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Principio de publicidad: en SECOP II no aplica el término general de los tres o el plazo máximo de los días para las entidades del orden nacional
Regla de decisión
El literal e) del artículo 9 de la Ley Estatutaria citada establece que todas las entidades públicas tienen el carácter de sujetos obligados y deben publicar la información relativa a su contratación.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El principio de publicidad, consagrado en los artículos 209 y 74 de la Constitución, se concreta en la contratación estatal en el SECOP, que debe contener la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, según el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. La regla especial del artículo 2.1.4.3.2.2 del Decreto 1081 de 2015, modificada por el Decreto 1600 de 2024, debe interpretarse de forma armónica con la regla general del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que sigue vigente. Según esa interpretación, el término de diez días es un plazo máximo para que las entidades del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva publiquen en el SECOP los documentos definitivos. Las demás entidades que no están sujetas al Decreto 1600 de 2024, incluidas las del orden territorial y sus descentralizadas, deben aplicar el término general de tres días siguientes a la expedición, sin interpretación extensiva ni analógica, pues se rigen por el principio de legalidad. Para las entidades del orden nacional que operan en SECOP II, en principio no aplican esos términos a la mayoría de los documentos y actuaciones que se gestionan en la plataforma.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el alcance del principio de publicidad en materia de contratación estatal para entidades con regímenes exceptuados de contratación?
Fundamentos
Ley 1150 de 2007, art. 3
Decreto Ley 4170 de 2011, art. 3
Ley 1712 de 2014
toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal
C-1172 de 2025 · 2025-11-03
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
El principio de publicidad impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actos, contratos y decisiones, para que se divulguen y eventualmente se controlen. En sintonía con este postulado, en la contratación estatal el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, en adelante SECOP, como un mecanismo que “contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos”.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
Principio de publicidad: concepto, fundamento axiológico, fundamento constitucional, SECOP
Ámbito de aplicaciónConceptoDeber de publicaciónDecreto 1081 de 2015Decreto 1600 de 2024Documentos de EjecuciónDocumentos del ProcesoFUNDAMENTO AXIOLÓGICOFundamento constitucionalinterpretación armónicaNociónNormativaSECOPtérmino de publicación
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PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – Concepto – Fundamento axiológico – Fundamento constitucional
[…] la Constitución Política de 1991 consagra en varios artículos la publicidad como un principio rector del Estado colombiano. Entre los más destacados, puede mencionarse el 209, que afirma que la publicidad es uno de los principios que fundamentan el ejercicio de la función administrativa, y el 74, que consagra la garantía de acceso a los documentos públicos que no gocen de reserva –y esta, además, es excepcional, pues solo procede si existe causal constitucional o legal expresa–.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – SECOP – Documentos del proceso – Deber de publicación
[…] El principio de publicidad impone a las autoridades administrativas el deber de dar a conocer sus actos, contratos y decisiones, para que se divulguen y eventualmente se controlen. En sintonía con este postulado, en la contratación estatal el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 establece el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, en adelante SECOP, como un mecanismo que “contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos”.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – Ámbito de aplicación – Decreto 1081 de 2015 – Decreto 1600 de 2024
Por tanto, La regla dispuesta en el artículo 2.1.4.3.2.2 del Decreto 1081 de 2015 –
regla especial
– modificada por el Decreto 1600 de 2024 debe tenerse en cuenta sobre el entendimiento y aplicación del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 –
regla general
–, esto es, deben interpretarse armónicamente. Esto no significa que la
regla general
desaparezca del ordenamiento jurídico; todo lo contrario, esta aplica en todos los supuestos que regula, y se interpreta de forma integral con los supuestos previstos en la
regla especial
. De esta manera, el término de diez (10) días es un plazo máximo para las entidades y
empresas del Estado
del orden nacional y pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público para publicar en SECOP, en todo caso los documentos de carácter definitivo, precisando la regla general sigue vigente, y que, en un principio, el término para publicar tres (3) días siguientes a la expedición, esto es, a partir desde que el documento se encuentra perfeccionado por la parte o las partes intervinientes, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1082 de 2015.
Ahora bien, las demás entidades que no están sujetas al Decreto 1600 de 2024 que modifica el Decreto 1081 de 2015 tienen el deber de aplicar el término de publicación de los tres (3) días siguientes a su expedición como regla general y no le es aplicable el término máximo de diez (10) días desde la ocurrencia del hecho, esto es, a partir de la generación del documento definitivo. En tal sentido, las entidades del orden territorial, así como sus descentralizadas deben seguir aplicando el término general de tres (3) días, y no podrán hacer una interpretación extensiva ni analógica, puesto que se rigen bajo el principio de legalidad que implica una interpretación literal y estricta de las disposiciones normativas.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – término de publicación – interpretación armónica – documentos de ejecución
Conforme a lo expuesto antes, en SECOP II, en principio, no aplica el término general de los tres (3) o el plazo máximo de los (10) días para las entidades del orden nacional, pues la mayoría de los documentos y actuaciones electrónicas se generan en el instante con la aprobación de las partes que intervienen en el proceso de contratación estatal respectivo. Esto, a diferencia de los procesos publicados en el SECOP I, en los que primero se generan los documentos definitivos, esto es, aquellos que están firmados por las partes y luego se publican en dicha plataforma, en los términos ya expuestos, dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las reglas prescritas en los Decretos 1081 y 1082 de 2015.
RESERVA LEGAL
– Noción
De esta manera, corresponde a la Entidad Contratante verificar si el documento se encuentra inmerso en causal de reserva de ley. Adicionalmente, los datos sensibles constituyen límites al deber de divulgación proactiva de la información en la contratación estatal. En otras palabras, el cumplimiento del deber de publicación de la documentación contractual debe armonizarse con las normas aplicables al tipo de información que estas contienen. Lo anterior significa que, respecto de datos sensibles, información sometida a reserva o de la cual proceda un tratamiento especial que impida su publicidad, las entidades deberán proceder de conformidad con el tratamiento que impongan tales normas, absteniéndose, de ser el caso, de publicar las ofertas, o las partes pertinentes en las que se evidencie este tipo de información. Para dichos eventos, la plataforma SECOP II, antes de publicar las ofertas, brinda a las entidades la opción de calificar dicha información como confidencial, lo cual impide que los documentos se publiquen”.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Normativa
Es decir, tanto las entidades que se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –las mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993–, como las exceptuadas de aquel, deben proteger los datos personales en los trámites contractuales que adelanten. A tal conclusión se llega, teniendo en cuenta que el mencionado artículo indica que “Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada” y no contempla dentro de las excepciones previstas en la norma los procedimientos contractuales de selección.
En ese orden de ideas, las entidades estatales, en su actividad contractual, deben proteger la información personal registrada en sus
bases de datos
. El literal b) del artículo 3, de la Ley 1581 de 2012, define “base de datos” como el “Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento». Por su parte, el literal c) del mismo artículo dice que un “dato personal” es “Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables” y el literal g) señala que “tratamiento” es “Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”.