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¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual? No
El contratista no desvirtúa la presunción de legalidad de la declaración de caducidad contractual cuando incumple gravemente las obligaciones contractuales, especialmente si estos incumplimientos ponen en riesgo la continuidad del servicio y la naturaleza intuito personae del contrato. En este caso, el contratista no obtuvo la habilitación necesaria para el centro público o privado, lo que puso en grave riesgo la continuidad del servicio, además de otros incumplimientos graves que justificaron la caducidad del contrato. La entidad estatal, al declarar la caducidad, actuó dentro de sus facultades legales y no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las condiciones establecidas para la continuidad del servicio, lo que implica que la entidad estatal puede declarar la caducidad del contrato ante incumplimientos graves que afecten la prestación del servicio.síntesis automática
También resuelve:¿Se desvirtuó la presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos demandados?¿El oficio suscrito por el secretario de tránsito constituyó autorización al contratista para constituirse como una SAS?¿La administración también sustentó la caducidad del contrato en el hecho de que la garantía única del contrato amparaba a la UT y no a la nueva SAS?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿El acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión minera por incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario es nulo por violación del debido proceso? No
La declaratoria de caducidad de un contrato de concesión minera, precedida de requerimientos para cumplir las obligaciones del concesionario, no vulnera el debido proceso cuando el concesionario omite atender esos requerimientos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los requerimientos consistieron en aportar la póliza minero ambiental y pagar el canon superficiario del segundo año de exploración, y el concesionario no los atendió antes de la caducidad. Segunda, el concesionario conocía desde la solicitud que el área presentaba superposición con la reserva forestal, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación que motivó la actuación. Tercera, la resolución del ministerio que suspendió trámites de sustracción no suspendió las obligaciones propias del contrato. La providencia confirma la sentencia apelada. La consecuencia práctica es que la suspensión de trámites administrativos ajenos no exime al concesionario de cumplir sus obligaciones contractuales, y la caducidad puede declararse tras el requerimiento previo.síntesis automática
También resuelve:¿La expedición de la resolución conducía a la suspensión del cumplimiento de las obligaciones por la demandante en virtud del contrato de concesión?¿El acto administrativo con el que fue declarada la caducidad del contrato de concesión minera por el incumplimiento de la obligación de pagar el canon superficiario, es nulo, debido a que…¿Los contratos de concesión se entienden perfeccionados a partir de su inscripción en el registro minero nacional?
¿El incumplimiento de la unión temporal era grave y podía conducir a la paralización del contrato? Sí
El contratista puede enfrentar la paralización del contrato si incumple de manera grave las condiciones mínimas de calidad y eficiencia en la prestación del servicio, como lo evidencian las deficiencias operativas y técnicas que afectan directamente la calidad del producto y la prestación del servicio público. En este caso, la unión temporal instaló luminarias que no cumplían con las especificaciones técnicas y generaban un perjuicio para la comunidad, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato debido a la gravedad del incumplimiento. La Sala confirmó que las pruebas presentadas no permitían concluir que el contratista estuviera cumpliendo con sus obligaciones, y que la gravedad de los incumplimientos era tal que podían conducir a la paralización del contrato, reafirmando la importancia de cumplir con los estándares de calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Según las pruebas la unión temporal había incurrido en diferentes deficiencias operativas y técnicas?¿De la lectura completa de los informes se colige que ambos se inclinaron por reconocer el incumplimiento de la concesión?¿La caducidad procede ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave la etapa de ejecución del contrato?
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
Minera el Roble S.A. VS AGENCIA NACIONAL DE MINERIA -ANM- de 20252025-12-11
Condenar a la MINER a pagar a la ANM la suma total de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOS PESOS CON DOS CENTAVOS (COP$119.984.877.002,02), por concepto de regalías por la explotación de cobre causadas desde la exportación N° 10 hasta el embarque N° 80, monto que, según se ha indicado, contiene la indexación e intereses legales debidamente incorporados.
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de controversias contractuales es de dos años, contabilizados desde la terminación o liquidación del contrato? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de dos años se computa desde la terminación o liquidación del contrato, según el caso, y no desde la celebración del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija ese punto de partida, de modo que mientras el contrato no termine ni se liquide el plazo no empieza a correr. Segunda, la fecha de terminación se determina con la cláusula de plazo de ejecución y no con el momento de la suscripción del contrato. En el caso, el contrato tenía un plazo de ejecución de 300 meses contados desde su suscripción, y a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había expirado, por lo que el término de caducidad no había empezado a computarse. La providencia confirma la sentencia apelada porque la demanda fue presentada en tiempo. En la práctica, el demandante debe calcular la caducidad desde la terminación efectiva del contrato o desde su liquidación, verificando el plazo pactado en el propio contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La multa impuesta al concesionario procede ante el incumplimiento de la obligación de realizar la independización del servicio de energía eléctrica en aquellas zonas de los aeropuertos que no están…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Debe declararse la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, mediante la cual se declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, se declaró la terminación de ese contrato y adoptaron otras determinaciones, por haber sido proferida con infracción de las normas en que debería fundarse, concretamente el artículo 34 de la Ley 685 del 2001, artículo 173 de la Ley 1753 del 2015 y la Resolución 937 de 2011? ¿La ANM incumplió la cláusula vigésima primera del Contrato de Concesión N° FIN-151A, por no haber realizado la terminación bilateral de ese negocio jurídico y por no dar aplicación a la normativa vigente? No
El contratista no puede declarar la nulidad de la Resolución N° VSC 000411 del 10 de mayo del 2017, que declaró la caducidad del Contrato de Concesión N° FIN-151A, ya que la administración cumplió con los principios de buena fe y confianza legítima al aplicar el principio de precaución en materia ambiental, lo que tiene prevalencia sobre el interés particular. Además, la reglamentación ambiental posterior al perfeccionamiento del contrato no configura un derecho adquirido, ya que la Constitución Política y el Código Minero priorizan la protección del medio ambiente. La regla de la irretroactividad de la legislación tiene excepciones, permitiendo la modificación de condiciones contractuales en casos de bienes públicos relacionados con recursos naturales. En este caso, la declaratoria de caducidad se basa en múltiples incumplimientos por parte del contratista, incluyendo el pago de canon superficiario, multas y la presentación de licencias ambientales, lo que no genera controversia entre las partes. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la protección del medio ambiente y el interés general prevalecen sobre los derechos contractuales, permitiendo la caducidad del contrato en casos de incumplimiento grave y reiterado.síntesis automática
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la caducidad opera cuando la acción no se presenta dentro del plazo que corre desde que el acto de liquidación unilateral quedó en firme. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el plazo se cuenta desde la firmeza del acto, que consta en la constancia de desfijación del edicto, y no desde la fecha de su expedición. Segunda, el cómputo se hace conforme a la norma vigente en ese momento y no conforme a demandas que se presenten después en otro régimen. En el caso, el acto que confirmó la liquidación quedó en firme con la constancia de desfijación del edicto, y las partes presentaron sus demandas cuando el término ya había vencido, lo que llevó a declarar configurada la caducidad. La providencia confirma la sentencia apelada por esas razones. En la práctica, la parte interesada debe calcular el término desde la firmeza del acto de liquidación con las constancias de notificación y desfijación del expediente, para evitar que la demanda sea rechazada por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento en que las resoluciones que liquidaban unilateralmente el contrato y su confirmatoria cobraron firmeza, la acción contractual ya no estaba disponible para debatirlas?¿El término de dos años para demandar bajo el medio de control de controversias contractuales se extendió hasta el 3 de septiembre de 2010?¿El conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales debe iniciar a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato?
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad parcial por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con parte de la reserva forestal Protectora de Bosque Oriental de Bogotá, declarada y delimitada por el INDERENA con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que superpone con parte de una reserva forestal protectora, declarada y delimitada por el INDERENA o su equivalente, con anterioridad a la firma del contrato, ya que esto vicia el contrato por objeto ilícito. La nulidad del contrato es parcial y solo afecta al área que no podía ser objeto de concesión, en aplicación del principio de conservación del contrato. La Sala modifica la sentencia apelada, confirmando que la superposición acreditada no es total, por lo que la nulidad solo se aplica a las zonas concedidas que se traslapan con la reserva forestal, reafirmando la necesidad de cumplir con el procedimiento legal para la autorización de actividades mineras en áreas restringidas.síntesis automática
¿Los contratos de concesión para la prestación del servicio público de aseo están sometidos al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista no incluye la cláusula de reversión en contratos de concesión de servicios públicos, ya que estos no implican la explotación de bienes del Estado, sino la prestación de un servicio en un área de servicio exclusivo. Según el artículo 32 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, la cláusula de reversión se aplica a la concesión de bienes, no a servicios públicos. En este caso, el contrato celebrado por la entidad territorial con Atesa para la prestación del servicio público de aseo no contempla la reversión, ya que la prestación del servicio no es monopolística y puede ser realizada por cualquier operador en un sistema de libre mercado. La entidad contratante debe evaluar la conveniencia de incluir la cláusula de reversión en función del valor presente neto del contrato, considerando que la prestación del servicio no implica la explotación de bienes estatales. La Sala reitera que la cláusula de reversión no es aplicable en contratos de concesión de servicios públicos, lo que implica que el contratista no está obligado a incluirla en dichos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato de concesión del servicio público de aseo se debe tener por incluida la cláusula de reversión?¿La amortización de sumas de dinero en el contrato debe ser expresamente pactada?¿La cláusula de reversión es de la esencia de todos los contratos de concesión?
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020190062901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve:¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone casi en su totalidad con la reserva forestal protectora pantano Redondo y nacimiento del río Susaguá, declarada con anterioridad a la firma del mentado contrato? Sí
El contratista no puede celebrar un contrato de concesión minera que entregue en concesión un área que ha sido declarada previamente como zona de reserva forestal, ya que tal acción transgrede la normativa ambiental imperativa y adolece de objeto ilícito, lo que implica la nulidad absoluta del contrato. Esta regla se sostiene en que el artículo 1º del Acuerdo 17 de 1992 de la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez declaró como área de reserva forestal protectora los terrenos que conforman la cuenca de la laguna de pantano Redondo y el nacimiento del río Susaguá, y el contrato en cuestión superpone casi en su totalidad dicha reserva forestal sin obtener la autorización ambiental correspondiente. La regla reitera la jurisprudencia existente sobre la nulidad absoluta de contratos estatales que violan normas imperativas, lo que implica que cualquier contrato que entregue en concesión áreas declaradas como reservas forestales sin la debida autorización será nulo de pleno derecho.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de primera instancia vulneró el principio de congruencia de la sentencia?¿La Agencia Nacional de Minería cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el asunto sublite, teniendo en cuenta que asumió las funciones que correspondían al extinto Ingeominas…