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¿Es improcedente resolver la controversia con fundamento en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensión alguna ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual? Sí
El contratista no puede basar la resolución de una controversia en el enriquecimiento sin causa cuando la demanda no formuló pretensiones ni estructuró su causa petendi bajo dicho instituto, y lo pretendido era la nulidad de la liquidación del contrato, la declaratoria de incumplimiento y el pago de los saldos adeudados derivados de una relación contractual, debido a que la jurisdicción es de carácter rogado y las pretensiones de las partes resultan vinculantes. El juez no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda, ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, y debe respetar el principio de congruencia y el derecho contractual celebrado entre las partes. Por lo tanto, es improcedente el estudio del enriquecimiento sin justa causa en esta controversia y la resolución debe basarse en el medio de controversias contractuales, atendiendo el régimen legal aplicable al negocio suscrito por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la liquidación del contrato?¿La parte demandante desvirtuó la presunción de legalidad de la liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios?
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¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
¿El contrato de suministro aportado en copia simple puede ser incorporado como prueba dentro del proceso para acreditar la existencia del negocio jurídico? Sí
El artículo 83 del C. de P.C., aplicable al sub examine en virtud de la remisión normativa que consagra el artículo 267 del CCA, establece que, en caso de no haberse vinculado a los litisconsortes necesarios en la admisión de la demanda, el juez puede, de oficio o a petición de parte, siempre que no haya proferido sentencia de primera instancia, vincularlos en la forma y con el término de comparecencia dispuesto para el demandado. En aplicación del anterior marco normativo, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto del 5 de noviembre de 2013 y previo a proferir sentencia de primer grado, vinculó a la sociedad Escobar y Martínez S.A., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, por ser el proponente beneficiado con la adjudicación de la licitación pública 2 de 2005.
También resuelve:¿Una vez celebrado el contrato los actos precontractuales pasan a ser inseparables a este y para efectos de su control jurisdiccional solo procede la acción de controversias contractuales?¿Se configura la excepción de inepta demanda ante la indebida escogencia de la acción al no plantearse la pretensión de nulidad absoluta del contrato contra los actos precontractuales?¿En aplicación del principio iura novit curia el juez puede adecuar las pretensiones de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-09-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020140003900LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CGP y el CPACA, debido a que la demanda fue presentada el 3 de marzo de 2014 y la decisión a adoptar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El contratista puede solicitar la aplicación de la sentencia anticipada conforme al artículo 182A del CPACA, cuando la demanda fue presentada antes del 2021 y no se encuentran en juego las excepciones del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, ya que esta figura permite al juez dictar sentencia sin realizar la audiencia inicial si se trata de asuntos de puro derecho, no se requieren pruebas o estas son impertinentes, inconducentes o inútiles, y las pruebas documentales solicitadas no son controvertidas. En este caso, la Sala dispone el trámite de la sentencia anticipada, aplicando las disposiciones del CGP y del CPACA vigentes al momento de la presentación de la demanda, y fija el litigio basándose en las pruebas documentales presentadas, sin necesidad de convocar a la audiencia inicial.síntesis automática
También resuelve:¿El juez puede válidamente prescindir de la realización de la audiencia inicial y proferir sentencia anticipada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA…¿Resulta procedente dictar sentencia anticipada, conforme a lo dispuesto en los literales b) y d) del numeral 1º del artículo 182A del CPACA…¿Procede fijar el litigio para determinar si los demandados, en su calidad de exfuncionarios de la Cámara de Representantes de Colombia y, en ejercicio de su cargo…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia en proferida en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía estimada en la demanda. De conformidad con los artículos 82, 129 y 132 del Decreto Ley 01 de 1984, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, siendo procedente el conocimiento del asunto cuando la cuantía supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por la normativa aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿Puede entenderse que la pretensión de nulidad del contrato se fundamenta en la nulidad del acto de adjudicación, a partir de la interpretación integral realizada por el juez de los hechos y…¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la resolución de adjudicación y del contrato estatal suscrito…¿Deben verificarse de manera independiente la caducidad y los demás requisitos de procedibilidad respecto de las nuevas pretensiones incorporadas mediante la reforma de la demanda?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso de repetición en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
En el medio de control de repetición tramitado bajo la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias de los tribunales administrativos cuando la pretensión supera la cuantía legal, de modo que la competencia se determina por el factor objetivo además del subjetivo. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 149, 152 y 155 de esa ley regularon la competencia funcional del medio de control y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Segunda, la cuantía se introdujo como factor objetivo para los asuntos de doble instancia, mientras el factor subjetivo subsiste para los de única instancia. Tercera, el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia de repeticiones que superen 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que define la vía de la apelación. Como el proceso se inició bajo esa ley, la competencia se fija por la norma vigente al momento de la demanda. La consecuencia práctica es que la pretensión que supera el umbral legal habilita la apelación ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En el medio de control de repetición la contabilización del término de caducidad se determina por la fecha del pago de la condena judicial realizado por la entidad pública?¿Las pruebas trasladadas de los procesos penal y disciplinario cumplen con los requisitos para ser tenidas en cuenta?¿El Juez al momento de adoptar la decisión que corresponda, se rige por el principio iura novit curia, que le impone encontrar los fundamentos jurídicos de su decisión?
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo?¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio…¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual, que surge del proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones pactadas, con el desequilibrio económico, que se origina en circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes, como la teoría de la imprevisión o el ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración. La Sala ha reiterado que el incumplimiento contractual conlleva la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, con reparación integral de los perjuicios, mientras que el desequilibrio económico implica el restablecimiento del sinalagma funcional pactado, llevando al contratista a un punto de no pérdida. Esta distinción es crucial para evitar confusiones en las demandas y permite al juez aplicar correctamente el derecho, en virtud del principio iura novit curia, sin vulnerar el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda…¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal…¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes…
08001233300020220011502 de 20262026-05-12Sala PlenaRad. 08001233300020220011502
El contratista no puede asumir automáticamente que el silencio de la entidad estatal frente a salvedades o observaciones en contratos modificatorios constituye una renuncia a futuras reclamaciones, ya que el juez debe analizar la intención de las partes, el contexto de la negociación y el iter previo a la suscripción del acuerdo, conforme a los artículos 1618 y siguientes del Código Civil y los artículos 23 y 28 de la Ley 80 de 1993. Además, el principio de equilibrio financiero del contrato estatal exige que las partes adopten medidas para restablecer el equilibrio económico del contrato cuando se rompe por causas no imputables a la parte afectada, lo que protege la estabilidad económica del contrato y garantiza que cada parte logre el propósito que le animó a contratar. Esta decisión reitera y refuerza la interpretación de contratos modificatorios y el principio de equilibrio financiero, lo que implica que los contratistas deben documentar cuidadosamente el contexto y la intención de las partes en cada modificación contractual para evitar futuros conflictos.síntesis automática
También resuelve:Interpretación de contratos modificatorios en el derecho contractual estatal: providencia de unificación, intención de las partes, suscripción de cada acuerdo, Código Civil artículo 1618Principio de equilibrio financiero del contrato estatal: alcance restablecimiento del equilibrio económico del contrato, causas no imputables a la parte afectada, carácter conmutativo o sinalagmático del contrato estatal, riesgos contractuales asumidos por las partesEquilibrio económico del contrato e incumplimiento contractual
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
¿Cuál es la diferencia entre las figuras del desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual ? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato, ya que el primero surge de la conducta antijurídica de un contratante que genera insatisfacción en el acreedor, mientras que el segundo se origina en circunstancias sobrevenidas o actos de autoridad que alteran la simetría prestacional originalmente pactada, obligando a la administración a restablecer el equilibrio funcional pactado sin reparar perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales. La Sala reitera que el juez debe aplicar correctamente el derecho, incluso cuando las pretensiones de la demanda no distinguen claramente entre estas figuras, siempre y cuando se ajuste a la causa petendi invocada en la demanda y no se vulnere el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El reconocimiento patrimonial y extrapatrimonial que se deriva del incumplimiento del contrato es aplicable a los eventos de desequilibrio económico del contrato?¿Las pretensiones formuladas por el actor van dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato?¿La liquidación del contrato es un acto jurídico negocial autónomo?
25000232600020070052601 de 20252026-02-04Rad. 25000232600020070052601
El contratista no puede modificar unilateralmente los términos de un contrato regido por el derecho privado ni liquidarlo por incumplimiento sin acuerdo previo de las partes, ya que tales decisiones deben estar pactadas en el convenio y no pueden ser impuestas unilateralmente. Esta regla se sostiene en la necesidad de mantener la congruencia entre lo solicitado en la demanda y lo decidido por el juez, evitando la modificación de la causa petendi o la inclusión de pretensiones no solicitadas. La Sala reitera que los contratos celebrados por universidades estatales se rigen por el derecho privado, salvo las excepciones específicas establecidas en la ley, y que la liquidación unilateral del contrato no puede ser el fundamento para exigir una indemnización de perjuicios, ya que dicha acción no fue pactada en el acuerdo inicial. Esta regla limita la aplicación del principio de iura novit curia, impidiendo que el juez decida aspectos que no fueron solicitados en la demanda, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la responsabilidad de las partes por incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:Principio iura novit curia: límite de la causa petendiRégimen jurídico del convenio de cooperación: universidad del valle, régimen especial, se rige por el derecho privadoLiquidación unilateral en los contratos regidos por el derecho privado: exclusión de la Ley 80 de 1993 Salvo aquellas precisas materias en las que el legislador habilite la aplicación del EGCAP, autonomía de la voluntad para acordar cláusulas, elementos del contrato artículo 1501 Código Civil, contratos regidos por el derecho privado no requieren de liquidación a menos que se pacte
08001233300020160027601 de 20252026-02-10Sala PlenaRad. 08001233300020160027601
El juez debe conocer y aplicar el derecho correspondiente al caso, pero no puede modificar la causa petendi ni el petitum de la demanda ni introducir pretensiones que no fueron instauradas por las partes, garantizando así el principio de congruencia y el respeto de la pretensión procesal. Este fallo reitera la importancia del principio iura novit curia en la medida que el juez debe resolver de fondo según el ordenamiento jurídico, pero sin desvirtuar las cargas procesales que corresponden a las partes. Además, establece que en casos de enriquecimiento sin justa causa, la entidad estatal no puede ser condenada si no existen causas jurídicas que justifiquen el traslado patrimonial y si no hay otra acción a disposición del demandante para recuperar el bien. En consecuencia, el Consejo de Estado revoca la sentencia del tribunal inferior y condena al demandante a pagar las costas de ambas instancias, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con las formalidades procesales para evitar desfavorables resoluciones.síntesis automática
También resuelve:Principio iura novit curia: origen, garantía de acceso a la administración de justicia, principio de congruencia y respeto de la pretensión procesalEnriquecimiento sin justa causa: fuente autónoma y subsidiaria de las obligaciones, Corte Suprema de Justicia, requisitos, enriquecimientoEnriquecimiento sin causa: posición del Consejo de Estado, sentencias de sala plena, carácter extraordinario de la procedencia por fuera de un contrato, medio de control idóneo