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Consejo de Estado Providencia

No se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160173703 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditaron los presupuestos de mayor permanencia en obra a causa de suspensiones contractuales? No
La reclamación de mayor permanencia en obra derivada de suspensiones contractuales exige acreditar el alcance específico de las obligaciones del contratista, para lo cual deben aportarse el pliego de condiciones del contrato y la matriz de riesgos o el acta de asignación de estos, pues sin ellos no es posible establecer cómo las partes distribuyeron las obligaciones y las consecuencias de las circunstancias ocurridas durante la ejecución. Además, cuando el contratista renuncia a reclamar esos reconocimientos al momento de pactar las prórrogas del contrato, esa renuncia no puede desconocerse después, porque los actos propios de quienes suscribieron las prórrogas no pueden ser desconocidos sin que hayan sido anulados por la jurisdicción. En el caso concreto, el contratista había planteado reclamaciones durante las tratativas, pero renunció a cobrarlas al suscribir las prórrogas, de modo que se mantuvo la negativa del reconocimiento por ese concepto. La sentencia modificó la decisión de primera instancia en lo relativo a la mayor permanencia derivada de las suspensiones. Como consecuencia práctica, el contratista que pretenda ese reconocimiento debe probar con los documentos contractuales el alcance de sus obligaciones, y debe tener presente que la renuncia expresa al cobro al suscribir prórrogas tiene efectos que se mantienen.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente el reconocimiento económico por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato, pese a que el contratista renunció a reclamar en el momento de pactarlas? ¿Procede reconocer al contratista el pago del saldo final del precio cuyo pago quedó diferido para el momento de la liquidación del contrato, suma que el IDU reconoce deber? ¿Es procedente descontar el valor de las retenciones en la fuente practicadas a los pagos recibidos por el contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición

Sentencia — Sentencia 2023-10-24 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020050220201 ACCION DE REPETICION
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
La demanda se presentó oportunamente, ya que el Auto que aprobó la conciliación es de 27 de noviembre de 2002 y quedó ejecutoriada el 6 de diciembre del mismo año, el primer pago se hizo el 27 de mayo de 2003 y el segundo pago el 3 de junio de 2004. El término de caducidad de la acción vencía el 4 de junio de 2006 y la demanda se interpuso el 19 de julio de 2005.
También resuelve: ¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal? ¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? ¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
MODIFICA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Agente retenedor: 25000 23 27 000 2009 00239 01_19022

25000-23-27-000-2009-00239-01_19022 2013-02-13 Sección Cuarta
PAGOS POR HONORARIOS,HONORARIOS POR COBRANZA,APORTES A SEGURIDAD SOCIAL,RETENCIÓN EN LA FUENTE,RENTA,AGENTE RETENEDOR,RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE HONORARIOS,PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA,REQUERIMIENTO ESPECIAL,LIQUIDACIÓN OFICIAL DE – Retención,En la fuente,Agente retenedor,Nocion,Definiciòn,Responsabilidad,Tarifa,Derecho de defensa,Principio de correspondencia – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve: Pagos por honorarios: retención, en la fuente, agente retenedor Retencion en la fuente: noción, finalidad, definición, responsabilidad Principio de correspondencia: liquidación, derecho de defensa, principio de correspondencia
Consejo de Estado Providencia

No se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233100020110129701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve: ¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato? ¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato? ¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 08001233100020040292602 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe declararse la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral, teniendo en cuenta que la parte demandada no invocó oportunamente la respectiva excepción y, que, por ende, renunció tácitamente al pacto arbitral? No
El contratista no puede invocar la falta de jurisdicción o competencia por la existencia de una cláusula arbitral si no la presenta oportunamente en el proceso, ya que se considera que ha renunciado tácitamente al pacto arbitral, lo que permite a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejercer su competencia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, independientemente de los argumentos específicos utilizados por el juzgador de instancia. Además, en un contrato de derecho privado de ejecución sucesiva sin cláusula de liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la terminación del contrato. Asimismo, el pacto y el ejercicio de facultades unilaterales en contratos de derecho privado son válidos, pero las partes pueden imponer límites al ejercicio de estas facultades, como plazos temporales para realizar descuentos, sin que esto signifique la extinción de los derechos sustantivos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Cómo el contrato era de ejecución sucesiva, pero no requería liquidación, ya que se trató de un contrato sometido al derecho privado en el cual las partes no pactaron una cláusula de liquidación… ¿El pacto y el ejercicio de una facultad unilateral en un contrato de derecho privado, como los descuentos, son válidos, así como los límites que las partes imponen al ejercicio de dichas facultades… ¿Procede la declaratoria de incumplimiento del contrato de transferencia de activos como consecuencia de la práctica de unos descuentos y provisiones realizados por la demandada…
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acto administrativo

2018_27001-23-31-000-1999-00611-01_33366 2018-06-21 Sección Tercera
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO,CONTRATO DE CONCESIÓN,FALSA MOTIVACIÓN,DERECHO DE RETENCIÓN,PERJUICIOS,PRUEBA PERICIAL,GOODWILL,CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CLÁUSULAS EXCEPCIONALES,ACTO ADMINISTRATIVO – Presentación oportuna,Ley 153 de 1987,Régimen jurídico,Presunción de legalidad,Alcance jurisprudencial,Control jurisdiccional,Pacto obligatorio,En vigencia del Decreto 222 de 1983,Concepto,Alcance,Requisitos,Lucro cesante,Inha – Mes: junio – Año: 2018…
Consejo de Estado Providencia

No es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 66001233300020150029002 LEY 1437 REPETICION
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas… ¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará el auto apelado y, negará el decreto de las medidas cautelares de urgencia solicitadas por la actora

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233300020230030801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA regula expresamente las medidas cautelares procedentes en los procesos declarativos que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
Las medidas cautelares en los procesos declarativos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se rigen por el CPACA, que regula expresamente cuáles proceden, de modo que el juez no puede decretar medidas que no figuran en su listado aunque el Código General del Proceso las contemple. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 229 del CPACA autoriza las medidas que el juez considere necesarias para proteger provisionalmente el objeto del litigio y la efectividad de la sentencia, pero el juzgador queda limitado por el listado del artículo 230. Segundo, la remisión al Código General del Proceso no permite acudir a medidas que el CPACA no contempla cuando este regula expresamente la materia, y en ese listado no se encuentran la inscripción de la demanda ni el embargo. La providencia revoca el auto que decretó medidas de urgencia con sustento en el Código General del Proceso y niega su decreto; en la práctica, la parte que solicite una medida cautelar debe identificarla entre las previstas en el artículo 230 del CPACA.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-12-03 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 08001233300020200061901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico estuvo gobernado por el derecho privado y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos? Sí
El contratista no puede emplear la vía contenciosa para sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes, ya que el negocio jurídico celebrado para la vigilancia de las obras afectadas por el fenómeno de La Niña está gobernado por el derecho privado, y los instrumentos expedidos por la contratante no tienen la connotación de actos administrativos. La entidad contratante puede perseguir por vía judicial el cierre financiero del contrato si el balance definitivo no se ha producido pese al interés reiterado de la contratante y el plazo convencional ha expirado, siempre que no pueda practicar la liquidación de forma unilateral. Además, las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo límites claros para el uso de la jurisdicción contenciosa en casos de liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Existe causa suficiente para que la entidad hiciera uso de la pretensión de perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio… ¿Son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia… ¿La sociedad contratista detenta la condición de extremo pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitada para formular pretensiones que introduzcan cuestiones…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual.

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020170238901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? ¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación? ¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del Distrito Capital de Bogotá

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020210024501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del Distrito Capital de Bogotá – Fondo Ciudad Bolívar, al no reintegrar en forma oportuna el valor de los descuentos denominados retegarantía, por no haber liquidado el contrato dentro de los términos legales para tal efecto? No
El Consorcio Parques CB5 pretende que se declare que el Distrito Capital de Bogotá – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar incumplió el contrato número COP-277-2018 suscrito entre ellos porque la entidad contratante no lo liquidó y, en consecuencia, no reintegró en forma oportuna al contratista las retenciones del 10% sobre el valor de cada acta parcial pagada (denominado por las partes retegarantía), lo cual estaba sujeto a la liquidación del contrato, la cual reclama sea dispuesta judicialmente.
También resuelve: ¿Debe condenarse en costas procesales en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190085802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido por un tribunal administrativo que negó una medida cautelar? Sí
Cuando un tribunal administrativo niega una medida cautelar en un proceso con vocación de doble instancia, el auto es apelable y el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso. La regla se apoya en el numeral 5 del artículo 243 del C.P.A.C.A., que hace apelable el auto que decide sobre medidas cautelares, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye a la corporación la apelación de esos autos. El artículo 125 establece además que la decisión sobre la apelación corresponde al magistrado ponente, al no estar prevista para las salas. Las razones que sostienen la regla son que el juez administrativo debe proteger el ordenamiento jurídico y el interés público, que las medidas cautelares requieren relación directa con las pretensiones, y que la apelación debe presentarse y sustentarse dentro del término legal. En el caso, el recurso fue oportuno y sustentado, y se confirmó la negativa de la medida de retención de dinero por no demostrarse un perjuicio irremediable. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud de la medida debe probar el perjuicio que pretende evitar.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra auto interlocutorio fue interpuesto dentro del término legal? ¿Se reúnen las condiciones previstas en la ley para decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2022-05-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070017701 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo? ¿La demanda se presentó oportunamente? ¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?
Consejo de Estado Providencia

El hecho de incurrir en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 88001233300020200010001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato… ¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina? ¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140042302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control? ¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo? ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El estudio de las múltiples pretensiones formuladas en este contencioso es procedente, pese a que sean excluyentes.

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020150233001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada? Sí
El contratista puede acumular pretensiones excluyentes en un proceso contractual siempre y cuando sean planteadas como principales y subsidiarias, conforme al artículo 165.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, la entidad estatal debe responder de manera individualizada a cada una de estas pretensiones para evitar la incongruencia del fallo. En este caso, el tribunal no abordó todas las pretensiones del demandante, omitiendo el análisis del abuso de la posición dominante y la actuación contraria a la buena fe, lo que configuró una incongruencia en el fallo. Además, la Sala reitera la distinción entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, debe restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato, mientras que si el desequilibrio es por circunstancias imprevistas no imputables al contratista, el equilibrio se restablecerá hasta un punto de no pérdida. Esta regla implica que los tribunales deben analizar cuidadosamente cada aspecto de las pretensiones y distinguir claramente entre los diferentes tipos de responsabilidad contractual para evitar incongruencias en sus fallos.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que… ¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos… ¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la…
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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020130172101 LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición contra el Estado, que incluyen la existencia de una condena judicial por responsabilidad patrimonial del Estado, el pago efectivo a la víctima del daño y la demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala ha establecido que la condena judicial debe ser clara y que el pago debe ser acreditado mediante documentos públicos como certificados del tesorero, que se presumen auténticos. Además, la entidad actora debe especificar la causal de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que los demandados ejerzan su derecho de defensa y contradicción. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y la carga probatoria necesaria para la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de una condena judicial impuesta contra una entidad pública por responsabilidad patrimonial del Estado es un requisito de la acción de repetición? ¿El certificado del tesorero es prueba idónea para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición? ¿En la acción de repetición, es deber de la entidad actora expresar la causal de presunción de dolo o culpa grave en orden a permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de…
Consejo de Estado Providencia

Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020040129802 ACCION DE REPETICION
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos… ¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico? ¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
REVOCA