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OBLIGACIONES CONTRACTUALES,DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO,EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL,CONTRATO DE CONCESIÓN,EJECUCIÓN DE LA OBRA –…
¿Pese a que el interventor del contrato solicitó un cambio de especificaciones técnicas en el desarrollo del proyecto, los mayores costos resultantes de dicha modificación debían ser autorizados por la entidad para que le fueran reconocidos a la contratista, y como las demandantes no acreditaron esta circunstancia, eso es, que hubiesen informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra y que esta ultima hubiera aprobado tales modificaciones, los mayores costos no resultan imputables a la entidad contratante demandada? Sí
El contratista no puede obtener el reconocimiento de mayores costos resultantes de modificaciones solicitadas por el interventor sin la previa autorización por escrito de la entidad contratante, conforme a lo establecido en el contrato, y en ausencia de dicha aprobación, los mayores costos no son imputables a la entidad. La Sala establece que, aunque el interventor puede sugerir cambios en las especificaciones técnicas, estas modificaciones deben ser autorizadas por la entidad para que los sobrecostos sean reconocidos, y en este caso, las contratistas no acreditaron que hubieran informado a FONADE sobre el mayor valor que suponía la obra ni que esta entidad hubiera aprobado tales modificaciones. Además, la Sala reitera que en los contratos de obra por precio global, el contratista asume el deber de terminar la obra con la suma fija pactada, sin reconocimiento de obras adicionales no previstas, a menos que demuestre la ocurrencia de un desequilibrio económico. Esta regla implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los procedimientos de modificación establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete…
¿Puede un juez de segunda instancia pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo si el apelante no presenta reparos concretos contra la sentencia de primera instancia, ya que la carga argumentativa del recurso de apelación requiere que el recurrente no se limite a reiterar los argumentos expuestos en la demanda, sino que debe presentar una fundamentación específica que permita al tribunal del segundo grado delimitar su competencia. En este caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia al constatar que el apelante no cumplió con esta carga argumentativa, lo que implica que el juez de segunda instancia no puede revisar el fondo del asunto. Esta decisión reitera la importancia de la carga argumentativa en el recurso de apelación y limita la competencia del juez de segunda instancia cuando no se cumplen con los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:¿Es válida la liquidación unilateral de un convenio interadministrativo si se realiza dentro del término de dos años posterior a la expiración del plazo contractual?¿Puede considerarse debidamente motivada una resolución de liquidación unilateral sustentada en el informe de supervisión, sin que medie pronunciamiento previo de la Contraloría General?¿Procede la condena en costas contra el recurrente al no haber prosperado la apelación?
¿Se encuentra probado que al contratista no se le hubiesen cancelado obras o labores adicionales? No
El contratista no logra demostrar que la entidad estatal no le haya cancelado obras o labores adicionales, ni que haya sufrido perjuicios por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra, ni que se le hubiera cobrado el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales, debido a la insuficiencia y falta de pruebas periciales que no acreditan adecuadamente los perjuicios y costos reales asumidos durante la ejecución del contrato. La Sala reitera que para establecer la existencia de perjuicios y sobrecostos, es necesario contar con pruebas que demuestren los costos reales y no solo con cálculos basados en índices generales, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar evidencias concretas y detalladas para acreditar sus reclamaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran demostrados los perjuicios sufridos por el contratista por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra?¿Se encuentra acreditado que se hubiera cobrado a la entidad contratista el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia? Sí
Corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción resolver las apelaciones interpuestas contra las sentencias que los tribunales administrativos profieren en primera instancia, conforme al artículo 150 del CPACA, cuando el conocimiento inicial del proceso se fijó por la cuantía de la demanda según el numeral 5 del artículo 152 del mismo código. La regla se apoya en que la competencia del superior se deriva de la competencia del tribunal en primera instancia, de modo que la doble instancia sigue la cuantía del proceso. Por ello, la apelación contra la sentencia del tribunal se resuelve en la instancia superior de esa jurisdicción. En el asunto, el tribunal administrativo conoció del proceso en primera instancia en razón de la cuantía, y la Sala asumió la competencia para resolver la apelación y revocó la decisión apelada. En la práctica, la cuantía de la demanda determina si la apelación contra el tribunal llega a la instancia superior de la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años contados a partir desde el día siguiente al de la firma del acta de liquidación bilateral?¿Se acreditó el rompimiento del equilibrio económico del contrato por los mayores costos de¿Procede la condena en costas en primera y segunda instancia contra la parte a la cual se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato? Sí
El derecho al mantenimiento del equilibrio del contrato está previsto como una garantía a favor del contratista, para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas de naturaleza imprevisible o derivadas de la conducta de su contraparte, que alteren de manera grave la economía del contrato. La Ley 80 de 1993 reconoce este derecho, reconociendo que el equilibrio económico del contrato debe mantenerse cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes. El derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato es una garantía fundamental para proteger los intereses del contratista frente a alteraciones graves en la economía del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato de obra pública a favor del contratista, por mayor permanencia fundada en ampliaciones del plazo de ejecución del…¿El pago de la contribución concebida en la Ley 1106 de 2006, puede ser considerado como imprevisto y, por tanto, otorga derecho al restablecimiento del
¿El FORPO no está obligado a reconocer ninguna suma al contratista por el hecho de que tenía un convenio interadministrativo con el Municipio de Yumbo donde se acordó que los sobrecostos de la obra serían asumidos por el mencionado municipio? No
El contratista no puede obtener reconocimiento de sumas adicionales ni por obras adicionales ni por mayores cantidades de obra ejecutadas, ya que no acreditó los requisitos legales y contractuales necesarios para tales reconocimientos, como el acuerdo escrito entre las partes y la evidencia específica de la ejecución de dichas obras. La Sala establece que la interventoría no tiene la facultad legal para suscribir acuerdos modificatorios del contrato, y que el reconocimiento de mayores cantidades de obra requiere demostración inequívoca de la ejecución de ítems unitarios dentro del plazo del contrato y en exceso de los realmente pagados. Además, la Sala reitera que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, como entidad contratante, no puede invocar un convenio interadministrativo con un municipio para eximirse de sus responsabilidades contractuales frente al contratista, lo que implica que el contratista no puede ser despojado de sus derechos contractuales por acuerdos entre entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede reconocer las obras adicionales y las mayores cantidades de obra solicitadas por el demandante contratista?¿Procede condenar en costas en segunda instancia cuando el recurso de apelación prosperó parcialmente?
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Para la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias por el presunto desequilibrio económico del contrato alegado por el consorcio contratista, es necesario acreditar que dejó registrada en el acta de liquidación bilateral dicha salvedad? Sí
Para que prosperen las pretensiones indemnizatorias por desequilibrio económico del contrato, el contratista debe haber dejado registrada su salvedad en el acta de liquidación bilateral, pues las partes que firman el acta aceptan su contenido y no pueden volver sobre lo allí acordado salvo que consignen salvedades. La regla se apoya en tres razones. Primera, la liquidación es el acto final que consigna el balance general de las obligaciones y el cruce de cuentas, con el que se determina quién debe a quién y cuánto. Segunda, las salvedades u observaciones permiten conservar reclamaciones que no se extinguen con la firma del acta, por lo que deben ser claras, concretas y específicas. Tercera, la controversia del contratista se refería a la mayor permanencia en obra, a los sobrecostos y al auxilio de transporte, y estos reclamos se afirmaban incluidos en la salvedad registrada en el acta. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades u observaciones consignadas en el acta de liquidación por las partes del contrato, deben ser claras, concretas y específicas?¿La observación consignada en el acta de liquidación bilateral carece de claridad y especificidad y por lo tanto no constituye una salvedad jurídicamente válida y eficaz que habilite al juez de lo…¿Conforme al criterio objetivo, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso?
¿El poder otorgado por uno de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, y no por su representante legal, no configura la ineptitud de la demanda, sino que corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC, la cual sólo puede ser alegada por la persona afectada? Sí
El contratista no configura la ineptitud de la demanda cuando otorga poder a uno de los miembros de la Junta Directiva, sino que tal situación corresponde a la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código Procesal Civil, la cual solo puede ser alegada por la persona afectada. Además, la capacidad para ser parte del consorcio no impide que sus miembros puedan comparecer a los procesos judiciales si así lo deciden. La Sala rechaza que el Invías sea condenado por desequilibrio económico generado por asuntos ajenos a los diseños, ya que estos no fueron objeto de salvedad en el acta de liquidación bilateral. Por último, la Sala incrementa la condena impuesta por la primera parálisis del contrato estatal, considerando el impacto económico de la maquinaria en las bodegas del contratista durante dicha parálisis, lo que implica un reconocimiento de los sobrecostos demostrados.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho de que los consorcios presenten directamente la demanda, es un obstáculo para que los integrantes de tales consorcios también puedan, si así lo deciden, comparecer a los procesos judiciales?¿Debe condenarse al Invías por el desequilibrio económico del Contrato generado por asuntos¿Se debe incrementar la cuantía de la condena impuesta por el tribunal, relativa a la primera parálisis del contrato estatal…
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? No
El contratista no puede controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos aspectos del contrato que no fueron objeto de discrepancia expresa en el acta de liquidación bilateral, en virtud del principio de buena fe y la prohibición de venir en contra de los propios actos, lo que implica que las salvedades en la liquidación deben ser claras y concretas para permitir el examen judicial posterior. Esta exigencia, inicialmente aplicable a la liquidación bilateral, se ha extendido a otras actuaciones contractuales como modificaciones y adiciones, y no puede instrumentalizarse como un obstáculo al derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala reitera esta posición, matizando que la administración no puede revocar unilateralmente acuerdos bilaterales previamente establecidos, y que el contratista debe dejar constancia expresa de sus inconformidades durante la ejecución del contrato para evitar sorpresas y defraudar la confianza de la entidad contratante.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del contratista fue violatoria de la buena fe contractual y con ella sorprendió y defraudó a la entidad contratante…¿Resulta procedente el reconocimiento de los sobrecostos en los que incurrió el contratista por la mayor permanencia en obra, resultado de la conducta de la entidad contratante?
¿El Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista debe cumplir con el trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acciones de controversias contractuales, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento de este requisito debe analizarse de forma independiente respecto a las nuevas pretensiones, sin considerar la fecha de presentación de la demanda inicial, conforme a la regla de unificación jurisprudencial. La Sala modifica la decisión de primera instancia para inhibirse de fallar de fondo respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho que no cumplieron con el requisito de conciliación, lo que implica que los contratistas deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos de procedibilidad antes de presentar reformas a sus demandas.síntesis automática
También resuelve:¿Para la fecha en que la accionante radicó su reforma de la demanda, la norma vigente exigía como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial para las acciones de…¿Si la reforma de la demanda incluye nuevas pretensiones, el cumplimiento del requisito de procedibilidad debe analizarse respecto de las nuevas pretensiones de forma independiente sin tener en…¿La legitimación por activa supone que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate…
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una modificación del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
El contratista no puede desconocer los efectos de las salvedades no expresadas en las actas de suspensión o modificación del contrato, pues resultaría contrario al principio de buena fe y a la prohibición de venir contra los actos propios. En el presente caso, el contratista suscribió actas de suspensión sin indicar que estas causarían mayores costos por disponibilidad de personal, maquinaria y aumento de costos administrativos, circunstancias que ahora reclama. Las partes acordaron las suspensiones para superar dificultades y viabilizar la ejecución del contrato, por lo que el contratista no puede sorprender a su contraparte con situaciones que nunca fueron puestas de presente. La jurisprudencia reitera que el interesado debe indicar a su contraparte si la respectiva modificación, adición, prórroga o suspensión lo afecta, especialmente cuando se llegan a acuerdos para superar las dificultades. Por lo tanto, el contratista no puede desconocer sus propios actos para ahora pretender mayores costos por las suspensiones que firmó sin protesta alguna, sin reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos al contratista, dado que las partes nada pactaron en relación con el término que tenía la entidad demandada para…¿La entidad demandada debe responder patrimonialmente por los perjuicios materiales alegados en la demanda, causados por el proceso de cobro coactivo adelantado contra la contratista y por el remate…¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios morales a favor del representante legal de la contratista, derivados del incumplimiento del pago de las obligaciones de la entidad contratante…
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el aquo? Sí
El recurso de apelación debe cumplir con la carga de sustentación y controvertir asuntos que fueron objeto de pronunciamiento por el tribunal, según establece el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y los artículos 320 y 322 del Código General del Proceso. La parte recurrente no solo debe manifestar su disenso con la decisión recurrida, sino que debe atacar específicamente los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan, presentando razones claras de disenso frente a los argumentos del tribunal. La Sala reitera que el juez de segunda instancia no puede revisar de oficio la corrección de la decisión del tribunal si no se presentan reparos concretos y sustentados en el recurso de apelación, limitando así su autonomía y competencia funcional.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación confronta las razones esgrimidas por el Tribunal para negar la indemnización en relación con los sobrecostos que alega el contratista?¿Está prohibido para el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos alegados en el recurso de apelación que variaron la causa petendi?¿La parte apelante asumió una conducta omisiva que da lugar a negar las pretensiones del recurso de apelación, al no debatir los fundamentos centrales de la sentencia de primera instancia?
¿Las garantías del debido proceso resultan aplicables a los procedimientos sancionatorios en la contratación estatal? Sí
El contratista debe recibir las garantías del debido proceso en los procedimientos sancionatorios de la contratación estatal, incluyendo el derecho a ser escuchado previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a controvertir las que se practiquen, lo que implica que la administración está obligada a respetar estos derechos al declarar el incumplimiento del contrato y aplicar sanciones. La Sala reitera que la omisión de la vinculación de una de las aseguradoras en un contrato de coaseguro al procedimiento administrativo de declaratoria del siniestro viola el debido proceso, ya que las obligaciones asumidas por las coaseguradoras son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una, sin existir solidaridad legal ni contractual entre ellas. Además, el acto administrativo que hace efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza está viciado de nulidad, ya que la obligación de la aseguradora de asumir la indemnización de un riesgo deriva del contrato de seguro correspondiente y solo puede exigirse durante la vigencia de la póliza. Estas reglas implican que la administración debe garantizar un procedimiento justo y equitativo en todos los casos relacionados con la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se vulneró el derecho al debido proceso en el procedimiento administrativo contractual de declaratoria del siniestro, al omitir la vinculación de una de las aseguradoras que hicieron parte del…¿Se encuentra viciado de nulidad el acto administrativo que hizo efectivo el amparo de anticipo respecto de un siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza?¿Los retrasos del cronograma de ejecución del contrato estatal son imputables al contratista por incumplimiento del plazo pactado…
¿Está demostrado el incumplimiento de contrato de obra pública por parte del IDU por entrega de estudios y diseños incompletos y deficientes y, por la demora en entregar los predios necesarios para la obra requeridos para la ampliación y rehabilitación de la Autopista al Llano entre el CAI Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio? Sí
La entidad estatal que entrega estudios y diseños deficientes o demora la entrega de los predios necesarios para la obra incurre en incumplimiento del contrato de obra pública, pero la declaratoria de ese incumplimiento no genera por sí sola la indemnización de perjuicios, la cual exige probar un daño económico concreto. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los incumplimientos de la entidad pueden generar la necesidad de ejecutar obras no previstas en el proyecto inicial y una mayor permanencia en obra, lo que acredita el incumplimiento contractual. Segundo, para reconocer perjuicios el contratista debe demostrar que no se le pagaron las mayores cantidades de obra ejecutadas o que asumió sobrecostos por la mayor permanencia, pues esos hechos constituyen el daño indemnizable. La providencia declara el incumplimiento de la entidad y confirma la negativa de las pretensiones indemnizatorias; en la práctica, el contratista que reclame perjuicios por incumplimientos de la entidad debe acreditar el pago omitido o el sobrecosto asumido con soporte probatorio concreto.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante no demostró la ejecución de obras no reconocidas ni pagadas por el IDU, ni acreditó que hubiera asumido sobrecostos por concepto de la mayor permanencia en la obra…¿Es necesario dejar salvedades en el acta de liquidación bilateral sobre los puntos sobre los cuales posteriormente se realizará alguna reclamación en sede judicial?¿Para reconocer una mayor permanencia en la obra y/o obras adicionales o no previstas, es indiferente si el precio pactado era global o por valores unitarios…
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