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¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…
88001233300020230001102 de 20262026-07-17Rad. 88001233300020230001102
El contratista debe demostrar la extinción de sus obligaciones por pago o cumplimiento, incluyendo la carga de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en el proceso, sin que la entidad estatal deba probar la negación. El pago como medio extintivo de obligaciones debe realizarse conforme al tenor de la obligación, y los desembolsos parciales no constituyen pago definitivo hasta que la prestación no se haya completado. La entidad estatal puede ejercer medidas de control y apartarse del contenido de las actas de avance de obra si existen elementos objetivos que permitan inferir el incumplimiento del contratista. La buena fe en la ejecución del contrato se entiende en sentido objetivo, y la obligación de restablecimiento del equilibrio económico del contrato nace si el evento imprevisto genera una situación deficitaria en el entramado financiero global del contrato. La Sala modifica la sentencia del Tribunal Administrativo, condenando al contratista y a Seguros del Estado en costas de segunda instancia a favor del Municipio, y fija las agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente.síntesis automática
También resuelve:Extinción de las obligaciones por pago o cumplimiento: carga probatoria, Código Civil artículo 1757, Código General del Proceso artículo 167Pago: medio natural de extinción de las obligaciones –Código Civil artículo 1626, efectos liberatorios –Conforme al tenor de la obligación Código Civil artículo 1627, pagos parciales, no implica aceptación de la totalidad de la prestación y cumplimiento plenoVigilancia y supervisión del contrato por parte de la entidad estatal: la entidad puede apartarse del contenido de las actas de avance de obra, inexistencia de limitación para ejercer medidas de control
CLÁUSULA COMPROMISORIA,CONTRATO ESTATAL,LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,JURISPRUDENCIA,FALTA DE COMPETENCIA,PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS,PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA,CONDENA EN COSTAS,EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – Noción,Ley 80 de 1993,Artículo 70,Constitucionalidad,Modificación,Acuerdo,Tribunal de arbitraje,Incompetencia,Actos administrativos,Legalidad,Alcance,Naturaleza jurídica,Criterio subjetivo u orgánico,Falta,Material,De h – Mes: marzo – Año: 2019…
También resuelve:Cláusula compromisoria: noción, Ley 80 de 1993, Artículo 70, constitucionalidadContrato estatal: naturaleza jurídica, criterio subjetivo u orgánico, caducidad del contrato, nociónLegitimación en la causa: falta, noción, material, de hecho
2018_11001-03-15-000-2017-01668-01_AC2018-02-13Sección Segunda Subsección A
ACCIÓN DE TUTELA,TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL,DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL,PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Mecanismo de protección inmediata,oportuna y adecuada de derechos fundamentales,Rigor en la fundamentación del vicio,Principio de confianza legítima,Precisiones jurisprudenciales – Mes: febrero – Año: 2018…
¿Los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia, tienen como finalidad estimular la inversión esencialmente nueva en el país, mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a los cambios constantes en las normas del ordenamiento, para lo cual, previa la solicitud respectiva con el lleno de los requisitos de Ley, se debe contar con la aprobación del Comité evaluador en decisiones definitivas que revisten un marcado carácter discrecional, guiado, no obstante, con instrumentos previstos en la ley misma? Sí
El 8 de julio de 2005 fue promulgada la Ley 963, que instauró un mecanismo de “estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. Con ella, el Estado colombiano buscó, en efecto, estimular la inversión en el país mediante el otorgamiento de una especie de cobertura frente a uno de los riesgos que más desincentivaban esa actividad, como lo eran los cambios constantes en las normas del ordenamiento, con incidencia en los principales sectores de interés de los inversionistas. Justamente, en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley, tramitado ante la Cámara de Representantes, se indicó en torno a ello que con esa normativa se buscaba hacer frente a los “riesgos jurídicos” como importantes inhibidores de la inversión.… El mecanismo por excelencia introducido por la Ley 963 de 2005 para estimular la confianza de los inversionistas, por la vía de procurar la estabilidad jurídica, fue la figura del contrato… .
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…¿Procede la declaratoria de nulidad de las decisiones en las que fue improbada la solicitud de contrato de estabilidad jurídica, por haberse fundado la determinación allí contenida…
2017_08001-23-33-000-2014-00591-01_3518-152017-07-27Sección Segunda
Definición y presunción,Elementos,Carga de la prueba,Criterios de delimitación,Concepto – Mes: julio – Año: 2017…
También resuelve:Contrato de prestación de servicios: definición y presunciónElemento subordinación de la relación laboral: carga de la prueba a cargo del contratistaPrincipios de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica: concepto
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
La CAR declaró la caducidad de un contrato 2 meses y 24 días después de la entrega de las obras contratadas cuando el negocio se encontraba en etapa de liquidación. Es verdad que vencido el plazo del contrato éste se coloca en la etapa de liquidación, pero no resulta razonable sostener que en esta fase la administración no pueda hacer uso de sus potestades sancionatorias frente al contratista, puesto que vencido el plazo del contrato es cuando la administración puede exigir y evaluar su cumplimiento y de manera especial definir si éste es satisfactorio; es cuando puede apreciar la magnitud de los atrasos en que incurrió el contratista.
También resuelve:Precedente judicial: generalidades, fuente de derechoPrecendente: vinculatoriedadPrecedente: manifestación del debido proceso, mecanismo reductor de la complejidad normativa, elementos, ratio decidendi
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato? No
El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias de primera instancia proferidas por Tribunales Administrativos, especialmente cuando se trata de impugnaciones de actos administrativos precontractuales relacionados con contratos de estabilidad jurídica y su cuantía lo requiere. La Sala valora copias simples de documentos conforme a precedentes unificados, reafirmando la procedencia de este método de valoración probatoria. En cuanto a la suscripción de contratos de estabilidad jurídica, el Comité de Estabilidad Jurídica no pierde competencia temporal por dictar decisiones fuera del plazo de cuatro meses establecido en la Ley 963 de 2005, ya que la norma no prevé la pérdida de competencia como consecuencia del vencimiento del término legal. Asimismo, la Sala no encuentra violación del principio de confianza legítima o de la buena fe contractual cuando la administración rectifica errores de información al público, como en el caso de un informe erróneo sobre el estado de un trámite de contrato de estabilidad jurídica.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de copias simples?¿Al decidir sobre la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, fuera del término de cuatro meses previsto en el literal f) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005 el Comité de Estabilidad…¿Nutriavícola S.A. sometió a consideración del Comité de Estabilidad Jurídica un proyecto de inversión que mejoraba la calidad de vida de la compañía y de sus trabajadores…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento o recusación2021-12-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233300020140013101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Resuelve impedimento Sí
El contratista no puede impedir al consejero de Estado para que conozca del proceso de controversias contractuales, si la intervención del magistrado en una audiencia extrajudicial anterior no implicó la exteriorización de su postura frente al caso concreto, ni configuró el segundo supuesto de hecho contenido en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece la imparcialidad del funcionario judicial. La Sala Dual declara infundado el impedimento presentado, basándose en que la audiencia previa fue declarada fallida sin abordar las pretensiones de la entidad convocante, por lo que no se pone en riesgo la ecuanimidad del consejero. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la necesidad de que el impedimento esté justificado por hechos que comprometan la imparcialidad del juez, y permite continuar con el trámite del proceso.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2024-05-24Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 13001233300020150034301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos iniciados en vigencia de la Ley 1563 de 2012, procede la renuncia tácita al pacto arbitral, la cual se hace efectiva cuando no se alega la existencia de la cláusula compromisoria como excepción en el proceso que se adelante ante la jurisdicción que por regla general es competente, como en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
Por regla general, las controversias contractuales en las que se encuentra involucrada una entidad de naturaleza pública se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo, las partes del contrato pueden someter los conflictos que se derivan de este, a un tribunal de arbitramento, por medio de una cláusula compromisoria. Sobre este aspecto, de tiempo atrás la Sección Tercera del Consejo de Estado, aceptó la posibilidad de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando quiera que, a pesar de haber acordado llevar las diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, una de tales partes decidía formular su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la otra parte no proponía la excepción de falta de jurisdicción.
También resuelve:¿Puede aplicarse el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991 al caso concreto, ya que las partes procesales así lo estipularon en la cláusula compromisoria?¿Resulta improcedente proferir fallo inhibitorio, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas del contrato de arrendamiento que…¿La excepción de falta de jurisdicción por la existencia de cláusula compromisoria puede decidirse en sentencia y declararse de oficio?
¿Debe declararse la nulidad del Auto número GSC-ZC No. 001730 de 29 de diciembre de 2017 por medio del cual la ANM ordenó la suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del Contrato de Aporte; y de la Resolución número GSC-000923 de 20 de abril de 2017, que lo confirmó, por haber sido proferidos con infracción de las normas en que deberían fundarse y/o con violación del debido proceso? ¿La ANM incumplió el Contrato de Aporte, con ocasión de la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero objeto del contrato aludido, adoptada mediante los actos administrativos demandados? No
El contratista no puede declarar nula la orden de suspensión definitiva de actividades dentro del título minero emitida por la ANM, ni la resolución que la confirma, ya que dichas decisiones se fundamentan en la protección del interés general y en el principio de precaución en materia ambiental, que prevalecen sobre los derechos adquiridos del contratista. La suspensión se basa en la superposición del área del título minero con una zona de reserva ecológica y en la falta de licencia ambiental, lo que no constituye un incumplimiento por parte de la ANM del contrato de concesión minera, sino el ejercicio de una facultad constitucional que se ajusta a los principios de buena fe y confianza legítima. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la prevalencia del interés general en asuntos mineros y ambientales, lo que implica que las autoridades pueden modificar las condiciones contractuales en función de la protección del medio ambiente, incluso durante la vigencia del contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión2022-08-29Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020040078001ACCION CONTRACTUAL
¿Emplear un nuevo criterio jurisprudencial en las demandas interpuestas con anterioridad a la expedición de dicho fallo, puede causar una afectación al derecho de acceso a la justicia, al imponer una carga desproporcionada al demandante, por lo cual, en el presente caso, debe darse aplicación a la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, esto es, la que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, siendo la jurisdicción contencioso administrativa competente para conocer de este asunto? Sí
El contratista no está obligado a adaptarse a un nuevo criterio jurisprudencial en demandas interpuestas antes de su expedición, ya que esto podría afectar su derecho de acceso a la justicia, imponiéndole una carga desproporcionada. La entidad estatal debe aplicar la posición jurisprudencial vigente al momento de la presentación de la demanda, que permite la renuncia tácita de los efectos de la cláusula compromisoria, garantizando así la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto. Esta regla reitera la importancia de considerar las consecuencias de los cambios jurisprudenciales y de proteger los derechos fundamentales de las partes, evitando defraudar expectativas legítimas y asegurando la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso por falta de jurisdicción y competencia no puede ser adoptada por medio de una sentencia, como ocurrió en este caso…¿En aquellos casos en los que se apele la sentencia, el superior debe verificar si existen demandas de reconvención o procesos acumulados, y en caso de no haberse resuelto sobre todos…
¿Se probó una actuación gravemente culposa atribuible a los exintegrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes del Congreso de la República? No
El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra la entidad estatal si no se demuestra una actuación gravemente culposa del agente estatal, ya que la prosperidad de la acción requiere que la condena al Estado sea el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público. En este caso, la actuación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes se limitó a gestionar la posesión del nuevo congresista basándose en la información oficial emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin realizar verificaciones adicionales, lo que no configura una culpa grave. La regla reitera la necesidad de pruebas sólidas para acreditar la existencia de una conducta gravemente culposa del agente estatal, lo que implica que las demandas de repetición deben presentar evidencia clara y concluyente de la mala conducta del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿La prosperidad de la acción de repetición requiere que haya una condena, conciliación u otro acuerdo que implique la terminación de un conflicto…¿La conducta de los servidores públicos para el medio de control de repetición y en atención a la fecha de ocurrencia de los hechos…¿Las faltas absolutas, como la pérdida de investidura de los congresistas, serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción en forma sucesiva y descendente…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?