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Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2023-01-25Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020220024500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira es la autoridad competente para responder la petición elevada por el Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, relacionada con la habilitación de trabajo en casa? Sí
Con la expedición de la Ley 2088 de 2021, que reguló puntualmente la modalidad de «trabajo en casa», de forma general, para servidores públicos y trabajadores del sector privado, con el fin de que pudieran desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realizaban, se estableció que sería el empleador o nominador el facultado para la habilitación de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la citada normativa.… Es cierto que los citados artículos no hacen referencia puntual a que los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial respectivos deben habilitar el «trabajo en casa» respecto de los jueces de la República de la jurisdicción ordinaria.
¿Un egresado no graduado de Derecho que se desempeña como judicante ad honorem en la Rama Judicial puede suscribir contratos de prestación de servicios con entidades públicas del mismo nivel territorial, siempre que la ejecución del mismo se realice por fuera del horario de la judicatura?
En cuanto a la posibilidad de que un judicante ad honorem celebre contratos de prestación de servicios con entidades públicas, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha señalado que, en principio, no se encuentra prohibido que ello ocurra, siempre que las obligaciones contractuales puedan ejecutarse fuera del horario de la judicatura, respetando así la dedicación exclusiva exigida para esta práctica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si existe norma que le otorgue al judicante la calidad de servidor público, le resultan aplicables las prohibiciones del artículo 127 de la Constitución y del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, es decir, la imposibilidad de contratar con el Estado.
También resuelve:Judicatura: judicatura ad honoremContrato de prestación de servicios: judicanteDedicación exclusiva
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre agencias en derecho2025-02-14Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020170006800LEY 1437 REPETICION
¿La fijación de las agencias en derecho realizada por la Sección Tercera de esta Corporación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura? Sí
Mediante Sentencia 18 de noviembre de 2024, esta Subsección negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de la presentación de la demanda y el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijará agencias en derecho por la suma de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de cada uno de los demandados. Lo anterior, porque… [aquellos] ejercieron una defensa activa en el proceso de repetición al oponerse a las pretensiones de la demanda a través de apoderado y en nombre propio, respectivamente.
¿Cuáles es el alcance de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para desempeñar la judicatura como requisito para optar el título de abogado/da?
El contratista que presta servicios de apoyo a la gestión para cumplir con la judicatura como requisito para optar por el título de abogado debe realizar actividades que no excedan el alcance propio de este tipo de contratos, es decir, no deben ejecutar tareas que requieran conocimientos especializados en derecho, sino limitarse a apoyar la gestión administrativa de la entidad. Esto se debe a que la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión no puede subvertir los requisitos legales para el ejercicio de la abogacía, como la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la aprobación del Examen de Estado. La entidad contratante debe verificar que las actividades del contratista no supongan el ejercicio de la profesión de abogado, sino que se limiten a apoyar la gestión administrativa, de lo contrario, el contrato adecuado sería el de prestación de servicios profesionales. Esta regla matiza la interpretación previa de cómo se deben estructurar los contratos para la judicatura, permitiendo una mayor precisión en la definición de las actividades que pueden ser objeto de estos contratos sin violar las disposiciones legales sobre la profesión de abogado.síntesis automática
También resuelve:Judicatura: judicatura ad honorem, judicatura remunerada, mecanismosContrato de prestación de servicios: contratación de judicatura, alcance
¿Un documento mediante el cual una persona natural desarrolla actividades de formación, aprendizaje o apoyo en una entidad estatal sin recibir remuneración, honorarios ni contraprestación económica constituye contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
El contratista que desarrolla actividades de formación, aprendizaje o apoyo en una entidad estatal sin recibir remuneración, honorarios ni contraprestación económica no constituye un contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que no reúne los caracteres de onerosidad y conmutatividad propios del contrato estatal, no hay precio ni utilidad recíproca, y no hay prestaciones equivalentes. Además, la entidad debe expedir un acto administrativo para regular estas vinculaciones formativas, y no está obligada a publicarlas en el SECOP II, sino en otros canales específicos como el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo y el sitio web institucional, según la Resolución 3546 de 2018 y la Ley 1712 de 2014. Esta regla matiza la interpretación de qué actividades deben ser consideradas contratos estatales y cuáles no, y establece que la entidad no puede utilizar el contrato de prestación de servicios para articular lo que el ordenamiento dispone mediante otro instrumento.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: caracteres, onerosidad y conmutatividad, consecuenciasVinculaciones sin remuneración: ausencia de los caracteres del contrato estatalVinculación formativa: acto administrativo, Resolución 3546 de 2018
Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez2022-06-30Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140005201LEY 1437 REPETICION
¿El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido? Sí
El juez está facultado para imponer multas al perito que no aporte oportunamente el informe requerido, ya que este incumplimiento demuestra una actuación descuidada y contraria a los deberes de los auxiliares de la justicia, perjudicando el proceso. La sanción se basa en los poderes correccionales del juez y en el artículo 230 del Código General del Proceso, que permite la imposición de multas a los auxiliares de la justicia por omisión en sus deberes. Además, el juez puede ordenar la compulsación de copias del proceso para que el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria - realice las investigaciones pertinentes. En casos como este, el juez también puede designar a otro perito para que complete la prueba decretada de oficio, asegurando así el avance del proceso y la efectividad de la justicia.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 08001233300020200012201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar bien denegado, por extemporáneo, el recurso de apelación impetrado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, debido a que: i) no constituye una irregularidad procesal el hecho de que se hubiere comunicado el fallo por fuera del horario laboral del despacho judicial, en tanto que el artículo 205 del CPACA preceptúa que la notificación de las sentencias se entiende surtida 2 días después del envío del respectivo mensaje de datos; y ii) no es dable aplicar, ni por analogía, el artículo 24 del Acuerdo CSJA 21-11840 de 2021, comoquiera que dicha norma prevé que el día adicional es para la presentación de memoriales por fuera del horario laboral y no para la notificación de sentencias? Sí
El despacho declarará bien denegado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, por extemporáneo, al considerar que la notificación de las sentencias se entiende surtida dos días hábiles después del envío del mensaje de datos, conforme al artículo 205 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (CPACA), y no se aplica el artículo 24 del Acuerdo CSJA 21-11840 de 2021, que regula el horario para la recepción de memoriales y no la notificación de sentencias. Además, el hecho de que la comunicación se envíe por fuera del horario laboral no constituye una irregularidad procesal ni limita los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, ya que la notificación se entiende efectuada dos días después del envío del mensaje. Por lo tanto, la parte actora no contaba con un día adicional para interponer el recurso de apelación, ya que el término de diez días hábiles para impugnar la sentencia venció antes de que presentara el recurso, lo que lleva a la conclusión de que el recurso fue interpuesto extemporáneamente.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre desistimiento de un recurso2022-01-17Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140030302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes están facultadas para desistir de los recursos interpuestos? Sí
El Código General del Proceso, en su artículo 316, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, prevé la figura del desistimiento… . Con fundamento en la norma transcrita, se aceptará el desistimiento del recurso de apelación formulado por la demandante contra la providencia del 30 de abril de 2021, en lo atinente a la decisión de negar la práctica del dictamen pericial de ingeniería, dado que el legislador estableció la facultad para las partes de desistir de los recursos interpuestos, sin exigir requisitos adicionales.
También resuelve:¿Cuál es la oportunidad procesal para solicitar pruebas?¿La parte demandante puede solicitar pruebas para atacar las excepciones formuladas por el demandado?¿Procede la condena en costas de conformidad con la legislación vigente?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición si la demanda se presenta después del término legal de caducidad, que comienza a correr dos años después del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para efectuar el pago, según lo establecido en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal debe pagar la condena dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, y si el pago se realiza fuera de este plazo, el término de caducidad comienza a contar desde la fecha límite del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la interposición extemporánea de la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que limita las opciones del contratista para obtener una resolución favorable.síntesis automática
¿Las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 no son aplicables al presente asunto en tanto la entidad demandante no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción alegada? Sí
El contratista no puede beneficiarse de las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 en una acción de repetición si la entidad demandante no identifica claramente el evento de la norma aplicable, lo que impide al demandado ejercer su derecho a la defensa y contradicción. La Sala determina que la entidad debe cumplir con la carga de probar el elemento subjetivo de la responsabilidad, en este caso el dolo, y no puede ampliar las pretensiones al estudio de la responsabilidad por culpa grave en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, ya que esto afectaría el derecho de defensa del demandado. Además, la Sala concluye que la entidad no acreditó dolo en el acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción, dado que la demandada desconocía la condición de pre-pensionado del afectado y no había sido informada de esta situación, lo que implica que no puede ser considerada responsable por actuar en ausencia de dolo. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad en la acción de repetición y la necesidad de acreditar claramente el elemento subjetivo de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición debe ser estudiada conforme a los fundamentos de la demanda cuyo contenido alegó únicamente el dolo como elemento subjetivo de responsabilidad…¿El acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción fue expedido por la funcionaria del ICBF en ausencia de dolo…¿La tasación de las agencias en derecho se hace en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado de la demandada?
¿Procede la condena en costas contra la entidad pública vencida en el medio de control de repetición? Sí
En el medio de control de repetición, la condena en costas tiene carácter objetivo valorativo, de modo que se impone a la parte vencida cuando en el expediente aparece que se causaron y en la medida de su comprobación, sin depender de la temeridad o la mala fe. La regla se apoya en el cambio que el CPACA introdujo frente al criterio subjetivo del Código Contencioso Administrativo y en las reglas del Código General del Proceso que regulan la liquidación de costas. Por ello, el juez debe pronunciarse sobre costas en toda sentencia y decidir si las condena o se abstiene según las pruebas de su causación. En el asunto, la entidad demandada vencida tuvo que incurrir en gastos para acudir al proceso, y la Sala modificó la sentencia en el punto pertinente a las costas. En la práctica, la condena en costas en repetición no depende de la conducta procesal de las partes sino de los gastos comprobados en el expediente.síntesis automática
También resuelve:¿Se condena en costas a la entidad demandante y se fijan las agencias en derecho en 3 SMLMV?¿La demandada compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó actividades de defensa judicial?¿El medio de control procedente es el de repetición porque se solicita declarar a los demandados patrimonialmente responsables del pago realizado en cumplimiento de una condena?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista debe cumplir tres requisitos para que prospere la acción de repetición contra el Estado: la existencia de una condena judicial por daño antijurídico causado a un particular, el pago efectivo a la víctima del daño y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente público como factor determinante de la condena. Estos requisitos se rigen por la Constitución Política de 1991, el Decreto 01 de 1984, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 678 de 2001, que establecen que la prueba del pago de la condena, como el certificado del pagador, es suficiente para iniciar el proceso de repetición. La entidad demandante debe expresar claramente la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave para permitir que el demandado ejerza su derecho de defensa y contradicción. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo un marco claro para la aplicación de la acción de repetición en casos de responsabilidad estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante en la acción de repetición debe probar que los accionados obraron con dolo o culpa grave?¿Se acreditó dolo o culpa grave por parte de los miembros de la junta directiva, toda vez, que recaía sobre ellos la facultad nominadora que los habilitaba para declarar la insubsistencia del…¿En segunda instancia, se debe condenar en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el aquo? Sí
El recurso de apelación debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el tribunal, según establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 320 y 322 del Código General del Proceso. La parte recurrente no solo debe manifestar su disenso con la decisión recurrida, sino que debe atacar específicamente los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, presentando razones claras de disenso frente a los argumentos del tribunal. La Sala reitera que el juez de segunda instancia no puede revisar de oficio la corrección de la decisión del tribunal si no se presentan reparos concretos y sustentados en el recurso de apelación, limitando así su autonomía y competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación confronta las razones esgrimidas por el Tribunal para negar la indemnización en relación con los sobrecostos que alega el contratista?¿Está prohibido para el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos alegados en el recurso de apelación que variaron la causa petendi?¿La parte apelante asumió una conducta omisiva que da lugar a negar las pretensiones del recurso de apelación, al no debatir los fundamentos centrales de la sentencia de primera instancia?
¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018? No
El contratista no incumple con la obligación de constitución de garantías cuando, en la carátula de las pólizas de seguro, menciona a una sola entidad como asegurada, siempre y cuando en el cuerpo del documento se aclare expresamente que también están aseguradas las demás entidades públicas requeridas por los términos de referencia y los contratos específicos. La Sala determina que la precisión en el cuerpo de la póliza evidencia que el contratista cumplió con lo dispuesto en los términos de referencia y en la cláusula de garantía del contrato, sin que la mención en la carátula a una sola entidad afecte la efectividad de la garantía. Esta decisión reitera la jurisprudencia que enfatiza la importancia del contenido sustancial de la póliza sobre aspectos formales, y confirma que la finalidad de la contratación estatal no se ve comprometida por incorrecciones en la titulación de los documentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales pactados.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares…¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable…
Sentencia — Sentencia2023-06-28Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020220019600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?