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¿Las uniones temporales como figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas se encuentran en capacidad para celebrar contratos con el Estado? Sí
El contratista puede celebrar contratos con el Estado a través de uniones temporales, figuras de asociación entre personas naturales o jurídicas que la Ley 80 de 1993 les confiere capacidad para presentar ofertas y contratar con entidades estatales, aunque los miembros responden hasta por el monto de su participación. La Sala confirma que la ampliación del plazo del contrato no puede realizarse respecto de un solo miembro de la unión temporal, ya que el contrato fue suscrito por la asociación de las personas jurídicas y no individualmente. Además, las actas demandadas no se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes, pues estas se refieren a la interpretación, modificación, terminación y caducidad de los contratos, no a la prórroga. Finalmente, no hubo violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones del director de la ANTV, ya que estas no requerían seguir el procedimiento para el ejercicio de facultades exorbitantes. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la capacidad contractual de uniones temporales y la aplicación de facultades exorbitantes en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del plazo del contrato podía hacerse respecto de uno de los miembros de la unión temporal contratista?¿Las actas demandadas se expidieron en ejercicio de facultades exorbitantes?¿Existió violación al debido proceso por falta de competencia en las decisiones adoptadas por parte del director de la Agencia Nacional de Televisión?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión del contrato opera de forma temporal?¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución?¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales?
Usted realiza la siguiente consulta: “SE PUEDE REALIZAR EL TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DESPUES DE HABER DECLARADO LA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO.?” (Sic).
SE PUEDE REALIZAR EL TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DESPUES DE HABER DECLARADO LA LIQUIDACION UNILATERAL DEL CONTRATO.? De acuerdo con lo expuesto, la postura de la Agencia frente a la competencia temporal para la imposición de potestades unilaterales como la de declarar incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato, se realizará con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, con independencia de que el plazo de ejecución pactado en el contrato esté o no vigente, o que se haya liquidado el contrato, pues dicho artículo no estableció una limitación en tal sentido, por el contrario, estableció que dichas facultades procederían sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista, en razón de la exigibilidad de las obligaciones que posee la administración a falta de cumplimiento oportuno del deudor.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralPlazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferenciasContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligaciones
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales, tratándose de contratos susceptibles de liquidación que no se liquidaron por las partes, inicia a contabilizarse a partir del vencimiento del plazo para hacerlo? Sí
El contratista no puede promover una acción de controversias contractuales después de que caduque el plazo para hacerlo, que comienza a contabilizarse a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, según dispone el artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo. Este plazo es ininterrumpido y no se ve afectado por la prolongación de las tratativas entre las partes para lograr un acuerdo para la liquidación del contrato, como lo establece la Ley 640 de 2001. La Sala reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para la liquidación del contrato y la presentación de la demanda, lo que implica que cualquier acción presentada fuera de estos plazos será declarada extemporánea y, por lo tanto, caducará la acción de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales?¿La parte demandante está reclamando reconocimientos por fuera del contrato?
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. En caso de no estarlo, qué norma los ampara.
Se nos indique si las Entidades Públicas, están obligadas a recibir el bien u objeto del contrato y el sustento legal pertinente.… 2. Ahora bien, frente a la procedencia del pago al contratista se resalta que no solo se debe el pago al contratista cuando realiza las actividades sin oposición del interventor, sino que además debe cumplir lo establecido en el contrato con las calidades pactadas, por ello, la entidad tiene el deber de recibir las prestaciones y en caso de que la obligación se cumpla, proceder al pago correlativo. Por último, cabe mencionar, que el contratista puede oponerse a la modificación del contrato y así mismo puede dejar las salvedades que correspondan en la liquidación del mismo, toda vez que, en la liquidación al ser un ajuste de cuentas, el contratista también debe manifestar sus salvedades.
También resuelve:Plazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferencias, diferencias / contratos estatalesContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligacionesFacultades sancionatorias: aplicabilidad, ratione temporis
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Es posible iniciar un proceso sancionatorio con fines de multa por parte de la entidad concedente ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del Concesionario así el plazo contractual ya haya vencido y el contrato se encuentre en etapa de reversión y liquidación?
Esta Subdirección –dentro de los límites de sus atribuciones–, señala que de acuerdo con el artículo 1592 del Código Civil y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las cláusulas de imposición de multas tienen el objeto de conminar al contratista para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y así lo ha contemplado la posición mayoritaria de la jurisprudencia administrativa de la Sala Tercera del Consejo de Estado, quienes han precisado que la función de las multas es eminentemente compulsiva, ya que tienen por objeto apremiar al contratista para que ejecute las prestaciones a su cargo, de conformidad con lo acordado en el contrato…
También resuelve:Contrato estatal: control y vigilanciaCláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralPlazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferencias
¿Cuál es la COMPETENCIA TEMPORAL con la que cuentan las entidades públicas para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en tratándose de contratos sometidos a régimen de ley 80 de 1993?
A su vez, en tratándose de la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal, se ha conceptuado por CCE que, teniendo en cuenta el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, esta procede mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista se tiene que la Administración podrá hacer efectiva la cláusula penal inclusive después de su plazo de ejecución, siempre que la obligación esté pendiente de cumplir. De esta manera, la entidad podrá hacer uso de estas facultades para procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateral, imposición unilateral / plazo del contratoPlazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferenciasContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligaciones
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Procede el estudio de las pretensiones de nulidad contra las resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato al no haber sido planteadas en la demanda? Sí
El contratista no puede plantear pretensiones de nulidad contra resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato si no fueron objeto de la demanda inicial, ya que estas resoluciones gozan de presunción de legalidad y no pueden ser revisadas fuera del marco establecido. Asimismo, no procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato por la ejecución de ítems no previstos, cuando estos fueron aprobados mediante prórrogas y el contrato fue celebrado a precio global, sin evidencia de desequilibrio económico o renuencia de la entidad a permitir salvedades. Además, la condena en costas a la parte demandante es procedente conforme a la normatividad aplicable, especialmente cuando la parte demandada no intervino en la instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de un mayor valor al pactado en el contrato en favor del contratista?¿Procede la condena en costas atendiendo a la normatividad aplicable al proceso?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿(i) ¿Es viable jurídicamente suscribir la liquidación de un contrato de interventoría antes de la finalización del contrato de obra objeto de vigilancia y control?
La interventoría es un mecanismo de vigilancia que, en los contratos de obra adjudicados por licitación pública, es obligatorio, y en los demás casos se requiere cuando el seguimiento suponga conocimiento especializado o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifiquen, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. La entidad la contrata mediante concurso de méritos, por tratarse de una especie del contrato de consultoría, y el interventor asume el seguimiento técnico, sin perjuicio de que el contrato de interventoría le asigne también seguimiento administrativo, financiero, contable o jurídico. Según el concepto, la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los artículos 32 y 53 de la Ley 80 de 1993, exige que la interventoría se mantenga durante toda la ejecución del contrato de obra, de modo que el control del proyecto se ejerza hasta la culminación total del objeto contractual. Por ello no debería liquidarse el contrato de interventoría antes de finalizar el contrato de obra vigilado, pues contravendría esa obligación legal de vigilancia permanente. Cualquier decisión que implique terminar o liquidar la interventoría antes de tiempo debe ajustarse a la ley y prever las medidas para asegurar la vigilancia.síntesis automática
También resuelve:Interventoría: característicasPlazo del contrato de interventoría: duración del término del contrato de obraLiquidación del contrato: definición, objetivo
Usted realiza las siguientes preguntas « de manera respetuosa solicitamos concepto unificado en cuanto el límite temporal que tiene esta entidad, especialmente la Subdirección de Negocios, para iniciar y tramitar los procesos sancionatorios encaminados a imponer multas, en los eventos que la orden de compra se encuentra vencida, con miras a garantizar el debido proceso de los intervinientes en este y así mismo…
De manera respetuosa solicitamos concepto unificado en cuanto el límite temporal que tiene esta entidad, especialmente la Subdirección de Negocios, para iniciar y tramitar los procesos sancionatorios encaminados a imponer multas, en los eventos que la orden de compra se encuentra vencida, con miras a garantizar el debido proceso de los intervinientes en este y así mismo, prevenir los daños antijurídicos que se puedan llegar a ocasionar a la propia Entidad.
También resuelve:Plazo del contrato: exigibilidad de las obligaciones, extinción de los derechos, diferencias, diferencias / contratos estatalesContratos estatales: plazo suspensivo, plazo extintivo, exigibilidad, extinción de las obligacionesMultas: competencia temporal, vencimiento del plazo, procedencia, fin conminatorio
¿El objeto del contrato previó el trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial para recuperar los recursos adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas partes pensionales en mora de pago? Sí
El contratista, al liquidar un contrato de prestación de servicios con la entidad estatal, puede acordar en el acta de liquidación los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como expresar sus reparos o salvedades, siempre y cuando no asuma obligaciones ajenas a las establecidas en el contrato original. En este caso, la entidad contratante y el contratista acordaron en la cláusula vigésima sexta del contrato la obligación del contratista de brindar apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial de las cuotas partes pensionales en mora de pago. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que el acta de liquidación no configura un nuevo contrato, sino que implica el reconocimiento de las obligaciones asumidas dentro del contrato inicial, y que la demanda por incumplimiento del contrato debe interponerse dentro del plazo previsto por la normativa vigente al momento de la liquidación, en este caso, el Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación las partes pueden disponer de los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual, llegar a acuerdos sobre los ajustes…¿Según lo consignado en el acta, la demandante aceptó la liquidación y declaró a paz y salvo a la entidad contratante sin expresar salvedad alguna?¿Cómo la presentación de la demanda fue extemporánea, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual?
¿Los acuerdos modificatorios son expresión de la autonomía de la voluntad, corresponde al juez examinar su contenido para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama? Sí
Los acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato son expresión de la autonomía de la voluntad, por lo que corresponde al juez examinar su contenido y contexto para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama. La regla se sostiene en tres razones: el juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito de procedencia o prosperidad de la reclamación posterior; solo cuando el examen no revela una voluntad negocial de regular la diferencia procede el estudio de fondo; y el principio de buena fe objetiva no habilita al juez para crear requisitos adicionales de reserva. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. En consecuencia, la reclamación económica debe analizarse a partir de lo que las partes efectivamente pactaron en los acuerdos modificatorios, y no a partir de la falta de reservas en ellos. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza.¿Si la prórroga es para permitir al contratista remediar atrasos que le son atribuibles, la buena fe le impone revelar al momento de solicitarla o convenirla…¿El acuerdo modificatorio se limitó a formalizar la prórroga, el incremento del anticipo y la incorporación de ajustes eléctricos, sin resolver la controversia patrimonial hoy planteada?
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿La sociedad contratista acreditó la inversión del anticipo, cumplió con el objeto contractual y probó los eximentes de responsabilidad alegados? No
El contratista no acredita la inversión del anticipo ni el cumplimiento del objeto contractual, y no demuestra la configuración de eximentes de responsabilidad como fuerza mayor o hecho de un tercero. En este caso, el contratista no entregó las fotografías requeridas por el contrato y no presentó pruebas que evidenciaran la ocurrencia del fenómeno de El Niño durante el plazo y en las zonas de ejecución del contrato. Además, la demora de la Aerocivil en la expedición de los permisos no constituyó una eximente de responsabilidad, ya que el contratista debía contar con las aeronaves disponibles y los permisos para operar según su oferta. La Sala también determinó que el contratista no acreditó la inversión del anticipo en el objeto contractual, y que la acción derivada del contrato de seguro no prescribió, ya que la demanda fue presentada antes de que se configurara la prescripción. Finalmente, la entidad aseguradora debe reintegrar el valor del anticipo en virtud de la póliza de cumplimiento del contrato, ya que el anticipo fue entregado a título de inversión en la ejecución del contrato y no como pago anticipado.síntesis automática
También resuelve:¿Respecto a la acción derivada del contrato de seguro operó la prescripción?¿En virtud de la póliza de cumplimiento del contrato corresponde a la entidad aseguradora reintegrar el valor del anticipo?¿Procede la condena por la cláusula penal pactada en el contrato?