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¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de repetición interpuestas por entidades públicas cuando estas han sido condenadas al pago de perjuicios causados por actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus servidores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Esta competencia se extiende a la revisión de apelaciones en segunda instancia siempre que la cuantía del proceso supere los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo a las entidades públicas obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados indebidamente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse vulnerado el derecho fundamental al debido proceso —en particular los principios de cosa juzgada y non bis in ídem consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política—…¿Debe considerarse que existe cosa juzgada —y, por ende, que resulta improcedente emitir un nuevo pronunciamiento judicial— cuando en un proceso posterior se pretende debatir hechos y pretensiones…¿Debe abstenerse el juez de imponer costas y agencias en derecho en segunda instancia cuando la parte demandada estuvo representada por un curador ad litem que actuó de manera gratuita como defensor…
¿Debe la administración, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizar plenamente el derecho al debido proceso del contratista y de la aseguradora antes de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, al tratarse de un acto que implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual y que, por tanto, exige la posibilidad de ser oído, controvertir las pruebas y presentar las que se consideren pertinentes? Sí
El contratista y la aseguradora del cumplimiento del contrato estatal tienen derecho al debido proceso antes de que la administración declare la ocurrencia del siniestro y haga efectiva la garantía única de cumplimiento, conforme a los artículos 29 de la Constitución Política, 7 y 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011. Este derecho implica la posibilidad de ser oídos, controvertir las pruebas y presentar las que consideren pertinentes para defender sus intereses, ya que la declaración de siniestro implica necesariamente un pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de garantizar el debido proceso en estas circunstancias, lo que implica que la administración debe permitir a las partes involucradas participar en un procedimiento reglado antes de adoptar decisiones que afecten sus intereses.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el municipio de Soacha ser condenado en costas en la segunda instancia, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, dado que su recurso de apelación no prosperó?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-11-20Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020220020300LEY 1437 REPETICION
¿Puede otorgarse la suspensión del proceso de repetición conforme al artículo 161 del Código General del Proceso, cuando las decisiones del proceso penal no inciden en los elementos esenciales del proceso y la impugnación especial dentro de dicho proceso fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria? No
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de repetición conforme al artículo 161 del Código General del Proceso cuando las decisiones del proceso penal no afectan los elementos esenciales del proceso de repetición, ya que estos son la existencia de una condena o obligación de pago contra el Estado, el pago de la indemnización por parte de la entidad y la condena originada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente público o particular con funciones públicas. Además, la impugnación especial en el proceso penal no altera el carácter de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, y la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma que la impugnación especial no suspende el trámite del proceso de repetición. Esta decisión reitera la imposibilidad de suspender el proceso de repetición cuando el proceso penal no incide en sus elementos esenciales, lo que implica que las partes deben continuar con el proceso de repetición sin esperar la resolución del proceso penal.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-02-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 15001233300020170029901LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente la prejudicialidad en lo contencioso administrativo por el hecho de la presentación de una denuncia penal? No
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso contencioso administrativo por prejudicialidad basándose únicamente en la presentación de una denuncia penal, ya que para que proceda la prejudicialidad es necesario que exista una relación intrínseca entre los procesos y que la resolución de uno dependa necesariamente de la del otro, lo cual no se cumple en este caso dado que la denuncia penal no ha iniciado un proceso penal formal y la sentencia del proceso contencioso administrativo no depende de la resolución del proceso penal. Además, el auto que niega la suspensión del proceso no es susceptible de recurso de apelación ni de adecuación al recurso de súplica, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esto implica que las partes deben abstenerse de solicitar la suspensión del proceso contencioso administrativo basándose en la presentación de denuncias penales sin cumplir con los requisitos establecidos y que los recursos contra la negativa de la prejudicialidad deben ser rechazados como improcedentes.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el recurso de apelación contra el auto que negó la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-08-05Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020160103402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el juez contencioso administrativo rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal fundada en causales distintas a las taxativamente previstas en el CGP, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales? Sí
El juez contencioso administrativo debe rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal que se funda en causales distintas a las taxativamente previstas en el Código General del Proceso, en aplicación del principio de especificidad que rige las nulidades procesales, conforme a lo establecido en el artículo 135 del CGP. Además, el juez no debe decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia, y no procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del artículo 133 del CGP. Asimismo, la renuncia presentada por el abogado de la parte demandada no puede ser tramitada si nunca fue reconocido como apoderado judicial, por lo que se le reconoce personería a la nueva sociedad designada. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la taxatividad de las causales de nulidad procesal y la aplicación de la cosa juzgada, lo que implica que las partes deben ajustarse estrictamente a las normas establecidas para evitar la improcedencia de sus solicitudes.síntesis automática
También resuelve:¿Debe el juez decretar la suspensión del proceso cuando la decisión de la sentencia depende necesariamente de lo que se resuelva en otro proceso judicial que no pueda ventilarse en el primero?¿Procede declarar la nulidad de lo actuado cuando la solicitud ya fue resuelta previamente por auto en aplicación de la figura de la cosa juzgada y no se configuran las causales taxativas del…¿Puede decretarse la suspensión del proceso por prejudicialidad cuando este aún no se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-05-29Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020230062101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede el juez suspender un proceso judicial cuando se acredite una relación prejudicial inevitable con otro proceso, conforme a los requisitos establecidos en el Código General del Proceso? Sí
El juez puede suspender un proceso judicial cuando se acredite una relación prejudicial inevitable con otro proceso, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 161 del Código General del Proceso, que exige la existencia de una conexión sustancial entre ambos litigios y que la decisión en uno sea necesaria para el otro. En casos de contratación estatal, como el examinado, la suspensión se decreta cuando las pretensiones de los procesos, aunque diferentes, están intrínsecamente relacionadas, como en el caso de que la anulación de actos administrativos en un proceso pueda afectar la liquidación del contrato en otro. La suspensión implica la interrupción temporal del proceso, sin que corran términos ni se puedan ejecutar actos procesales, hasta que se resuelva el proceso prejudicial, lo que garantiza la integridad y coherencia en la resolución de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede decretarse la suspensión de un proceso judicial por prejudicialidad cuando existe una conexión sustancial entre dos litigios relacionados con el mismo contrato…
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e…¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de…¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
Auto interlocutorio — Auto que declara saneado el proceso2025-05-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020220029201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el saneamiento del proceso, porque a pesar que se advirtió de la existencia de la nulidad procesal por falta de vinculación de miembro de la Unión Temporal, dicho demandante guardó silencio frente a la irregularidad? Sí
La irregularidad procesal derivada de la falta de vinculación de un integrante de una unión temporal puede quedar saneada cuando el afectado, notificado de la situación, guarda silencio dentro del término que se le concede para manifestarse. El despacho debe advertir la irregularidad, poner en conocimiento de la persona no vinculada la situación detectada mediante notificación personal y concederle un término para que manifieste lo que considere pertinente, con la advertencia de que el silencio producirá el saneamiento. Con fundamento en el artículo 137 del Código General del Proceso, transcurrido ese plazo sin pronunciamiento, la irregularidad queda saneada y el proceso continúa su curso. En el caso concreto, el integrante no vinculado fue notificado en la dirección electrónica indicada y no se pronunció dentro del término de tres días, de modo que el despacho declaró saneada la irregularidad y dispuso continuar con el trámite de apelación. Como consecuencia práctica, la falta de vinculación no impide la continuación del proceso cuando el interesado, advertido en debida forma, no reacciona dentro del plazo concedido.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-11-04Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 13001233300020180054901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe el despacho decretar la suspensión del proceso por el término solicitado, cuando la petición es presentada y coadyuvada por los representantes judiciales de las partes? Sí
El despacho debe decretar la suspensión del proceso por el término solicitado cuando la petición es presentada y coadyuvada por los representantes judiciales de las partes, en virtud del artículo 161 del Código General del Proceso, que establece que la suspensión puede ser decretada cuando la sentencia dependa necesariamente de lo que deba decidirse en otro proceso o por mutuo acuerdo de las partes. Además, el artículo 162 inciso tercero señala que la suspensión produce los mismos efectos que la interrupción a partir de la ejecutoria del auto que la decrete. En este caso, la solicitud fue suscrita y coadyuvada por los representantes judiciales, lo que lleva a estimar la petición de suspensión del proceso por ocho meses, reanudándose de oficio conforme al artículo 163 del CGP. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia de la suspensión del proceso cuando las partes lo solicitan de común acuerdo y los representantes judiciales coadyuvan la petición.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 88001233300020180003103LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente suspender el proceso de controversias contractuales, en este caso, debido a que las partes lo han solicitado de mutuo acuerdo? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden solicitar la suspensión del proceso de controversias contractuales de común acuerdo, lo cual resulta procedente de acuerdo con el artículo 161 del Código General del Proceso, que establece que la suspensión se produce inmediatamente cuando las partes lo acuerdan, salvo que se convenza otra cosa. En este caso, la Sala reitera la procedencia de la suspensión del proceso cuando las partes lo solicitan conjuntamente, lo que implica que el proceso se detendrá por el tiempo acordado, en este caso hasta el 29 de enero de 2026, y luego se reanudará automáticamente.síntesis automática
¿La esfera de acción en que se concibe el proceso ejecutivo tiene como nota característica el talante ejecutor atribuido a la jurisdicción para aquellos eventos en los cuales no se requiere la declaración previa de la existencia, constitución o certeza de la prestación debida, por corresponder a obligaciones nacidas de actos de parte, decisiones administrativas o judiciales, dotadas de las calidades necesarias y directas para su cobro? Sí
Cuando la obligación consta en un título ejecutivo, clara, expresa y exigible, que proviene de un acto de parte, de una decisión administrativa o de una decisión judicial, no se requiere declaración previa de su existencia y procede el proceso ejecutivo para obtener su cumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la manifestación de voluntad del deudor en el título constituye su autodeclaración de la deuda, lo que permite el paso directo al cobro; las decisiones administrativas y judiciales tienen fuerza coercible y carácter forzoso de cumplimiento; y el juez emite un mandamiento de pago como orden perentoria, frente a la cual el ejecutado puede interponer reposición por requisitos formales del título y formular excepciones previas y de mérito. El documento cita el Código de Procedimiento Civil sobre el proceso ejecutivo y no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la acreedora debe contar con un título que cumpla los requisitos formales y de exigibilidad para acudir a la ejecución, sin necesidad de un proceso de conocimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿Los títulos ejecutivos son aquellos instrumentos que acreditan la existencia, certeza y exigibilidad de una obligación clara, expresa y exigible reconocida directamente por el ejecutado…¿Compete al juez del proceso ejecutivo al momento de determinar si proferirá o no mandamiento de pago, debatir aspectos relacionados con los motivos de ilegalidad de los actos administrativos o de…¿En los procesos ejecutivos, si bien la prejudicialidad se presenta como una causal de suspensión, no opera como una respuesta automática ante la existencia de un nexo con otro proceso…
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-09-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 70001233300020200001701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión del proceso solicitada por la parte actora por adecuarse a los supuestos de hecho dispuestos por el Código General del Proceso? No
El contratista no puede suspender el proceso solicitado por no adecuarse a los supuestos de hecho dispuestos por los artículos 159 y 161 del Código General del Proceso, remitidos por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El 28 de mayo de 2025, la parte actora solicitó la suspensión del proceso, pero el despacho judicial, tras el traslado a la parte demandada y ésta guardó silencio, denegó la petición por no ajustarse a los supuestos legales para la suspensión del proceso. Esta decisión reitera la interpretación de que la suspensión debe ajustarse estrictamente a los supuestos legales establecidos, lo que implica que las partes deben presentar pruebas sólidas para justificar la interrupción o suspensión del proceso.síntesis automática
¿Puede afirmarse que, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 —modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011— y a la jurisprudencia reiterada de la Sala, el contrato No. 1298 de 2017 celebrado por el Fondecun, en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia con el sector privado, se encuentra sometido al régimen de derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera que las decisiones adoptadas por la entidad en ejercicio de las facultades pactadas contractualmente (como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria) constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos? Sí
Las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no quedan sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Por ello, las decisiones que la entidad adopta en ejercicio de las facultades pactadas en el contrato, como la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal pecuniaria, constituyen actos jurídicos contractuales y no actos administrativos. La regla se apoya en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, y en que el objeto misional de la entidad, al efectuar captaciones, prestar asesoría y adelantar operaciones de financiación, la coloca en competencia con el sector privado. La providencia reitera la jurisprudencia de la subsección, según la cual esta clase de entidades no se rige por el estatuto general. Como consecuencia práctica, las controversias sobre esas decisiones deben tramitarse como asuntos contractuales de derecho privado y no como impugnaciones de actos administrativos.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal desconoció que la cesión de la posición contractual pactada entre la Unión Temporal Centros Día y Construir XXI S.A.S. produjo efectos de cara al contrato No. 1298 de 2017?¿Conforme a lo pactado en la cláusula decimosegunda del contrato No. 1298 de 2017 y al procedimiento seguido por el Fondecun, la entidad contratante estaba facultada para declarar el incumplimiento…¿Se debió reconocer en favor de los demandantes el pago de la suma pretendida por la ejecución de la fase 1 del citado contrato, que habría realizado la Unión Temporal Construir Día?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación de sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de controversias contractuales? Sí
Cuando se apela una sentencia de primera instancia dictada por un tribunal administrativo en un proceso de controversias contractuales relativo a actos contractuales de un órgano de control, el Consejo de Estado es competente para decidir la apelación si la cuantía de las pretensiones supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la demanda. La regla se sostiene en dos razones: la controversia contractual de una entidad pública corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y la vocación de doble instancia depende del valor de la pretensión estimada en la demanda frente al tope legal. En el caso, la cifra estimada de las pretensiones excedía el tope legal para la fecha de la demanda, por lo que el proceso es de doble instancia y la sala asumió la competencia. El documento también aborda la regla sobre la cuantificación de perjuicios en la citación a audiencia de un procedimiento de declaración de incumplimiento, que no vicia el acto si el interesado no demostró la incidencia de la omisión; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia se determina por la cuantía estimada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La Contraloría vulneró el debido proceso de Colvatel, por omitir la cuantificación de los perjuicios en la citación a la audiencia que da inicio al procedimiento administrativo de declaración de…¿Se desconocieron las garantías procedimentales de Colvatel por no incluir, dentro del análisis fáctico y probatorio contenido en las resoluciones impugnadas…¿La Contraloría, al negar las pruebas que Colvatel solicitó en la audiencia, violó sus derechos y garantías?
Auto interlocutorio — Auto que declara reconstruido el expediente2025-06-24Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 05001233300020130145201ACCION CONTRACTUAL
¿Se declara la reconstrucción parcial del expediente, con prescindencia de lo perdido o destruido? Sí
El juez declara la reconstrucción parcial del expediente, con prescindencia de lo perdido o destruido, cuando las piezas faltantes no impiden la continuación del proceso, conforme al numeral 5 del artículo 126 del Código General del Proceso. La regla se apoya en dos razones. Por un lado, la norma permite prescindir de lo perdido cuando su ausencia no impide continuar el trámite. Por otro, la búsqueda de las piezas en las entidades y tribunales que pudieron conservarlas resultó infructuosa, y el término otorgado transcurrió en silencio. En el caso, un disco compacto con la grabación de un testimonio rendido ante un tribunal administrativo se encontraba deteriorado y no permitía su lectura. Se requirió al tribunal y a otras entidades para remitir el archivo, pero indicaron que no tenían registro de la pieza, y la parte actora guardó silencio. Por eso se declaró la reconstrucción parcial del expediente. La providencia precisa que las piezas faltantes no impedían continuar el proceso.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-02-28Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190049401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia se fundamenta en la hipótesis consistente en que las pruebas versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos? Sí
El despacho establece que la solicitud de pruebas en segunda instancia es procedente solo si versan sobre hechos ocurridos después de la oportunidad para pedirlas en primera instancia, y solo para demostrar o desvirtuar esos hechos, rechazando otras hipótesis no contempladas en el artículo 212 del CPACA. Además, niega la admisión de pruebas testimoniales impertinentes que busquen añadir motivaciones no contenidas en la decisión acusada, resaltando que la Administración no puede solicitar pruebas para precisar hechos no expuestos en el acto administrativo cuestionado, lo que vulneraría el debido proceso. Asimismo, rechaza considerar como medio de prueba un laudo arbitral, limitándose a tenerlo en cuenta conforme al artículo 281 del CGP, y deniega la suspensión del proceso por prejudicialidad porque aún no se encuentra en estado de dictar sentencia en segunda instancia, conforme al artículo 162 del mismo código.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial por ser impertinente por cuanto pretende añadir motivaciones no contenidas en la decisión acusada?¿Un laudo arbitral puede ser considerado un medio de prueba?¿Hay lugar a denegar la suspensión del proceso por prejudicialidad porque la controversia aún no
¿La sola permanencia en obra es causa suficiente por sí misma, para tener por acreditada una afectación a la ecuación financiera del negocio? No
El contratista no puede acreditar una afectación a la ecuación financiera del contrato basándose únicamente en la mayor permanencia en obra, sino que debe demostrar que la prolongación se debió a un riesgo no imputable a él, que sufrió perjuicios económicos adicionales y que estos perjuicios fueron lo suficientemente graves como para afectar el equilibrio financiero del contrato. La Sala reitera que la modificación contractual no puede considerarse como una renuncia expresa a reclamar por sobrecostos, y que la afectación debe ser tal que lleve al contratista a un punto de pérdida, lo cual no se cumplió en este caso. Esto implica que el contratista debe presentar pruebas más sólidas para acreditar un desequilibrio financiero adverso y que la mera permanencia en obra no es suficiente para justificar un reclamo de reequilibrio económico.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base la valoración probatoria del dictamen contable efectuada por el a…¿Se trasgredió el debido proceso del contratista en el marco del procedimiento administrativo que culminó con las Resoluciones DO-DA1294 y DO-DA1295 de 2013?¿El apelante logró demostrar la falsa motivación en las Resoluciones DO-DA1294 y DODA1295 de 2013?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2024-01-26Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 44001234000020180003101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de suspensión del proceso formulada por la entidad demandante, cumple con los requisitos establecidos en las causales previstas en el artículo 161 del Código General del Proceso? No
El Despacho no accederá a la petición [de suspensión del proceso]… , por cuanto no se ajusta a ninguno de los eventos previstos en el artículo 161 del CGP, en la medida en que únicamente se allegó la manifestación por parte del Ministerio de Agricultura y algunos documentos que daban cuenta de comunicaciones con autoridades indígenas, los cuales resultan insuficientes para efectos de acceder a la solicitud de suspensión e impiden establecer que se trate de una petición conjunta.
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?