Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Se acreditó que existe nulidad de un contrato por violación al derecho de audiencia, debido a que el ordenador del gasto no estuvo presente en toda la audiencia de adjudicación; y por violación a las normas en que debía fundarse y por falsa motivación? No
En los procesos de nulidad contractual, la ausencia del ordenador del gasto durante toda la audiencia de adjudicación de una licitación pública no vicia el acto de adjudicación, porque no existe una norma que lo obligue a estar presente en todo su desarrollo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ausencia de una norma que imponga la presencia permanente impide declarar la nulidad por violación del derecho de audiencia. Segunda, los cargos de nulidad por violación de las normas en que debía fundarse el acto y por falsa motivación deben probarse, y en el caso no lo fueron. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones porque los cargos de nulidad contra el acto de adjudicación no quedaron probados. En la práctica, quien impugne una adjudicación por la ausencia de un servidor en la audiencia debe identificar la norma que exigía su presencia y acreditar el perjuicio que le causó la ausencia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso dentro del término estipulado por la ley?¿Procede la condena en costas al resolverse de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante?
68001233300020150119301 de 20252025-07-14Rad. 68001233300020150119301
De acuerdo con lo anterior, los elementos de la oferta se categorizan entre: (i) los que no son necesarios para la comparación y que pueden ser subsanados hasta la adjudicación y (ii) aquellos que se requieren para la evaluación de los ofrecimientos y que otorgan puntaje para determinar el orden de elegibilidad de los proponentes, los cuales no se pueden subsanar. Se ha señalado que una previsión en ese sentido comporta un desarrollo del principio de buena fe que impone a los interesados en contratar con el Estado actuar con rectitud, lealtad y honestidad durante todas las etapas contractuales. Puntualmente, las disposiciones de la Ley 80 de 1993 invocadas por el actor, contenidas en sus artículos 24 (principio de transparencia), 26 (responsabilidad), al igual que el parámetro contenido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 (selección objetiva, en el que se insistió en el recurso de apelación), en los términos antes referidos.
También resuelve:Contrato estatal: proceso de selección del contratista, reglas de la licitación pública, régimen de contratación administrativa, estatuto general de contratación de la administración públicaPrincipio de selección objetiva: procedimiento de la selección objetiva del contratista, evaluación de propuestas, factores de evaluación, valoración de la propuesta del proponenteAplicación del precedente judicial: causales de rechazo de la oferta, ineficacia de la oferta, aplicación de la buena fe contractual, obligaciones del contratante
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
19001233300220210025201 de 20252025-06-10Rad. 19001233300220210025201
El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 a quienes intervengan en la contratación estatal, tanto las entidades públicas y sus servidores, como los particulares que participen en ella. Así, a las voces del artículo 25-3 del mismo cuerpo normativo, “las reglas y procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados”; al tiempo que, en los términos del artículo 26 ibidem, “las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia”
También resuelve:Audiencia pública de adjudicación: obligatoriedad, no exige su grabación, son solo un medio de registroActuaciones de los servidores públicos: reglas sobre administración de bienes ajenosReglas y procedimientos de la actividad contractual: las actuaciones de los servidores públicos, garantía de los derechos administrativos
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018 y los pronunciamientos realizados por la Agencia Nacional de Contratación, solicito respetuosamente; si en una licitación pública es posible mediante subsanación, aportar una nueva hoja de vida al equipo de trabajo ofertado, la cual cuenta con autorización autenticada para participar en el proceso con fecha anterior al cierre del proceso y dicho requisito es habilitante y no genera puntuación alguna.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018 y los pronunciamientos realizados por la Agencia Nacional de Contratación, solicito respetuosamente; si en una licitación pública es posible mediante subsanación, aportar una nueva hoja de vida al equipo de trabajo ofertado, la cual cuenta con autorización autenticada para participar en el proceso con fecha anterior al cierre del proceso y dicho requisito es habilitante y no genera puntuación alguna.
También resuelve:Reglas de subsanabilidad: requisitos subsanables de la ofertaSubsanación: capacidad para para asumir nuevas obligaciones / reglas de subsanabilidad, requisitos subsanables de la oferta
¿Puede un proponente subsanar la experiencia general habilitante o la experiencia del personal mínimo requerido habilitante, teniendo en cuenta que no otorgan puntaje, con nuevas certificaciones, siempre que con ellas no se pruebe experiencia que no se tenía antes del cierre(sic)?
Así las cosas, conforme lo expuesto, la subsanabilidad de los requisitos habilitantes dentro de un proceso de selección se encuentra permitido cuando se trate única y exclusivamente de requisitos que no afectan la asignación de puntaje o la comparación de ofertas, es decir, los requisitos habilitantes, para tal efecto, la Entidad Estatal deberá indicarlo en el informe de evaluación y advertir que la correspondiente oferta no será evaluada hasta que se subsane dichos requisitos.
También resuelve:Requisitos habilitantes: criterios, obligatoriedad, autonomía de la voluntadExperiencia: conceptoReglas de subsanabilidad: subsanabilidad de las ofertas en los procesos de selección, requisitos subsanables de la oferta, solicitud de aclaraciones indispensables de la oferta, subsanabilidad de las ofertas en los procesos de selección / reglas de subsanabilidad
¿La propuesta del Consorcio AVETEC 2016 cumplió con la solicitud de subsanación hecha por la Aerocivil mediante el Acta 14 de 25 de mayo de 2016 y de conformidad con las reglas establecidas en el pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones exige traducción oficial de los documentos de la oferta, ese requisito se predica de los documentos objeto de la apostilla y no de los sellos o certificados que acreditan el trámite, porque la Ley 455 de 1998 permite expedir la apostilla en un idioma distinto del castellano. Una razón es que los sellos de apostilla certificaron la autenticidad de la firma y la calidad de quien firmó, se expidieron en inglés, idioma autorizado por la ley, y contenían la información del modelo legal. Otra razón es que la entidad contratante aclaró durante el proceso de selección que el requisito de castellano solo aplicaba a los documentos apostillados, que estaban en español. En el caso, la Sala concluyó que el oferente cumplió la subsanación solicitada y que la entidad no vulneró las reglas del pliego al aceptar esos sellos, por lo que confirmó la negación de las pretensiones de nulidad. Su consecuencia práctica es que la exigencia de idioma del pliego debe interpretarse según el objeto que se certifica y no de forma extensiva.síntesis automática
También resuelve:¿El documento de subsanación denominado aclaración certificado de buena ejecución del fabricante, mediante el cual la firma fabricante…¿El oferente se encontraba habilitado técnicamente, en especial con relación al requisito de experiencia específica, que es lo controvertido por el apelante?¿La entidad contratante vulneró las reglas de subsanabilidad previstas en el pliego de condiciones o incurrió en alguna irregularidad durante la audiencia de adjudicación?
¿Cuáles son las consecuencias de que el certificado proporcionado por el Ministerio del Trabajo no coincida con la certificación emitida por la persona natural, la persona jurídica o el revisor fiscal – según corresponda – para acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en la planta de personal?
El artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, permite que tanto las personas naturales como jurídicas, puedan obtener puntaje adicional por la vinculación de trabajadores en condición de discapacidad siempre que acrediten los requisitos allí definidos. La mencionada disposición señala que, en los procesos de licitación pública o concurso de méritos, para obtener el puntaje adicional por tener personas en condición de discapacidad vinculadas en la planta de personal, se deberá acreditar: i) el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal; y ii) el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal.
También resuelve:Personas en condición de discapacidad: puntaje adicional, fundamento normativoPuntaje adicional: personas en condición de discapacidad, requisitos, acreditaciónReglas de subsanabilidad: Ley 1150 de 2007
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿Qué requisitos son subsanables en los diferentes procesos de selección, según lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública EGCAP?
Los requisitos o documentos que no son necesarios para la comparación de las ofertas pueden subsanarse, y lo que no es necesario para esa comparación no es título suficiente para el rechazo; lo subsanable es la prueba de las circunstancias ocurridas antes del vencimiento del término para presentar ofertas, pues una cosa es el requisito habilitante y otra su prueba, de modo que lo prohibido es subsanar requisitos no cumplidos materialmente al presentar la oferta. Por ejemplo, si el oferente no anexó el documento de constitución del consorcio o unión temporal, puede subsanarlo siempre que el documento demuestre que existía antes del cierre. Según la Ley 1882 de 2018, la regla general es que la entidad puede solicitar y el proponente corregir hasta el término de traslado del informe de evaluación; en la subasta, hasta el momento previo a la audiencia. En la mínima cuantía, la Agencia acoge el numeral 6.1 de la Circular Externa Única: la entidad debe fijar en la invitación un plazo para recibir los documentos subsanables, so pena de verificar la oferta del siguiente proponente con mejor precio, y si no lo fijó, los proponentes pueden subsanar hasta antes de la aceptación de la oferta.síntesis automática
También resuelve:Reglas de subsanabilidad: concepto de unificación, aplicación, improcedencia, circunstancias posterioresSubsanabilidad: oportunidad
76001233100020100188102 de 20262026-05-31Sección TerceraRad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipsoAcción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensionesContrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-09Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 76001233300720160029502LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir? Sí
El contratista no puede obtener la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir cuando no cumple con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para la petición de prueba testimonial, específicamente al no enunciar de manera concreta los hechos objeto de la prueba. La Sala confirma la decisión del tribunal que niega el decreto de prueba testimonial, al no cumplirse con la carga de la prueba impuesta por el artículo 212 del CGP. Además, el despacho establece que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que no pueden ser modificadas, derogadas ni sustituidas por las partes o por el juez sin una autorización legal expresa, lo que implica que el juez debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la ley para la admisión de la prueba.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden las normas procesales ser modificadas por las partes o por el juez sin autorización legal expresa?
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación…¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades…¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
La controversia planteada en término consiste en determinar, conforme a la apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, a juicio del impugnante, el acto acusado debe anularse porque exigió el cumplimiento de requisitos contables ajenos a uno de los participantes y pasó por alto la ausencia de un poder debidamente otorgado respecto de otro participante.
También resuelve:¿Uno de los requisitos habilitantes exigido en el pliego de condiciones de la licitación pública convocada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca…¿La empresa extranjera demandante debía someterse a la normativa interna aplicada al proceso de selección de contratista para acreditar la situación financiera de los proponentes?¿La descalificación de la propuesta de la sociedad extranjera estuvo justificada en el incumplimiento de uno de los requisitos habilitantes consistente en aportar el certificado de los estados…
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020160241301LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de pruebas en segunda instancia se justificaron las razones por las cuales los documentos aportados con el recurso de alzada no fueron allegados dentro de las oportunidades probatorias en el trámite de la primera instancia? No
Cuando la parte solicita en segunda instancia la práctica de pruebas que no corresponden a ninguna de las hipótesis taxativas del artículo 212 del C.P.A.C.A., la solicitud debe denegarse, aunque sea oportuna. La regla se sostiene en tres razones: las pruebas en segunda instancia solo proceden en los supuestos que la ley prevé, y la parte debe justificar por qué los documentos no se aportaron en la primera instancia; el juez puede decretar pruebas de oficio para aproximarse a la verdad material, pero no puede relevar o sustituir injustificadamente a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias que la ley les asigna; y en el caso no existían puntos oscuros o difusos que aclarar. En el caso, la solicitud cumplía el requisito de oportunidad, pero no se justificó la omisión en la primera instancia, por lo que se denegó la petición probatoria. El documento cita precedentes sobre la carga de la prueba; la consecuencia práctica es que el documento que no se aportó en primera instancia solo puede incorporarse en apelación si la parte demuestra una causal legal para ello.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente viable que el juez de lo contencioso administrativo releve o sustituya de manera injustificada a las partes en el cumplimiento de las cargas probatorias expresamente asignadas a…
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA,CONTRATO DE CONCESIÓN,REGLAS DE INTERPRETACIÓN,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL – Consecuencias jurídicas,Definición,Configuración,Ius variandi,Modificación de condiciones,Existentes al momento de contratar,Utilidad del contratista,Principio,Confianza legítima,Fundamento normativo,Principio de conmutatividad, – Mes: noviembre – Año: 2016…
También resuelve:Controversias contractuales: caducidad de la acciónEquilibrio económico del contrato: consecuencias, ruptura, hecho del príncipe, configuraciónIncumplimiento del contrato: definición, configuración
ESPACIO ELECTROMAGNÉTICO,COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN,CONTRATO DE CONCESIÓN,REGLAS DE INTERPRETACIÓN,BUENA FE CONTRACTUAL – Definición,Corte Constitucional,Naturaleza jurídica,Concesión administrativa,Finalidad,Ley 80 de 1993,Concepto,Partes,Concesionario,Objetiva,Aplicación,Noción – Mes: enero – Año: 2016…
También resuelve:Espacio electromagnético: definición, Corte constitucionalComisión nacional de televisión: naturaleza jurídicaContrato de concesión: concesión administrativa, finalidad, Ley 80 de 1993, concepto
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-06-16Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020170057301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez de segunda instancia decretar de oficio la incorporación al expediente de una sentencia previa proferida en otro proceso, cuando esta resulta pertinente, útil y conducente para el análisis del caso en grado de apelación? Sí
El juez de segunda instancia decreta de oficio la incorporación de providencias pertinentes, útiles y conducentes para el análisis jurídico del caso en grado de apelación de acuerdo con el ordenamiento procesal. En este caso procesal, la Sección Tercera decreta de oficio la incorporación al expediente de la sentencia del 17 de junio de 2024 emitida en otro proceso respecto a la nulidad de actos de incumplimiento contractual, por considerar que dicha determinación puede impactar directamente la decisión que se adopte en el presente asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el decreto del informe bajo juramento como prueba de oficio?
¿La metodología para definir los honorarios por la realización de los diseños arquitectónicos, fue fijada conforme a lo pactado en el contrato y a las reglas del pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones y el contrato fijan una metodología para calcular los honorarios de los diseños arquitectónicos, esa metodología obliga a las partes y no puede sustituirse por otra que el contratista considere más conveniente, aunque también esté prevista en la normativa aplicable. La regla se sostiene en que la metodología fue establecida desde el pliego, explicada a todos los proponentes y reflejada en una cláusula del contrato, de modo que lo pactado prima sobre la pretensión posterior de cambiarla. Además, el concepto de la interventoría señaló que la metodología aplicada es una de las que contempla el Decreto 2090 de 1989, lo que confirma su validez frente a la alternativa propuesta. En el asunto, el contratista pretendió que se aplicara otra metodología que le resultaba más favorable, y la Sala confirmó que los honorarios debían calcularse con la metodología pactada, que fue la que efectivamente se aplicó. En la práctica, el contratista no puede cambiar la base de liquidación de sus honorarios por una distinta a la acordada.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El demandante está legitimado en la causa por activa al ser el contratista de la relación jurídica cuestionada?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, empezó a contar desde la fecha de finalización del contrato de consultoría?