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Consejo de Estado
Providencia
Clases de concepto: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2022-02-28
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 73001233300020190036601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
El presente proceso tiene vocación de doble instancia
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación
2024-06-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020110082702
ACCION CONTRACTUAL
¿Se admite el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia de primera instancia? Sí
El Despacho ADMITE el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca… , mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. El presente proceso tiene vocación de doble instancia… . Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 181 del CCA y 198 de la Ley 1450 de 2011. NOTIFÍQUESE personalmente esta decisión al Agente del Ministerio Público y por estado a las partes, en cumplimiento de lo establecido en el inciso 3º del artículo 212 del CCA. Así mismo… , COMUNÍQUESE el contenido del presente proveído a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a efectos de que ejerza sus competencias constitucionales y legales.
También resuelve:
¿El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 le es aplicable al presente asunto, comoquiera que la demanda se presentó con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley?
ADMITE
Consejo de Estado
Providencia
El presente proceso tiene vocación de doble instancia
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso de apelación
2024-06-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 08001233300020190065601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se admite el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia de primera instancia? Sí
El Despacho ADMITE el recurso de apelación presentado por la apoderada de la parte demandada contra la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El presente proceso tiene vocación de doble instancia, dado que la pretensión mayor supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el 2019, año en el cual se presentó la demanda. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 5, 157 y 247 del CPACA.
También resuelve:
¿Los sujetos procesales podrán pronunciarse con relación a la apelación que formulen los demás intervinientes?
ADMITE
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control de controversias contractuales
Sentencia — Sentencia
2024-04-12
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020210034601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:
¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?
¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?
¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2023-10-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:
¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?
¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…
¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado
Providencia
Se configura también el elemento material de la excepción.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2024-10-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170083101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El asunto debatido no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sino de la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar la jurisdicción ni darla por saneada? Sí
El juez debe declarar la falta de jurisdicción cuando el asunto debatido corresponde a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de prorrogar o sanear la jurisdicción, conforme al artículo 287 del CPACA. En el caso específico, el Banco Agrario de Colombia, una entidad financiera sometida al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, celebró contratos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, actividades que se consideran propias del giro ordinario de sus negocios, por lo que la controversia no es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en controversias contractuales de entidades financieras, estableciendo que las actividades propias del objeto social y las necesarias para su desarrollo caen bajo la excepción del artículo 105 del CPACA, lo que implica que los jueces deben ser rigurosos en la identificación de estos casos para evitar la nulidad por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:
¿La excepción a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la relacionada con controversias contractuales de las entidades públicas que tengan el carácter de instituciones…
¿La actividad contractual del Banco Agrario de Colombia S.A. se rige por el derecho privado y sus actividades y contratos celebrados en desarrollo de su objeto social se regirán por la normatividad…
¿La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2023-02-03
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233100020130074801
ACCION DE REPETICION
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?
¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Evidencia de la prueba: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 11001032600020180009200
LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?
¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?
¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 13001233300020130080601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?
¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…
¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se tiene competencia para conocer de este asunto
Sentencia — Sentencia
2022-06-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020170135001
LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos mediante el medio de control de repetición? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de un proceso de repetición se determina por la cuantía de la pretensión y por la naturaleza de la providencia apelada. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. La segunda es que el numeral 9 del artículo 152 del CPACA radica en los tribunales la primera instancia de las demandas de repetición cuya cuantía exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado. En el caso concreto la pretensión superó ese límite para el año de presentación de la demanda, por lo que la Sala tiene competencia para resolver la apelación de la sentencia del tribunal, dentro de un proceso con vocación de doble instancia. Como obiter dictum, la providencia fija que el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al pago o desde el vencimiento de los diez meses del inciso segundo del artículo 192 del CPACA, según lo que ocurra primero. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia?
¿Cuando hay varios demandados en repetición, cómo se estudia el grado de participación con el fin de atribuir la responsabilidad a múltiples personas en razón de la distribución de funciones y…
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020170046801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve:
¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial…
¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación?
¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo
Sentencia — Sentencia
2022-09-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020020129001
ACCION CONTRACTUAL
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…
¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…
¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
Forzoso resulta concluir que los hoy demandados no sabían ni tenían cómo prever el atentado del 29 de enero de 1997
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020150249001
LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…
¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?
¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 66001233300020170001001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos?
¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 15001233300020190028001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve:
¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso?
¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio?
¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?