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¿En concepto de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, cuando una Entidad Estatal, de las definidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, celebra un contrato interadministrativo de prestación de servicios de los que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del sector Planeación Nacional…
Considerando que no es posible interpretar unilateralmente los contratos interadministrativos, salvo que exista algún acuerdo entre las partes sobre el alcance de las cláusulas que lo componen, corresponde al juez del contrato resolver cualquier controversia sobre la interpretación de sus estipulaciones. Como explica la doctrina, «Interpretar un acto jurídico es averiguar el verdadero sentido y el alcance de sus estipulaciones. Quienes tiene que pronunciarse sobre un acto jurídico, especialmente los jueces llamados a aplicarlo, tienen que comenzar por entenderlo rectamente, lo que con frecuencia resulta difícil debido a la oscuridad, imprecisión, ambigüedad o deficiencia de las cláusulas empleadas por los agentes para expresar su voluntad, y hasta debido a contradicciones entre dichas cláusulas.
También resuelve:Poderes o cláusulas exorbitantes: interpretación unilateral del contratoClausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativosInterpretación del contrato: reglas, interpretación auténtica, judicial y doctrinal
¿En los contratos interadministrativos si aplican los supuestos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011?
Sin perjuicio de la equiparación entre contratos y convenios para efectos de la Ley de Garantías, la distinción entre ambas figuras es jurídicamente relevante respecto al ejercicio de la potestad sancionatoria del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En los convenios interadministrativos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 –conforme a la explicación del Concepto C-585 del 15 de octubre de 2021– no es posible imponer unilateralmente las multas y la cláusula penal pecuniaria.
También resuelve:Poderes o cláusulas exorbitantes: contratos o convenios interadministrativos, relación de coordinación, relación de subordinaciónClausulas exorbitantes: Artículo 14 Ley 80 de 1993, contratos interadministrativos
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Cómo deben determinarse y cuantificarse los perjuicios derivados del incumplimiento en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, en particular cuando el precio se pactó de manera global y la ejecución del objeto fue parcial?
El contratista debe determinar y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, considerando que la imposición unilateral de multas y cláusulas penales por parte de la entidad estatal está autorizada por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública siempre y cuando estén pactadas en el contrato. La cuantificación debe seguir el principio de proporcionalidad y atender las circunstancias particulares del caso, incluyendo la naturaleza y alcance de la cláusula penal, y no asumir automáticamente que los perjuicios equivalen a la totalidad del valor pagado o a un porcentaje del precio proporcional al incumplimiento. La entidad estatal debe seguir un procedimiento específico que incluye citación a audiencia, audiencia y decisión motivada, y debe aplicar criterios de proporcionalidad y reglas contractuales para la tasación de perjuicios, conforme a las disposiciones civiles y comerciales. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo que la cuantificación de perjuicios debe ser flexible y basada en la realidad del incumplimiento, evitando fórmulas matemáticas uniformes.síntesis automática
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralProcedimiento sancionatorio contractual: etapas, trámite, cláusula penal pecuniaria, cuantificación de perjuiciosCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
¿La demanda respecto a las pretensiones acumuladas de controversias contractuales y reparación directa fue presentada dentro del término de caducidad respecto a estos medios de control? Sí
El contratista presenta una demanda acumulando pretensiones de controversias contractuales y reparación directa dentro del término de caducidad establecido por la ley. En este caso, el contrato de promesa de compraventa se regía por el derecho privado y no contemplaba liquidación, por lo que el término de caducidad para controversias contractuales se contabiliza desde la terminación del contrato, que ocurrió el 22 de agosto de 2018, con la devolución del dinero a Llano Verde. La demanda fue presentada el 16 de noviembre de 2018, dentro del plazo legal. Para la reparación directa, el término de caducidad comenzó el 11 de julio de 2018, cuando Emsirva comunicó la imposibilidad de suscribir la escritura de venta, y la demanda se presentó oportunamente el 16 de noviembre de 2018. La acumulación de pretensiones es procedente conforme al artículo 165 del CPACA. La cláusula décima del contrato excluye el reconocimiento de intereses y perjuicios adicionales en caso de terminación por imposibilidad de tradición, lo que implica que no procede la indemnización de perjuicios reclamada por los demandantes.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato acordaron que en caso de terminación por imposibilidad de realizar la tradición del bien, se devolvería el dinero pagado sin reconocimiento de intereses…¿Procede negar las pretensiones de reparación directa formuladas en la demanda porque los perjuicios reclamados por los demandantes se derivan del incumplimiento del contrato…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿Las entidades públicas en el escrito de citación a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, debe (sic) dedicar un acápite sobre el grado de culpabilidad del contratista en cuanto a los incumplimientos endilgados, es decir, debe calificar la conducta atribuida al contratista a título de dolo o culpa?
Con fundamento en las consideraciones anteriores, se responderán las preguntas planteadas por la peticionaria, respondiendo de forma conjunta las 3 primeras preguntas por estar relacionadas todas ellas con el contenido de la citación a audiencia.
También resuelve:Caducidad del contrato: consecuencias, presupuestos, requisitos, consecuencias / caducidad del contratoCláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
¿Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, con fundamento en la naturaleza del contrato, las necesidades públicas por satisfacer y los costos que la ejecución contractual demanda? Sí
Corresponde a la entidad estatal definir la modalidad de remuneración y la forma de pago del contrato de interventoría, atendiendo a la naturaleza del contrato, a las necesidades públicas por satisfacer y a los costos que demanda su ejecución. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 ubica la interventoría dentro de la categoría de consultoría y la hace obligatoria en los contratos de obra pública, debiendo contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista; entre el contrato de obra y el de interventoría existe una coligación contractual, de modo que la existencia del primero es necesaria para la del segundo; y las obligaciones del contrato de obra constituyen el objeto abstracto del contrato de interventoría, por lo que su remuneración debe responder a esa relación de dependencia unilateral. Por ello, la entidad no puede desligar la forma de pago de la ejecución de la obra que supervisa. La providencia se modifica en el aspecto relativo a la remuneración.síntesis automática
También resuelve:¿Conduce la interpretación sistemática del contrato y de su ejecución a concluir que el valor pactado operaba como monto máximo y que la remuneración dependía de los recursos efectivamente utilizados?¿Incumplió el consorcio interventor sus obligaciones contractuales al omitir la entrega completa y oportuna de la documentación técnica exigida y desatender los requerimientos formulados por la…¿Constituye la entrega incompleta del informe final de interventoría un incumplimiento contractual que impide exigir el pago de las actas pendientes?
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La ausencia de requerimientos contractuales previos por parte de la supervisión, con anterioridad a la presentación del informe por posible incumplimiento, constituye un vicio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o una causal de nulidad del acto administrativo que declara el incumplimiento?
El contratista no puede alegar la ausencia de requerimientos previos por parte de la supervisión antes de la presentación del informe de posible incumplimiento como vicio del procedimiento administrativo sancionatorio o causal de nulidad del acto administrativo que declara el incumplimiento, ya que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no establece este requisito como condición de procedibilidad, garantizando el derecho de defensa a partir de la citación a audiencia. Sin embargo, la omisión de requerimientos previos puede afectar la legalidad de la decisión si el contrato o el manual de supervisión de la entidad los exigen, o si incide en la constitución en mora del deudor conforme al artículo 1608 del Código Civil. La regla reitera que la ausencia de requerimientos previos no es un vicio del procedimiento, pero advierte sobre la importancia de la actuación de la supervisión y la necesidad de verificar las reglas sobre constitución en mora y la conducta precedente de la entidad.síntesis automática
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
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¿Cuáles son las atribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual?
Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación pueden imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal de manera unilateral, pero solo si esas sanciones se pactaron en el contrato. Según la postura expuesta, la exorbitancia de estas cláusulas se refiere a su imposición unilateral y no a su pacto, que es posible conforme a las normas civiles y comerciales. Cuando se pactaron, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 otorga a la entidad esa prerrogativa por ministerio de la ley. Para declarar el incumplimiento y cuantificar los perjuicios, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige citar al contratista, precisando los hechos y adjuntando el informe de interventoría o de supervisión; celebrar una audiencia en la que intervienen el jefe de la entidad o su delegado y el contratista, que presenta descargos y pruebas; y adoptar una decisión motivada, contra la cual procede únicamente el recurso de reposición, que se decide en la misma diligencia. La consecuencia práctica es que la entidad debe cumplir estas etapas y verificar que la sanción estaba pactada en el contrato antes de imponerla.síntesis automática
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralProcedimiento sancionatorio contractual: etapas, trámite, terminación, cesación de la situación de incumplimientoCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
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También resuelve:Contratos de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoElementos del contrato: esenciales, naturales, accidentales, definiciónCláusulas accidentales: regulación, incumplimiento del contrato, inclusión, clasificación
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿Para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento en caso de terminación unilateral por incumplimiento, una entidad estatal no sometida al EGCAP debe expedir un acto administrativo conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, o basta con el acto jurídico contractual de derecho privado?
Las entidades de régimen especial tienen sus procedimientos contractuales regidos por el derecho privado, conforme a las normas de su creación y a sus manuales de contratación, pero no son ajenas a los principios de la función administrativa, al control fiscal ni al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Las cláusulas excepcionales, como la terminación unilateral o la sanción, no pertenecen al derecho común y están limitadas al Estatuto General de Contratación y a algunos tipos contractuales específicos. Por ello, la única forma en que una entidad sujeta a un régimen especial puede usarlas es que su norma de creación lo establezca. Según el concepto, si esa entidad requiere sancionar o dar por terminado el contrato sin esa previsión, debe acudir al juez competente. Por tanto, la respuesta a la pregunta sobre el acto administrativo y el acto contractual de derecho privado debe partir de esa limitación: sin cláusula excepcional prevista en su norma de creación, la entidad no puede sustituir la acción judicial por una decisión unilateral.síntesis automática
También resuelve:Entidades de régimen especial: procedimientos contractuales, derecho privadoEntidades con régimen especial: aplicación de los principios de la función pública y control fiscal, aplicación de las cláusulas excepcionales, cláusulas excepcionales, terminación del contrato o sanción