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Consejo de Estado
Providencia
No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 23001233300020150031201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No es posible valorar los documentos aportados en idioma inglés, sin la traducción oficial, en concordancia con las normas procesales? Sí
El contratista no puede valorar documentos aportados en idioma inglés sin la traducción oficial, en concordancia con el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que implica que la entidad estatal no puede considerar estos documentos en su evaluación técnica sin cumplir con este requisito. Además, la Sala establece que la simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones no es suficiente para probar la indebida adjudicación del proceso, y que la carga de la prueba en cabeza del demandante debe ser respaldada con pruebas idóneas, especialmente en aspectos técnicos. Asimismo, el tribunal puede restar valor probatorio a un dictamen pericial por no cumplir con los requisitos normativos, y este criterio no puede ser revisado en apelación si no se formulan reparos específicos. Por último, la Sala confirma la sentencia de primera instancia si el demandante incumple con su carga probatoria, lo que implica que la entidad estatal puede subsanar los ofrecimientos hasta la adjudicación en ciertas circunstancias.síntesis automática
También resuelve:
¿La simple confrontación de los documentos de la propuesta del adjudicatario con el pliego de condiciones, no permite a la Sala llegar al convencimiento de la indebida adjudicación del proceso de…
¿El tribunal le restó valor probatorio al dictamen pericial por no cumplir los requisitos normativos, a lo cual no se formuló reparo alguno en el recurso de apelación?
¿Dado que el demandante incumplió con su carga probatoria, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019990115504
ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:
¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?
¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?
¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato?
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 50001233100020054054902
ACCION CONTRACTUAL
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:
¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…
¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…
¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
Consejo de Estado
Providencia
Contrato estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020130026901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA?
¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación?
¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 13001233100020020081001
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve:
¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio?
¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social…
¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-10-22
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 52001233300020210016701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado, en sede de segunda instancia, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA y en armonía con el artículo 243, numeral 7, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto o la práctica de pruebas, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al artículo 243, numeral 7, modificado por la Ley 2080 de 2021, lo que implica que el recurso debe ser decidido por el consejero ponente. Además, el juez debe rechazar mediante providencia motivada las pruebas que resulten ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes o manifiestamente superfluas o inútiles, según lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA. Asimismo, el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario será considerado inconducente, impertinente e inútil, en concordancia con los artículos 218 y 219 del CPACA, modificados por la Ley 2080 de 2021, y con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad exigidos por el ordenamiento procesal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación dentro de la audiencia inicial del 31 de octubre de 2023, conforme al artículo 244 del CPACA?
¿Debe el juez, conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y 168 del Código General del Proceso (CGP), aplicables por remisión expresa del artículo 211 del CPACA…
¿Debe considerarse inconducente, impertinente e inútil el dictamen pericial que se presente sin el correspondiente cuestionario, conforme a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 del CPACA…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala declarará infundado el recurso de anulación formulado por la USPEC
Sentencia — Sentencia
2024-03-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 11001032600020230016600
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurrente cumplió con el requisito de procedibilidad de haber interpuesto el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia por parte del Tribunal? No
El requisito de procedibilidad de la causal de anulación del laudo arbitral exige que la solicitud elevada ante el tribunal, dentro de la oportunidad legal, verse sobre la misma temática que luego se invoca en el recurso extraordinario. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aclaración que se formuló en tiempo se refirió a asuntos distintos de los que se postularon en el recurso, de modo que no cumplió la correspondencia exigida por la ley. Segunda, el tribunal no pudo pronunciarse sobre la temática del recurso, por lo que la carga procesal no se satisfizo. Tercera, la falta de agotamiento del requisito impide que el juez de anulación considere el reproche, y por ello la causal invocada no tiene vocación de prosperar. La providencia declara infundado el recurso de anulación. La consecuencia práctica es que la parte que pretenda invocar esa causal debe plantear oportunamente ante el tribunal la misma temática, o perderá la posibilidad de que el juez la estudie.síntesis automática
También resuelve:
¿El cuerpo arbitral adoptó la decisión de asumir competencia para resolver de fondo el conflicto?
¿Si la entidad tenía reparos frente al medio de prueba podía haber ejercido su derecho de contradicción?
¿La inconformidad que expresa el censor al mérito demostrativo asignado por el Tribunal a los dictámenes periciales y a los otrosíes es parte de la causal postulada?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020170100701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?
¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?
¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: las anteriores consideraciones no eran necesarias para resolver la objeción por error grave
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233100020060295202
ACCION CONTRACTUAL
¿La objeción del dictamen pericial por error grave prospera cuando el mismo versa sobre un objeto distinto sobre el que debió referirse? Sí
El dictamen arribó a las conclusiones… con apoyo en la documentación que para ello le suministró la parte actora, de la que da cuenta la relación de información base para la elaboración del dictamen, sin que en modo alguno la propuesta presentada por el consorcio El Desaguadero tuviera las calidades y requisitos exigidos en el pliego de condiciones para resultar calificada como la mejor oferta participante en la respectiva convocatoria. Así las cosas, la Sala niega la objeción por error grave formulada por la parte actora y acoge las conclusiones presentadas por el perito… con el valor que la ley les otorga. Las anteriores consideraciones no eran necesarias para resolver la objeción por error grave.