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RESERVA LEGAL

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Colombia Compra Eficiente Concepto

La interpretación sistemática de los preceptos del Decreto 1082 de 2015 inicialmente, indica que las Entidades Estatales tienen la obligación de publicar todos los documentos que expidan con ocasión del Proceso de Contratación.

C-917 de 2026 2026-07-08
¿Las Empresas Sociales del Estado sometidas a régimen especial de contratación están obligadas a publicar en el SECOP la totalidad de los documentos e información relacionados con la ejecución contractual que ya han sido reportados en el SIA Observa?
Las entidades de régimen especial de contratación, como las Empresas Sociales del Estado, deben publicar en SECOP II la actividad contractual que se financie con recursos públicos, en virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. La obligación de publicidad se predica únicamente de esa actividad, de modo que la publicación de la actividad financiada con otros recursos es facultativa. Según el concepto, durante cualquier proceso contractual, con independencia de la modalidad de selección, algunos documentos pueden contener información sujeta a reserva legal, la cual no debe publicarse en SECOP. Para tratar esa información, la entidad debe aplicar la Ley 1712 de 2014 y, en particular, las excepciones de acceso a la información previstas en su título III. Por tanto, la entidad contratante y los responsables de la contratación deben verificar las normas que disponen la reserva de la información antes de cumplir la publicación de cada documento del proceso.síntesis automática
También resuelve: Entidades con régimen especial de contratación: deber de publicidad, secop ii, actividad contractual, ejecución de recursos públicos Reserva legal de información pública: fundamento normativo, aplicación en procesos contractuales
Colombia Compra Eficiente Concepto

Ahora, en cuanto a la reserva legal y los datos sensibles aportados en las ofertas están sujetos a normativas específicas que las entidades deben consultar para verificar si la documentación presentada en las propuestas de los procesos de selección se encuentra bajo esta protección.

C-373 de 2024 2024-09-11
¿Qué documentos presentados en las propuestas para procesos de selección tienen reserva legal?
Los documentos presentados en las propuestas de los procesos de selección no gozan, por regla general, de reserva legal, en virtud del principio de publicidad del artículo 209 de la Constitución, que obliga a las entidades estatales a dar publicidad a todos los documentos del proceso contractual, desde la planeación hasta la liquidación del contrato, conforme a los Decretos 1081 y 1082 de 2015. No obstante, esos documentos se sujetan al cronograma del proceso para su apertura, traslado y publicación, pues antes de la evaluación la entidad no puede marcarlos como públicos en el SECOP II ni expedir copias, porque ello afectaría la competencia de las ofertas. El principio de publicidad no es absoluto: el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 establece la reserva de ley, entre otros, de los documentos que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas las hojas de vida y la historia laboral, de los datos sobre información financiera y comercial en los términos de la Ley 1266 de 2008, de los protegidos por secreto comercial o industrial y de los amparados por secreto profesional.síntesis automática
También resuelve: Reserva legal: noción Factores de desempate: Ley 2069 de 2020, articulo 35 Numeral 2
Colombia Compra Eficiente Concepto

El literal e) del artículo 9 de la Ley Estatutaria citada establece que todas las entidades públicas tienen el carácter de sujetos obligados y deben publicar la información relativa a su contratación.

C-1172 de 2025 2025-11-03
¿Cuál es el alcance del principio de publicidad en materia de contratación estatal para entidades con regímenes exceptuados de contratación?
El principio de publicidad, consagrado en los artículos 209 y 74 de la Constitución, se concreta en la contratación estatal en el SECOP, que debe contener la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, según el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. La regla especial del artículo 2.1.4.3.2.2 del Decreto 1081 de 2015, modificada por el Decreto 1600 de 2024, debe interpretarse de forma armónica con la regla general del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que sigue vigente. Según esa interpretación, el término de diez días es un plazo máximo para que las entidades del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva publiquen en el SECOP los documentos definitivos. Las demás entidades que no están sujetas al Decreto 1600 de 2024, incluidas las del orden territorial y sus descentralizadas, deben aplicar el término general de tres días siguientes a la expedición, sin interpretación extensiva ni analógica, pues se rigen por el principio de legalidad. Para las entidades del orden nacional que operan en SECOP II, en principio no aplican esos términos a la mayoría de los documentos y actuaciones que se gestionan en la plataforma.síntesis automática
También resuelve: Principio de publicidad: concepto, fundamento axiológico, fundamento constitucional, SECOP Reserva legal: noción Tratamiento de datos personales: normativa
Consejo de Estado Providencia

No tienen asidero las aseveraciones de la llamada en garantía

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-10-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020190223801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la carga en cabeza de la llamada en garantía para que la prueba fuera decretada, pues determinó en la solicitud probatoria los hechos sobre los cuales versaría el informe? No
En la solicitud de una prueba de informe, la parte debe exponer de manera concisa y clara los hechos que pretende probar, porque esos hechos son el objeto de la prueba y permiten juzgar su conducencia, pertinencia y utilidad. El artículo 275 del Código General del Proceso no exige expresamente esa precisión, pero el artículo 168 del mismo código, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, exige que la prueba recaiga sobre hechos jurídicamente relevantes. Por ello no se trata de aportar el cuestionario del informe, sino de identificar los hechos. Cuando la solicitud omite esa indicación, lo procedente es negar la prueba. En el caso concreto la llamada en garantía apeló el auto que negó el informe solicitado a una empresa pública, y la decisión fue confirmada porque la solicitud no cumplió esa carga. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que quien pide un informe debe enunciar desde la solicitud los hechos a probar.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible solicitar que el representante administrativo de la entidad rinda informe bajo gravedad de juramento sobre los hechos debatidos que le conciernan y que se determinen en la solicitud de la… ¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-10-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170236102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La nulidad es una consecuencia legal que, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020130125801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve: ¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito? ¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio… ¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
Consejo de Estado Providencia

Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-03-31 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020200013400 LEY 1437 REPETICION
¿Puede el juez modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial? Sí
El juez puede modificar el orden procesal para dictar sentencia anticipada antes de celebrarse la audiencia inicial siempre que se cumplan las causales establecidas en el artículo 182A numeral 1 del Código General del Proceso Administrativo, y siga el procedimiento de pronunciarse sobre las pruebas, fijar el litigio y correr traslado para alegar de conclusión, sin alterar el orden establecido por la norma. Asimismo, el juez no puede decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición, salvo que se demuestre que la petición no fue atendida o fue negada por razones de reserva legal, conforme a los artículos 78 y 173 del Código General del Proceso. Además, el juez no debe decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración, ya que el artículo 212 del Código General del Proceso establece que es necesario enunciar concretamente los hechos objeto de prueba. Por último, la excepción de caducidad no es una excepción previa y debe resolverse en la sentencia, no antes de la audiencia inicial, como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Administrativo y el artículo 101 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez decretar pruebas documentales que las partes no solicitaron previamente mediante derecho de petición? ¿Puede el juez decretar una prueba testimonial cuando la parte interesada no ha precisado los hechos sobre los cuales versaría la declaración? ¿Debe la excepción de caducidad resolverse en la sentencia y no como excepción previa, en atención a que no se encuentra prevista en el listado taxativo del artículo 100 del Código General del…
NO REPONE
Consejo de Estado Concepto

No es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia".

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-08-26 Sala Consulta y Servicio Civil EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ Rad. 11001030600020220006600 CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve: ¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2… ¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
Consejo de Estado Providencia

¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados?

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020120056802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados? No
El SENA adelantó la convocatoria n.º DG-0006 de marzo de 2011, para que las empresas aportantes, los gremios, federaciones gremiales o asociaciones representativas de empresas o trabajadores, o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas presentaran proyectos de formación especializada y/o actualización tecnológica del recurso humano vinculado a las mismas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo n.º 0017 de 20091. Fendipetróleo participó en la convocatoria y formuló un proyecto, que tuvo por objeto optimizar los procesos operativos de una estación de servicio, mejorando las competencias, productividad y calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS.
También resuelve: ¿A pesar de la declaratoria de cumplimiento del convenio especial de cooperación, es procedente la liquidación judicial del contrato? ¿Aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala se puede pronunciarse sobre la liquidación judicial siempre y cuando haya sido solicitado por las… ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de…
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