las obligaciones derivadas de la presentación de la oferta. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar que la póliza identifique como tomador al proponente, para que la garantía corresponda a quien asume la responsabilidad por la oferta.síntesis automática
También resuelve:Garantías: contratación estatal, Constitución de garantías, finalidad, cumplimientoTipos de garantías: póliza de seguro, garantía bancaria, fiducia mercantil de garantíaGarantía de seriedad de la oferta: alcance, finalidad
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA2025-06-05Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020200039901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala Plena de la Sección Tercera, debe avocar conocimiento para unificar jurisprudencia en relación con los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que adjudican o declaran desierto un proceso de selección de contratista específicamente, en lo que concierne al análisis de la oferta más favorable; y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada? Sí
El contratista debe demostrar el quantum de su afectación en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que declara desierto o adjudica un proceso de selección de contratista, y la entidad estatal puede ser condenada a pagar una indemnización por la utilidad esperada, siempre que no existan criterios disímiles en la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala ha constatado la necesidad de unificar jurisprudencia en relación con el análisis de la oferta más favorable y los presupuestos para tasar el perjuicio por la utilidad esperada, debido a la existencia de criterios disímiles en la evaluación de propuestas y la determinación de la oferta más conveniente. En algunos casos, la Sala ha estimado que basta con corregir la puntuación no tenida en cuenta en favor del demandante, mientras que en otros ha requerido una revisión integral de todas las ofertas. Además, la Sala ha considerado que, en ausencia de prueba directa del perjuicio, puede aplicarse un criterio de razonabilidad basado en las reglas de la experiencia y la sana crítica para establecer la suma de dinero que debe ser reconocida al demandante, siempre y cuando el valor de la propuesta sea equivalente al presupuesto oficial. Esta unificación jurisprudencial permitirá una mayor coherencia en la aplicación del EGCAP y en la tasación de perjuicios en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿En los conflictos relacionados con la escogencia de la oferta más favorable, existen criterios disimiles para resolver el asunto en cuanto…¿Puede el juez reconocer la indemnización por no adjudicación de un contrato estatal con base en un criterio de razonabilidad, en ausencia de prueba directa del perjuicio?
¿Correspondía a la entidad contratante la determinación de los factores que integraban la estimación del precio a ofertar? No
El contratista no puede atribuir a la entidad contratante la responsabilidad por la determinación de los factores que integran la estimación del precio a ofertar, ya que la imprevisión respecto del alza de precios no se debe a la falta de análisis por parte de la entidad, sino a la ausencia de un precio de referencia en el pliego de condiciones, que dejaba a cada oferente la responsabilidad de evaluar y prever los factores que podrían afectar el precio, como la disponibilidad de materias primas y sus costos de producción. Además, los oferentes deben conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que pueden afectarlos, y no acreditaron la imprevisibilidad del incremento en los costos de producción, ya que estos aumentos se debieron a un incremento esperado en la demanda de materias primas, producto de una decisión legislativa con suficiente antelación para prever y precaver sus efectos. Por lo tanto, la prórroga del plazo del contrato no puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico, ya que fue acordada por las partes cuando ya se conocían los aumentos en los costos de las materias primas. Esta sentencia reitera la jurisprudencia sobre la ruptura del equilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que la responsabilidad por la imprevisión en los costos recae sobre el contratista y no sobre la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿los oferentes debían conocer los pormenores de sus costos de producción y las circunstancias que tenían la potencialidad de afectarlos?¿Se acreditó el carácter imprevisible del incremento en los precios de la materia prima durante la ejecución del contrato?¿La prórroga del plazo del contrato puede calificarse como una circunstancia imprevista que otorgue derecho al restablecimiento del equilibrio económico?
¿Constituye causal de rechazo de la propuesta, conforme al régimen de contratación estatal, el pago extemporáneo de la prima de la garantía de seriedad de la oferta, cuando dicha póliza fue válidamente constituida antes de la presentación de la misma, pero el pago se efectuó con posterioridad al cierre del proceso de selección?
El contratista no puede rechazar la oferta por el pago extemporáneo de la prima de la garantía de seriedad de la oferta, siempre y cuando la póliza haya sido válidamente constituida antes del cierre del proceso de contratación, ya que la legislación estatal excepciona la terminación automática del contrato de seguro por falta de pago de la prima. Sin embargo, la póliza debe estar vigente y válida desde antes del cierre del proceso, conforme a la Ley 1882 de 2018, que prohíbe acreditar circunstancias ocurridas después del cierre del proceso. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la subsanabilidad de las ofertas y las causales de rechazo, permitiendo que los proponentes no sean descalificados por omisiones formales sin relevancia para el perfeccionamiento del contrato, siempre que no afecten la asignación de puntaje ni la estabilidad de la garantía frente a la Administración.síntesis automática
También resuelve:Subsanabilidad: aplicación, r egla general, excepciones, Ley 1882 de 2018Causales de rechazo de las ofertas: origen, límites en su configuraciónCausales de rechazo: procedencia
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de una demanda contra un acto administrativo proferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, cuya pretensión económica supera los 300 SMLMV, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo proferido por una entidad pública del orden nacional, conforme al artículo 104 del CPACA, pues el objeto del litigio es la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que la competencia se determina por la naturaleza pública de la entidad que expide el acto, y en que el Consejo de Estado resuelve la apelación de la sentencia del tribunal conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de radicación de la demanda, por la cuantía de la pretensión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los actos de entidades públicas nacionales que afecten derechos económicos del administrado quedan sometidos al control de esta jurisdicción, y su apelación corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía lo exige.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía judicial idónea para solicitar la nulidad del acto de adjudicación proferido dentro del proceso de selección abreviada por…¿Una demanda presentada el 13 de diciembre de 2017 contra un acto administrativo notificado en estrados el 30 de mayo de 2017…¿Están legitimadas en la causa por activa las sociedades que integran una unión temporal para demandar la nulidad del acto administrativo de adjudicación cuando participaron en el proceso de…
¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra, cuando se observa que en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad, y que la contratista, al momento de la presentación de la propuesta, afirmó que conocía dichos documentos? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de un desequilibrio económico en un contrato de interventoría debido a una mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto, cuando en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad y el contratista afirmó conocer dichos documentos al presentar la oferta. Además, la Sala rechaza la pretensión del contratista por falta de prueba, ya que no aportó documentos ni pruebas técnicas que demuestren la realización de actividades adicionales o la mayor permanencia en obra y la utilidad dejada de percibir. La decisión confirma que la demandante debe ser condenada en costas y agencias en derecho, lo que implica que debe asumir los gastos del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se probó que la oferta del consorcio demandante habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el Consorcio demandado no habría resultado adjudicatario en esa situación? No
Quien impugna un acto de adjudicación en un proceso de selección debe probar que su oferta habría ocupado el primer lugar en el orden de elegibilidad, o que el adjudicatario no habría resultado seleccionado en esa situación, pues sin esa prueba no hay lugar a declarar la irregularidad de la adjudicación. Esta carga procesal se explica por dos razones. Una razón es que la adjudicación solo puede anularse si se demuestra que la selección desconoció la oferta más favorable, y la mera prueba del rechazo de la propuesta no basta para establecer ese orden. Otra razón es que el consorcio demandante concentró sus pruebas en demostrar el rechazo sin justificación y el cuantum de los perjuicios, sin aportar elementos sobre la calificación técnica de las propuestas. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones de la demanda, y la conciliación aprobada y el dictamen sobre perjuicios no suplieron esa falta de prueba. Su consecuencia práctica es que el proponente que reclama la adjudicación debe demostrar, con la evaluación técnica, que su oferta era la mejor calificada.síntesis automática
También resuelve:¿El consorcio demandante cumplió con la carga de probar que su oferta era la mejor para la entidad?¿El demandante probó que su oferta era la mejor de conformidad con la fórmula establecida en el pliego?¿Una vez celebrado el contrato sin que se hubieran enjuiciado los actos previos, estos sólo eran demandables en ejercicio de la acción de controversias contractuales?