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Concepto
Operaciones de crédito público: las operaciones conexas corresponden a actos y contratos celebrados
C-1263 de 2025
2025-11-25
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar contratos de crédito público y conexos directamente sin someterse a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1068 de 2015 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, ya que estas operaciones son necesarias e imprescindibles para la realización de las operaciones de crédito principal. La calificación de riesgo que acredite la capacidad de las entidades territoriales para contraer nuevo endeudamiento es considerada una operación conexa, permitiendo su contratación directa en virtud de su relación funcional y teleológica con la operación de crédito. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación directa de operaciones necesarias para la obtención de crédito público.síntesis automática
También resuelve:
Operaciones de crédito público: definición, contratación directa
Operaciones conexas a las de crédito público: definición, contratación directa
Contratos de crédito público y contratos conexos: relación de necesidad
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Concepto
Actos y contratos conexos a las operac: C-109 de 2022
C-109 de 2022
2022-03-14
De manera atenta me permito solicitar su colaboración emitiendo un comunicado por medio del cual se ratifique que los contratos para la calificación de la inversión o de valores que hacen parte de las operaciones conexas a las de crédito publico previstas en el Decreto 2681 de 1993, se encuentran dentro de las excepciones previstas en la ley de garantías y por tal razón se pueden celebrar durante el periodo electoral de manera directa.
De manera atenta me permito solicitar su colaboración emitiendo un comunicado por medio del cual se ratifique que los contratos para la calificación de la inversión o de valores que hacen parte de las operaciones conexas a las de crédito publico previstas en el Decreto 2681 de 1993, se encuentran dentro de las excepciones previstas en la ley de garantías y por tal razón se pueden celebrar durante el periodo electoral de manera directa. Lo anterior con base en la respuesta emitida por CCE # 4201913000000222 del 26 de febrero de 2019…
También resuelve:
Ley de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elección
Contratos y convenios interadministrativos: definición, criterio orgánico
Operaciones de crédito público: definición, contratación directa, clases
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Concepto
Crédito público: C-413 de 2021
C-413 de 2021
2021-08-17
¿La excepción contemplada en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, respecto de los contratos de crédito público, cobija a los contratos conexos a estos, definidos por el artículo 2.2.1.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015?
De acuerdo con las consideraciones expuestas, la excepción contemplada en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 respecto de los contratos de crédito público cobija a los contratos conexos definidos por el artículo 2.2.1.1.4 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015. No obstante, las entidades estatales deben ser cuidadosas en el análisis de cada caso concreto, para determinar si las actividades que van a realizar están amparadas por las excepciones. Bajo la óptica adoptada, solamente estarían cobijadas las operaciones conexas que cumplan con el carácter de necesarias para lograr las operaciones principales de crédito público.
También resuelve:
Ley de garantías electorales: finalidad, interpretación, restricciones, excepciones
Operaciones de crédito público: definición, contratación directa, clases
Operaciones conexas a las de crédito público: definición, contratación directa
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Crédito: 08001 23 31 000 2008 00438 01_19028
08001-23-31-000-2008-00438-01_19028
2013-06-13
Sección Cuarta
Provee la Sala sobre la legalidad de la liquidación oficial de estampillas a cargo del demandante, por razón del contrato LP -012 del 2007 que celebró con el Municipio de Soledad (Atlántico), previa verificación oficiosa de que dicho acto administrati vo no indicó los recursos procedentes en su contra, y que ello, de entrada, excusaba el requisito procesal de previo agotamiento de la vía gubernativa y permitía demandar directamente la liquidación.
También resuelve:
Operaciones de crédito público: ámbito contractual, concepto, noción, alcance
Créditos a proveedores: operaciones de crédito público, finalidad, plazo para su pago
Consejo de estado
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Concepto
Se observa entonces que el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prohíbe a los alcaldes, gerentes y directores de las entidades del orden municipal, departamental o distrital celebrar convenios y contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
C-257 de 2023
2023-08-16
¿Es correcta esta interpretación?
Según la interpretación de las normas generales del sistema de compras públicas, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “ celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ”dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones.
También resuelve:
Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición del artículo 33
Contratos de crédito público: definición, alcance legal
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Concepto
Operaciones de crédito público: C-611 de 2024
C-611 de 2024
2024-10-30
¿Cuál es la normativa que rige el contrato de empréstito según el ordenamiento jurídico?
El contrato de empréstito es una operación de crédito público, definida por el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 como aquella que tiene por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, y por el artículo 2.2.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015 como los actos o contratos que dotan a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o en los que actúa como deudor solidario o garante. Su propósito es proveer a las entidades de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago, por lo que constituye una fuente de financiamiento, y la ley dispuso que se celebre de forma directa, dada la dificultad de establecer condiciones generales para este tipo de contratación, sin que ello releve a la entidad de su deber de selección objetiva. En todos los eventos en que los municipios y distritos vayan a celebrar un contrato de empréstito es necesaria la autorización del concejo, acompañada del estudio del cumplimiento efectivo de los requisitos legales para su contratación.síntesis automática
También resuelve:
Operaciones de crédito público: noción
Contratos de empréstito: definición, entidades estatales, contratación directa
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Concepto
Su propósito se fundamenta en servir como instrumentos que posibilitan la materialización de la operación principal, razón por la cual pueden contratarse directamente.
C-372 de 2026
2026-03-17
¿La calificación de riesgo, en tanto operación conexa a las operaciones de crédito público, puede ser considerada dentro de la excepción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 para las operaciones de crédito público, habilitando su contratación directa durante el período de Ley de Garantías Electorales?
El contratista puede realizar la calificación de riesgos mediante contratación directa durante el período de Ley de Garantías Electorales, dado que esta operación se considera conexa a las operaciones de crédito público y, por tanto, está exceptuada de la prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005, lo que implica que las entidades estatales pueden adelantar dichos procedimientos sin necesidad de convocatoria pública, siempre y cuando se ajusten a las excepciones específicamente establecidas en la norma.síntesis automática
También resuelve:
Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebración
Ley de garantías: contratación directa, excepciones, crédito público
Crédito público: definición, operaciones de crédito público y asimiladas, operaciones conexas
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Concepto
Documentos tipo: C-696 de 2020
C-696 de 2020
2020-12-09
¿Podría una entidad pública sometida al Estatuto General de la contratación de la Administración Pública establecer, criterios habilitantes y ponderables adicionales a los establecidos en los pliegos tipo y adicionales a la previsión establecida en el artículo 2.2.1.2.1.6.5 del Decreto 1082 de 2015, cuando el contrato a celebrar comprenda un servicio adicional?
El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 –modificado por la Ley 2022 de 2020– y el artículo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015 establecen la inalterabilidad de los Documentos Tipo, lo que impide que las entidades estatales puedan incluir o modificar las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación allí definidos y, en general, alterar sus contenidos en los supuestos en que los documentos no lo permiten, toda vez que su contenido es obligatorio.
También resuelve:
Documentos tipo: inalterabilidad, configuración, pliego de condiciones, alcance
Operaciones de crédito público: noción
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Concepto
Documentos tipo: la regla general frente la aplicación del “Documento Base” es su inalterabilidad
C-283 de 2024
2024-08-05
¿Es posible que la entidad contratante establezca en el Anexo 5 – Minuta del Contrato condiciones adicionales, agregando en una de sus cláusulas como exigencia la presentación de carta de cupo de crédito, sin que se integre al contenido del Documento Base como requisito habilitante, sino como condición adicional para firma del contrato?
El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 –modificado por la Ley 2022 de 2020– y el artículo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015 establecen la inalterabilidad de los Documentos Tipo, lo que impide que las entidades estatales puedan incluir o modificar las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de ponderación allí definidos y, en general, alterar sus contenidos en los supuestos en que los documentos no lo permiten, toda vez que su contenido es obligatorio.
También resuelve:
Documentos tipo: inalterabilidad, configuración, pliego de condiciones, alcance
Operaciones de crédito público: noción
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Concepto
La naturaleza del contrato de adquisición de bienes no determina, una única forma de ejecución de las obligaciones, pues las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden acordar las condiciones y los plazos para su cumplimiento, siempre que se sujeten al ordenamiento jurídico.
C-1657 de 2026
2026-10-27
¿Es posible pactar el recibo de los bienes en una vigencia y pagar su valor en vigencias posteriores, con cargo a vigencias futuras?
El contratista y la entidad estatal pueden pactar en un contrato de adquisición de bienes que estos se reciban en una vigencia fiscal y se paguen en vigencias posteriores, siempre que la estipulación se ajuste a la autonomía de la voluntad y a las disposiciones presupuestales aplicables, y no configure una operación de crédito público. Esta modalidad de pago diferido no implica necesariamente un financiamiento con proveedores, siempre y cuando se documente adecuadamente y se acredite la ausencia de un costo financiero implícito. La entidad debe verificar que la adquisición, el monto total comprometido, el plazo contractual y la distribución de los pagos sean compatibles con las autorizaciones de vigencias futuras excepcionales, y debe determinar la naturaleza de la obligación, cuándo se causa y cuándo es exigible, para su correcto registro presupuestal.síntesis automática
También resuelve:
Contratos: objetos, autonomía de la voluntad
Limitaciones a la autonomía de la voluntad: observancia de normativa que rige la materia
Contrato de adquisición de bienes: modalidad de pago diferida, vigencias futuras
Consejo de Estado
Providencia
El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020150145802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:
¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?
¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?
¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2024-03-22
Sala Consulta y Servicio Civil
OSCAR DARIO AMAYA NAVAS
Rad. 11001030600020230062200
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El valor total de la comisión fiduciaria pactada a ser reconocida y pagada, determinada como un porcentaje (0.9%) de los rendimientos obtenidos en la gestión de los recursos, está limitada al valor ‘actual’ del contrato que se estimó en el Otrosí Nro. 7? Sí
El valor total de la comisión fiduciaria que a título de contraprestación se pague a los administradores de los recursos del Fonpet, en el otrosí 7 y en los demás otrosíes que se hayan celebrado en este contrato está limitado por el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011, que dispone que los gastos de administración del Fonpet no pueden superar el 8% de los rendimientos. Asimismo, la referida comisión está limitada por el porcentaje máximo previsto para la adición de los contratos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. A partir de dichas restricciones legales, en el contrato 6.001 – 2012 se previó como valor máximo de la contraprestación a reconocer a título de comisión fiduciaria la suma de $69.950.000.000,00.
También resuelve:
¿El monto total de las comisiones causadas en los términos del contrato está limitado al establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993?
¿Resulta jurídicamente viable reconocer y pagar a los administradores de los recursos del FONPET, en la etapa de liquidación del contrato…
Consejo de Estado
Providencia
En la solicitud del contrato se pretendía la estabilización de normas relativas al impuesto al patrimonio para el año gravable 2011
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130150201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La motivación de la decisión tomada por el Comité se fundamentó en que el proyecto no cumplía con la finalidad establecida en la Ley 963 de 2005, por dos razones: (i) la ejecución del proyecto ya se encontraba en un 73,66%, evidenciando que la inversión no fue determinada o motivada por la norma, sino que fue realizada por Z.F. Celsia asumiendo los riesgos inherentes a la misma y (ii) que el régimen tarifario del sector previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantizaba la recuperación de las inversiones realizadas en este sector.… La Sala observa que la única pretensión económica de la parte demandante es el pago del mayor valor asumido por el impuesto al patrimonio.
También resuelve:
¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad administradora del patrimonio autónomo es competente para resolver la solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional de entidades extintas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2026-02-04
Sala Consulta y Servicio Civil
JOHN JAIRO MORALES ALZATE
Rad. 11001030600020250046800
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alianza Fiduciaria S.A. es la autoridad competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de un bono pensional por el período durante el cual laboró en la extinta Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica SA (Corelca S.A.)? Sí
La entidad administradora del patrimonio autónomo resulta competente para resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de bonos pensionales correspondientes a períodos laborados en empresas estatales extintas. Conforme a las normas del sistema de seguridad social y la Ley 100 de 1993, estos documentos de contenido crediticio representan el tiempo de servicios y el pasivo pensional a cargo de la Nación o de los empleadores responsables, debiendo expedirse y redimirse al cumplirse los requisitos legales de vejez, con exhorto a la pronta respuesta judicial debido a la especial protección constitucional predicable de las personas adultas mayores.síntesis automática
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
La Nación y las entidades pagadoras responsables directas tienen el deber de emitir y atender los bonos pensionales generados por traslados de régimen.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2025-11-26
Sala Consulta y Servicio Civil
MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020250039200
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alianza Fiduciaria SA, es la autoridad competente en calidad de administradora del Patrimonio Autónomo de Garantía, para responder de fondo la solicitud de reconocimiento y pago del bono pensional del señor [J.C.M.M] por el periodo que trabajó en Corelca, comprendido entre entre el 17 de febrero de 1986 y el 30 de abril de 1994, elevada por Colfondos AFP? No
El bono pensional representa en dinero el tiempo de servicios y constituye un pasivo a cargo del empleador o entidad pagadora responsable que debe expedirse conforme a la Ley 100 de 1993. En este auto que resuelve un conflicto de competencias administrativas, se examinan las reglas de emisión y redención de bonos pensionales para trabajadores del sector eléctrico y se exhorta a la entidad administradora a dar pronta respuesta a las solicitudes pensionales de afiliados adultos mayores. Se recuerda que los bonos pensionales reflejan las obligaciones crediticias del pasivo pensional y su tramitación corresponde a las entidades concurrentes y empleadoras directas según los supuestos previstos en los artículos 118, 119 y 121 del estatuto de seguridad social.síntesis automática
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
¿La Fiduciaria la Previsora S.A. es la autoridad competente para expedir, a través del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), la certificación de tiempos laborados y salarios de un extrabajador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas
2023-12-13
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020230014400
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Fiduciaria la Previsora S.A. es la autoridad competente para expedir, a través del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), la certificación de tiempos laborados y salarios de un extrabajador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.? Sí
Revisados los antecedentes, la normativa aplicable y los documentos que obran en el expediente, la Sala declarará competente a la Fiduciaria La Previsora S.A. para tramitar y expedir a través del sistema CETIL, la certificación de tiempos de servicio del señor [F.G.R.], quien se desempeñó como primer camarero en la liquidada Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antes Flota Mercante Grancolombiana S.A.), entre el 15 de junio de 1978 y el 17 de mayo de 1990. Lo anterior con fundamento en lo siguiente: i) La Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación, actuando a través de Fiduagraria S.A. en su condición de entidad liquidadora celebró contrato de fiducia mercantil de administración y fuente de pagos con Fiduprevisora S.A., en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado «PANFLOTA», para el pago de las mesadas pensionales de los extrabajadores de la compañía.
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las controversias contractuales estatales cuya cuantía excede quinientos salarios mínimos legales.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 52001233300020170026501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente en razón de la cuantía para conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales por presunto incumplimiento de un contrato interadministrativo? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia para conocer de las controversias contractuales originadas en contratos interadministrativos cuando la cuantía de las pretensiones supera el límite legal establecido. Con fundamento en los artículos 104, 150 y 152 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga las controversias derivadas de contratos celebrados por entidades públicas, correspondiendo la segunda instancia a esta corporación siempre que la cuantía excede los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición de la demanda en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa y por pasiva ETB y el Departamento del Putumayo, respectivamente…
¿Se presentó dentro del término legal la demanda relacionada con un contrato de tracto sucesivo no liquidado dentro de los plazos previstos en la Ley?
¿Se encontraba facultada la Administradora Temporal para celebrar, en nombre del Departamento del Putumayo, el contrato interadministrativo con ETB en virtud de la asunción temporal de competencias…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020180101501
LEY 1437 REPETICION
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades? Sí
El patrimonio autónomo constituido para asumir los procesos en los que tenía interés el extinto departamento administrativo de seguridad, cuando estos no guardan relación con funciones trasladadas a otras entidades, tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición. Esta conclusión se apoya en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso que tales procesos fueran asumidos por ese patrimonio autónomo, y en la supresión de la entidad por el Decreto-ley 4057 de 2011, que definió las entidades que la sucedieron en sus asuntos. Como la condena se impuso en un proceso dirigido contra la entidad extinta, y luego se dispuso que su sucesora procesal fuera la entidad que asumió la defensa jurídica del Estado, la legitimación corresponde al patrimonio autónomo que asumió los procesos. En el caso concreto, el patrimonio autónomo promovió la repetición con fundamento en la Ley 1753 de 2015, y la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la repetición por condenas contra una entidad extinta debe promoverse por quien la ley designó como sucesor de sus procesos, y no por la entidad que ya no existe.síntesis automática
También resuelve:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente…
¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia?
¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial.
Sentencia — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 23001233300020150008901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado, en virtud de su competencia funcional, conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, cuando los litigios tienen origen en actuaciones de entidades públicas del orden territorial? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos, en virtud de su competencia funcional y conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de litigios originados en la actividad de las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Además, el Consejo de Estado considera que existe renuncia al pacto arbitral cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la otra omite proponer la excepción de cláusula compromisoria, en virtud del artículo 21 del Código de Arbitraje. Asimismo, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se suspende durante la conciliación previa, y la acción judicial contra un contrato estatal sometido a liquidación es válida si se presenta dentro del plazo de dos años desde la fecha límite para la liquidación unilateral, conforme al artículo 164 del CPACA. Finalmente, el juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal cuando su objeto es ilícito y contraviene normas imperativas del ordenamiento jurídico, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe entenderse que existe renuncia al pacto arbitral incorporado en un contrato cuando una de las partes presenta demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa y la parte demandada omite…
¿La acción judicial instaurada contra un contrato estatal sometido a liquidación fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011?
¿Debe el juez a declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal cuando advierte de manera manifiesta que su objeto es ilícito por contrariar normas imperativas del ordenamiento jurídico?
CONFIRMA