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¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
¿En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos? Sí
En los contratos regidos por el derecho privado, el silencio del contratista frente a la liquidación del contrato no da lugar a la renuncia de la reclamación de sus derechos, a menos que una disposición legal lo establezca o se le otorgue tal efecto al silencio de las partes en determinadas circunstancias, conforme al artículo 15 del Código Civil. En contratos de consultoría, las obligaciones y riesgos económicos del contratista se definen según las cláusulas del contrato, por lo que gastos y sobrecostos no asumidos por el contratante no implican una obligación adicional para la entidad estatal, salvo que esté pactado explícitamente en el contrato. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y reafirma la necesidad de que las obligaciones y riesgos en los contratos de derecho privado estén claramente definidos y pactados por las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Los gastos y sobrecostos ser asumidos por el contratista en virtud de las cláusulas del contrato?
41001233300020190021401 de 20242024-09-18Rad. 41001233300020190021401
Sin embargo, esta circunstancia es distinta en los contratos de derecho privado. En estos, tanto la ley como la jurisprudencia han dado especial importancia a la voluntad de las partes . En consecuencia, la teoría de la imprevisión no persigue restablecer el equilibrio de la ecuación financiera cuando se vea alterado por circunstancias sobrevinientes. Esa obligación solo está prevista para los contratos estatales, en los que el cumplimiento de su objeto es de interés general razón y por ello se le impone al Estado esta obligación. En los contratos regidos por el derecho privado el contratista no puede pretender apartarse del acuerdo inicial y buscar su modificación por esta vía.
También resuelve:Contratos de derecho privado: teoría de la imprevisión − procedencia
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ?¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol?¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado constituyen actos administrativos? No
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por una entidad sometida al derecho privado como actos administrativos, ya que estos se rigen por el derecho común y no por el derecho público, lo que implica que la liquidación unilateral por parte de Ecopetrol no reviste las características propias de un acto administrativo. Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar el contrato, y si la caducidad no ha operado, el juez de segunda instancia debe devolver el expediente al tribunal de origen para continuar con el proceso. Además, si el recurso de apelación prospera, no procede la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación…¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…¿Es improcedente la condena en costas porque recurso de apelación prosperó?
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva?¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos?¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
¿Procede negar las pretensiones del medio de control de repetición, ya que la entidad territorial no fue condenada a indemnizar los perjuicios derivados de un daño antijurídico, sino a pagar el valor de un servicio que le fue efectivamente prestado? Sí
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición cuando la entidad estatal no fue condenada a indemnizar por un daño antijurídico, sino a pagar el valor de un servicio efectivamente prestado, ya que la acción de repetición es procedente solo para recuperar el valor de una reparación patrimonial que el Estado haya asumido por daño antijurídico causado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal. Además, el término de caducidad del medio de control de repetición comienza a contar desde el día siguiente al pago de la condena, no desde la fecha en que se ordenó el pago, y para que la acción de repetición sea procedente, debe acreditarse una condena contra el Estado, el pago de la misma y una conducta dolosa o gravemente culposa por parte de un agente estatal. La Sala reitera que la condena en costas es procedente en la acción de repetición porque se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago de las medidas restitutivas ordenadas en el fallo de reparación directa?¿Para la prosperidad de las pretensiones del medio de control de repetición, debe acreditarse una condena contra el Estado, el pago de la misma…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Puede el juez resolver sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando las partes no estuvieron de acuerdo en la liquidación bilateral, pero luego el INVIAS, como contratante, mediante resolución liquidó unilateralmente el contrato respecto de las salvedades manifestadas por el contratista, quien en la demanda no solicitó la nulidad de dicha resolución y solo indicó que, por ser el contrato de derecho privado no gozaba de presunción de legalidad? No
El juez no puede pronunciarse sobre el restablecimiento de la ecuación económica del contrato cuando la demanda no cuestiona la legalidad del acto de liquidación unilateral que resolvió las diferencias de las partes en la liquidación bilateral. La regla se sostiene en que ese acto es el objeto de la pretensión, de modo que, si no se impugna, no existe fundamento para decidir el restablecimiento. Por ello, la sola alegación de que el régimen del contrato era privado no suple la omisión de pedir la nulidad del acto. En el asunto, el demandante se refirió al acto de liquidación unilateral sin cuestionar su legalidad, el tribunal se declaró inhibido para fallar de fondo, y la Sala confirmó esa decisión apelada que no resolvió el fondo del restablecimiento. En la práctica, la impugnación del acto de liquidación unilateral debe formularse expresamente en la demanda para que el juez resuelva el fondo del restablecimiento de la ecuación económica.síntesis automática
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes es una empresa que presta un servicio público y el contrato se rige por el derecho privado? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales fuera del término legalmente establecido, que en este caso es de dos años contados a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato, según lo pactado por las partes. La entidad estatal, aunque preste servicios públicos y el contrato se rija por el derecho privado, sigue siendo considerada como un sujeto del derecho administrativo, por lo que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer del caso. La Sala reitera que la caducidad de la acción es de orden público y puede ser declarada de oficio por el juez, independientemente de que la parte demandante no haya solicitado la liquidación del contrato. Esta regla implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cómputo de los plazos para presentar sus demandas, teniendo en cuenta todos los términos pactados en el contrato, para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe tener el cuenta el término pactado para la liquidación del contrato para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales así en la demanda no se haya…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
¿El contrato estatal de obra No. 2275 de 2008 requería liquidación? Sí
El contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato estatal de obra No. 2275 de 2008 después de la fecha límite, ya que el plazo para hacerlo expiró el 5 de diciembre de 2011, y la demanda fue presentada el 25 de marzo de 2014, lo que configuró la caducidad del medio de control. La entidad estatal es condenada en costas en ambas instancias al revocarse totalmente la sentencia del juez de primera instancia, y se fijan agencias en derecho por la atención y gestión del proceso por parte de la entidad demandada.síntesis automática
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control por cuanto fue presentado luego de haber transcurridos dos años del vencimiento del plazo para llevar a cabo la liquidación unilateral…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante, en ambas instancias, al haber sido revocada totalmente la sentencia del inferior?¿Procede la fijación en agencias en derecho porque se acreditó la atención y gestión del proceso por la parte demandada?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2023-12-11Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 25000233600020130067102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
Cuando el asunto escapa al ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, esta carece de competencia para resolver el fondo de la controversia, y la falta de jurisdicción debe declararse de oficio. Así sucede con los contratos celebrados por una aseguradora en el giro ordinario de sus negocios, que son de derecho privado y corresponden a la jurisdicción ordinaria, conforme a los artículos 104 y 105 numeral 1 del CPACA. La razón es que la entidad aseguradora está vigilada por el organismo estatal de control financiero y su objeto social es propio de la actividad aseguradora, de modo que el contrato de seguro controvertido se inscribe en su giro ordinario. Además, cuando se declara de oficio la falta de jurisdicción, el artículo 16 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, dispone que lo actuado conserva validez, salvo la sentencia, que es nula, y que el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. Su consecuencia práctica es que la nulidad de la sentencia debe declararse cuando el juez carece de jurisdicción y el expediente debe remitirse de inmediato.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato objeto de la controversia corresponde al giro ordinario de los negocios de la aseguradora demandada?¿Esta jurisdicción es competente para conocer de las controversias que se susciten en relación con los contratos que la demandada suscriba en desarrollo de su objeto social?
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿Es procedente decretar la nulidad de los actos administrativos contractuales que liquidaron unilateralmente los contratos suscritos con el municipio de La Dorada para la administración de los recursos y prestación de los servicios de seguridad social en salud? Sí
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos contractuales que liquidaron unilateralmente los contratos suscritos con la entidad estatal para la administración de los recursos y prestación de los servicios de seguridad social en salud, siempre que la liquidación se realice conforme a las normas jurídicas aplicables y el contratista no demuestre que los descuentos realizados por incumplimiento de la obligación de carnetización sean infundados. En este caso, la entidad territorial liquidó los contratos de CAPRECOM por no cumplir con el deber de carnetizar a los afiliados en los plazos establecidos, y la demandante no probó que hubiera cumplido con esta obligación ni que los descuentos realizados fueran injustificados. La Sala confirmó la decisión apelada, reafirmando que la liquidación unilateral es procedente cuando se ajusta a las cláusulas del contrato y a las disposiciones legales aplicables, matizando la interpretación de que la liquidación unilateral es siempre improcedente en contratos de derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Bajo cuáles circunstancias en un contrato que se rige por el derecho privado se pueden pactar cláusulas exorbitantes propias contratación en el derecho público?¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo contractual que liquida unilateralmente el contrato que…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
¿Acreditó la parte demandante el pago del valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento? No
No está probado que los demandantes hubieran pagado el valor por el que se ordenó afectar la garantía de cumplimiento… En el recurso se alega que la primera instancia dejó de reconocer el valor de lo cancelado por los demandantes a la aseguradora… por concepto de la póliza de cumplimiento.
También resuelve:¿El apelante probó otros perjuicios por incumplimiento del contrato de obra, que reclama en apelación?¿Debe condenarse en costas al apelante vencido debido a que su recurso no prosperó?
¿El contrato de interventoría no. 20110798 de 2011 suscrito con Fonade, es regido por el derecho privado? Sí
El contratista no puede declarar nula la acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría suscrito con Fonade, ya que la forma de pago estipulada en el contrato dependía del avance del contrato de consultoría objeto del contrato de interventoría, y no se demostró que el consultor hubiera cumplido con el 100% de las obligaciones encomendadas. La cláusula de pago variable fue conocida y aceptada por el contratista desde el inicio del proceso de selección, por lo que su fuerza jurídica vinculante no puede ser cuestionada. Además, el reconocimiento de costos variables dependía directamente del seguimiento y verificación del avance del contrato de consultoría por parte del interventor, lo que no fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, la negativa de Fonade a reconocer y pagar el valor total del contrato no constituye un abuso de derecho, y la sentencia que confirma la acta de liquidación bilateral se mantiene.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato de interventoría no. 2110798 de 2013, porque según la contratista…¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto el recurso de apelación que interpuso, fue resuelto desfavorablemente?
¿Se configura el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por falta de ajuste anual de precios al contrato estatal que se rige por el derecho privado? Sí
En los contratos estatales sometidos al derecho privado, las normas del Estatuto General de la Contratación Pública sobre el desequilibrio económico de la ecuación contractual no son aplicables, y por ello no procede la pretensión de desequilibrio por falta de ajuste anual de precios. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 somete el contrato al derecho privado, de modo que el régimen público del equilibrio económico no lo rige. Segunda, la falta de ajuste anual de precios no genera por sí sola un incumplimiento cuando el contrato no pactó esa cláusula ni la ley la impone. En el caso, la providencia confirma la negativa de las pretensiones de desequilibrio económico, porque el contrato se rige por el derecho privado. En la práctica, quien pretenda el reequilibrio de un contrato regido por el derecho privado debe fundar su pretensión en el régimen contractual aplicable y no en las normas del estatuto público.síntesis automática
También resuelve:¿La revisión judicial de las obligaciones de un contrato se debe hacer durante su ejecución y solo procede cuando circunstancias extraordinarias…¿La obligación de revisar los precios del contrato no conlleva necesariamente al reajuste de precios?¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el incumplimiento contractual y desequilibrio económico del contrato por…
¿El contrato de interventoría de obra pública al haber sido suscrito para atender la emergencia generada por el fenómeno invernal de la Niña, estaba sujeto a las reglas del derecho privado y a las disposiciones aplicables a la contratación del Fondo Nacional de Calamidades? Sí
El contratista no puede reclamar sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en un contrato de interventoría celebrado para atender emergencias generadas por fenómenos naturales, como el fenómeno de La Niña, debido a que el contrato se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La Sala establece que el contrato de interventoría celebrado en estas circunstancias se somete a las disposiciones del Código de Comercio y no a las del Estatuto General de Contratación, por lo que la onerosidad sobrevenida debe afectar una prestación futura, no una ya cumplida. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la aplicación del derecho privado en contratos de emergencia, limitando la posibilidad de reclamar sobrecostos basados en prestaciones ya ejecutadas.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el reconocimiento de los sobrecostos por excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de interventoría, que tienen su origen en prestaciones ya cumplidas por las partes durante su…¿La condena en costas procede contra la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación tramitado bajo el criterio objetivo previsto en el CPACA?
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?